Un profundo Informe revela una radiografía de la violencia que sufren niños y niñas en el Estado: violencia sexual, revictimizaciones, albergues sin garantías de seguridad, dependencias carentes de capacitación y un largo etcétera que indica simplemente que las infancias no importan.
- 22 abril 2024
Las infancias en Coahuila están olvidadas. Un amplio Informe titulado “Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Coahuila de Zaragoza: Escenario Actual y Perspectivas a Futuro” dado a conocer a finales de 2023, da muestra de una diversidad de omisiones y malas prácticas de diversas dependencias como la Procuraduría para los Niños, Niñas y Familia (Pronnif), la Fiscalía de Coahuila, el Poder Judicial o el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y hasta el Congreso de Coahuila, entre otras.
Albergues para niños, niñas y adolescentes sin control ni vigilancia, capacitaciones fantasmas, el silencio de las escuelas ante abusos o violencia escolar, ministerios públicos que revictimizan, diputados que se olvidan de sesionar por los derechos de las infancias o un poder judicial sin espacio para menores víctimas, es parte de una radiografía que evidencia una premisa: las infancias no importan.
Para Ariadne Lamont, activista y autora del informe, refiere que estas prácticas por parte de las autoridades tienen que ver con que las infancias no votan y no pagan impuestos.
“No le ponen atención a esa franja de edad por considerar equivocadamente que quien tiene que resolver son los padres. Las criaturas que son víctimas de un delito se quedan solas”, critica Lamont, también coordinadora del colectivo Justicieras por Nuestras Infancias.
Jairo Edgardo, coautor del informe, recalca que en la mayoría de las veces a los niños y niñas se les considera como personas dependientes de personas adultas, cuando se trata de personas sujetas de derechos.
El coautor de la investigación, que es politólogo y administrador público, pidió no revelar sus apellidos en este reportaje. Realizó alrededor de 400 solicitudes de investigación para el informe, lo que provocó su despido del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Torreón por cuestionar y requerir información, particularmente al Congreso estatal.
La meta 16.2 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible es poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra la infancia, pero en Coahuila eso está lejos de ocurrir.
“Todo lo que encontramos se sigue multiplicando día a día en todo el Estado. Son casos de violencia vicaria, sustracción de las criaturas, que les piden pensión a las mujeres. Es gravísimo lo que ocurre con las infancias en Coahuila”, comenta Lamont.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL A NIÑOS Y NIÑAS
Ariadne Lamont da una lista de carencias en el Estado en materia de infancias. Por ejemplo, que no existen peritos psicológicos especialistas en infancias o ministerios públicos expertos en tratar delitos sexuales.
Dice que los ministerios públicos no graban las entrevistas y por consecuencia tienen que estar molestando a los menores una y otra vez para corregir las carpetas, lo que significa revictimizar al menor.
“Nadie se salva”, dice sobre las dependencias vinculadas al tema.
Refiere que el Poder Judicial no dispone de una sala para audiencias específicas con niños o niñas víctimas, por lo que tienen que esperar como en cualquier otro caso.
“Nos ha tocado casos donde los niños los tienen horas esperando. Un niño víctima de violación con crisis de pánico, no se podía tomar su medicamento porque estaba sin comer. Después de cinco horas y media dijeron que no había audiencia, que se había diferido”, critica.
Aclara que aunque no existe una norma que obligue a tener salas especiales, considera que se trata de sentido común.
“Lo que está por ley es el interés superior del menor, y atendiendo esa herramienta, no debería pasar eso”.
Asimismo, señala que se están presentando adopciones a personas en el extranjero y cuestiona el porqué de esto, pues considera que sobre todo cuando se trata de no recién nacidos, tendría que privilegiarse darlos en adopción a entornos que tengan la misma cultura y el mismo idioma.
“Son cosas que se tienen que revisar”, dice.
Adriana Romo, psicoterapeuta infantil e integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, dice que se trata de una violencia institucional; todo aquello desde que no se escoge al personal adecuado, desde que revictimizan a los niños y niñas; que los llevan de un lado para otro.
“Es un abuso”, califica Romo.
Critica que la atención desde los gobiernos a las infancias se sigue viendo como un aspecto que tiene que ver más con la asistencia social, con la caridad, con la ayuda, y no con cumplir un mandato de ser los garantes y protectores de derechos de niños y niñas.
