Juzgado Ambiental: tres años en el olvido

A más de tres años de su creación el Juzgado Especializado en Materia Ambiental que tendría la atribución, entre otras facultades, de atender por la vía civil los casos de maltrato y crueldad animal, ha recibido, de todo Coahuila, una sola demanda.

Lo anterior según la respuesta a la solicitud de información con número de folio 1071259000015926, hecha por SEMANARIO al Poder Judicial del Estado.

Asociaciones de animalistas y rescatistas independientes consultados por este medio dijeron desconocer, hasta ahora, la existencia de este órgano jurisdiccional, cuyo anuncio se realizó el 21 de abril de 2023.

“No sabía de ese juzgado, la verdad...”, declara Zulema Martínez Gámez, fundadora del Proyecto Génesis, una iniciativa que pugna por ofrecer vida nueva y libre de maltrato a los seres sintientes.

Asimismo, los activistas achacaron la nula operatividad de esta instancia a la falta de difusión sobre su presencia y funciones, en el contexto de los últimos acontecimientos sobre violencia contra los animales que han consternado a la sociedad coahuilense y, acaso, de todo el país.

“Tú tribunal, dale difusión a eso, ahorita que estamos con todo el tema de los animales, que acabamos de ver el caso Rocky. No nomás el caso Rocky, vimos dos o tres más en ese mismo camino...”, urge Brenda Zavala De La Peña, animalista y abogada.

Ante esta perspectiva las agrupaciones y personas dedicadas a la protección y defensa de los animales, se han visto obligadas a recurrir a la autoridad penal, aun y cuando Coahuila no cuenta con una fiscalía o unidad especializada para la atención de las cuestiones que tienen que ver con historias de agresividad extrema hacia perros, gatos y otros seres sintientes.

“En los casos de maltrato que he llevado, y que han sido varios, siempre es recurrir a Fiscalía a levantar la denuncia. En siete u ocho días sube con el ministerio público, y a partir de ahí le damos seguimiento para que pueda concluir, pero es en Fiscalía y la verdad me toma por sorpresa que me diga de ese juzgado”, reitera Martínez Gámez, una de las promotoras de los derechos y dignidad de los animales que más demandas ha interpuesto en el estado por crueldad en perjuicio de quienes, dice, no tienen voz ni defensa.

UN JUZGADO DE PAPEL

SEMANARIO buscó a Fátima del Rosario Tovar Plata, la titular del Juzgado Auxiliar Civil con Especialización Ambiental, a fin de que hablara en torno al funcionamiento y desempeño que ha tenido este tribunal al que los animalistas califican como una buena intención, pero con una pésima estrategia de comunicación y de operatividad.

Sin embargo, en tres ocasiones Tovar Plata canceló la entrevista pactada, argumentando motivos de agenda.

De acuerdo con una publicación de Vanguardia, el 21 de abril de 2023, durante la presentación del nuevo Juzgado con Especialización Ambiental, Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, declaró que sería implacable con las personas agresoras de animales.

“Vamos a aplicar toda la justicia posible para enviar un mensaje a la sociedad, un mensaje de que esto no puede suceder”.

En dicho evento se dio a conocer, además, que el objetivo del inaugurado tribunal sería abrir, por la vía civil, la atención de casos relacionados con daño al medio ambiente, la salud humana, así como el maltrato y crueldad animal, y generar reparación y compensación de daño.

Se informó también que entre las competencias del nuevo órgano estarían la conservación y preservación del equilibrio ecológico, la prevención y atención de la contaminación atmosférica, la vigilancia de áreas protegidas, previstas en la legislación local, las aguas estatales y el maltrato animal.

Cabe señalar que el Juzgado Ambiental se puso en marcha días después de que saliera a la luz, en redes sociales, un video en el que se aprecia cómo miembros del heroico cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Monclova asesinan a golpes a unos canes, utilizando palas y mazos.

PRIMERA Y ÚNICA DENUNCIA

Datos obtenidos vía transparencia indican que, hasta la fecha, y a casi tres años y medio de su instauración, la citada entidad judicial ha recibido apenas una sola denuncia en todo el estado, y es por maltrato animal.

