La administración de Miguel Riquelme Solís llega a su fin el 30 de noviembre y especialistas de diferentes áreas exponen cuáles son los temas pendientes que deja el gobernador lagunero que se convertirán automáticamente en los retos para la administración de Manolo Jiménez.
- 26 noviembre 2023
La administración estatal de Miguel Riquelme Solís llega a su fin. El lagunero deja una disminución en las cifras de homicidio doloso, al igual que las denuncias por robo a casa, a negocio o automóviles.
La entidad se encuentra en los tres primeros lugares de formalidad laboral y las estadísticas de pobreza o vulnerabilidad del Coneval ubica al Estado en los mejores sitios.
Pero ¿qué pendientes deja? Semanario acudió con expertos y especialistas de distintas áreas para conocer cuáles son los pendientes que deja Riquelme Solís que se convertirán en retos a partir del primero de diciembre para el saltillense Manolo Jiménez Salinas.
Entre esos pendientes y retos está el tema del suministro de agua de calidad a la población en un contexto de crisis hídrica: 19 de 28 acuíferos en el Estado están sobreexplotados y tienen un déficit de disponibilidad de agua, lo que puede convertirse en un reto no solo para abastecer de agua de calidad a la población, sino también a las empresas y nuevas inversiones.
Está también el tema de la inversión en infraestructura. En seis años, el Estado destinó 15 mil 361 millones de pesos en inversión pública según las cuentas públicas del gobierno publicadas en la página de la Secretaría de Finanzas, apenas 4.6% del presupuesto sumado del sexenio. En contraparte, el gobierno de Riquelme destinó en seis años a la megadeuda: 35 mil 313 millones de pesos al corte del tercer trimestre de este año, una losa que persiguió a la administración saliente y que tendrá que atender el próximo gobierno.
Expertos consideran que zonas como el Centro y la Carbonífera, necesitan puntual atención, además de trabajar en planes sostenibles para las distintas regiones de la entidad.
Hablando de planes sostenibles, el poco trabajo que se hizo en materia de movilidad y la apuesta a un ‘carrocentrismo’ será un tema que el próximo gobierno tendrá que trabajar para revertir.
En seis años, las denuncias por delitos sexuales y violencia familiar aumentaron. Especialistas refieren la falta de atención a mujeres víctimas de la violencia, el descuido en la protección de las infancias o la ausencia de especialistas para atender el aumento en los problemas de salud mental e incrementos en las tasas de suicidio. Además, la próxima administración tendrá que atender a más de 3 mil familias de personas desaparecidas, después de que en el sexenio que termina se sumaran más de 500 casos nuevos.
Otro problema es la ausencia de políticas de prevención de las adicciones o la falta de espacios para rehabilitarlos frente a un escenario cada vez más alarmante: el consumo de cristal.
Infraestructura y planeación
El economista Antonio Serrano Camarena considera que un pendiente en el Estado es la parte de infraestructura que le corresponde al gobierno, pues dice que casi todas las carreteras están en abandono.
Señala que hubo una ausencia de infraestructura en salud y hay obras rebasadas y mal planeadas como el distribuidor vial de Saltillo.
En seis años, el gobierno estatal destinó a obra pública un promedio por año de 2 mil 560 millones de pesos.
Serrano Camarena lamenta que la falta de presupuesto a causa del pago de la deuda, limite la inversión.
“Pagamos mucha deuda y se hace poco”, dice. Refiere que son 360 millones de pesos mensuales de intereses que no abonan “a nada”.
Mientras la inversión pública consumió apenas el 4.6% del presupuesto, el pago de la deuda consumió el 10.6%.
El economista considera que un pendiente es la infraestructura en las ciudades para ayudarlas a ser competitivas.
“Se trajeron muchas inversiones, pero no se trajo dinero para que esas inversiones aquí puedan florecer”, explica.
Para el economista, un reto del próximo gobernador será la planeación adecuada en términos demográficos, de las industrias que van a llegar y en términos de los servicios que se tienen que proporcionar.
El economista dice que en el norte se tiene que trabajar en un crecimiento económico ordenado en términos de la llegada de migrantes, generar una capacidad de absorber a los migrantes por la economía local, y si no, buscar la forma de repatriarlos a su lugar de origen o buscar alternativas que no cuesten.
