En Coahuila hay sobreexplotación de acuíferos, destrucción de ríos, muertes de mineros, desapariciones, un campo olvidado, omisiones en temas ambientales y toda una agenda que se convertirá a partir de ya, en un reto para la próxima presidenta.
- 03 junio 2024
La próxima presidenta de México recibe un país con múltiples problemas: violencia en gran parte del territorio nacional, un país polarizado que pareciera se ha acostumbrado al crimen, un Ejército mexicano empoderado a tal nivel que interviene en asuntos civiles, la tragedia de las desapariciones que otra vez pasó de largo, un fenómeno migratorio que no cesa, una sequía que se agrava sin plan para hacerle frente, problemas de agua, carreteras deterioradas, un sistema de salud que no alcanzó los niveles de Dinamarca y muchos otros más.
Semanario acudió con expertos de diferentes áreas del ámbito local para preguntarles cuál es la agenda que tendrá que resolver la próxima presidenta en Coahuila: en el pizarrón está el tema minero y el negocio que significa la producción del carbón que, a pesar de las muertes en los llamados “pocitos”, sigue sin atenderse.
En la lista está el abandono al campo, el impacto por la eliminación de programas para los productores y la demanda por la recuperación de derechos de agua. También está la sobreexplotación de los acuíferos y los ríos; el problema de los pasivos ambientales que han terminado por volverse postales del olvido y la omisión.
También está el proyecto de Agua Saludable para La Laguna. que todavía tiene muchos pendientes debido a la falta de transparencia y la poca información sobre la inversión en las redes de agua de los municipios.
Y por supuesto, al igual que en el resto del país Coahuila padece el flagelo de las desapariciones.
MINEROS ENTERRADOS POR LA INDIFERENCIA
Hasta 2018 la Organización Familia Pasta de Conchos, había logrado documentar 310 eventos mortales en minas de carbón de Coahuila, que costaron la vida a tres mil 103 trabajadores, esto desde 1883.
Sin contar los siniestros y víctimas mortales que se acumularon en los últimos seis años y lo que resta del actual sexenio, porque en la Región Carbonífera las tragedias se siguen repitiendo.
Vistos así parecen simples números, pero, al igual que en el tema de desaparecidos, son el resultado de una política de indolencia de gobiernos anteriores que permeó hasta el sexenio que en unos meses terminará, aseguran entrevistados.
“Es la prueba de que a los gobiernos los mineros no les importan”, ha dicho en reiteradas ocasiones Cristina Auerbach Benavides, teóloga, defensora de derechos humanos de los mineros del carbón y representante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).
Desde esta perspectiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como los anteriores gobernantes, deja un relevante pasivo, con cargo a la siguiente administración, en el llamado rubro de las garantías de no repetición de desastres mineros con pérdidas irreparables para las familias de esa zona que algunos activistas han dado en nombrar de “dolor y sacrificio”.
“En el tema de seguridad, las inspecciones, que deberían hacerse más constantes, no se han realizado. Micarán y El Pinabete no solo operaban en malas condiciones sino en minados antiguos, en seudomantos, cuando estos son peligrosísimos”, dice Omar Ballesteros, integrante de la OFPC.
Por su parte Guillermo Elías Iglesias López, también miembro de esta organización, añade que la función de los inspectores de la Secretaría del Trabajo federal se vició más durante el gobierno que ya se va.
“No hay interés, entonces si así se mueve abajo cómo se moverá arriba. A los inspectores les falta carácter, visión, lucha. Hace falta renovar a todo el personal para que esto cambie. No hay quién proteja a los mineros”.
Persisten las violaciones a los derechos humanos laborales, dice Ballesteros, mismas que ocurren antes y después de los accidentes y no se reportan debido a la ilegalidad con la que operan pozos, tajos y cuevas, en la región carbonífera.
“Aunque la CFE les esté comprando carbón de manera legal. Hay accidentes de los que no nos damos cuenta que ocurren. Ahorita que estamos teniendo esta conversación hay mineros trabajando en un pozo de carbón sin seguridad social ni de ningún tipo”.