En tal querella, que fue atendida en noviembre de 2023, ocho meses después de la puesta en marcha del juzgado, “se reclamó la responsabilidad civil, solicitando la entrega de dos perritas por alegaciones de abandono/maltrato”, dice el reporte del Poder Judicial.

En aquella ocasión Vanguardia acompañó a las integrantes de una asociación defensora de animales a levantar dicha denuncia y pudo atestiguar el mal funcionamiento del entonces incipiente órgano.

Cuando las rescatistas Élida López Narro y Teresa Alejandra Mancillas García, miembros de la citada organización, llegaron al Centro de Justicia, situado en el Parque Metropolitano de Saltillo, y el cual alberga los juzgados civiles y familiares, se encontraron con la novedad de que ni los mismos empleados del Poder Judicial sabían de la existencia del hoy oficialmente nombrado Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil Auxiliar con Especialización Ambiental.

Sucedió a mediados de noviembre de 2023.

Élida López y Teresa Mancillas se habían dirigido a la ventanilla de la Oficialía Común de Partes donde fueron atendidas por Hugo Leonel Salas Ramírez, el encargado, quien en todo momento se mostró sorprendido con la demanda de las animalistas.

Les dijo que en el Centro de Justicia Civil y Familiar no recibían ese tipo de asuntos, y aconsejó que recurrieran a las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

De hecho, en su escrito de demanda la asociación exigía que se diera vista al ministerio público para que el asunto tuviera efecto tanto por la vía civil, como por la penal.

Las activistas insistieron en que deseaban quejarse ante el Juzgado Ambiental, no obstante, su asombro fue mayor cuando el funcionario Salas Ramírez les informó que aún no contaban con el soporte técnico para la recepción de esta clase de denuncias.

“En nuestro sistema no tenemos forma de capturar una demanda en materia ecológica, no tengo habilitado en el sistema cómo poder capturarla, entonces yo no la puedo capturar o no se la pueden capturar en ventanilla. Tendríamos que hacer adecuaciones”, les advirtió.

Pese a que en la presentación pública del tribunal Perla Nájera Corpi, quien a la sazón fungía como titular del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización en Materia Ambiental, presumió que para hacer efectivo el principio de economía y concentración procesal, este juzgado funcionaría sin papel.

“La presentación de demandas, promociones, celebración de audiencias, expediente virtual, todo comulga con la reducción de papel”, destacó.

Al final y después de negociar por un rato, el encargado de la Oficialía Común de Partes aceptó recibir el documento en papel con la demanda, misma que, prometió, sería leída, revisada y turnada a la jueza Nájera Corpi.

Esta sería la primera, y ahora se sabe que la única, demanda que una organización animalista interpusiera por maltrato de seres sintientes en todo Coahuila, ante el Tribunal con Especialización Ambiental del Poder Judicial del Estado.

“Tenemos que empezar a cambiar toda esa problemática del maltrato animal y sentar un precedente. Que la gente voltee a vernos, que sepa que los animales no están solos y tienen derechos, y hay que abogar por ellos, que no tienen voz. Vamos a estrenar este juzgado”, habría dicho Teresa Mancillas, miembro de la agrupación de animalistas que puso la demanda.

Días después, previendo que aquello quedara en una simple promesa, las representantes de la fundación defensoras de animales maltratados o en condición de abandono, se dirigieron, acompañadas nuevamente por Vanguardia, a las antiguas oficinas del Poder Judicial con sede en el Bulevar Isidro López Zertuche y Periférico Luis Echeverría Álvarez, para buscar a la jueza Perla Nájera Corpi y entregarle la denuncia personalmente.

Sin embargo, y como ocurrió con el encargado de la Oficialía Común de Partes, la jueza se mostró un tanto contrariada, rehusó admitir la demanda y envió a las quejosas a otro despacho en el mismo inmueble.

Comenzaría aquí un verdadero viacrucis para las rescatistas.