“A Coahuila nos está costando mucho el paso de migrantes, no tenemos dinero, pero tampoco soluciones”, dice.
Para la región Centro y Carbonífera, el economista dice que la opción será buscar la manera de que la gente pueda trasladarse a otros lugares y sea absorbida por regiones económicas como Saltillo, Torreón o Piedras Negras.
“Nadie dice nada, no se ha pedido ayuda para los obreros (de Altos Hornos de México) que están desamparados, no los quieren contratar porque no están despedidos. Si los contratan en otra empresa pierden sus prerrogativas anteriores de liquidación, antigüedad y todo eso. Están atrapados, ¿qué solución ha dado el gobierno de Coahuila? Ninguna”.
El reto para Manolo Jiménez será ver qué respuesta da a la región Centro para que no se vuelva una región “decadente”, con tendencia a tener gente vieja, sin jóvenes porque no habrá oportunidades, comenta Serrano.
“Si algo no tiene el Estado es una planeación”, comenta.
Explica que si hubiera planeación, los recursos tendrían prioridades, no anuncios de lo que se va a hacer.
Antonio Serrano cree que un reto de Manolo Jiménez será mostrar que tiene capacidad de planeación para posicionar al Estado en un lugar preponderante a nivel de la economía nacional.
Y pone como ejemplo de planeación el tema del agua, donde en Coahuila no se habla de algún instituto del manejo del agua como hay en otros estados.
Miguel Ángel Hernández Muñiz, director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), explica que el agua es un derecho vinculante y si no se garantiza a plenitud no se pueden consolidar económicamente las regiones.
“No podremos desarrollar la industria y comercio y se pone en riesgo la inversión de las empresas actuales y de nuevas empresas”, expone.
Movilidad y combate al ‘carrocentrismo’
El domingo 19 de noviembre, en el contexto del Día Mundial de las Víctimas por Sinestros Viales, Marco Polo Hernández Muñiz, miembro del colectivo Transporte Digno Saltillo, (TDS), puso el dedo en la llaga del nulo trabajo en materia de movilidad del gobierno que está por concluir, lo que representará un reto para la próxima administración.
“´Prácticamente en cuestión de movilidad no trabajó. Él creyó que el tránsito de los automóviles y los camiones es el único que se tiene que garantizar; él creyó que la movilidad son vialidades, pero eso no es cierto, la movilidad va más allá de eso, el centro es el peatón, la persona”.
Y ni en Saltillo ni en Torreón ni en Coahuila se trabajó por la movilidad como un derecho humano.
“La movilidad parte de un principio básico: que la persona lo ejerza y que cuando él quiera moverse se pueda mover con seguridad, con eficiencia, con accesibilidad, con inclusión y realmente es un tema que no se trabajó”, dijo Hernández Muñiz durante una velada para recordar a la gente que salió de casa y no regresó, ya sea porque murió en un accidente vial o porque alguien le impidió llegar y en la que también participó la asociación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM).
Señaló que entre los principales adeudos que deja la gestión de Miguel Riquelme con los coahuilenses están la escasez de ciclovías, como una alternativa de las personas de andar en bicicleta para trasladarse a sus destinos.
“El derecho a la movilidad es que el peatón salga de su casa, tenga opciones de trasladarse, llegue a su destino con seguridad y regrese a su hogar con seguridad”.
Destacó además la falta de un sistema de transporte urbano suficiente, eficiente, masivo e intermodal, para la gente de a pie y aquí señala la promesa incumplida de Riquelme de terminar en su administración el proyecto del Metrobús Laguna.
“Tiene todo el sexenio tratando de arrancar el Metrobús. El transporte urbano en Saltillo, en Torreón, en Piedras Negras, en Monclova es pésimo, no hay accesibilidad”.
Vanguardia ha revelado en varias ocasiones que en los últimos años una persona que viaja en transporte público puede llegar a consumir entre una hora y media y dos horas y media de tiempo de su casa a su trabajo y viceversa, con las consecuencias a nivel emocional que ello conlleva.
“Pierde cuatro horas de su vida diariamente que no convive con su familia y esto le genera un malestar...”.
