En Coahuila la reparación del daño cometido por violaciones a derechos humanos no se cumple por parte de las instituciones. Casos como la masacre de Allende se ha limitado a una disculpa pública y la construcción de memoriales sin que se haya cumplido, seis años después, con la indemnización recomendada por la CNDH. En otros casos como el de Mónica Esparza, víctima de tortura por parte de la policía de Torreón, ha esperado cinco años para que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas establezca una reparación integral. De caso en caso, las recomendaciones se archivan y los derechos de las víctimas quedan olvidados.
- 24 marzo 2025
Esta investigación se realizó en conjunto entre Semanario y el portal Heridas Abiertas
En Coahuila, apenas una de cada 10 recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) ha sido cumplida. En materia de derechos humanos, la reparación del daño en el Estado es un derecho ignorado. Semanario y Heridas Abiertas obtuvieron a través de distintas solicitudes de información, el estatus de las 410 recomendaciones emitidas desde 2018 hasta noviembre de 2024, de las cuales la mayoría, el 67%, está en “vías de cumplimiento”, otras se han cumplido parcialmente, no fueron aceptadas o inclusive están pendientes de aceptación a pesar de haberse dictado hace cinco, seis o siete años.
Aunque el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales, asegura que hay un seguimiento permanente a las recomendaciones, únicamente 42 tienen el estatus de “totalmente cumplida”, lo que refleja la falta de cumplimiento de la Ley General de Víctimas que establece la necesidad de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral.
Sin embargo, la falta de cumplimiento no es único de las recomendaciones de la Comisión estatal, sino que también se ignoran si provienen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Esta investigación también encontró que de 22 recomendaciones que se han hecho desde 2018 dirigidas a instituciones de Coahuila, todas están oficialmente en “trámite”. Y de 186 puntos recomendatorios, 147 continúan en trámite ya sea porque se cumplieron parcialmente o porque no hay pruebas de cumplimiento, según respuesta de la CNDH a una solicitud de información.
En casos emblemáticos y mediáticos como la masacre de Allende ocurrida en marzo de 2011, se han cumplido 15 de 37 puntos recomendatorios en donde destaca la disculpa pública, pero no el cumplimiento en otros puntos como la reparación integral del daño mediante el pago de una compensación y/o indemnización justa, la realización de un censo de víctimas de desplazamiento forzado o la integración de la averiguación previa para que se esclarezca el destino final de 38 personas, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso pleno a la justicia.
Silvia Garza Villarreal, hija de Sergio Garza Garza, una de las víctimas directas de esa masacre, califica de “revictimizante” el proceso para acceder a una reparación integral del daño y asegura que después de reuniones y de la disculpa pública del 27 de junio de 2019, se levantaron necesidades de las familias, pero nunca se volvieron a contactar.
“Tuvimos una reunión con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y nos hizo la disculpa pública, una serie de ofrecimientos de ayuda y apoyo que iban a empezar”, recuerda la señora Garza Villarreal.
Pero no fue sólo la Federación. En Coahuila les convocaron dos meses después de la disculpa pública a una reunión con el entonces gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y representantes de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) para revisar una compensación subsidiaria, estimación que, a juicio de Silvia, fue realizada con base en cálculos que buscaron minimizar las necesidades de las familias.
“Siempre nos querían minimizar y dar lo menos que pudieran, cuando vieron que legalmente estábamos apoyadas y no permitimos que nos dieran lo que quisieran, se inventaron una opinión consultiva para analizar todas las propuestas, pero no nos volvieron a llamar”, recuerda.
Desde hace casi tres años, Garza y otras dos personas reciben la asesoría de un despacho especializado y su defensor jurídico es Jesús González Schmal.
PROMESAS INCUMPLIDAS
Para Silvia Garza Villarreal y su familia, los hechos ocurridos en marzo de 2011 en el municipio de Allende, marcaron un cambio radical en sus vidas, pues fueron desplazados de su hogar y perdieron todo el patrimonio construido por años.
