Detrás de cada lote vendido había una historia parecida: una oferta de un predio, un vendedor, un notario, contratos, sellos, códigos, oficinas oficiales. Todas tuvieron el mismo desenlace: familias defraudadas, escrituras inexistentes y un sistema que permitió el abuso. Esta es la historia de quienes lo perdieron todo mientras los responsables siguen prófugos o sin sentencia.
Lo que para decenas de familias comenzó como el sueño de consolidar un patrimonio, terminó convirtiéndose en una pesadilla.
No se trató de un simple engaño entre particulares. Los testimonios de los afectados revelan la existencia de una “obra maestra del fraude”, un engranaje aceitado donde participó un defraudador con el cobijo de un notario público que actualmente está prófugo de la justicia. Pero también con el presunto apoyo de funcionarios de Catastro y Urbanismo de Torreón, así como del personal del Registro Público de la Propiedad.
Los afectados, decenas de ellos que se han manifestado constantemente en las calles de Torreón para exponer sus casos, han señalado la existencia de un ‘Cártel inmobiliario’ porque se trató de un esquema que operó por años y defraudó a decenas de personas por al menos 19 millones a un grupo de 27 personas, pero se estima que quizá la cantidad fue de más de 40 millones de pesos, según las mismas víctimas.
Fue a través de redes sociales, principalmente Facebook, que ponían a la venta casas o terrenos de Torreón. Decenas de personas, atraídas por la oferta, se acercaron y muchos confiaron cuando la venta de los predios se formalizaba con un notario público, sin saber que esa persona era presuntamente parte del esquema de fraude.
Así, decenas de personas fueron defraudadas con millones de pesos en su conjunto. Los defraudadores, según el relato de las víctimas, contaban con información de primera mano de terrenos propiedad del Ayuntamiento o desincorporados del municipio, terrenos sin movimiento o sin registro de pago de impuestos. Allí aprovecharon.
Aquí algunas historias de quienes lo perdieron todo, desde los ahorros de una vida de trabajo, el dinero de una pensión o hasta la ilusión de una niña de tener paredes propias que rayar. Todo ello frente a un sistema que sigue sin resarcirles el daño ni mucho menos llevar a la justicia a los responsables.
UNA ILUSIÓN ROTA
Alfonso Serrano Faccuseh y su esposa son comerciantes conocidos en la calzada Pavorreal de Torreón. Llevan más de 17 años trabajando en la zona y buscaban comprar un terreno cercano para evitar las inundaciones que afectan su actual negocio, una veterinaria. Cuando vieron una lona con teléfono y anuncios en redes sociales sobre la venta de esos terrenos, creyeron que era la oportunidad que esperaban.
Serrano, veterinario de profesión, entregó 420 mil pesos, una suma que cubrió con dos vehículos y 120 mil pesos en efectivo. La transacción no se hizo en una calle oscura, sino en la Notaría 45, ante la presencia del vendedor Víctor Enrique Díaz Flores, la promotora Ana María Guerrero y el propio notario Fernando Nicolás Muñoz San Juan.
”El vendedor le dio el dinero en mano al notario. El notario lo contó, luego lo volvió a contar la esposa del vendedor... y se hizo el protocolo”, relata Alfonso Serrano, subrayando la “certeza absoluta” que le daba estar en un recinto oficial con documentos que incluían códigos QR vinculados al Registro Público.
Firmaron un contrato de compra-venta notariado que especificaba las dimensiones del terreno. Le enseñaron una carta del Registro Público de la Propiedad, un QR que decía que la propiedad había sido cedida a Víctor Enríque Díaz Flores, pagos de prediales.
“Nos dio la certeza absoluta que la negociación era válida”, recuerda el señor Serrano.
Era diciembre de 2024.
Sin embargo, tras el pago, comenzaron las excusas: que si faltaba el topógrafo, que si la notaría estaba en auditoría. El 23 de enero de 2025, la realidad los golpeó: la notaría fue clausurada y el fiat retirado debido a denuncias acumuladas por años.