Marco Polo recriminó que, aunque se diga que hay tarifa cero para las personas con alguna discapacidad, los usuarios con silla de ruedas no pueden subir en cualquier combi.
“Todo este carrocentrismo que se fomentó en la administración de Miguel Riquelme se debe a que siguen hablando de que tenemos un nicho de mercado que es el automotriz y nos han hecho creer que tener carro es un signo de que hay movilidad y que tienes derecho a la movilidad, pero no es cierto”.
De acuerdo con el INEGI hasta 2022 el parque vehicular en Saltillo llegó a 374 mil 319 vehículos, lo que coloca a esta capital en top 5 de las urbes que reportan mayor incremento en este indicador.
“Ha sido un manejo de ampliar las vialidades, pero ya sabemos que si tienes cuatro carriles y aumentas seis se te van a saturar, y si aumentas a ocho se te van a saturar, porque es un carrocentrismo y se ha hecho creer a la gente que la única opción es el carro y entonces hay que comprar carro, cuando no es. No se vale que nosotros tengamos que sufrir y que todo se haga exclusivamente para el automóvil”.
Aunado a que muchas de estas vialidades no están pensadas para el peatón, llámese las últimas obras de desarrollo urbano que se han realizado, como el último puente que une a las colonias Mirasierra y Zaragoza en Saltillo, comenta.
La interminable deuda
Un pendiente del gobierno fue que no pagó nada de capital de la deuda, critica el economista Antonio Serrano.
“Patearon el bote hacia adelante, renegociaron la deuda, pero no mejoraron las condiciones de la deuda en términos de una quita, de pagar a capital”, señala.
Miguel Riquelme ha declarado sobre el tema que se hizo lo que estuvo en las posibilidades y que no era posible abonar al capital de la deuda frente a un escenario de recorte de participaciones.
En ese sentido, un reto para la próxima administración será buscar fuentes de financiamiento a través de impuestos o de programas federales para reducir el monto de la deuda, considera el especialista.
Para el economista Serrano Camarena no son justificables los argumentos de la reducción o recorte de participaciones federales.
“El gobernador Riquelme no quiso pagar un costo político. Pero hay mecanismos fiscales por los cuales el gobierno podría recolectar dinero para pagar esa deuda”, asegura.
Refiere que económicamente los argumentos para no abonar a capital no funcionan, pues dice que no se trata de que se administre lo que le dan. Por eso el reto será crear mecanismos fiscales que reduzcan la dependencia del gobierno federal.
“Si seguimos esperando ayuda y dádivas literalmente esto no va a funcionar, y no va a funcionar terriblemente y de una manera estrepitosa vamos a caer”.
Para Serrano Camarena el gobernador saliente hizo un “buen trabajo”, pero solo eso. “Pudieron hacer algo mejor”, señala. Sin embargo, opina que la parte política es más importante que la parte económica.
Lo que se viene: el agua
El tema del agua es un reto que tendrá la próxima administración, pues cada vez hay más lugares en Coahuila que sufren el desabasto o la mala calidad.
Para Miguel Ángel Hernández Muñiz, director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH) el pendiente más importante en el Estado es el tema vinculado con el acceso y el derecho al agua, pues considera que es un problema que no se ha resuelto a plenitud y son los ciudadanos de a pie los que siguen pagando la factura.
Apunta que hay muchas zonas donde no existe un abasto suficiente, ni se tiene la calidad que se requiere para no poner en riesgo la integridad a la salud de las personas.
“Cómo se generan políticas públicas para garantizar el acceso al derecho humano al agua. No se ve una voluntad para atender el fondo de este problema”, comenta Hernández Muñiz.
Para el abogado y director del CIADH la perforación de pozos no es una estrategia, sino una reacción que no soluciona de fondo el agotamiento de los acuíferos.
“Se genera una reposición de las fuentes ya agotadas. Es un agotamiento del acuífero principal y no es la solución”, explica.
Para el especialista se requieren soluciones integrales, una planeación con voluntad política, financiera y políticas públicas que atiendan las causas, y políticas públicas que atiendan a grupos vulnerados, a los que llama: afectados hídricos.
Un reto será reconocer las afectaciones que se tienen por el problema de agua contaminada con arsénico, es decir, reconocer el hidroarsenicismo como un problema de salud pública.