La próxima presidenta tendrá además que asumir como costo político el no haber impulsado una iniciativa de ley que prohibiera los pocitos, las cuevas y los tajos, como área de trabajo, una legislación que se quedó atorada desde 2013.
“Ahí tuvieron que ver los legisladores del PRI que no la quisieron aprobar porque en ese entonces funcionarios de ese partido estaban operando pozos aquí en la región y los siguen operando. Pasa lo mismo con los de Morena. Amigos o familias que tienen que ver con Morena tienen pozos de carbón”, añade Ballesteros.
La administración actual deja pendiente también el rescate de los restos de los 63 mineros de Pasta de Conchos, pues difícilmente se podrá concretar en los próximos cuatro o cinco meses.
Y quizá deje sin terminar la recuperación de los seis carboneros que aún faltan de sacar de El Pinabete, otra tragedia más sucedida a mediados de 2022.
“En esta administración se inició el posible rescate de los mineros de Pasta de Conchos, cosa que no había pasado en otros gobiernos. Eso es algo de lo que sí debemos estar conscientes, que fue el primero que volteaba a la Región Carbonífera, a las injusticias mineras. Sin embargo, sabemos que no se van a rescatar en lo que reste de este gobierno”, opina Ballesteros.
Tampoco se sabe que se haya hecho justicia por los muertos de los siniestros ocurridos cuando menos en los últimos 20 años, llámese la tragedia de las minas La Morita, mismo Pasta de Conchos, Binsa, Rancherías, sólo por mencionar algunas.
“En ninguno, desde 1883, tenemos registro de que se haya enjuiciado, encarcelado, a ningún responsable. Grupo México es de las peores empresas porque no nada más mata a sus obreros, sino que crea devastación y destrucción del medio ambiente y su dueño cada vez se hace más millonario, el gobierno en turno le siguen dando concesiones”, cuestiona Omar Ballesteros.
Lo que tampoco cambió y que queda como adeudo de Andrés Manuel con los mineros de la Carbonífera, fue la narrativa en torno a que las minas de carbón son una importante fuente de empleo, de riqueza y por eso motivo de orgullo para la gente de la región.
Del mismo modo, el gobierno federal se olvidó de instalar en la zona un hospital de especialidades para los mineros, la mayoría afectados por enfermedades como el pulmón negro, hipoacusia, males de la columna y las rodillas.
“Es un problema grave de décadas. Nos importa que hagan un centro de especialidades para los mineros. No hay nada. Lo hemos señalado bastante, pero no hubo eco. Esperamos, por medio de Familia Pasta de Conchos, seguir alzando la voz, pidiendo justicia, hacer eco internacionalmente”, concluye Guillermo Iglesias.
PASIVOS AMBIENTALES, UNA HERENCIA ETERNA
La actividad minera en Coahuila ha dejado pasivos ambientales por años en toda la Carbonífera, pasivos en forma de enormes tajos y cerros de desperdicios, resultado de la extracción del mineral que provocan una contaminación química en el entorno sin que, hasta ahora la federación haya hecho nada al respecto.
Waldo Terry, ambientalista y presidente de la organización Amigos del Río San Rodrigo, asegura que la minería ha provocado tajos que llegan al acuífero, y esa agua se evapora y se pierde.
“Es por la irresponsabilidad de empresas y la corrupción de Profepa que nunca exigió la restauración de tajos. Los pasivos ambientales ahí están. Ni la Profepa ni Conagua, nunca exigieron la restauración de los impactos. Nunca se exigió resolver los pasivos, ni la restauración del río. Eso afecta el ciclo hidrológico”, lamenta Terry.
Asegura que el estado de salud ambiental de los ríos en el país es “catastrófico y desastroso” por diferentes razones como la descarga de aguas residuales en los cuerpos de agua que nunca se ha atendido, o la extracción de materiales pétreos o la mala vigilancia de las más de 3 mil concesiones otorgadas en México.
“Eso ha contribuido a la destrucción de los ecosistemas ribereños”, señala.
En Coahuila, existen problemas particulares en el río Sabinas y el río San Rodrigo en Piedras Negras, el primero afectado principalmente por descargas de aguas residuales y la minería de la zona. El segundo, dañado profundamente por la extracción de materiales pétreos.
