Atención a problemas de salud mental para prevenir suicidios, castigo a crímenes de odio contra la comunidad LGBTI+, terapias de conversión y tipificar la violencia que se ejerce contra la mujer a través de sus hijos, son parte de los pendientes que arrastra el Congreso de Coahuila. Los diputados de la 62 legislatura ya iniciaron su último año de trabajo y grupos defensores de derechos humanos exigen destrabar las reformas impulsadas desde la ciudadanía.
- 13 marzo 2023
A menos de un año de concluir la 62 legislatura de Coahuila y a unas semanas de iniciar las campañas para elegir nuevos diputados y diputadas, persisten rezagos de temas que están en “la congeladora”: la prohibición de las terapias de conversión, el castigo a crímenes de odios para la comunidad LGBTI+, cambios a la Ley de Salud Mental o legislar en torno a la violencia vicaria, son algunos ejemplos.
La actual legislatura del Congreso de Coahuila ha presentado 456 iniciativas de acuerdo con la base de datos de la Cámara. A estas hay que sumarle alrededor de 170 iniciativas heredadas por la legislatura pasada.
La legislatura 62 inició funciones el 1 de enero del 2021 con una abrumadora mayoría de mujeres: 15 de 25 curules fueron ganadas por mujeres. Sin embargo, la presidencia de la Junta de Gobierno quedó a manos de un hombre, el priista Eduardo Olmos.
Las expectativas hacia el Congreso Local eran tener reformas con enfoque de género, pero estas no se han dado, dice la activista e integrante del colectivo Incide Femme, Ariadne Lamont.
“Si tuviera que ponerle un color a esta legislatura sería el gris y si tuviera que asignar una figura geométrica sería un cuadrado, porque es así como han trabajado: con una mente cuadrada”.
Lamont ha quedado decepcionada porque no se ha trabajado en temas para evitar daño a las mujeres, como equiparar el delito de estupro con violación para que haya mayor castigo a personas adultas que sostienen relaciones sexuales con adolescentes.
Actualmente el artículo 235 del Código Penal de Coahuila castiga el estupro con prisión de siete meses a cinco años y multa.
“Cuando la criatura ya tiene de 15 a 18 años, ya no es violación. Acomodaron la legislación para decir que la relación sexual se tuvo mediante la seducción o el engaño y no es así”, indica Ariadne Lamont y argumenta que ese engaño deja un daño emocional parecido al que pasan las personas que son violadas.
Lamont explica que esta legislación se realizó cuando prevalecían los hombres en los Congresos, y lamenta que ahora que las mujeres son mayoría no se ha cambiado.
VIOLENCIA VICARIA NO INTERESA
De acuerdo con registros de la actual legislatura al corte del 3 de marzo, al menos 30 de 457 iniciativas que se han presentado, se refieren a reformas para aumentar castigos por violencia contra la mujer.
Una de las reformas más esperadas en Incide Femme, que integra Ariadne Lamont, es la que busca modificar el Código Penal, y otras leyes como la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para evitar la violencia vicaria.
Esta violencia es ejercida por hombres para dañar a mujeres a través de sus hijos.
La activista considera que todas las violencias son terribles, pero la violencia vicaria la califica de “espantosa” por el daño que le hacen a una mujer para arrebatarle a los hijos.
“La mujer que pierde a sus hijos en violencia vicaria no los vuelve a ver, y si los vuelve a ver los niños se van a portar con ella de una manera muy grosera porque son manipulados”, relata.
“Todo mundo les habla mal a esos niños de su mamá y por eso los niños van a ser muy groseros con la madre, si es que la vuelven a ver. Están influenciados por la gente que los niños quieren. Estamos hablando de su papá, su abuela, sus tíos y tías. Sus familiares”.
El registro de iniciativas del Congreso Local cuenta con dos propuestas presentadas. La primera por la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lizbeth Ogazón Nava.
El 24 de mayo de 2022 presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y las Leyes para de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar.
Siete meses después, la diputada del partido Verde Ecologista, Claudia Elvira Rodríguez, se sumó a la petición de incluir el término de violencia vicaria cometida contra la mujer. Sin embargo, el Congreso local tiene en su registro que ninguna de las dos iniciativas ha logrado salir de las comisiones a las que fueron asignadas.
La legisladora Lizbeth Ogazón explica que la violencia vicaria consiste en que los agresores buscan crear un daño al violentar psicológica, económica y físicamente. Incluso pueden llegar a asesinar a los hijos de su pareja, todo esto de manera directa o indirectamente.