Los hechos de Allende son ampliamente conocidos. En marzo de 2011, el grupo criminal de los Zetas arrasó con el municipio de 20 mil habitantes en represalia por la traición de los operadores de la zona. Existen diversas versiones sobre la cantidad de víctimas en aquella primavera que van desde los 28 a las 300 personas.
De hecho, un punto de la recomendación 10 VG/2018 de la CNDH fue llevar a cabo un censo que confirmara el número de habitantes del municipio de Allende, que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno. Pero a la fecha no se ha cumplido con este punto.
Una de esas personas desplazadas fue precisamente Silvia Garza Villarreal:
“Nos fuimos un tiempo a Estados Unidos con algunas personas que nos dieron asilo y perdimos todo: casas, fuentes de ingreso, fuentes de trabajo y nos quedamos sin nada. Tuvimos que volver a comenzar desde las cenizas para tratar de resurgir”.
La víctima es tajante al decir que eso no habría ocurrido si el gobierno en todos sus niveles hubiera garantizado el derecho a la seguridad de su comunidad, pero al contrario hubo colusión entre funcionarios de diversos órdenes para ejecutar la masacre.
Una recomendación dirigida a la entonces Procuraduría General de la República fue iniciar la carpeta de investigación en contra de 39 personas (en la versión pública de la recomendación se omiten los nombres, cargos y se identifican con una letra y un número) por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada.
“Nos ha afectado mucho el proceso, ha sido desgastante estar peleando con el gobierno porque nos dé lo que nos corresponde por ley, porque tuvieron que haber protegido y salvaguardado el derecho fundamental de la vida”, insiste Silvia Garza.
El 27 de junio de 2019 el caso Allende fue reconocido abiertamente por el Estado Mexicano y en su representación, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública y una ruta para garantizar una reparación integral por lo ocurrido, pero a casi 6 años sigue siendo una promesa incumplida y, al contrario, tanto la Federación y el Gobierno de Coahuila se han empeñado en evadir su responsabilidad.
En el caso de la autoridad local, la secretaría de Gobierno aseguró en respuesta a una solicitud de información, que de los puntos recomendatorios que corresponden al gobierno, ninguno de ellos se encuentra bajo la calidad de incumplido, pero no precisa que tampoco están cumplidos totalmente.
“Así mismo hago de su conocimiento que la recomendación quinta en conjunto con el municipio de Allende, así como la quinta y séptima recomendación específica, tienen calidad de cumplimiento total”, presume el gobierno estatal. Estas son: la disculpa pública, dar cumplimiento a las propuestas contenidas en el “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México”, y designar al enlace con la CNDH. De las demás no informa.
Los procesos de reparación se detienen en la CEAV porque no hay suficientes asesores jurídicos ni fondos ni elementos para darle el trámite administrativo correspondiente, asegura Enrique Martínez Requenes, encargado de litigio y estrategia internacional del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
“Hay un asunto de burocracia en un primer momento, una negativa a pagar. A veces la negativa a pagar, solo nos vamos a la parte de que se pague y ya déjalo y no le hagas a las otras medidas que pasaron. Tratan de llevarlo a la parte económica. No hay seguimiento a las otras medidas, se da el pago, pero me dijeron que me iban a dar una disculpa pública o viceversa”, expone.
Critica que lo más fácil fue cumplir con la disculpa pública porque es un “acto político sin importancia”, pero que no trae aparejada procesos de verdad, de no repetición, menos lo de una compensación económica.
Semanario y Heridas Abiertas también cuestionaron vía una solicitud de transparencia a la CEAV federal sobre el listado de huérfanos que dejó esta masacre, tema que en 2016 fue llevado a un punto de acuerdo y aprobado por el Senado de la República para hacer un censo e incorporarlos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Sin embargo, la dependencia respondió vía oficio de la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas que “no identificó registros de víctimas que hayan manifestado a través del Formato Único de Declaración estar en calidad de huérfanos por la masacre de Allende, por lo que no se encontró alguna expresión documental, informe o documento que cumpla con lo requerido”.