El notario acusado fue dado de baja en 2025 y es uno de los que tiene orden de aprehensión. El mismo año, la Dirección de Notarías del Estado sancionó a otros tres notarios de la entidad con la terminación del cargo.
“Seguimos teniendo contacto con el vendedor, le preguntábamos por las escrituras, nos decía que había algunos detalles. Nos dimos cuenta que varias personas habían publicado en diferentes lugares y se habían quejado”.
Alfonso Serrano, quien ahora es vocero de 27 personas defraudadas, también comenzó a publicar en redes sociales lo que llama una “bien orquestada obra maestra del fraude”, pues considera que no había elementos iniciales para dudar.
Cuando comenzaron a agruparse, citaron al director de Notarías, Enrique Flores Ruiz, y este les dijo: “Ustedes ya no busquen a quién se las deba, sino a quién se las pague”.
Esa misma Dirección designó a la Notaría Pública 102 para atender todos los trámites que se hubieran quedado pendientes de la que dejó de operar, pues la Ley del Notariado establece que en caso de cese de funciones, se debe nombrar a un sustituto para no dejar en estado de indefensión a los usuarios.
LOS TERRENOS FANTASMA
Para Germán Castañeda, el fraude llegó a través de Facebook en noviembre de 2024. Atraído por lotes de 10x20 en la colonia Rincón La Merced, entregó 650 mil pesos por tres predios, más un enganche para un cuarto. El esquema fue idéntico: la misma promotora, el mismo vendedor y la misma Notaría 45.
Todo parecía en regla. Tanto así, que hasta él y su esposa fueron invitados por el vendedor Víctor Díaz Flores, a una posada en ese diciembre.
“Fuimos y estaba el notario, todo su personal, había gente de Catastro y Urbanismo, hicieron una posada en grande con piñatas que tenían billetes de 500. Nosotros no conocíamos a nadie”, recuerda.
Después comenzaron las evasivas, les pedían tiempo para terminar de fraccionar. Las escrituras no llegaban.
La sorpresa de Germán fue mayúscula al investigar el origen de la tierra. El terreno que le vendieron no pertenecía a Víctor Díaz Flores, sino que había sido desincorporado presuntamente por el Ayuntamiento de Torreón para ser entregado a una supuesta asociación civil llamada “Dimensión Familiar AC”.
”Esa asociación civil no existe, el teléfono no contesta”, afirma Germán. Los estafadores le aseguraron que al lado de los lotes se construiría un centro comunitario, una mentira diseñada para dar una falsa sensación de seguridad y plusvalía.
Ahora, en los terrenos que supuestamente había adquirido, vieron que comenzó una construcción. Se dieron cuenta que el mismo predio se vendió fraudulentamente en otra ocasión y otro defraudado quiso tomar posesión.
El señor Germán Castañeda denunció y su carpeta es de las primeras en ser judicializadas. “Esperamos que se detengan a estas personas y que logremos recuperar lo que nos defraudaron”, comenta.
PAPÁ, ¿CUÁLES SON MIS PAREDES?
José Julio González Ramírez, originario de León y residente en la Laguna desde 2008, trabajaba en Piedras Negras y ahorraba con un objetivo claro: comprar un terreno cerca de la escuela bilingüe de su hija.
En 2022 pagó 160 mil pesos mediante transferencia bancaria, convencido por la papelería oficial que le entregaron en la Notaría 45.
José Julio relata que el daño moral ha sido más profundo que el económico. Al vivir rentando, regañó una vez a su hija por rayar las paredes de la casa ajena. La respuesta de la niña lo marcó: “Papá, ¿entonces cuáles son mis paredes que yo puedo rayar?”.