Este tema, que debería atender la federación a través de dependencias como Conagua, Profepa o Semarnat, será una herencia a la próxima administración.
Waldo Terry menciona que las afectaciones en los ríos han generado extinción de especies de flora y fauna y además, un impacto en las poblaciones.
“Se cometen violaciones a derechos humanos como el agua, alimentación, medio ambiente sano, pero nunca se ha evaluado nada”.
Para Terry la exigencia es que se diseñe un plan nacional para la protección de cuerpos de agua y se inicie un proceso de restauración; además, se eliminen los factores que impactan en este caso a los ríos como la sobreexplotación, minería o la extracción de materiales pétreos.
Además, otra consecuencia de los daños a estos cuerpos de agua, como el río San Rodrigo en la frontera, es que ante la falta de agua no se han realizado aportaciones al río Bravo, como lo mandata el Tratado de Aguas de 1944, y que se convertirá en un pendiente más de la próxima presidenta.
El río San Rodrigo es un río considerado como tributario porque está contemplado para las aportaciones al río Bravo que divide México de Estados Unidos. Sin embargo, no se ha cumplido a cabalidad con este tratado, asegura Terry.
“Toda el agua que liberan de la presa se desvía a las tierras de cultivo”, dice. “Para 2025 tiene que cumplir con su cuota. Son cinco años para cumplir y ha cumplido con la mitad”.
URGENTES, POLÍTICAS PARA EL AGUA
El ambientalista de la frontera coahuilense, Waldo Terry, urge a una política de Estado para la protección de cuerpos de agua como ríos, arroyos, humedales, acuíferos o lagunas, pues considera que no existe tal.
“A pesar de las denuncias que se presentan, la Conagua, Profepa, Semarnat, conocen el problema, pero nunca se ha tomado una decisión. Los funcionarios están de acuerdo con los empresarios que impiden la aplicación de leyes ambientales. Estas son claras, pero son letra muerta”, expone.
Waldo Terry lamenta que exista tanto cabildeo de los intereses del agua de los concesionarios en la extracción de materiales pétreos.
Sobre políticas del agua como reto de la nueva presidenta, Elizabeth Estrada, vocera de la Contraloría Ciudadana del Agua en La Laguna, dice que ya es impostergable promulgar una nueva Ley General de Aguas en la que se elimine el carácter de mercancía del agua y se enfatice como lo que es: un bien común.
Añade que debería ser parte de la agenda inmediata de la presidenta que llegue. Actualmente, en Coahuila, 20 de 28 acuíferos tienen oficialmente un déficit de disponibilidad de agua, según datos oficiales de la Conagua.
De acuerdo con la página de disponibilidad por acuíferos de la Conagua de los 28 acuíferos se extraen 2 mil 5 millones 290 mil 812 metros cúbicos de agua, es decir, 847 millones de metros cúbicos más de los que se tiene oficialmente concesionado.
“El agua no puede seguir siendo una mercancía. Se necesita una gestión y administración diferente. Que se garantice el derecho humano al agua de calidad, suficiente, asequible”, comenta Estrada.
Critica que no hay una preocupación por la aplicación de una política regional ni una política del agua a nivel nacional.
Por eso los ambientalistas proponen que se cree una Secretaría del Agua y que desaparezca o se refunde la Conagua, pues la señalan como una institución que ha mantenido el esquema de privatización y corrupción en el tema del preciado líquido.
Otro punto que han planteado desde la Contraloría Ciudadana del Agua es la recuperación de los derechos de agua, tema que va asociado a un asunto de justicia social hídrica, ambiental, y al combate y erradicación de la corrupción.
“Hay 35 mil derechos que fueron entregados por el presidente Lázaro Cárdenas a campesinos del módulo 017. Hemos revisado mil 100 derechos, el 99.9% están de forma irregular”.
Explica que el ejido en principio es la naturaleza colectiva del derecho, y la naturaleza colectiva no puede enajenar, pero la Conagua ha permitido todas las enajenaciones, lo que considera actos de corrupción.
Sobre el proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna, dice que hay muchas fallas, sobre todo de ausencia de información.