Aunado a esto, la dependencia aseguró sin dar detalles que “se brindó atención a las familias víctimas indirectas, ofreciéndoles servicios integrales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con los servicios de asistencia social, asesoría jurídica, médica y psicológica y se les apoya con medidas de ayuda (apoyo emergente)”.
Semanario y Heridas Abiertas también cuestionaron vía una solicitud de transparencia a la CEAV federal sobre el listado de huérfanos que dejó esta masacre, tema que en 2016 fue llevado a un punto de acuerdo y aprobado por el Senado de la República para hacer un censo e incorporarlos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Sin embargo, la dependencia respondió vía oficio de la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas que “no identificó registros de víctimas que hayan manifestado a través del Formato Único de Declaración estar en calidad de huérfanos por la masacre de Allende, por lo que no se encontró alguna expresión documental, informe o documento que cumpla con lo requerido”.
Aunado a esto, la dependencia aseguró sin dar detalles que “se brindó atención a las familias víctimas indirectas, ofreciéndoles servicios integrales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con los servicios de asistencia social, asesoría jurídica, médica y psicológica y se les apoya con medidas de ayuda (apoyo emergente)”.
SE ECHAN LA BOLITA
El camino tortuoso para la reparación del daño de las víctimas indirectas del caso Allende sigue y algunas personas optaron por ampararse contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, pues consideraron revictimizante su actuar.
Tuvo que ser un juez federal el que determinara que la CEAV federal se hiciera cargo de la reparación del daño, según algunos de los afectados por el caso Allende.
“No leyeron los expedientes, mintieron y pusieron información falsa. En mi caso pusieron que no estaba desplazada y eso ya hasta es un delito. Le siguen aventando la pelota a Coahuila, Coahuila dice que no porque ya lo atrajeron y ahí están aventándose la pelota”, expresa Silvia Garza, una de las promoventes del amparo.
Semanario y Heridas Abiertas cuestionaron a la CEAV federal el estatus de la recomendación por el caso de Allende, pero la Comisión respondió a la solicitud de información que no figuraba como autoridad responsable porque la recomendación había sido dirigida a autoridades del fuero local. Mientras que la CEAV estatal negó dar información y dijo que esta le correspondía a la CNDH.
El abogado del Fray Juan de Larios, Enrique Martínez, asegura que son complejas las acciones, porque las comisiones de atención a víctimas, tanto estatal como federal, se desentienden y se echan la bolita.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, la CEAV federal únicamente ha atraído tres determinaciones de casos provenientes de Coahuila, cuyos expedientes, aseguró, están concluidos.
En casos como Allende se ha procedido con amparos y estos ordenan que se comunique a la CEAV; “pero a cuál comisión, se echan la bolita”, dice Martínez Requenes.
Lucía Razo, abogada litigante e integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, explica que si se emite una recomendación a nivel nacional contra una institución estatal, quien tiene que resolver es la entidad de competencia estatal.
Este ir y venir genera más impunidad, menciona Enrique Martínez Requenes.
Esa impunidad normalmente se acentúa en la parte económica de la reparación, dice el abogado. La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila precisó vía transparencia que en el periodo 2018-2024 emitieron 112 recomendaciones que involucran indemnizaciones económicas que las dependencias estatales y municipales deberían otorgar a los quejosos o afectados por violaciones a las garantías individuales.
Una revisión realizada a las recomendaciones reveló que en su mayoría corresponden a corporaciones de seguridad que violentaron física o psicológicamente a algún ciudadano durante detenciones arbitrarias u otros abusos de autoridad.
Una de estas es la 62/2019 que derivó de una queja que un ciudadano interpuso por ejercicio indebido de la función pública y allanamiento de morada.