”Precisamente por eso compré el terreno, para darle su espacio... y ahora mi hija se da cuenta de las juntas y me pregunta si ya mero está lo del terreno, y no tenemos nada”.
El terreno que le vendieron resultó pertenecer a una persona que se fue de Torreón hace 25 años y que jamás lo puso en venta. Se dio cuenta en una ocasión que fue a medir el terreno, pensando en cómo iba a distribuir la casa que supuestamente había comprado.
“Salió el vecino y me dijo que el dueño del terreno era amigo de él, pero que se había ido hacía 25 años. Y que no lo había ofrecido ni había dicho que lo quiere vender. Me di cuenta y nos dimos cuenta de eso, veían los predios, los investigaban y veían que no había pagos”, reclama José Julio.
Al igual que los demás defraudados, miró la oferta en Facebook, un terreno cerca de la Línea Verde. La promotora, en su caso, fue Ana Carmen Ramos Guerrero, hija de Ana María Guerrero.
La supuesta compra ocurrió en 2022 y en 2023 José Julio y su esposa se daban la vuelta cada dos, o tres meses. Siempre les daban largas para la entrega de las escrituras, y les mostraban recibos de predial u otros documentos falsos para alargar el intento de aparentar legalidad.
“Teníamos muchas cosas que directamente mencionaban el terreno, entonces no desconfiamos por esta situación”, recuerda.
José Julio tardó tiempo en aceptar que había sido defraudado. Se unió al grupo de víctimas, puso su denuncia, pero a la fecha no ha sido judicializada.
“Ya más de un año, ni siquiera nos han hablado ni nos han hecho nada, a pesar de que hemos estado ahí en las juntas y todo, no hay avances, no hay nada”, comenta.
EL LABERINTO
David Ramírez Lemus perdió cerca de 800 mil pesos por dos terrenos en la colonia Villa California que, en realidad, pertenecen al Banco de México, según relata.
Su caso ilustra la complejidad del cártel: tras el cierre de la Notaría 45, fue llevado a una “agencia notarial” en Gómez Palacio. Allí, incluso firmó documentos que ostentaban sellos de la Notaría 65 de Torreón. El engaño incluía fideicomisos falsos y manipulaciones de claves catastrales que nunca se resolvieron.
En su caso, Víctor Díaz Flores no era el vendedor, pero sí era la persona que le recogía el dinero Ana María Guerrero, la promotora. En su caso el vendedor era una persona de nombre Víctor Arturo Ramírez Landeros.
David recuerda que entregó dinero para apartar los terrenos que había visto ofertados en Facebook. Hizo la cita con Ana María Guerrero, encargada de mostrar los predios. Fue en diciembre de 2024.
“Todo esto se iba a hacer dentro de la notaría 45. Es lo que nos dio, bueno, yo creo que a todos nos dio confianza, que se iba a hacer en una notaría”.
Sin embargo, pasaron las semanas después de la entrega de dinero, ya en 2025, pero le argumentaban que la notaría estaba en auditoría. Así le dieron largas, hasta que le indicaron que todos los trámites se resolverían en Gómez Palacio.
“Me dicen que lo van a resolver, que tienen un conocido en Catastro que va a ayudar a resolver el problema de la papelería y demás. Así me traen mes tras mes y nunca me resuelven. Yo tengo videos donde estamos manteniendo el diálogo, el supuesto vendedor, la licenciada de Gómez Palacio y el trabajador de Catastro. Lamentablemente es que todas las autoridades saben de todas las pruebas que tenemos y aun así no hacen nada”.
Inclusive relata que, a pesar de haber denunciado, seguía recibiendo llamadas de Gómez Palacio donde le pedían dinero para arreglar todo. La autoridad no movió nada.
EL MODUS OPERANDI
Los testimonios coinciden en que este no era un grupo de estafadores improvisados. Identifican a Víctor Enrique Díaz Flores como el cerebro de la organización, y quien operaba con un nivel de impunidad que solo se explica mediante la infiltración en las instituciones.
