“La memoria es subversiva porque incomoda al poder”

La violencia en México, anclada en un pasado de impunidad y pactos de silencio, exige una mirada profunda y descentralizada para su esclarecimiento, aseguró el jesuita David Fernández Dávalos. En un contexto donde los gobiernos a menudo optan por “dar vuelta a la página”, la memoria histórica se convierte en una herramienta subversiva y fundamental, opinó.

En una amplia entrevista con el sacerdote jesuita, quien formó parte de la Comisión de Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Graves Violencias a los Derechos Humanos de 1965 a 1990, como Coordinador del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), apuntó a la necesidad de crear comisiones de la verdad en el ámbito local, una de las 142 recomendaciones que contiene el Informe final de más de dos mil páginas dividido en seis volúmenes públicos.

Estas comisiones -por ejemplo, para casos como la masacre de Allende, la masacre en el penal de Piedras Negras o la violencia de la región Laguna- permitirían investigar y comprender las dinámicas específicas de la violencia en cada región, reconociendo que los agentes, autoridades e intereses involucrados varían significativamente.

”Los polvos que hoy nos agobian son resultado de aquellos lodos”, comentó Fernández Dávalos en una entrevista concedida en conjunto a Semanario e Ibero Radio TRC.

En el Informe final de una investigación que fue solicitada en un inicio por la pasada administración federal, se da cuenta que este periodo de la “Guerra sucia” se registraron 46 masacres, muchas de ellas no conocidas. En estas masacres se contabilizaron más de 300 víctimas. También descubrieron que hubo más de 100 periodistas asesinados en el país, más de 8 mil 500 víctimas de violaciones a derechos humanos, más de 120 mil víctimas de desplazamiento forzado, entre otras cifras que, para David Fernández, quien actualmente es colaborador en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, resultan en una “catástrofe”.

La sentencia del filósofo, sociólogo y teólogo, referente de la defensa de los derechos humanos, es evidente: sin resolver y entender el pasado local, estamos condenados a repetir los mismos patrones de violencia y a perpetuar la impunidad que ha caracterizado la historia reciente del país.

-Después de diversos hallazgos y descubrimientos, ¿la capacidad de asombro llegó a un límite?

-No, la verdad que no. Siempre que encontrábamos nuevos datos, nuevos hechos testimonios de personas que habían sido testigos, testigas de graves violaciones a los derechos humanos como asesinato, tortura, desaparición forzada, masacre, nos íbamos como indignando, escandalizando, sensibilizando cada vez más y no se llega uno a acostumbrar a este tipo de situaciones y atrocidades. Entonces justo conforme fuimos encontrando esta nueva información sobre las violencias que el Estado ejerció en contra de la población en aquella época, y la violencia que sigue existiendo en el país, nos propusimos que teníamos que transmitir lo que habíamos encontrado a otras personas y sensibilizarlas respecto de lo que había ocurrido y está ocurriendo. Y que necesitamos remontar en el país, es decir, los descubrimientos nos llevaron a una indignación ética; después de la indignación ética al llamado de la acción y es en esa lógica en la que ahorita nos encontramos.

-¿Cree que actualmente le falta indignación a la sociedad?

-Me parece que la cantidad de violencias y hechos violentos, sumado a su difusión, ha insensibilizado a la población, intentando normalizar la violencia. Los generadores de violencia también tienen una política de normalización a través de redes sociales, grupos musicales y culturas de consumo para hacernos creer que esto es normal, anestesiando a la población. Pero no es normal. Cuando a una persona le desaparecen a un miembro de su familia por las razones que sea, esa vida normal se interrumpe, es decir, ya no es posible regresar a la vida ordinaria. Cuando a alguien le asesinan o cuando alguien lo torturan, todas estas rompen la normalidad, entonces no pueden ser normales.

Sin embargo, todavía creo que hay sensibilidad social para indignarnos y luchar contra el estado actual de cosas, como se vio con el hallazgo del Rancho Izaguirre o el caso de Ayotzinapa.