“Hay instituciones con poca supervisión, poca capacitación y personal muchas veces no profesional”, asegura.
ALBERGUES, LUGARES OLVIDADOS
El Informe “Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Coahuila de Zaragoza: Escenario Actual y Perspectivas a Futuro” encontró diversas irregularidades con base a las respuestas de las dependencias a solicitudes de información.
Por ejemplo, Protección Civil del Estado admitió que de 2010 a 2022 no emitió ninguna constancia de factibilidad de protección civil para albergues donde viven niñas, niños y adolescentes; admitió también no contar con información de todos los albergues e ignoraron capacitaciones y programas preventivos, pues ha delegado este tema a “terceros acreditados”.
Lo anterior a pesar de que el Reglamento para Instituciones Públicas y Privadas que Albergan a Menores de Edad en el Estado de Coahuila en su artículo 5 establece la atribución de la Secretaría de Gobierno a través de la subsecretaría de Protección Civil de expedir esta constancia para la instalación de albergues.
“Esto es gravísimo, oficialmente los albergues no tienen constancia de Protección Civil, es un riesgo para niños y niñas”, señala Jairo Edgardo, coautor del informe.
Además, tampoco la Pronnif ha realizado ningún tipo de capacitaciones en albergues, a pesar de que también lo establece el mismo Reglamento.
“Primero dijeron que no era su obligación, después de que nos inconformamos, admitieron que nunca han capacitado”, comenta.
El artículo 7 del Reglamento establece que son atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral, por conducto de la entonces Procuraduría de la Familia, capacitar al personal de los albergues mediante cursos, pláticas o conferencias.
Jairo Edgardo menciona que el Reglamento data del 2010 y que no ha sido actualizado desde entonces. Inclusive el mismo refiere todavía a la Procuraduría de la Familia, cuando ya se modificó a Pronnif.
Asimismo, el informe tuvo acceso a actas de inspección de los albergues, y mientras de 2018 a 2020 había un apartado de reporte toxicológico del personal, después de 2020 este apartado ya no apareció.
“Creemos que es una omisión grave”, dice Jairo Edgardo.
El artículo 27 del Reglamento especifica que los responsables de los albergues deberán mantener un registro del personal con documentación como el examen toxicológico, una acreditación de entrenamiento básico en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar, certificado de buena salud y un diagnóstico psicológico y psiquiátrico que demuestre que no existe psicopatología.
Quizá por esas omisiones, al cuestionar a la Fiscalía de Coahuila sobre estadísticas de delitos sexuales, respondieron que había registro de dos expedientes por hechos ocurridos en albergues: uno por violación y otro por corrupción de menores en su modalidad de observación de actos sexuales.
El 18 de mayo de 2018 se recibió una denuncia por violación supuestamente ocurrida en la Casa Hogar Nazareth Niños de Piedras Negras y el 5 de junio de 2019 la Fiscalía recibió una denuncia por corrupción de menores ocurrida presuntamente en el albergue Visión de Amor Alcance a las Naciones de Acuña.
“Quisimos profundizar si se habían convertido en carpetas, si se habían judicializado o archivado. La Fiscalía ya no respondió, se interpone el recurso de revisión, no nos vuelve a responder. A la fecha ya no nos respondió”, dice Jairo Edgardo.
Además, los albergues muchas veces presentan sobrepoblación. En 2022, por ejemplo, la Guardería y Casa Cuna Nocaltzin, en Torreón, con capacidad para 33 infantes, atendió a 40 niñas y niños. Casa Hogar Abrázame, también en Torreón, con capacidad para 20 niños y niñas, acogió a 37 niñas y niños, de acuerdo con datos del Informe.
Ariadne Lamont cuestiona que la Pronnif pareciera que tiene métodos “extraños” para decidir retirar a menores del seno familiar. Dice que en muchas ocasiones la situación no lo amerita.
BULLYING, ABUSOS Y VIOLENCIA SEXUAL
De 2020 a 2022 se detectaron 47 casos de abuso y acoso sexual infantil en escuelas, pero también siete casos de suicidio o lesiones autoinfringidas, según el Informe.
Según datos obtenidos de cifras proporcionadas por el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, de 2016 a 2021 se atendieron a mil 4 niñas y adolescentes entre 10 y 14 años por una situación de violencia sexual, nueve de ellas con respuesta positiva a embarazo.