“No hay información de presupuestos para la renovación de las redes, vemos a cada rato fugas, que se rompió una válvula. No coincidimos con el proyecto, porque hay que atender el origen, pero sí es importante una fuente alterna de agua porque sabemos que el agua está contaminada. Se necesita más transparencia del proyecto. No hay una información ni socialización de la información”.
CAMPO, LA NECESIDAD DE REACTIVARLO
Natividad Navarro, líder estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), asegura que el sector agropecuario fue vulnerado por el actual gobierno federal y pronostica que de no corregirse se corre el riesgo de perder la soberanía alimentaria.
Dice que como organizaciones se habían conquistado logros, pero que en este sexenio les quitaron todo.
“Las economías de otros países protegen al sector primario, protegen a quien produce los alimentos, y protegen a quienes le dan sustento a muchas familias que son las que trabajan la tierra y producen. Aquí en México, lo que sucedió fue que, en lugar de apalancar, de apoyar, en lugar de incentivar a los productores, nos acabaron”, asevera.
Lamenta que se hayan extinguido programas fundamentales para la producción o para la protección de las siembras.
“Nos quitaron todo lo que tiene que ver con la sanidad animal y vegetal. En ganadería quitaron todas las vacunas y casetas. Cuando exportan su ganado, si no está bien vigilado, el precio de la carne la bajan, les pagan poco dinero”.
El tiro de gracia para los productores, afirma, se dio cuando les quitaron la Financiera Rural, creada en 2003 por el presidente Vicente Fox, y desaparecida 20 años después.
“Nos servía porque podíamos reestructurar, hacer movimientos que tienen que ver con el ciclo agrícola”, afirma.
Navarro se duele de que el gobierno prefiera regalar tractores a países centroamericanos que a los productores nacionales.
Además, señala presuntas irregularidades en los programas actuales como el de fertilizantes, pues dice que lo entrega la Secretaría del Bienestar y no la Secretaría de Agricultura.
Dice que debe haber un permiso de siembra donde el beneficiario comprueba que es productor, que lo necesita, pero señala que se lo dan a quienes ellos quieren.
“Se lo entregan a quienes no son productores y ellos lo revenden y nosotros lo compramos. Presentan certificados de 20 hectáreas, eriazos, zonas serranas, donde no se siembra. Es un programa electorero”, indica.
Actualmente el gobierno federal maneja únicamente los programas de fertilizantes y el programa Producción para el Bienestar. En 2023, el gobierno federal entregó 82.5 millones de pesos en apoyos de Producción del Bienestar a 11 mil 73 beneficiarios, es decir, un promedio de apoyo que fue de los 6 mil a los 24 mil pesos, pero que la media fue de 7 mil 400 pesos.
POBREZA, OTROS DATOS
Con todo y que durante el pasado sexenio el gobierno lopezobradorista presumió una disminución en el número de personas en situación de pobreza, de 52 millones de pobres en 2016, a 46.8 millones en 2022, la estadística más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), revela que persisten los rezagos sociales como el derecho a la salud y la educación.
“El discurso oficial es ‘tenemos menos pobres que hace seis años’, y dentro de esa frase hay algo cierto, la verdad es que, si medimos sólo el ingreso, hubo una reducción de la pobreza en términos reales. Pudiéramos decir así muy bonito: hace seis años había cinco millones de pobres más”, advierte Jonathan Flores Pérez, aspirante a doctor en economía.
Sin embargo, vuelve a advertir, la afirmación no es del todo cierta, pues hay mucho que opaca esa “buena noticia”.
“Y eso es algo que no nos dicen en el discurso. Afortunadamente en México la pobreza se mide de una manera multidimensional y entonces ya no solamente mides la pobreza por el ingreso, sino que el Coneval mete otras variables que tienen que ver con los derechos sociales contenidos en la Constitución, como el acceso a la educación, a la salud y a la vivienda digna y de calidad”, explica el también director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, (UAdeC).
Desde esta perspectiva tenemos que mientras el gobierno de AMLO se jactó de haber abatido el número de pobres en el país a lo largo de su gestión, hay más mexicanos hoy que hace seis con al menos una carencia social como rezago educativo, pobreza alimentaria y salud.