Entonces si bien hay gente que está conforme, anestesiada o siendo beneficiada por el estado actual de cosas, todavía me parece que hay sensibilidad social para indignarnos y para luchar contra el estado actual de cosas, porque no es normal que esto ocurra.

-¿Cuáles son los mitos que en su opinión quedan desterrados con este informe?

Uno primero es que la política de contrainsurgencia que el Estado mexicano echó a andar en la época de los 60’s y 70’s fue una respuesta a la violencia de los grupos político-militares de izquierda socialista. Y entonces, como se levantaron en Madera o se levantaron Genaro Vázquez o Lucio Cabañas en Guerrero, entonces el Estado para defenderse echó a andar una política de aniquilamiento de las disidencias. No, la política de aniquilamiento venía desde antes y los medios de participación política en el país estaban severamente constreñidos, acotados. Y entonces, justo por eso emergió la guerrilla socialista, porque no había posibilidad de lucha política y pacífica en contra del régimen y del estado de cosas.

El primer mito que cae es que la política de contrainsurgencia del Estado mexicano fue una simple respuesta a la violencia de grupos político-militares de izquierda. En realidad, la política de aniquilamiento venía de antes, y la guerrilla socialista emergió precisamente porque no había canales para la lucha política pacífica.

Un segundo mito es que la acción violenta del Estado fue sólo contra grupos específicos y acotados como estudiantes o la disidencia político-militar. Esto no es cierto. El Estado actuó contra campesinos, indígenas, comunidades afromexicanas, periodistas, personas de la diversidad sexual y ciudadanos en zonas de combate al narcotráfico, entre otros.

El tercer mito es que la violencia se acabó con el aniquilamiento de la Liga Comunista 23 de septiembre en los años 70. Nosotros constatamos que hubo picos altísimos de violencia hasta 1990, y la represión a las disidencias continuó por varios años más.

Otro mito es que las violencias fueron impulsadas únicamente por el ejército o la policía judicial. Esto es falso; las violencias tuvieron la colaboración del poder judicial, policías, grupos empresariales y medios de comunicación, quienes conspiraron en una institucionalidad contrainsurgente que legitimó acciones ilegales y graves violaciones a los derechos humanos.

-Inclusive la injerencia de agencias extranjeras

-Otro de los mitos es que hay un efectivo combate de parte de las instituciones del Estado hacia el narcotráfico. Esto es falso.

Hay una gestión de parte de las instituciones de seguridad del Estado, del narcotráfico y del crimen organizado. Y eso arranca desde entonces. Lo gestionan, quiere decir, controlan a ciertos grupos, le abren la puerta a otros. Los consumos ilegales los permiten en ciertas condiciones, etcétera. Y eso en complicidad con las agencias internacionales como la CIA o el FBI, administran, gestionan la ideología de la lucha contra el narcotráfico conforme a sus conveniencias, como ahora lo estamos viendo, sin que yo justifique en absoluto al régimen venezolano, pero ahí es un ejemplo de la utilización del discurso del narcotráfico para influir en un país.

Lo mismo está ocurriendo en nuestro país con todas las presiones que se están teniendo cuando ellos son los artífices. Es decir, nosotros documentamos que ellos promovieron la siembra de amapola, me refiero a los gringos, la siembra de amapola en el triángulo dorado a fines de los 80’s, que cuando es cuando cambia la ideología de la seguridad nacional por la ideología de la lucha contra el narcotráfico y lo usan para someter a los pueblos, intervenir política, pero necesitan los consumos. Ahora les afectó muy directamente el tema de fentanilo y ese no lo pudieron aceptar porque está matando decenas de miles de ciudadanos estadounidenses. Pero otros consumos como la morfina, la cocaína, el opio, la marihuana los necesitan tanto para sus fuerzas armadas como para la ciudadanía en general. Y entonces lo van gestionando y lo van administrando a su conveniencia. Eso es otra de las cosas que encontramos en nuestra investigación.