Adriana Romo, psicoterapeuta infantil e integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, menciona que la violencia sexual sigue siendo un grave problema a nivel social: sucede en escuelas, familias, iglesia, en cualquier lugar donde niños tengan contacto con personas adultas.
Considera que es difícil identificar las señales de un menor agredido sexualmente y refiere que no se está capacitado para conocer señales de alerta que los niños empiezan a tener.
Romo menciona que es un gran fracaso del sistema educativo el no contar con capacitación cuando existen casos de acoso escolar o de abuso sexual.
En 2021 se impuso un récord en abuso y acoso sexual, pues la Secretaría de Educación procesó 26 expedientes por estos motivos. Adicionalmente, en dicho año, elaboraron 7 actas administrativas a personal educativo por haber cometido estas conductas.
El 15 de abril, Vanguardia publicó que según registros reportados por la Dirección General de Investigaciones Especializadas, entre 2019 y lo que va de este año, se habían contabilizado 59 carpetas de investigación por denuncias de violencia sexual en escuelas públicas.
“Nadie sabe qué hacer, todo mundo le da la vuelta. Nadie quiere hablar de eso y esos niños quedan a la deriva”, señala Adriana Romo.
CONGRESO DE COAHUILA: PROTECCIÓN DE INFANCIAS SÓLO EN PAPEL
Desde mayo de 2021 en la sexagésima segunda legislatura se estableció que se crearía la comisión permanente de derechos de niños, niñas y adolescentes, y que se daría un plazo de 60 días para constituir la comisión.
Pero pasaron más de 500 días para que se constituyera.
“Es una omisión y podría considerarse como una falta administrativa grave. Incumplieron con una disposición que ellos mismos habían impuesto”, asegura el politólogo Jairo Edgardo.
Fue hasta el 29 de septiembre de 2022 que se instaló la comisión y la coordinadora era María Bárbara Cepeda Boheringer, actualmente candidata al Senado.
“Por cada comisión deben sesionar al menos una vez al mes, por ley. Pero no sesionan. Lo grave es la tardanza con la que constituyen la comisión. Uno esperaría que los y las diputadas se pongan a trabajar, estudiar los asuntos que el pleno les asigne y pasarlos al pleno”, explica el administrador público.
El problema fue más allá. El Informe da cuenta que la entonces diputada Cepeda Boheringer argüía que no había hechos por dictaminar y por eso no sesionaban.
“Decía que el pleno no había turnado ningún asunto, lo cual era falso. Es la gravedad. Lo grave es que miente y tiene como cómplices a los diputados y diputadas”, señala.
El informe indica que Cepeda Boehringer, quien hoy pide el voto de los coahuilenses, mintió en tres ocasiones: 25 de noviembre de 2022, el 30 de enero de 2023 y el 28 de febrero de 2023 al asegurar que ningún asunto había sido turnado, a pesar de que los diarios de los debates arrojan que entre octubre de 2022 y febrero de 2023, la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes recibió tres asuntos para estudio y dictamen.
Sin embargo, para las fechas que debieron tratar los temas, el coautor del informe dice que diputadas como Cepeda Boheringer estaban jugando a la lotería, según investigaron en redes sociales de la legisladora.
SIPINNA, DESAPARECIDA
El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Coahuila aseveró que había realizado pláticas en universidades o que había capacitado a personal de la secretaría de Salud, sin embargo, esta secretaría negó que de 2015 a 2021 se haya recibido alguna capacitación de SIPINNA.
Jairo Edgardo dice que una de las misiones de este Sistema es la transversalidad de las políticas del estado en perspectiva de las infancias, en las que debe capacitar al funcionariado público.
“Cuando se le cuestionó sobre este tema, borra de su página web el servicio de capacitaciones. ¿Por qué había borrado ese servicio si legalmente tiene esa obligación? Después responde que no es un ente capacitador. Alguien miente, o es SIPINNA o es Salud”, señala Jairo Edgardo.
Además, refiere que en diciembre pasado se registraron cambios en la Ley Orgánica y prácticamente se minimizó el papel de SIPINNA, “la descabezaron”, dice Jairo Edgardo.
La activista Ariadne Lamont considera que las instancias que dicen trabajar por las infancias son meramente decorativas, y ejemplifica que SIPINNA es un ejemplo de ello.