La asociación había acudido al Tribunal Ambiental para denunciar y exigir la reparación del daño por el caso de la desaparición de dos cachorras criollas que fueron rescatadas de la calle y entregadas en adopción, previa firma de contrato, a Javier ‘N’, el trabajador de un huerto ubicado por el rumbo de La Carbonera.

“Subimos las perritas a las redes, ese señor nos mandó mensaje de que él las quería, se las llevamos...”, relató entonces a Vanguardia Élida López.

Era julio de hace tres años.

“Él nos decía que las perritas estaban bien, nos mandaba fotos, videos, de repente ya no”.

Un día que las activistas de la asociación llamaron a Javier para preguntarle sobre el estado en que se hallaban las mascotas, el hombre les informó que en su trabajo le habían ordenado entregarlas porque ya no querían perros ahí.

Decidió entonces confiarlas a una administrativa del negocio llamada Jessica ‘N’.

“Debió de habernos avisado para nosotros irlas a recoger y no dejarlas a su suerte. No sabemos dónde están. Siempre le dijimos que cuando hubiera algún problema nos llamara y él no lo hizo”, expresó López Narro.

Luego de diversas pesquisas las activistas consiguieron dar con la administrativa Jessica, y le solicitaron informes sobre el paradero de las perras, pero esta respondió que ya las había regalado, sin dar más detalles.

“Ella dijo que no sabía lo que pasó. Primero nos dijo que no era cierto que se las entregaron a ella, después dijo que no recordaba si las regaló. Primero dijo ‘es que las regalé, ¿a quién?, no me acuerdo, no supe’, que no estaba segura de sí las había regalado, se contradijo. Le dije ‘es que eso no se hace, nosotros se las dimos al señor y somos encargadas de ellas, no era para que las trataran así. Necesitamos que nos diga dónde están esas perritas’. Pero nosotras tenemos testigos de que ella se las llevó”, contó López Narro, la representante de la asociación.

UN CASO IMPUNE

Hoy, dos años después de que la asociación recurriera al auxilio del Juzgado Ambiental para denunciar la desaparición de las macotas, el caso continúa impune.

La jueza Perla Nájera Corpi se habría negado sistemáticamente a tomar la denuncia, hasta que, por intervención de otra magistrada, de la cual la fundación se reserva el nombre, tuvo que admitirla.

“Nos abrieron un expediente, pero me traían vuelta y vuelta. La jueza del área ambiental era la que más nos bateaba. Andaba yo de allá para acá, brincando de un lado para otro”, refiere Élida López.

A la postre, y luego de largos trámites burocráticos, las animalistas lograron que el Poder Judicial les asignara una defensora de oficio quien, dicho sea de paso, desde el principio demostró tener poco interés en el asunto.

Hasta que en agosto de 2024, Élida se presentó acompañada de un actuario en el domicilio de Jessica ‘N’, la administrativa implicada en la pérdida de las perras, para dejar una notificación con citatorio.

“Hallamos a un señor, creo que era el esposo de la muchacha, y se puso a pelear con el actuario, ‘¿todavía andan con eso?’, diciéndoles maldiciones a los perros, que ‘mugres perros’ y que quién sabe qué...”.

Después Élida ya no volvió a saber más sobre el avance del caso.

“Ya no me mandaron decir nada, no me hablaron, no me dijeron nada. Me pesó mucho, pero como que llega un momento en el que es tanto lo que tiene uno que estar en lucha...Ya no le seguí”.

Preguntado sobre la situación de este asunto, el Poder Judicial contestó a una solicitud de información que “el expediente se encuentra en estatus pendiente de emplazamiento a uno de los codemandados y sin impulso procesal por la parte actora, teniendo como última actuación procesal registrada en autos la fecha 22 de agosto de 2024”.

FACEBOOK NO ES UN TRIBUNAL

Brenda Zavala De La Peña, abogada y fundadora de un club consagrado al rescate de perros Husky y Malamute en situación de calle, señala que una las razones por las que el Juzgado ambiental no ha operado como debiera, es que las personas que conocen de casos de maltrato animal no acuden a denunciar.