Según el Coneval, con la llegada de AMLO al poder 31 millones de mexicanos salieron del sistema de salud, por la eliminación del Seguro Popular.
“Y hoy el problema es más grande en ese rubro y es la carencia social más interesante y ahí es donde tenemos la cifra más alarmante”, afirma el especialista.
Al respecto los números del Coneval indican que en 2018 había en el país 20.1 millones de personas que no tenían acceso a ningún servicio de salud, para 2022 la cifra se había incrementado a 50.4 millones.
“Estamos hablando de 31.6 millones de mexicanos más que ahora no tienen un servicio de salud, es una diferencia grande”, detalla Flores Pérez.
Además, hoy las personas están gastando casi un 40 por ciento más en servicios de salud que durante los gobiernos anteriores.
“Ahí hay un riesgo porque si bien disminuyen los pobres en términos absolutos, tienes acá otros millones de mexicanos que están con una carencia que no tenían hace seis años. Esos otros millones pueden pasar a ser parte de la pobreza en la siguiente medición ¿Qué está haciendo la gente en estos últimos tres o cuatro años?, consultando mucho en los servicios privados de salud. Podrás decir que los ingresos han mejorado, pero se les están yendo más en otro rubro que no se atendió y que es el de la salud”.
Y qué decir de la educación donde el mandatario saliente deja un enorme adeudo con la sociedad, tomando en cuenta que actualmente hay casi tres millones de mexicanos más que tienen un rezago educativo que los que había en 2018.
“En teoría esperaríamos que cada vez la gente tenga más acceso a instituciones de educación ¿Cómo es posible que hace cinco o seis años había menos mexicanos con rezago educativo? Hoy hay más y no estamos hablando de 100, 200 personas, estamos hablando de millones. Sí hay menos pobres, pero hay más población con carencias sociales”, reitera Jonathan Flores.
Por lo que se refiere al tema de la vivienda comenta que hubo una ligera mejoría, debido a los programas impulsados por las entidades federativas como el de piso firme, agua potable, electricidad, drenaje, que, no obstante, pudieron haber beneficiado a más gente.
“La verdad es que tiene una gran tarea la mandataria electa, sobre todo en este tema de las carencias sociales como salud y educación. Pobres seguimos teniendo... No va a estar fácil, el panorama es complicado”.
UN GOBIERNO SIN BRÚJULA: COLECTIVOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS
Durante la actual administración se sumaron al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas 44 mil 90 nuevas desapariciones, según las últimas cifras.
Sin duda uno de los más grandes pendientes que deja el ejecutivo nacional para la administración entrante. En Coahuila, la cifra de desaparecidos ronda las 3 mil 500 personas.
A la fecha, y desde principios de los sesentas, el número de hombres y mujeres que por diversas razones, principalmente la violencia, no han vuelto a casa, sumaban ya alrededor de 115 mil.
“Y sigue desapareciendo gente en todo el país, sobre todo en los estados con mayor problemática... Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Zacatecas, qué te puedo decir, la locura”, declara Silvia Élida Ortiz, representante del Grupo Vida Laguna A.C.
Un panorama que empeoró en los últimos seis años, dice. Primero con el recorte al personal de seguridad, llámese policías investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR), en las 38 entidades federativas.
“Yo creo que es el gobierno que menos se ha comprometido con las familias de las personas desaparecidas y que nos ha dañado en muchos sentidos ¿Cuándo iba a haber gente investigando si quita a quienes salían a la calle a investigar? Ese es el primer y más grave problema”.
Después vino el rebaje al presupuesto de mil 500 millones de pesos a la FGR, apenas tomó posesión el gobierno morenista, así como la extinción de fideicomisos que beneficiaban a entes como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Recientemente se descubrió, además, el hallazgo que realizó la organización civil Data Cívica sobre la desaparición de 10 mil 953 nombres del registro de desaparecidos en México, al comprar la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la nueva versión especial para consulta de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.
“Como ya se van, hay que depurar padrones, decir que no hay desaparecidos, esto fue realmente irresponsable”, dice Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
Los 10 mil 953 nombres se habrían hecho pasar por personas localizadas en la citada plataforma, sin embargo, familias detectaron que el nombre de su pariente está entre los borrados sin que hasta la fecha se tenga noticia de su paradero, es decir, que el gobierno federal volvió a desaparecer a sus desaparecidos, dijo Data Cívica en su investigación.