La diputada Claudia Elvira Rodríguez reconoce que el concepto es poco conocido. Indica que ha tenido poco impacto en los distintos sistemas jurídicos y como consecuencia queda impune.
En la presentación de su iniciativa refirió que, al no ser reconocida como un tipo de violencia, no existen cifras oficiales para medir la magnitud del problema.
Ariadne Lamont reclama que Coahuila debe de abrirse a trabajar en grandes reformas. Explica que no solo se trata de modificar leyes, sino de hacerlo con un enfoque de género.
“Luego leyes que buscan acabar con violencia física y emocional contra mujeres, terminan siendo leyes mal hechas que utilizan los hombres en contra de ellas”, critica.
Aunque el tema sigue presente por la insistencia de colectivos, en el Congreso Local no ha sido una prioridad legislar sobre el tema, dice Lizbeth Ogazón.
“Son temas que las diputadas de mayoría se resisten mucho [...]están educadas con muchos prejuicios, entonces se inclinan hacia el conservadurismo y entorpecen el trabajo en Comisión”, asegura.
La diputada Ogazón suma la rivalidad entre partidos como otra de las causas que frenan las iniciativas.
“Prefieren detener o congelar en comisión las iniciativas y así quedarse hasta que se termine la legislatura”, señala.
La diputada panista, Mayra Valdés González, reconoce que hay temas relevantes para las mujeres que siguen en comisiones, pero asegura que la actual legislatura ha trabajado para impulsar reformas como la de higiene menstrual.
En este tema se reconoce que hay un rezago y se legisló para que escuelas y centros de reinserción social cuenten con insumos para la higiene menstrual.
SE TRUNCAN INICIATIVAS PARA COMUNIDAD LGBTI+
Otros de los reclamos que emergen desde la sociedad y que ha quedado como pendiente, es la legislación en materia de derechos humanos para la comunidad LGBTI+.
En Coahuila se permiten las bodas entre personas del mismo sexo, adopciones y cambio de identidad, pero el acceso a la justicia se limita al no considerarse como víctimas de crímenes de odio.
La legislación permite agravar un homicidio por “preferencia sexual”, pero se deja fuera una parte de la comunidad, al no incluir que estos crímenes también se pueden dar por rechazo a la identidad o expresión de género real o percibida. Así lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La reforma al Código Penal ha sido una de las peticiones que permanecen desde la pasada legislatura, a través de activistas y colectivos como San Aelredo.
Pero a la actual legislatura se suma la petición para que se prohíban las terapias de conversión, también llamadas Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG).
El ciudadano Miguel Alejandro Morales envió el 18 de julio de 2022 la iniciativa para que se castigue hasta con un año de cárcel a quienes implementen estas terapias.
La propuesta es modificar el artículo 239 del Código Penal para que se sancione a quien promueva, ofrezca, someta u obligue a otra persona a recibir terapia para modificar orientación sexual, expresión o identidad de género.
“A las personas LGBTI+ no hay nada que curar”, dice Miguel Morales quien es abogado y especialista en temas de derechos humanos.
Indica que de modificarse la legislación de Coahuila se cumpliría con lo que recomiendan organismos nacionales e internacionales para proteger a la comunidad LGBTI+.
Por su parte, la diputada priista Martha Loera se sumó a la petición el 23 de noviembre del año pasado para castigar hasta con 6 años de cárcel a quien practique o someta a alguien a terapias de conversión.
A la diputada le asombra que aún con los avances que la humanidad ha tenido en favor de los derechos LGBTTTIQ+, a la fecha sigue existiendo mucho odio y discriminación en contra de las personas que deciden expresar libremente su orientación sexual y su identidad de género.
Las dos iniciativas permanecen en las Comisiones de Gobernación sin fecha para ser turnada al Pleno del Congreso local para su votación.
Las ocasiones en que se ha tocado el tema en sesión se han registrado manifestaciones de grupos religiosos. Incluso, el pasado mes de diciembre en el informe de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos fue interrumpida para pedir que no se tocaran esos temas.
“En la protesta había señoras que decían que en las escuelas les enseñarían a ser homosexuales y se prohibiría que se impartiera religión en los colegios. Era evidente que no tenían idea de lo que estamos pidiendo”, comenta el presidente de San Aelredo, Noé Ruiz.