-Y a 20 años del lanzamiento de la famosa ‘guerra contra el narcotráfico’ del expresidente Calderón, continúa entonces la simulación

Estoy convencido y los investigadores sobre el tema lo dicen así. En realidad, voy a decir algo más arriesgado todavía, cuando la violencia estalla, cuando se fracturan los carteles y empiezan a pelear contra uno, contra el otro y eso lo vimos aquí en Torreón y lo hemos visto en todo el país. Cuando existe la hegemonía de un solo grupo la cosa está en paz y ese es el proyecto estratégico que tienen los Estados Unidos, porque insisto, necesitan el consumo.

Y entonces les sirve para justificar intervenciones y lo que sea. Insisto, es una gestión del cómo están amenazando ahora mismo, cómo están amenazando ahora mismo con intervenir aquí en el país y no creo que sea difícil que pronto tengamos noticia de alguna intervención con drones o con bombardeo de una instalación de narcóticos o lo que sea.

-Ya están sobrevolando con drones en la frontera, los buques se acercan en el mar

-Sí, sí. Y ahí lo hacen para someter a la hora de la hora a los distintos gobiernos que pueden ser disidentes.

-¿Qué fue lo más difícil en lo personal, de participar en esta Comisión?

Probablemente la desilusión que nos llevamos al ver que el gobierno de turno en realidad no tenía interés de que nosotros avanzáramos en la investigación. Entonces lo hicieron porque fueron presionados por las víctimas, por los colectivos, porque había un funcionario honesto que creía en ello, que era el subsecretario Encinas. Crearon esta Comisión, pero en realidad de parte del gobierno y del ejército, de las policías no había una voluntad, un deseo de investigar realmente.

Entonces fuimos encontrando todo tipo de obstáculos, obstáculos financieros o de presupuesto, obstáculos formales de papelería o de solicitudes que nunca se hicieron o ya obstáculos hasta físicos cuando nos impidieron entrar al archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional o nos arrebataron algunos expedientes.

Entonces, entramos con mucha ilusión pensando que podíamos resolver, no resolver, dar un paso adelante en el tema de las violencias y la desaparición en este país y nos dimos cuenta que no había esto y se frustraron probablemente nuestras ilusiones.

Luego otra cosa muy dolorosa y tengo que decir, es encontrar el celo de algunas víctimas que no querían reconocer a otras víctimas. Me refiero a lo siguiente: en una ciudad ‘X’ del país hay un colectivo de madres cuyos hijos eran policías judiciales que fueron mandados asesinar por un gobernador. Entonces se organizaron, pero eran mamás de policías judiciales, pero igual víctimas de desaparición, en realidad de desaparición que nosotros investigamos había sido asesinato por parte de las autoridades del Estado y ahí mismo en esa misma ciudad otro colectivo de madres de guerrilleros que fueron desaparecidos. Pues las madres de guerrilleros despreciaban a las madres de los policías judiciales porque decían que sus hijos eran perpetradores y no querían juntarse con ellas y las insultaban, etcétera. Eso fue muy doloroso porque la desgracia de tener una persona desaparecida, independientemente de las razones que haya detrás, de la desesperación, tendría que hermanar a las víctimas. Son sujetas del mismo dolor, del mismo sufrimiento. No sufre más una mamá de un narcotraficante que fue desaparecido que de un luchador social, sufren igual y encontrar esta incomprensión de que las víctimas lo son no porque sean buenas o malas moralmente, sino porque son vulnerables frente al Estado y frente al poder. Eso también fue difícil.

Esto mismo es una derivación de lo anterior. Lo encontramos cuando entre las víctimas identificamos sí a los guerrilleros, sí a los periodistas, sí a los campesinos, pero también a los miembros de la diversidad sexual que fueron asesinados por el Estado con los mismos que mataban guerrilleros. Los violaban, los tiraban, lo que sea. Y entonces encontrar que algunas familias de los guerrilleros decían: “Es que yo no estoy de acuerdo con que a mi madre, padre, esposo, hijo, se le equipare con cualquier prostituta o con cualquier joto”. Esa incomprensión también, tengo que decirla, fue muy dolorosa y difícil porque esto es para las víctimas y los familiares tienen todo mi respeto. Sí, sí, sí, pero no son santos y entonces tampoco hay que idealizar y porque uno se equivoca.