“Están desapareciendo a nuestros desaparecidos, ellos dicen que no, pero sí”, declara Silvia Ortiz.
Y añade que el colectivo ha revisado dicha base de datos en la que se establece que a Grupo Vida le faltan 57 personas de aparecer, de su lista de 170.
“Una compañera tiene cuatro personas que desaparecieron en Saltillo y a una de ellas la ponen como localizada. Yo le exigí al gobierno de Coahuila que hiciera la investigación. La localización consiste en que se movió la credencial de elector. Como la familia huyó de Saltillo y radica en Torreón y estaba haciendo trámites, lo de la declaración se ausencia y presunción de muerte, la credencial estuvo moviéndose, no porque la persona estuviera localizada o viva o no sé. Esa es una revictimización que se les está haciendo a las familias.
“Aparte de mandar a los Servidores de la Nación a tocar las puertas de las familias y preguntar si es cierto que había desaparecido su familiar, y en algunos casos les decían, ‘tu familiar ya apareció porque se vacunó con la vacuna de Covid’. Sí aparecía el registro de que se había vacunado la persona. Cuando exigimos que entregaran la papelería que presentó la persona desaparecida al vacunarse, (copia del INE, CURP), para saber dónde estaba viviendo, extrañamente desaparecieron todos estos registros de vacunación. De esos casos tenemos varios”.
Por si algo faltara, el desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana, con el despido de 40 de los 59 científicos que conformaban su plantilla, abonó poco a resolver la crisis forense que desde hace décadas vive el país con los 52 mil restos sin identificar que había hasta 2022, según la ONU.
“Existe el cascarón, el edificio, según esto, equipo, pero no hay acción, no hay una propuesta de identificación forense”, dice Blanca Martínez,
Más tarde la administración de AMLO recortaría el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda,
“Que para qué querían tantos, dijeron”, subraya Silvia Ortiz.
Todos estos pasivos constituyen la herencia que se deja al nuevo gobierno federal.
Para Blanca Martínez, el todavía presidente López Obrador lo único que hizo en su periodo fue dar continuidad a una política de violencia e impunidad que los anteriores gobiernos, de por sí, ya venían aplicando.
“No se atrevió nunca a romper los pactos políticos de impunidad, porque obviamente eso afectaba intereses de quienes le permitieron llegar al poder, intereses de grupo y quizás hasta personales. Hablamos de una continuidad. Esa es la gran deuda de Andrés Manuel y por lo tanto también es responsable de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos”.
El actual gobierno también quedó a deber en el tema de generar un plan real de búsqueda y el establecimiento de medidas de prevención de las desapariciones, otro vacío que tendrá que llenar la próxima presidenta.
“Pero sobre todo en el respeto a la atención de las familias de personas desaparecidas”, remata Silvia Ortiz.
OTROS PENDIENTES
Empero, no son los únicos pendientes. Quedan en el tintero asuntos como el fracking, que a decir del ambientalista Waldo Terry, es un tema al que le dan vueltas y vueltas y no aprueban la prohibición.
Otro asunto en la pizarra es del nearshoring o relocalización de empresas, pues para Terry hay una publicidad “irresponsable”, ya que se promocionan lugares sin tener en cuenta la escasez de agua. “Es una preocupación grande”, dice.
“Traen trabajadores que te demandan material de construcción de ríos y agua, tanto para empresas como para la población. Es un círculo perverso con esto del nearshoring”.
Está también el freno a las inversiones de energías limpias en la entidad, la atención y resolución a la crisis de Altos Hornos de México y el cuidado de zonas protegidas como la de Cuatro Ciénegas.
Faltan inversiones en carreteras federales que se han ido deteriorando, como la Saltillo-Torreón, o que urge modificar o ampliar como la 57 en su tramo “Los Chorros”, en Arteaga, y la Saltillo-Zacatecas, que han sido escenario de numerosos accidentes; las omisiones acentuadas en la falta de vigilancia y sanción de empresas contaminantes o el problema de migración, al ser Coahuila un estado de paso.