Ante este panorama, lamenta que estas iniciativas estén en “la congeladora”. Ruiz considera urgente visibilizar el problema y que se castiguen estás prácticas porque es la misma familia quien somete a las terapias para corrección de orientación sexual.
“A las compañeras y a los compañeros que entran a este tipo de terapias firman un acuerdo de confidencialidad y no pueden revelar muchos datos, pero entre pláticas te das cuenta de que la violencia no solamente es la psicológica, sino también física y maltrato”, asegura.
Noé Ruiz dice que hay ocasiones en las que no se les permite comer o salir de un cuarto.
SUMAN INICIATIVAS SIN ATENDER
Además de Miguel Morales y la diputada priista Martha Loera, los legisladores de Morena también se han sumado a temas en favor de la comunidad LGBTI+ como es el caso de legislar para que se castiguen los transfeminicidios o para que se establezcan cuotas de género y se abran oportunidades de trabajo en la función pública.
La base de datos del Poder legislativo indica que todas siguen en comisiones.
El presidente de San Aelredo, Noé Ruiz, considera que son las ideologías de los legisladores lo que no permite que avancen las reformas.
“Las tres iniciativas (terapias de conversión, crímenes de odio y cuotas de género) se fueron a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales donde es coordinador el diputado Ricardo López Campos, que no entiende la modernidad de los tiempos en que vivimos y todavía tiene esa ideología que no le permite avanzar y saber que es un diputado que fue electo y que sirve a la ciudadanía. Y la población LGBT también es parte de la ciudadanía”, critica.
Estas iniciativas se encuentran en trámite en la Comisión de Gobernación y no tienen fecha para ser desahogadas.
El diputado priista y coordinador de esta Comisión, Ricardo López Campos, indica que tienen cientos de iniciativas pendientes, pues tan solo de la administración anterior heredaron 170.
-¿Cree que estás iniciativas alcancen a ser votadas en la actual legislatura? -se le cuestiona.
-“No sé porque no son las únicas iniciativas que tenemos en la Comisión de Gobernación. Tenemos muchísimas y de toda la gama jurídica que tiene nuestro estado, pero todos los martes de sesión estamos sacando dictámenes”, responde.
Ricardo López Campos asegura que no se dejan de lado las iniciativas, y atribuye el retraso a su votación debido a la consulta que realizan con expertos en la materia para evitar errores.
Recalca que en la pasada legislatura todos los tipos penales que se reformaron los “tumbó la Corte” porque no fueron redactados con una visión de derechos humanos y no hubo test de ponderación para ponerlos de acuerdo con el tipo de delito.
“Una cosa es el sentir social y otra es lo que se debe hacerse jurídicamente [...} no debe caerse en excesos”, justifica.
SALUD MENTAL NO ES PRIORIDAD
Para la diputada de Morena, Laura Francisca Aguilar Tabares, además de velar por la inclusión y acceso a la justicia, también se debe de considerar como prioridad la salud mental, por ello busca que en los meses que quedan de trabajo legislativo se logre votar iniciativas que fortalezcan el sistema de salud y educación para prevenir suicidios.
Una de las iniciativas fue presentada desde el 23 de noviembre del 2021. Esta propuesta busca reformar la Ley de Salud Mental para elaborar un plan de seguimiento a personas que sufren problemas mentales.
Al igual que los otros casos aquí relatados la iniciativa se envió a comisión de Salud para su análisis. Los registros del Congreso local señalan que está en espera de ser dictaminada para que los diputados puedan votarla.
“El mundo se ha visto inmerso en una pandemia por el Covid-19 que ha afectado a miles de personas, donde las afecciones a su físico han sido notorias, pero no podemos dejar de lado las mentales”, declara.
Las huellas en la salud mental están a la vista con los incrementos cada año: en 2019 se registraron 237 suicidios, para 2020 aumentó a 283 casos; en 2021 fueron 281 y para el 2022 se documentaron 303 suicidios.
El incremento de los casos ha causado preocupación general en la población y la misma ciudadanía ha enviado iniciativas al Congreso.
El pasado 15 de noviembre, los ciudadanos Diana Aracely González Briones, Diego Martin Reyes Pachuca y Axel de Jesús Vega Montelongo, enviaron una iniciativa popular para reformar la Ley Estatal de Educación, con relación a garantizar un plan de acción integral para la promoción de salud mental y prevención del suicidio.