“Nunca ha tenido gente seria. La que era titular de SIPINNA es ahora de Pronnif”.
ACTITUDES NEGLIGENTES
Adriana Romo, psicoterapeuta infantil, explica que además de las violencias conocidas hacia los niños y niñas, como la física, psicológica o sexual, existe otra violencia identificada con una “actitud negligente” de las personas a cargo.
“Hay como un estado de limbo en donde el niño o niña está en un entorno, pero las figuras representativas son emocionalmente inaccesibles. Es una actitud negligente de indiferencia a las necesidades físicas y emocionales de los niños y niñas”, explica
Adriana Romo dice que al no generar lazos vinculantes entre el menor de edad y adultos confiables y presentes en su entorno, eso cobrará factura en la vida adulta de esos menores.
Romo describe que son padres y madres ausentes por el tipo de familia, un alto porcentaje de familias monoparentales, casi siempre la mamá, niños y niñas cuidados por abuelos o abuelas, escuelas públicas con sobrecupo.
“Es una violencia sutil, estructural que tiene que ver con horarios laborales, hiperconsumo de tecnología y todo lo digital”, explica.
La especialista dice que se trata de una “inaccesibilidad” porque, aunque estén físicamente, están en el celular o llegan cansados.
“Es violencia porque las personas que debieran estimular el vínculo, no lo hacen”.
Añade que la protección de los menores involucra que los adultos estén presentes y disponibles al servicio de la persona que está en desarrollo, a esa gestión para que niños y niñas accedan a todos los satisfactores.
Por el contrario, señala que las infancias viven en familias sobrepasadas, con madres solteras que trabajan turnos de 12 horas en las maquilas, con abuelitos que los medio cuidan, en contextos de padres jóvenes con adicciones.
“Los niños están a la deriva”, comenta Romo. “Está para llorar la situación de niños y niñas”, agrega.
Romo considera que hay poca capacidad como sociedad de proveer a las infancias de una expresión sana de sus emociones, de proveerlos de aprendizajes para la vida.
Dice que las escuelas se preocupan por muchas cosas, pero no necesariamente en cómo expresar las emociones, relacionarse con otros seres humanos, cómo tolerar el fracaso y levantarse, cómo perseguir metas, cómo adquirir un compromiso con el proyecto de vida.
Además, ahonda en que la violencia es muy directa, pero también significa privarlas de algo que necesitan, del cuidado de la esfera psíquica, espiritual, social, que después en la parte adulta se compone de todas estas partes.
La psicóloga menciona que las personas en estos contextos arrastrarán el trauma a la vida adulta. Son personas que son incapaces de restablecer relaciones interpersonales adecuadas, tienen muchos conflictos a nivel de interacciones sociales, son personas desconectadas de sí mismas, personas poco estructuradas, que no cumplen con un proyecto de vida, adultos negligentes o personas con adicciones, comenta.
“Es el fondo de muchas personas con adicciones, mucha desregulación emocional”, agrega.
PROCESO DE ALERTA... POR LAS INFANCIAS
La activista Ariadne Lamont opina que así como existe un proceso de alerta de violencia de género contra las mujeres, debería de existir uno contra las infancias.
“Vamos a legislar para que haya este procedimiento para proceder y hacer el mismo proceso de alerta de género contra las mujeres, pero ahora para revisar a todas las instancias que se relacionen con el derecho y justicia de infancias”.
Argumenta que con los hallazgos exhibidos en el Informe, tendría que ser la federación quien tomara cartas en el asunto y vigilara las acciones y omisiones del Estado.
El politólogo Jairo Edgardo coincide que hay elementos suficientes para plantear que al estado de Coahuila se le tiene que investigar, porque por sí solos el Estado no tiene ganas de modificar las prácticas, asegura.
La psicoterapeuta infantil, Adriana Romo, cree que a los gobiernos no les queda claro la importancia de las infancias, porque si fuera diferente, le dedicarían más recurso e importancia a las mismas.
“Los gobiernos no le ven utilidad a invertir en la infancia porque no son votos y les vale gorro las personas adultas en que se van a convertir. A pocos les interesa el largo plazo. Las infancias y adolescencia no son un botín electoral”, dice Adriana Romo,
Las autoridades, recalca Ariadne Lamont, han aplicado la sociología de las ausencias: “ni te oyen, ni te ven”.