La relatoría señala como responsables a elementos de la Policía Estatal -antes conocida como Fuerza Coahuila- y describe que a un hombre le marcaron el alto con el argumento de revisar su vehículo, posteriormente fue esposado y amenazado con que debía entregar dinero o sería detenido y le sembraron droga.
El hombre fue llevado hasta su domicilio donde fue despojado de dinero que tenía guardado para después ser consignado al ministerio público con el argumento de venta clandestina de cerveza.
Esta recomendación incluyó abrir un procedimiento para sancionar a los policías, interponer una denuncia ante ministerio público, cursos y acciones que garanticen la no repetición. Pero como otras 274 recomendaciones desde 2018 y 49 emitidas en ese 2019, sigue en trámite.
Esta recomendación no incluye compensación económica porque no es la única medida de reparación, pues existen otras cuatro medidas de reparación integral del daño de acuerdo con la Ley General de Víctimas: no repetición, restitución, rehabilitación y satisfacción, mismas que pueden ser en teoría más fáciles de atender, pero que no siempre es así, comenta Enrique Martínez Requenes.
Por el contrario, en el caso de Allende además de la disculpa pública, la autoridad local se ha limitado a colocar memoriales, pero no a asumir su responsabilidad en cosas básicas como apoyar a las familias a reconstruir sus viviendas siniestradas hace 14 años, señala la señora Garza Villarreal.
“Pusieron unos obeliscos que representan verdad, justicia y reparación y no repetición. Ahí se gastaron casi 900 mil pesos, pero ¿para qué poner monumentos si a las víctimas no nos están atendiendo? Hay niños chiquitos que se quedaron huérfanos y yo tenía mis necesidades de ser reparada porque salí sin nada de mi casa. No se vale que nos ignoren y que nos hayan dejado así sin consuelo, sin reparación”.
La víctima exige a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asuma la responsabilidad que le toca desde la Federación.
“Le pedimos a la señora presidenta que se haga responsable de hacer cumplir la Ley General de Víctimas y en el caso concreto Allende que estamos con dos instancias ganadas. Que no quede como acto protocolario y de burla hacia las víctimas porque sí hemos sufrido mucho”.
Entrevistado sobre el tema Allende, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, José Ángel Rodríguez Canales, se limita a exhortar a que continúe el diálogo y se pueda llegar a un cumplimiento de la recomendación, principalmente, dice, la parte de la reparación económica.
VÍCTIMA DE TORTURA Y DEL SISTEMA
El 12 de febrero de 2013, Mónica Esparza, su esposo y hermano, fueron detenidos por la policía de Torreón, después secuestrados y posteriormente torturados. Por más de 10 horas, los tres fueron torturados física y sexualmente, y producto de ello, el esposo de Mónica fue asesinado.
A Mónica y su hermano los acusaron de delitos que no cometieron y fueron encarcelados. Por siete años, Mónica luchó por su libertad y logró que la CNDH documentara su caso y emitiera la recomendación 15/2016, en la que acreditó la existencia de retención ilegal, tortura, violencia sexual y ejecución arbitraria.
En total, la CNDH emitió siete puntos recomendatorios al gobernador de Coahuila y al Ayuntamiento de Torreón, entre ellos “se repare el daño que en términos de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza”, que en su artículo quinto, fracción XIV la define como “las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características especiales”.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de transparencia, la CNDH aseguró que el gobierno del Estado de Coahuila guarda el nivel de cumplimiento de aceptada con pruebas de cumplimiento total, mientras que el Ayuntamiento de Torreón en sus cuatro puntos recomendatorios (incluido la reparación integral), “guardan el nivel de cumplimiento de aceptada con pruebas de cumplimento parcial”. El gobierno de Coahuila, a través de la secretaría de Gobierno, aseguró en respuesta a una solicitud de transparencia, que “se ha dado cumplimiento en su totalidad”.
Mónica Esparza asegura otra cosa. “Está parado. La CEAV no ha terminado toda la entrevista de impacto. Llevamos cinco años con eso. Ninguno se ha cumplido”.