El uso de la Notaría 45 fue fundamental. El notario Fernando Nicolás Muñoz San Juan servía de fachada para validar los contratos. Los afectados denuncian que el fiat notarial le fue otorgado originalmente en la administración del exgobernador Rubén Moreira Valdés.
De acuerdo con los testimonios y las experiencias de las víctimas, el cártel inmobiliario contaba con información privilegiada de Catastro y el Registro Público.
Muchos de los terrenos o predios pertenecían al Ayuntamiento de Torreón, pero en Catastro les aseguraron que muchos ya habían sido desincorporados.
”Buscaban intestados, gente que no había pagado prediales... terrenos susceptibles de ser vendidos”, explica uno de los afectados. Además, entregaban documentos con códigos QR funcionales que, al ser escaneados con un celular, mostraban información que validaba la supuesta propiedad de Díaz Flores.
El terreno que compró Alfonso Serrano, por ejemplo, pertenecía a Emilio Silva Siwady, un administrador de gasolineras ya fallecido, se enteró después. Con el tiempo, se enteró que ese terreno era del Ayuntamiento y fue desincorporado y entregado al particular a través de un decreto oficial.
Además, relatan que cuando acudían a Urbanismo y Catastro a pedir información sobre los predios, apenas salían y el vendedor se comunicaba por teléfono para reclamarles que estuvieran ahí.
En la Fiscalía de Coahuila era lo mismo, aseveran.
Varias víctimas relatan que, apenas salían de interponer una denuncia en la Fiscalía, recibían llamadas de Víctor Díaz Flores amenazándolos o intentando disuadirlos. “Él decía: ‘aunque pongas la denuncia, Fiscalía es mi casa... a mí no me hacen nada’”, recuerda José Julio González. Incluso se menciona que el estafador presumía dar dinero a funcionarios.
En el caso de Alfonso Serrano Faccuseh, semanas después de denunciar el fraude, asegura que vio su propio auto, el Jetta que entregó como pago, siendo utilizado por personal de la Fiscalía de Coahuila. No había podido interponer la denuncia en la Fiscalía porque le aseguraron que había sido parte de una transacción comercial en la que él había cedido, pero sí la había interpuesto en la aseguradora.
”Yo me asomé para verificar que era mi carro... de esos rines no hay otro en Torreón... el delegado me dijo que lo tenían como recuperado”, denuncia con impotencia. Hasta hace un par de semanas antes de la publicación de este reportaje, al señor Serrano le devolvieron su automóvil, pero sin papeles y todo deteriorado. “Me va a salir como 50 mil pesos arreglarlo”, se queja.
También recuerda que cuando fue a poner su denuncia en Fiscalía, la ministerio público que lo atendió, inmediatamente expresó: “Muchachos, otra denuncia en contra de los locos”. El señor Serrano Faccuseh se molestó. “En la denuncia, la verdad ponían lo que querían, no involucraban al notario”, señala.
SEMANARIO solicitó por transparencia a la Fiscalía estatal, las cifras de denuncias en Coahuila por fraudes relacionados con inmuebles y denuncias contra notarios públicos, pero a pesar del vencimiento del plazo, la autoridad no respondió.
El poder del grupo era tal que, según testimonios, Víctor Díaz Flores fue detenido y dejado en libertad. Actualmente, el notario Fernando Nicolás Muñoz San Juan se encuentra prófugo presuntamente en España, pero ha tratado de tramitar amparos desde el extranjero, un hecho que las víctimas califican de “ridículo” y “absurdo”.
“Empezaron con un fraude, lo fueron puliendo, lo fueron puliendo. Fueron agregando a gente de Fiscalía, de Catastro, de Registro Público”, comenta Serrano Faccuseh.
Sin embargo, la presión del grupo ha logrado que el gobierno del Estado comenzara a prestar atención. Se han reunido con autoridades estatales y municipales.