“Mientras no se genere en salud y otras instancias de gobierno la atención y evitar que se sigan generando daños a la salud, vamos a seguir teniendo repercusiones fatales”, pronostica.
Espera que la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) tome un papel protagónico, no solo con voluntad sino con financiamiento para atender el “eslabón más débil” en la cadena que son los municipios.
“Si revisamos el presupuesto del año pasado no le invirtieron ni el uno por ciento al tema del agua. Ese es un problema grave”, considera.
Violencia y atención a la mujer, cuenta pendiente
Rosa María Salazar, la directora de la asociación Luz y Esperanza, un centro y refugio para mujeres víctimas de maltrato, detalla que entre los asuntos que no se atendieron durante la administración del gobernador saliente está que la instancia encargada del tema mujeres se redujo de Secretaría a Instituto Coahuilense de las Mujeres.
“Lamentamos que haya pasado de secretaría a instituto. Cuando era secretaría formaba parte del gabinete y estaba en las reuniones con el gobernador. Pasó a ser dirección, entiendo que forma parte del gabinete ampliado, pero no hay decisiones en las que se involucrara directamente a la titular del Instituto de las Mujeres y todo lo hace directamente la Secretaría de Gobierno. Por eso consideramos que fue un retroceso”.
En ese tema, Manolo Jiménez no se ha expresado sobre la posibilidad de regresar la figura de la secretaría de la Mujer.
La especialista destaca además que la mayoría de los programas que operó este instituto en los últimos seis años, fueron financiados con fondos federales como los del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).
“En realidad me parece que ahí el gobierno del estado no le puso recurso al Instituto de las Mujeres”.
De acuerdo con el presupuesto de egresos de este año, el Instituto Coahuilense de las Mujeres recibió apenas un recurso por 40.5 millones de pesos.
Advierte también la falta de un presupuesto con perspectiva de género para todas las secretarías e institutos que conforman la estructura gubernamental.
Cada año se presentan en Coahuila entre 11 mil y 12 mil denuncias por violencia en contra de mujeres, pese a lo cual no existió un presupuesto acorde a las necesidades de los seis Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres que hay en Coahuila, señala Salazar.
Los Centros de Justicia para las Mujeres recibieron para este año, 38.8 millones de pesos.
“Estas denuncias requieren de un presupuesto para ser atendidas en un seguimiento al programa de atención a ellas, que es lo que hacen estos organismos. Falta un presupuesto para que tengan personal suficiente para atender a las mujeres, personas disponibles las 24 horas del día, porque a las mujeres las golpean a cualquier hora del día”, apunta Rosa María Salazar.
Del mismo modo señala algunas deficiencias en la Fiscalía General del Estado, tales como la carencia de ministerios públicos y policías investigadores que garanticen un avance efectivo en los procesos legales por violencia, en sus diferentes tipos, que involucran a mujeres.
“Vemos, por ejemplo, que en Seguridad pública hay 80 brazaletes, pero para todos los delitos, y hemos pedido que haya más brazaletes duales para el tema de violencia hacia las mujeres. Son de las cosas que no se fortalecieron en este sexenio, temas que se quedaron rezagados”.
Las violencias que no se conocen
Ariadne Lamont, integrante de los colectivos Activistas Feministas de La Laguna y Justicieras por Nuestras Infancias, dice que uno de los pendientes al que nadie quiere poner atención son las infancias.
Critica que la secretaría de Educación estatal omita los protocolos de atención cuando hay niños agredidos sexualmente, ya sea por personas externas a las escuelas o peor, cuando se trata de trabajadores de los planteles.
Refiere que a las autoridades de salud les falta “kilómetros” para que se den cuenta de los errores y omisiones que cometen con las infancias. De igual forma, dice que el sistema de justicia está lejos de atender el tema de las infancias o las reparaciones del daño.
Lamont considera que el próximo gobernador tendrá que tomar “el toro por los cuernos” y atender de manera institucional todos los casos de justicia hacia menores, pues refiere que en este sexenio sólo se simuló trabajar en el tema.
Además, menciona que los delitos sexuales no disminuyeron y sigue existiendo un asunto en el que no se denuncian las agresiones o las autoridades se enteran, pero no actúan.
Además, señala que persiste la violencia obstétrica, la falta de capacitación para atender a menores embarazadas o víctimas de violencia.