La víctima de tortura cuenta que en 2021 la CEAV le realizó una entrevista de impacto para conocer cómo era su vida antes de la violación a derechos humanos, el daño sufrido y cómo cambió su vida.
“La CEAV me dijo que era difícil ponerle cantidad a todo lo que me hicieron y me dijo que necesitaban hacerme la entrevista. Y desde entonces no han podido concretar. Cuando les he pedido un apoyo para iniciar un negocio. De verdad que me la he visto muy difícil. CEAV dice que el gobierno dice que no, que no pueden sacar de a poco, mañana otro, que quieren la cantidad total, y CEAV no concluye”.
Mónica Esparza era dueña de una boutique, un café internet, una camioneta, una motocicleta. Tenía sueños y metas. Quería tener una cadena de boutiques y ser una empresaria reconocida. Todo ello se lo quitaron aquel 12 de febrero de 2013 y a pesar de haber recuperado su libertad, siete años después, relata que en ocasiones sólo come una vez al día.
Añade que nunca van a poder repararle el daño que le cambió totalmente la vida. “No tiene reparación. Nunca puedes olvidar. Aprendes a vivir con eso que te hicieron”, dice.
Sin embargo, Mónica Esparza lucha por la reparación porque asegura que se lo debe a sus hijas y a su hermano que fue asesinado mientras luchaba por su libertad.
NI LA CÁRCEL PARA SUS TORTURADORES
Mónica Esparza quisiera que la CEAV llegara a un monto de compensación por su reparación para que se lo exija al Ayuntamiento de Torreón. Ella sólo quiere algo para iniciar de nuevo. “Era mío y se quedaron con todo. No era mi deseo seguir con el trámite de la reparación, pero después dije ‘es algo que me pertenece, no tengo por qué dejarlo’”, comenta.
Cree que la CEAV está en complicidad con el gobierno para no avanzar en su caso. “No te sientes cobijada”, señala. “Parece que defienden más a los gobiernos, siempre me alargan las cosas”, agrega.
Sin embargo, no es únicamente la reparación económica lo que no se ha cumplido, sino también otros puntos, como el seguimiento de los procedimientos penales y administrativos contra los seis policías que iniciaron la detención aquel 12 de febrero.
De hecho, Mónica relata que hace un año detuvieron a dos de sus aprehensores que seguían trabajando en la policía municipal. Sorprendentemente la jueza determinó previo a una vinculación a proceso, que no ameritaba su detención y los dejó en libertad.
“Dijo que no había delito a seguir. Decía que estaban encapuchados y no podía reconocerlos, cuando en los careos yo identifiqué al de la coronilla de plata porque fue quien me bajó de la camioneta”, lamenta.
Otra recomendación fue implementar un curso de capacitación y formación en materia de prevención de la tortura y ejecuciones arbitrarias dirigido a todo el cuerpo policial municipal de Torreón, pero Mónica afirma que no hicieron caso.
“Conocimos a una persona de derechos humanos, que a ella le tocó dar cursos a seguridad pública por lo que había pasado conmigo y que se había venido muy decepcionada de ahí porque nadie le ponía atención, ningún policía. Todos con sus celulares, hablando entre ellos”, relata.
Mónica Esparza considera que el problema está tanto en la CEAV estatal como en la negativa del municipio. De hecho, al cuestionar al Ayuntamiento el nivel de cumplimiento de la recomendación de la CNDH a través de una solicitud de información, el gobierno respondió que no era información que le correspondiera.
“El gobierno acepta lo que te hace y aun así no te reparan nada. Porque no quieren. Siempre dicen que la delincuencia y la corrupción comienzan por el gobierno”, critica Mónica. “Me siento muy decepcionada. Muy triste. Siempre he tenido en mente que nunca me van a reparar, pero aun así voy a luchar. Siento que es algo mío y que mis hijas se lo merecen. Hemos pasado por hambre”.
La burocracia establece un sistema, explica Lucía Razo, abogada litigante e integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, y el problema es que no le brindan a las personas la información y el acceso pleno de dónde es que no se está cumpliendo.