-Dentro de todos los descubrimientos ¿hay algún caso en particular que le haya quedado más a usted o un caso en el cual le gustaría profundizar más?

-Lo que pasa es que si los narrara están muy cercanos a la pornografía, a lo obsceno. Pero entonces encontraba expresiones. Expresiones son las que se me quedaron a mí. Porque le preguntábamos a los colectivos, ¿ustedes qué quieren saber? Yo quiero saber quién le hizo esto y esto y esto y esto a una niña de 16 años. Entonces, eso se te queda como un deber moral.

Y así vas escuchando. Oí públicamente a una mujer. Entramos a un a una zona militar a ver si encontrábamos una casa donde torturaban en la zona militar, en Sinaloa, en Culiacán. Y entramos y encontramos el lugar. Encontramos el lugar donde una de las personas que iba con nosotros había sido torturada, violada. El marido lo habían asesinado, lo habían castrado y le habían arrojado los testículos a la mujer en la cara. Entonces, ella allí con toda entereza empezó a gritarle al general de la zona de división diciendo: “No los voy a poder perdonar nunca.”

Entonces son momentos, son expresiones difíciles, que se viven en este tipo de trabajo, pero que entonces te dan el norte, te dan la fortaleza moral, la entereza para tratar de hacer algo para que esto no se repita, porque claro, entiendes ahí que un número no es un número, es una catástrofe que cada uno de las 8 mil 700 víctimas que identificamos con hombre y apellido no es un hecho o un caso, es una catástrofe. Eso es lo que queremos comunicar con nuestro informe y junto con el llamado de que esto tiene que parar.

-Vivimos en un contexto en el que gobiernos como el de Coahuila en su momento, tienen el discurso de que hay que ‘darle vuelta a la página’, de enterrar el pasado. ¿Qué diría usted sobre la importancia de la memoria histórica, del esclarecimiento de la verdad?

-Nosotros estamos convencidos que la violencia del pasado habilita la violencia del presente. En la medida en que no se castigan los crímenes del pasado, se da la señal de impunidad para los crímenes del presente y además una continuidad. Los investigadores no pudieron resolver a Ayotzinapa, el secuestro de los 43 y su desaparición porque las complicidades y el contubernio entre los militares con el crimen organizado había arrancado en la década de los 70’s y en la década de los 80’s en la operación Cóndor. Y entonces no podían deshacer ese contubernio si no había una investigación sobre las responsabilidades del pasado. Eso mismo ocurre hoy. Si no investigamos y resolvemos los crímenes de hace 2 años, de hace 4 años, estamos dando luz verde para que continúen ocurriendo, finalmente no va a pasar nada. Y además es el mensaje de que el poder no solo te puede aniquilar y el poder formal o informal y violentar tu dignidad, sino que además lo puede hacer con impunidad. Es la doble victimización de las personas. Entonces, la memoria es memoria subversiva. Por supuesto que incomoda si hay pactos de impunidad y silencio.

Tenemos que romper esos pactos de impunidad y silencio porque son los que actualmente están condicionando que siga el silencio, que siga la impunidad y que siga el contubernio entre las autoridades y los criminales.

-Inclusive dentro de las recomendaciones del informe está la creación de comisiones de la verdad en el ámbito local, porque pareciera que todo este tipo de situaciones se centraliza, cuando se requieren comisiones de la verdad en todos los estados prácticamente.

-Solo conocemos la experiencia de una comisión de la verdad en Guerrero y otra comisión de la verdad en Oaxaca. En Oaxaca, a propósito de la lucha magisterial, donde hubo graves violaciones a los derechos humanos.