En la iniciativa indican que el problema que prevalece es que se minimizan conductas de baja autoestima, depresión, estrés u otros padecimientos, por lo que es necesario la promoción de la salud mental.
“Los programas de aprendizaje socioemocional en las escuelas son las estrategias de promoción más eficaces en cualquier país”, se lee en los documentos entregados al Congreso.
Esta iniciativa fue enviada para su análisis a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Mientras las iniciativas están en la congeladora, el acceso a los servicios de atención médica integral de salud mental no es sencillo. Coahuila únicamente cuenta con tres lugares especializados: el Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) de Saltillo; el Centro Integral de Salud Mental (CISAME) de Torreón y el Hospital Psiquiátrico de Parras de la Fuente, aunque este último figura más como puro internamiento.
“Lo anterior resulta preocupante, ya que el Estado de Coahuila no sólo está compuesta por la Región Sureste y la Región Lagunera; los trastornos mentales se presentan en todas las regiones del Estado y en todos sus Municipios y aunado a la pandemia por COVID-19 que intensificó algunas de estas afecciones, estos tres centros de atención médico-psiquiátrica, son insuficientes”, indicó en tribuna la diputada de Unidad Democrática de Coahuila, Yolanda Elizondo Maltos.
Ella presentó una iniciativa para que hubiera un centro de atención por región. Esta propuesta aparece como “desechada”.
SE LES ACABA EL TIEMPO
La 62 legislatura concluirá el próximo 31 de diciembre y aún quedan temas pendientes como determinar si reformarán el artículo 363 del Código Penal para aumentar la penalidad cuando se emiten declaraciones falsas.
Esta iniciativa fue planteada por la diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez, de la fracción del Partido Verde Ecologista el 1 de marzo de 2023.
En materia ambiental el diputado priista Álvaro Moreira y Edna Ileana Dávalos Elizondo, propusieron la creación de la Ley para la Prevención, Detección y Combate de Incendios Forestales, ya que cada año se pierden miles de hectáreas por incendios provocados.
Otra de las iniciativas que han llamado la atención de la ciudadanía es la presentada el pasado mes de diciembre para castigar el acecho.
La iniciativa presentada por las mujeres de las diferentes corrientes políticas indica que es de “suma importancia” hacer la precisión de que el acecho no debe ser confundido con otras conductas que ya se encuentran tipificadas en la ley penal, tales como “mobbing” y “bullying”.
“El acecho contempla una integralidad de conductas diversas que, en forma reiterada, afectan la forma de vida de la persona, principalmente, su libertad de actuar y de tomar determinaciones personales y causando daños”, se indica en la iniciativa presentada.
El diputado Ricardo López Campos, asegura que se trabaja para que todas las iniciativas sean analizadas, consultadas y redactadas. Que no sean “tumbadas” por la Suprema Corte.
LO QUE SÍ PASÓ
Sobre las reformas que sí trascendieron de la actual legislatura, el diputado priista Ricardo López recuerda las referentes al tema de trabajadores del Estado.
“Nos metimos al fondo de pensiones del Gobierno del Estado que son temas que nadie toca. Lo reformamos no para un beneficio inmediato, sino para darle viabilidad a largo plazo”, comenta.
También destaca las modificaciones al fondo de pensiones de los maestros de la sección 38.
LOS RETOS
De cara a la elección de nuevos diputados y diputadas, la activista lagunera Ariadne Lamont dice que tratarán de visibilizar los temas en pro de la mujer y exige que los legisladores trabajen en beneficio de todos los coahuilenses.
El defensor de derechos de la comunidad LGBTI+, Noé Ruiz, dice que insistirán para que las iniciativas a favor de derechos humanos logren salir de “la congeladora”, aunque reconoce que ha habido resistencia por ideologías de los diputados.
“Lo que nos beneficiaría mucho es que llegaran realmente personas que tengan una visión de servicio y no de convicciones personales porque es así como debe de ser un Congreso. Un Congreso para la ciudadanía”, comenta.
La diputada de Morena, Laura Francisca Aguilar Tabares, reclama que la agenda legislativa debe voltear hacia las enfermedades mentales, por lo que insistirá en que las iniciativas sean dictaminadas y votadas.
Por su parte, el diputado Ricardo López Campos asegura que las iniciativas que no logren atenderse en esta legislatura tendrán que ser trabajadas por los próximos diputados locales.
Es decir, la próxima legislatura también heredará iniciativas.