COMISIONES Y CEAV, REBASADOS
El encargado de litigio y estrategia internacional del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Enrique Martínez Requenes, cuestiona la capacidad que se tiene para dar seguimientos si se dictan 100 recomendaciones en un año.
Recuerda que en la administración de Rosario Piedra en la CNDH trataron de tener una oficina especial para el seguimiento, un modelo que considera sería bueno que se tuviera en las visitadurías.
El presidente de la Comisión estatal, José Ángel Rodríguez Canales, asegura que hay una relación importante entre la comisión y la autoridad respectiva para que se restituya el daño y en los casos que haya reparación, y son aceptadas, haya un cumplimiento.
Sobre el tema de seguimiento a las recomendaciones, afirma que es permanente y que existe un equipo de visitaduría que está permanentemente con las instituciones.
“Una vez que se acepta la recomendación no se suelta a la autoridad. Y hay un trabajo con los equipos jurídicos para que haya un cumplimiento lo antes posible y en los términos que más conviene al quejoso”, asevera.
Sin embargo, las cifras de la propia Comisión dicen lo contrario: más de la mitad de las recomendaciones que siguen en vías de cumplimiento, se dictaron entre 2018 y 2020.
La responsabilidad es compartida, considera Enrique Martínez: entre las comisiones de atención a víctimas, estatal o federal, y entre quien dicta la recomendación.
“En el caso de la CEAV no es nuevo que esté rebasado: no hay personal y no hay presupuesto”, señala el abogado.
Los casos de Allende y Mónica Esparza son ejemplo de la falta de ejecución por parte de la CEAV. En el caso de la masacre de Allende, por ejemplo, se establece la recomendación de que en coordinación con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se brinde a las víctimas indirectas, de detención arbitraria y desaparición forzada “una reparación integral del daño, mediante el pago de una compensación y/o indemnización justa”.
Otra acción que no ha quedado concluida tiene que ver con realizar las diligencias necesarias a fin de que los familiares de 41 personas sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
A Mónica Esparza, víctima de detención arbitraria y tortura, la inscribieron en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de Coahuila, a efecto de que tengan acceso a los derechos y beneficios previstos en la Ley estatal de víctimas, pero ella asegura que no ha logrado ningún beneficio.
“Siempre hay negativas de que no hay fondos. Por ejemplo, les he pedido becas a mis hijas. Me la han hecho muy difícil para pagar las escuelas y me dicen que lo van a gestionar con la escuela y si ellos dicen que no, pues no. Me han sacado a mis hijas de la escuela por no pagar. Nunca les han puesto una beca a ellas”, lamenta Mónica.
La atención psicológica se la han ofrecido, pero ella se niega a acudir con personal de la Fiscalía. “No me siento en confianza”, dice. Y no le han dado otra opción.
Su caso fue documentado por organizaciones de la sociedad civil y en 2017 la Red de Mujeres de La Laguna lo incluyó en una Solicitud de Alerta de Género para Torreón por su severidad.
El Informe del Grupo de Trabajo Conformado para Atender la petición propuso 10 recomendaciones, entre los puntos necesarios que destacó estaba fortalecer la delegación de la CEAV en Torreón y para Mónica una reparación integral “acorde con los estándares internacionales en la materia, garantizando una reparación en forma de: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.
En 2018, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) decretó no aplicar el mecanismo en Coahuila con el argumento de que ese y otros puntos fueron cumplidos o parcialmente por la autoridad estatal, sin embargo, a casi 7 años, la reparación del daño no ha llegado para Mónica Esparza y la CEAV mantiene rezagos y limitaciones económicas.
A nueve años de la recomendación 15/2016 de la CNDH y cinco desde que obtuvo su libertad, Mónica Esparza sigue sin beneficiarse; vive con carencias y sin recuperar lo que le arrebataron. Y por ello cuestiona: “¿dónde queda esa atención a víctimas?”.