“Definitivamente. Nada más nos quejamos en redes sociales, somos muy buenos para quejarnos en redes sociales ¿Cuál de todas esas que anduvieron, por ejemplo, con el caso Rocky, fueron a presentar una queja?, solo una, Dignidad Animal del licenciado Cornejo, que fue la que le dio el impulso procesal penal y que ni siquiera salió a todas esas manifestaciones, se mantuvo al margen.

“Ni siquiera buscó foco público ni siquiera se levantó el cuello, vinieron otras personas a levantarse el cuello. Dignidad Animal no anduvo en las manifestaciones, ellos hicieron el trámite legal, punto, se fueron a lo penal. No nada más hagas la manifestación, no nada más vayas y grites, actúa, porque si no actuamos, no vamos a cambiar las leyes. Facebook no es el tribunal adecuado”.

Al respecto, un trabajador del Centro de Justicia Civil y Familiar, quien por temor a represalias pidió reservar su identidad, reveló que hoy, ante la falta de querellas que resolver, el Juzgado Ambiental se ocupa en apoyar a otras instancias, en otro tipo de asuntos de carácter civil.

“Porque no hay trabajo, no hay demandas. No hay nada, ¿qué resuelve, qué trabaja, si no hay? Pero ahí está, el juzgado ahí está, tú puedes demandar. Cualquiera puede demandar, una persona física o una asociación civil”.

Sobre el particular, en el Acuerdo C-180/2023 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado el 2 de noviembre de 2023, se aprobó el cambio de competencia de la Jueza de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Ambiental, en sentido de que la magistrada con especialización ambiental auxiliaría a los juzgados de primera instancia civil del PJECZ “para desahogar la carga de trabajo y emitir resoluciones de forma rápida y completa, con el objeto de garantizar el acceso efectivo a la justicia”, se lee en el documento.

Zavala De La Peña subraya que un factor clave en el funcionamiento de esta instancia es la difusión.

“Sí se necesita, por parte del tribunal, que nos dé un comunicado, por ejemplo, que nos diga, ‘está el juzgado y usted tiene que venir a presentar la denuncia’. Dicen, ‘no las presentan’, sí, pero tú tribunal dale difusión... De nada te sirve tener un juez o un juzgado si la gente no está solicitando el servicio, porque no sabe. Eso sí es achacable, es responsabilidad del tribunal, que el tribunal nos dé a la sociedad esa difusión”.

Ello, concuerda Sofía Hernández Guzmán, exagente del ministerio público y máster en sistema penal acusatorio y oral, permitirá accionar a este tipo de instituciones que ya están técnicamente constituidas.

“Es mover y exigir a las instituciones que difundan este tipo de herramientas, números telefónicos, direcciones a las que las personas puedan ir, porque muchas veces se desconoce y es ese desconocimiento el que impide que los asuntos tengan que llevarse ante quienes se tengan que llevar y se dé el trámite que se tenga que dar.

“Está todo para que funcionen las instituciones, nada más es estar insistiendo como ciudadano. Este juzgado es un órgano al que le falta moverlo porque finalmente las instituciones existen, pero quienes se encargan de darles vida, accionar, son los ciudadanos, y para nosotros accionar como ciudadanos tenemos que saber cuándo, con quién y en qué”.

Aclara que, en la actualidad, según las leyes en la materia, existen, cuando menos, dos instancias que tienen la facultad de atender denuncias sobre maltrato animal: por un lado está la Fiscalía en el ámbito penal, que tiene la competencia de recibir los casos más severos de violencia; y por otro, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila, (PROPAEC), que resuelve, desde lo administrativo, los asuntos de agresión considerados como leves.

“La ciudadanía de Coahuila no tiene conocimiento de qué conducta es cuál, y a cuál autoridad recurrir, y en qué materia encuadra. En ese Juzgado Ambiental administrativo hay que ver quién se va a encargar de ver estas cuestiones, porque en teoría ya existe una Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila, que ve el ámbito administrativo. Habría que ver con qué finalidad el magistrado (Felipe Mery), propuso ese juzgado”, cuestiona Sofía Hernández.