¿Quién piensa en los enfermos mentales?
La carencia en infraestructura hospitalaria para la atención de las enfermedades psiquiátricas, condicionada por la falta de presupuesto, ha ocasionado un deficiente cuidado de la población en el rubro de la salud mental, siendo este uno de los tantos desafíos que habrá de enfrentar el nuevo gobierno.
Así lo considera Javier Martínez Becerra, presidente del Instituto de Atención Integral y Desarrollo Humano A.C. (INTRA).
Ello porque en todo el estado apenas existen tres hospitales para internamiento de pacientes con problemas psiquiátricos, uno en Saltillo, el otro en Parras y el tercero en Torreón, aunque el de Torreón no forma parte del gobierno.
Aunque el secretario de Salud, Roberto Bernal, dice que la tendencia en el mundo es tener menos hospitales psiquiátricos para tratar de reintegrar al paciente a la sociedad, la activista Ariadne Lamont considera que actualmente la infraestructura estatal no es suficiente y no se ofrecen alternativas.
“En Torreón no hay lugar de internamiento para enfermos mentales y si ese enfermo es una mujer con hijos, le van a quitar los hijos”, lamenta Lamont.
Según datos obtenidos por INTRA vía transparencia el presupuesto destinado a salud mental en Coahuila cayó 33 por ciento en 2021, respecto a 2020.
“Hay un amplio desinterés por atender la salud mental y es lo que preocupa”, asegura Martínez Becerra.
Aunado a que en la entidad se cuenta sólo con cuatro camas para enfermos psiquiátricos por cada 100 mil habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda 11 camas por cada 100 mil habitantes.
“Esto dificulta la atención sobre todo en casos de urgencia que requieren internamiento y bueno esto trae muchos estragos en las familias, muchas situaciones sociales”, dice el también especialista en terapia cognitiva conductual, neurorehabiltación y prevención del suicidio.
Y dice que el gobernador entrante deberá tener como prioridad el abasto de fármacos indicados para personas con algún padecimiento mental, tomando en cuenta que en 2021 el gobierno de Riquelme asignó solamente cuatro millones de pesos para la compra de medicamentos controlados.
Otro de los pasivos que dejará la todavía presente administración es el de prevención y atención profesional en el tema de intento de suicidio.
“El estado no se les está brindando y eso es bien delicado. Aunque el Cesame les da atención, y digo atención entre comillas, porque las citas se las dan cada dos meses, cada tres meses y ese tipo de trastornos o alteraciones psiquiátricas requiere un seguimiento más preciso y continuo.
“Pero bueno los atienden y los mandan a casa con una receta que no pudieron surtir en el hospital, por lo tanto, la familia tiene que buscar el recurso y no les dan el seguimiento porque se les acaba la receta que consiguieron y para resurtirla ya se le hace muy complicado a la familia”, opina Martínez Becerra.
El presidente del INTRA considera que la atención a la prevención de la salud mental debe de ser una tarea prioritaria.
Asimismo, las estrategias de prevención del suicidio, dice, no han tenido un efecto favorable, pues mientras que en 2021 se registraron en Coahuila 281 suicidios, hasta el último de octubre de 2023 se habían consumado 300 suicidios.
“Hemos trabajado mucho”, dijo el secretario de Salud, Roberto Bernal sobre el tema del suicidio.
En abril de este año Vanguardia dio a conocer que Coahuila ocupó el segundo lugar en suicidio a nivel nacional.
¿Y en los adictos?
Otra deuda que el Estado no saldó con la sociedad coahuilense para especialistas consultados es el tema de las adicciones y la falta de regularización de los más de 113 anexos registrados ante la Secretaría de Salud y que son, según la visión de Javier Martínez, casas de desintoxicación, y no espacios de rehabilitación, tal y como lo decreta la norma 028 que reglamente este tipo de centros.
“El estado se deslinda de ese tipo de atención porque sabe que están ahí los anexos”.
Pero estos lugares, a decir de la activista Aridane Lamont, son lugares que “no están preparados, que violan a las personas o las matan”.
El secretario de Salud, Roberto Bernal, reconoció que un problema es que se abren muchos anexos sin avisar.