La respuesta inicial de las autoridades fue, en el mejor de los casos, negligente. Las víctimas del fraude relatan que en general las autoridades han sido omisas.
AÑOS DE AHORROS TIRADOS A LA BASURA
Para las víctimas, el daño va mucho más allá de lo económico. Representa un retroceso en sus proyectos de vida.
Germán Castañeda, trabajador de Telmex, entregó parte de su finiquito tras 30 años de servicio.
“Buscaba un patrimonio, hacerlo crecer y todo eso. No soy muy comerciante, decidí con mi esposa invertir, pero nos tocó esto. Nosotros queríamos comprar este predio. Yo le decía para un futuro porque ya somos personas mayores”, platica.
José Julio González considera que el fraude golpeó la ilusión de mucha gente. Desde hace cuatro años que entregó el dinero, asegura que sigue estancado. “Ya no tengo ese dinero para comprar otro terreno, invertirle lo que yo pensaba hacer. Es un retroceso”, cuenta el señor González.
David Ramírez tiene un taller electromecánico y destinó sus ahorros a esos terrenos porque quería dejar de rentar y quería instalar su propio taller. También pidió prestado a su papá. Ahora, ese dinero se ha esfumado y sus metas se han retrasado años.
“Hay muchos que vendieron para comprar otra casa, que se acomodaba mejor, y se quedaron sin nada. Personas que iban a hacer su patrimonio, que querían invertir su pensión. Eran metas, una casa, un negocio, unos localitos, en mi caso un taller; siempre con la visión, con la esperanza de hacer un patrimonio y de repente se ve truncado. Sientes que te echan años atrás. Yo perdí los ahorros de varios años”, cuenta David Ramírez.
Los afectados hablan de noches de insomnio, ataques de llanto y una profunda depresión al darse cuenta de que fueron víctimas de un sistema diseñado para engañarlos.
“De repente estás dormido, te levantas a las 2, 3, 4 de la mañana en mi caso, y estar buscando, pensando, viendo qué más puedo encontrar para poder dar con estos tipos”, comenta Alfonso Serrano.
Cuenta el caso de un matrimonio que fue defraudado en el que el esposo está en silla de ruedas y a la esposa le dio diabetes a raíz del fraude, por lo que el problema económico se agrava al atender también las consecuencias de salud.
“Es también el daño emocional, de salud, el nivel de estrés, de intranquilidad, de desconfianza, que ocasionó este problema; es bastante severo”, comenta.
El veterinario Serrano refiere que cuando comenzaron a agruparse, sabían que no iban a recuperar el monto que perdieron. “De lo perdido, lo que se pueda recuperar”, señala con resignación. Pero también decidieron dar a conocer sus casos para evitar que más gente sea víctima, pues el cártel no sólo vendía terrenos, dicen las víctimas, sino también una ilusión de estabilidad que terminó en un fraude multimillonario.
Así mismo, las víctimas refieren que muchos preferirían ver a los responsables tras las rejas. “A veces decíamos: ‘ya no me den nada, pero métanlos a la cárcel... que sufran un poco de lo que nosotros sufrimos’”, dice José Julio González.
Actualmente son más de 60 las denuncias presentadas, existen 12 órdenes de aprehensión y se ha expedido una ficha roja para que la Interpol ayude a localizar a los presuntos responsables.
Mientras los presuntos responsables siguen prófugos, las familias defraudadas se agrupan en las calles de Torreón buscando una justicia que, hasta el momento, llega a cuentagotas.
El gobierno de Coahuila, a través del secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, ha declarado que ofrecerán 30 terrenos a bajo costo para tratar de paliar el daño patrimonial de los defraudados. De acuerdo con el afectado Alfonso Serrano, se espera que el gobierno inicie un programa especial de bajo costo, con facilidades de pagos mensuales.
Y por supuesto obtengan las respectivas escrituras.