FISCALÍA, UNA OPCIÓN

Juan José Cornejo Martínez, el vicepresidente de Dignidad Animal A.C., la asociación que presentó la denuncia por la crueldad animal ejercida en contra del perro Rocky, comenta que conoce sobre la existencia del Juzgado Ambiental, empero nunca ha acudido a él.

“Como hemos tenido muy buena atención por parte de la Fiscalía, realmente no lo hemos requerido. Sabemos que la que tiene que ejecutar, a fin de cuentas, es la Fiscalía, lo mejor es manejarlo directamente ahí para no triangular”.

Detalla que hasta la fecha la agrupación ha llevado 16 denuncias por maltrato animal ante la FGE, de las cuales 11 ya han sido vinculadas a proceso, y en otras los imputados han pagado multa.

“Multas verdaderamente ejemplares, como nunca, hasta de 40 mil pesos. Ya son cantidades que, más o menos, empiezas a pensarla dos veces antes de hacer un maltrato animal.

“Antes veían un maltrato animal y pos que traiga un bulto de croquetas, dos bultos de croquetas. Eso no era una sanción realmente, porque a la gente le valía, al cabo con un bulto de croquetas de 300 pesos ya estaban arreglados. Ahorita eso ya no es posible”.

Cornejo Martínez, quien acumula más de 50 años de trayectoria en la defensa de animales, precisa que de los 11 casos que fueron vinculados a proceso, tres de los agresores se hallan en presidio.

Se trata de León ‘N’, el torturador de perros; Liliana ‘N’, la homicida de Rocky y otro hombre que por viejas rencillas colgó de un árbol al perro de su vecino.

El resto ha sido castigado con sanciones económicas.

“Han sido casos si tú quieres... para nosotros no hay caso menor, pero casos menos delicados, que no han llegado a la muerte del perro, sino que los maltratan, les pegan, los tienen en el sol, amarrados”.

Expone que además de ofrecer esterilizaciones y otros servicios a bajo costo, la razón de ser de Dignidad Animal es brindar a la población asesoría legal gratuita y acompañamiento en la presentación de denuncias de casos de maltrato animal.

Y añade que, en la actualidad, la asociación está luchando por lograr una reforma a la ley que contemple el aumento de ocho a 12 años de prisión para quienes cometan crueldad extrema o provoquen la muerte de un ser sintiente.

“En caso de maltrato animal comprobado y que el maltrato sea verdaderamente deshumanizado, como lo que sucedió con Rocky”.

UNA NUEVA INSTITUCIÓN

El pasado 26 de julio el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció la creación una Fiscalía Especializada en Delitos contra los Seres Sintientes, su objetivo, dijo, será el de fortalecer la respuesta institucional ante los casos de maltrato y violencia animal, así como garantizar que se actúe con todo el peso de la ley.

“Ya no va a haber de que vete para allá o que vayan con aquel o con el otro.

Ahí va a ser especialmente para atender ese tipo de delitos. Tener una Fiscalía Especializada te permite ir al grano, directo y con el especialista en eso. Ayudaría muchísimo a poder agilizar y estar con gente que conozca de la materia”, dice Juan José Cornejo.

La abogada Sofía Hernández coindice en que la relevancia de que las fiscalías cuenten con unidades especializadas, es que se capacita, de manera especial, a los agentes del ministerio público o se procura, en teoría, que tengan ciertas habilidades o conocimientos específicos sobre cómo integrar las carpetas de investigación, dependiendo de cada tipo de delito.

“Si ya hay una unidad especializada se entiende que se les va a dar cierta agilidad, porque son los únicos casos que conoce, a diferencia de Atención Temprana a la que llegan miles y miles de denuncias”.

La activista Zulema Martínez Gámez habla también sobre la pertinencia de que Coahuila cuente con una fiscalía que atienda exclusivamente el maltrato animal, ya que la Unidad de Atención Temprana, a donde las asociaciones y rescatistas independientes acuden para hacer sus denuncias, recibe todo tipo de querellas.