Pero pensamos que tiene que haber también comisiones locales para esclarecer la violencia del presente. Porque cada uno de los agentes provocadores de violencia son distintos en distintas localidades y actúan de manera distinta, lo mismo que las autoridades. Entonces, investigar la violencia en Torreón, ¿por qué se dio? ¿Por qué se dio con tal virulencia? ¿Por qué afectó a tantas familias? ¿Qué consecuencias trae para el Torreón de hoy? Vemos que es necesario porque los polvos que hoy nos agobian son resultado de aquellos lodos. No podemos sin más dar vuelta a la página, sino resolver.

Entonces, las violencias operan de distinta manera en lo local que en lo federal y que en lo estatal. Son distintas autoridades, son distintos intereses los que ahí se juegan y entonces hay que parecerlos.

-Usted mencionaba que veía signos en la actualidad que dan a pensar que se puede volver a vivir lo que se vivió en este periodo que investigaron ¿Cuáles son estos signos?

-Sí, una que yo veo primero, la autonomía de los militares sigue vigente. Entonces no hay una autoridad civil que supervise la acción, los llame a cuentas, les ponga acotaciones y más bien tienen cada vez más presupuesto y más diversas actividades. Entonces hay un proceso de militarización en el país que se niega por supuesto desde el vértice del poder, pero que dota al ejército de autonomía y lo dota de capacidades que puede poner a jugar según sus intereses. Cuando sabes que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha emitido ninguna recomendación en contra del Ejército a partir de 2018, entonces te das cuenta que hay una complicidad con las violaciones graves a los derechos humanos que sigue cometiendo el ejército. No hay una comisión, como dice la Constitución, una comisión bicameral que los llame a cuentas.

Otra circunstancia es el creciente autoritarismo de parte del grupo en el poder actualmente local y federal. Es decir, cuando los gobernadores y gobernantes empiezan a demandar a la prensa y los llevan a disculparse públicamente, etcétera. Lo que muestran es intolerancia a la crítica, autoritarismo y bueno, eso trae luego asesinato de periodistas. Ahí tenemos el atentado contra Ciro Gómez Leyva, pero han condenado a mucha gente por criticar al poder.

Me parece que independientemente de la ideología, si de izquierda o derecha, los gobiernos autoritarios son absolutamente nefastos y dañinos de las libertades ciudadanas y de la democracia con la ideología que sea.

Tenemos un poder judicial politizado y ahora crecientemente capturado en su independencia después de las últimas elecciones del Poder Judicial. Todavía es pronto, pero tendría que dar el nuevo Poder Judicial, muestras de autonomía, pero me parece que la politización de la administración y procuración de justicia sigue vigente en el país, que fue justamente lo que hizo que las procuradurías y los jueces se pusieran al servicio de la estrategia contrainsurgente en aquellas épocas de la Guerra sucia de las que hemos hablado. Hoy esa posibilidad sigue existiendo, que se pongan al servicio las procuradurías, las fiscal locales y estatales, lo que sea, al servicio del grupo en el poder para castigar a las disidencias y castigar a quienes se opongan activamente a sus designios. Estas son las condiciones que yo veo ahorita que no ofrecen una garantía de que aquello no se va a repetir.

-¿Hay algún mensaje esperanzador en todo este contexto e informe?

-Estoy convencido de que hemos venido caminando como sociedad hacia una mayor democratización del país. Es decir, que a pesar de que todavía existen estas cuestiones negativas o lacras o problemas, lo que se irrumpió en el 2018 en las elecciones federales, fue un hartazgo y fue el protagonismo de la sociedad. Entonces, me parece que la sociedad todavía tiene posibilidades de plantarse frente al poder, frente al autoritarismo y decir: “Lo que queremos es esto y no esto”. Entonces, sigo pensando que los pueblos, las comunidades tienen la capacidad de ir marcando el rumbo y que entonces una colectividad informada suficientemente bien, sensibilizada y en conocimiento de lo que ocurre en el país, puede impulsar nuevas transformaciones, que el camino sigue adelante, es un camino que no acaba nunca y entonces por más dificultades que tengamos me parece que podemos seguir adelante.