Pero también y principalmente queda como asignatura pendiente para la futura administración el diseño de estrategias de prevención de las adicciones.
Esto tomando en cuenta que durante su intervención en la comparecencia del secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes, al cabo del último informe de Riquelme, el diputado Rodolfo Walss señaló que en el último sexenio el consumo de drogas en Coahuila creció al tres mil por ciento.
Sin embargo, Semanario cuestionó al secretario Bernal por los trabajos hechos en materia de prevención de las adicciones, y se limitó a decir que su función se reduce a supervisar los anexos, pero “que las adicciones no dependen de mí”.
En el municipio de San Pedro la administración estatal heredó la obra negra del centro integral de rehabilitación para las adicciones, pero en seis años no se hizo nada por rescatarlo y la heredarán a la próxima administración.
Y en este tema uno de los retos más grandes que hoy tiene el gobernador electo, es el combate al delito de narcomenudeo que en los últimos años coloca a Coahuila entre el primero y segundo lugar a nivel nacional.
De acuerdo con datos del SESNSP, en 2017 se documentaron 3 mil 256 carpetas por narcomenudeo, pero para 2022 fueron 11 mil 32, un aumento del 239%.
Para la activista Ariadne Lamont, sigue sin voltearse a ver las necesidades de las personas que consumen sustancias, las cuales, dice, son cada vez de menos edad.
Desaparecidos, la otra deuda de Coahuila
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, (RNPDNO), hasta el pasado 7 de noviembre de 2023 había en Coahuila tres mil 320 personas desaparecidas y no localizadas.
Esta cifra representa uno de los mayores déficits del gobierno que ya se va en materia de derechos humanos y combate a los crímenes de lesa humanidad, a decir de los distintos colectivos de familias víctimas de este delito.
“No hizo nada y la gran deuda es que los pactos de impunidad se mantuvieron”, reprocha Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos de la Diócesis de Saltillo Fray Juan de Larios.
De acuerdo con el Informe “Fuerte Coahuila no fue cuando hay personas desaparecidas”, realizado por dicha organización, tan sólo en este gobierno se recibieron mil 140 reportes de desaparición, de los cuales 571 personas continúan desaparecidas.
“No se puede hablar de logros de gobierno cuando nuestra sociedad está herida por las personas que se encuentran desaparecidas”, se lee en el informe.
Será una losa para la administración entrante el reto de impulsar, ahora sí, procesos de verdad y justicia en los casos de víctimas que fueron desaparecidas, muertas, localizadas, identificadas y entregadas a sus familiares.
Uno de esos casos sin justicia ni verdad es el de la llamada Masacre de Allende, pues el informe enfatiza que el gobernador saliente no cumplió con la atención integral a las familias, ni se sancionó a responsables y quiso reducir la responsabilidad a un asunto monetario.
Blanca Martínez reitera que en este sentido la agenda pendiente seguirá siendo el combate a la impunidad y la garantía de justicia para las familias de los desaparecidos.
“Y por lo tanto los discursos de ‘en mi tiempo fueron menos’, no es en mi tiempo fueron menos, en tu tiempo fueron todos los que tuviste que haber buscado, más todos lo que se acumularon”, dice.
La directora del Fray Juan de Larios prevé que entre las demandas que estallarán en la gestión que comienza el próximo 1 de diciembre, la de Manolo Jiménez Salinas, por parte de los colectivos de familiares de personas desaparecidas será la de reparación integral y medidas de no repetición.
“Sobre todo en esta coyuntura política y electoral con la falsedad de que la seguridad está en Coahuila no sabemos qué va a pasar. La disputa por los territorios ya se ve, en Coahuila, en Nuevo León están dándose datos de alerta de situaciones que ya nos tocó vivir en otros años y que desgraciadamente se extendieron a todo el país”.
Subraya como prioritario además la asignación de un presupuesto suficiente para las dependencias que tienen bajo su responsabilidad el tema de las desapariciones como es la Fiscalía de Desaparecidos, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).
En 2023, la Comisión Estatal de Búsqueda recibió apenas 21.6 millones de pesos y la CEAV, 24.4 millones de pesos.
“Tenemos una grave crisis de seguridad y de derechos humanos en el estado, por eso es que esto es prioritario”.
Al tiempo.