“Es una buena idea porque cuando yo voy con el licenciado Pedro (Alejandro Alvarado de Alba), quien es el que me toma las denuncias, no solamente ve maltrato animal, ve robo, de todo.... A lo mejor no es que ellos no quieran dar una buena atención, es la sobrecarga de trabajo. Ahora, veo que las autoridades tienen el interés de que esto se haga ya más formal, que la gente vea que ya se le va a atender personalmente, que ya los casos van a tener un seguimiento más puntual.

“Ahorita como se han presentado los casos, que la gente se ha levantado, la indignación, las marchas, ir a protestar, las autoridades están, así como que ‘¿sabes qué?, necesitamos ya cambiar o darle la importancia que merece a esta situación’”.

Dice que en el último año y medio ella ha formulado unas 10 denuncias en su calidad como rescatista independiente, la última contra León ‘N’, el hombre que adoptaba perros en Saltillo para luego torturarlos y matarlos.

“Estuvimos en la Fiscalía desde las 10:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, y en ese inter la denuncia subió hasta el ministerio público, se puede decir que en horas, cuando se tardan hasta ocho o nueve días”.

Zuly, como es conocida en su página de Facebook, agrega que de las 10 querellas que ha interpuesto por violencia hacia los animales, la mitad ha tenido un resultado favorable.

Vinculadas a proceso son alrededor de cuatro, encarcelamientos, dos: el de León ‘N’ y el de Giovanni ‘N’, el adolescente de la colonia Las Palmas que en mayo pasado quemó a seis cachorros.

“Las que no han tenido resultado favorable es porque muchas de las veces los denunciantes dicen ‘¿sabes qué?, ya no quiero nada’, porque en ocasiones los implicados son familiares, y te quedas con esa frustración en el camino”.

YA HABÍA UN ANTECEDENTE

En Coahuila existe el antecedente de una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Animales, que fue creada en 2017, durante el último año de la administración del gobernador Rubén Moreira Valdez, por instancia de la Alianza por los Derechos de los Animales en Coahuila, (ADAC),

El caso que detonó el interés de las autoridades por la integración de esta unidad fue el de Jaime Antonio Saucedo de la Peña, “El Matagatos”, un hombre de 23 años al que en ese tiempo se le atribuyó la tortura y asesinato de 25 felinos en Saltillo.

“Cuando descubrimos a este tipo maltratando, matando y haciendo barbaridad y media con gatos, fuimos a la Fiscalía a poner una denuncia. Llegamos, estamos hablando de 2016, y la gente de la Procuraduría así como que ‘¿de qué hablas?, no sabemos qué onda’, pero no nos dijeron que no, dijeron ‘bueno, déjanos estudiar cómo es esto, preguntar, investigar’”, relata Alma Salinas Barrón, la presidenta de ADAC.

Andando los días la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado les recibió la demanda.

Más tarde ADAC habría emprendido una serie de manifestaciones en contra del maltrato animal.

En ese momento los activistas fueron contactados y citados por Moreira Valdez para preguntarles de qué se trataba, por qué era que estaban haciendo esas marchas.

“Ya le platicamos y se interesó mucho”.

A las pocas semanas el ejecutivo solicitó a Alma que organizara una reunión entre autoridades, asociaciones y rescatistas independientes, a fin de conocer sus necesidades en el tema legal.

“Invitó a Eglantina Canales, que era la secretaria de Medio Ambiente, al procurador, (Homero Ramos Gloria), y le dio indicaciones de que se nos atendiera. Les dio instrucciones de que se nos abrieran las puertas, de que se nos asignara alguna persona para levantar denuncias”.

Rubén Moreira pidió a ADAC colaborar con la impartición de pláticas sobre maltrato animal, para concientizar y sensibilizar al personal de la Procuraduría.

Nació así la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Animales que tuvo por titular a Everardo Lazo Chapa, hoy delegado de la Región Centro Desierto.

“Teníamos reuniones semanales con él, a veces cada 15 días, para ver el avance de nuestras denuncias. Con la encargada del mp que les daba seguimiento. Nos atendían personalmente.

“En aquel momento que se instaló esa fiscalía hicimos posters, campañas de ‘vayan a denunciar, no importa que después les digan no procede, pónganlos a trabajar, porque si no van a cerrar esa fiscalía’. No hay trabajo, porque no hay denuncias, la gente es desidiosa, a la gente no le importa, tiene miedo, flojera, dicen ‘no es mi bronca, no quiero problemas...’. Claro que hay historias de maltrato a cada rato y en todos lados”.

Según la contestación a un requerimiento de información dirigido al municipio de Saltillo, desde 2025 y en lo va del año, el Centro de Bienestar de los Seres Sintientes recibió un total de 83 denuncias relacionadas con presuntos actos de maltrato animal.

Por su parte, la PROPAEC reportó que de 2020 a la fecha ha atendido 129 quejas procedentes de todo Coahuila por actos de maltrato animal de distintos tipos y grados.

Los registros de la FGE indican que entre 2019 y 2026 llegaron 95 denuncias referentes a crueldad y violencia contra los animales provenientes solo de la Región Sureste del estado. De ellas 15 permanecen en archivo temporal, 39 continúan en trámite, nueve fueron conciliadas, ocho se han judicializado y del resto no se especifica.

Alma Salinas cuenta que con el cambio de administración la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Animales desapareció.

“Ya con Riquelme no hubo ese tipo de apoyo, pero siempre nos recibían las denuncias con el licenciado Pedro Alvarado, y sigue recibiendo denuncias de maltrato animal, después se pasan al mp.

“Cambiaban autoridades, cambiaban gobiernos y era volver a empezar, había que sensibilizar al nuevo gobernador para que mantuviera ese apoyo”.

Salinas Barrón dice que en los últimos años ADAC ha levantado unas 15 denuncias ante la FGE por maltrato severo en perjuicio de animales.

“Que quemaban al perrito o le habían cortado alguna extremidad, asesinado, cosas de esas”.

Y asegura que hasta ahora no había escuchado del Tribunal Ambiental.

“A nosotros nunca se nos mencionó ese juzgado que usted dice. Jamás hemos estado enterados de él, jamás”.

Cuestiona el hecho de que en la actualidad existan, aparte del Ambiental, varias instancias abocadas a recibir denuncias de maltrato, como la FGE y la PROPAEC.

“Lo ideal sería que tuviéramos una sola instancia que recibiera las denuncias. A veces nos confundimos y no sabemos para dónde ir, si ir aquí o ir allá...”.

Además, hace hincapié en la necesidad de que los mps estén bien entrenados para recibir este tipo de demandas.

“Muchas personas ni siquiera saben qué es el maltrato animal, para ellas es normal, ‘ah pos es que le dio una patada al perro y lo mató’, eso no es normal. Hay que sensibilizar a las autoridades de que los seres sintientes también sufren...”, puntualizó.

Muchas instancias, ¿pocos resultados?

Al menos a cuatro instancias se puede acudir ante una situación de maltrato animal. Estas son las cuatro instituciones y sus alcances.

Fiscalía General de Coahuila

La FGE se ocupa de atender el catálogo de delitos contemplados en el Artículo 261 del Código Penal de Coahuila, entre los que se encuentran azuzamiento, vivisección sin fines científicamente necesarios, mutilación o intervención quirúrgica sin anestesia, lesiones con fines perversos, golpes a un animal, por venganza odio o diversión.

Investiga y persigue los delitos relacionados con hechos que afectan al derecho de los animales a una vida libre de violencia.

Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (PROPAEC)

Según el Artículo 20 de l Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes para el Estado de Coahuila, esta procuraduría tiene las atribuciones de imponer las sanciones que procedan por la comisión de infracciones, y en su caso atender y dar seguimiento a las quejas o denuncias de la población sobre situaciones de protección a los seres sintientes.

Juzgad Ambiental

El objetivo del este tribunal es abrir, por la vía civil, la atención de casos relacionados con daño al medio ambiente, la salud humana, así como el maltrato y crueldad animal, y generar reparación y compensación de daño.

Juzgado municipal

Esta instancia está obligada, conforme el Artículo 57 del Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes para el Municipio de Saltillo, a oír y resolver demandas ciudadanas que tiene que ver con actos de crueldad o de maltrato a los seres sintientes.