En la última década maestros de Coahuila han protagonizado marchas, plantones y juicios de amparo por la falta de atención en el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación. Mientras las clínicas registran un declive, una empresa ligada al líder nacional sindical, Alfonso Cepeda Salas, se coloca como uno de los principales proveedores. Desde su creación en 2014, lo han beneficiado con al menos, 17.7 millones de pesos.
- 29 mayo 2023
La crisis del sistema de salud del Magisterio está ocasionando que cientos de maestros se estén amparando para que les sea reembolsado lo que han invertido en tratamientos médicos.
Ellos han ganado amparos y acciones de inconstitucionalidad desde 2018, pero no han logrado que se restablezca el servicio. Se quejan por la falta de medicamentos, médicos especialistas, y tratamientos para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.
Paradójicamente mientras el servicio y las clínicas del magisterio van en declive, una empresa ligada al líder sindical Alfonso Cepeda Salas se ha convertido en el proveedor consentido del Magisterio y cada año desde el 2014 recibe recursos por servicios de subrogación de acuerdo a una análisis realizado a las cuentas públicas: se trata de Medica Integralis S.C donde figura como administrador único Alfonso Cepeda Garza, hijo del líder magisterial.
Así, mientras el servicio de salud del Magisterio se encuentra moribundo, para la familia del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), resulta en un negocio.
Convenios de prestación de servicio en poder de Semanario entre el Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y Médica Integralis, revelan que la empresa ligada al líder sindical ha sido contratada, sin rastro de ningún concurso, para prestar servicios como procedimientos quirúrgicos de hemodinamia, insumos médicos, materiales de curación, medicamento y hasta “servicios de asesorías médicas” como el convenio firmado el 1 de julio de 2017, todos, servicios que el Instituto subroga.
Desde la creación de Médica Integralis, cada año se han destinado millones de pesos a este proveedor hasta convertirse en uno de los más favorecidos. En 2021 se contabilizaron servicios por pagar a esta empresa de 17.7 millones de pesos, que de acuerdo a la diputada Natalia Virgil Orona, se puede tratar de un dinero acumulable en los últimos años de lo que se le adeuda. Aunque la cifra en servicios de subrogación puede ser mayor.
Semanario buscó una postura del Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, pero no hubo respuesta.
LA CRISIS
El Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación cuenta, al corte del año 2022, con 23 mil 684 asegurados de la Sección 38, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Agraria Antonio Narro y la Dirección de Pensiones de los Trabajadores del Estado (DIPETRE).
Cada mes, estas universidades y dependencias deben realizar descuentos en sus salarios o pensiones por concepto de servicio médico. Un servicio del cual los maestros estaban orgullosos por sus amplias instalaciones y médicos de alta especialidad como cardiólogos, gastroenterólogos y cirujanos.
La situación cambió en 2013. Los maestros que acudían a la farmacia para surtir medicamentos del cuadro básico comenzaron a recibir negativas.
“Nos decían que no tenían en inventario”, recuerda la maestra jubilada Patricia Nieto Ruiz, quien ya se ha convertido en vocera del movimiento magisterial que exige esclarecer el problema.
Nieto Ruiz dice que ese año inició su peregrinar por las clínicas, la Comisión de Derechos Humanos, Palacio de Gobierno, Congreso de Coahuila y hasta en la Auditoría Superior del Estado. Fueron a todos los lugares posibles para saber qué había pasado con las aportaciones que dieron al servicio médico.
En ese mismo periodo caótico para las finanzas del Servicio Médico de los Maestros, nació la empresa Medica Integralis.
Según datos del Registro Público de Comercio (RPC) la fecha de ingreso para registro fue el 25 de abril de 2014 con un capital de 51 mil pesos realizados por tres personas. Como administrador único aparece Alfonso Cepeda Garza, hijo del dirigente nacional Alfonso Cepeda Salas, un maestro de educación primaria y de educación media, que posteriormente trabajó en la Universidad Autónoma de Coahuila.
Desde 1998, Cepeda Salas es integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Ha desempeñado diferentes cargos como coordinador colegiado nacional de administración y en el área de finanzas del SNTE.
En noviembre de 2018 fue elegido como secretario general del SNTE, el sindicato más grande de Latinoamérica. Semanario buscó una reacción del sindicato, pero no hubo respuesta.
A la par de la carrera en ascenso de Alfonso Cepeda Salas está la creación de empresas a nombre de su hijo. Además de Medica Integralis está Corporación Alheira Integrada, S.A de C.V, creada en 2016 junto a su hermano y su madre; o Alheira Servicios Hospitalarios, S.A de C.V y Sistema Operativo Hospitalario, S. De R.L de C.V creadas ambas en 2018.
Y con ellos la asignación de contratos.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, Medica Integralis tiene una amplia cobertura. Se especializa en comprar, vender, fabricar, distribuir o almacenar toda clase de productos médicos. Así como material quirúrgico, farmacéuticos y no farmacéuticos.
También construyen. En el acta constitutiva se indica “la construcción y proyectos de toda clase de edificios, laboratorios, talleres, plantas industriales, almacenes, bodegas y establecimientos comerciales, y para fines industriales, comerciales y habitacionales”.
La lista continua: “compra, venta, arrendamiento, transportación, consignación de equipo médico...contratar y subcontratar todo tipo de servicios relacionado con el fin social”.
Medica Integralis no ha dejado de aparecer en la lista de proveedores del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación desde su creación. El mismo año en que fue fundada, 2014, le entregaron 2.1 millones de pesos por servicios subrogados de acuerdo con las cuentas públicas de ese año.
FALTA DE TRANSPARENCIA
En abril de 2016 maestros y maestras inconformes por el servicio médico instalaron un plantón que duró 70 días en la Plaza de Armas. Un toldo blanco de poco más de 5 metros cuadrados les bastó para iniciar.
Hacían guardias de cuatro horas. Los que no podían comprometerse con un horario visitaban a sus compañeros y les llevaban café, comida, agua y hasta juegos de mesa para pasar el tiempo.
En ese periodo se formaron mesas de diálogo con el gobierno estatal, quien negó un desfalco. Sin embargo, los derechohabientes no quedaron satisfechos. Para los afectados se trataba en ese momento sólo de un problema de falta de medicamentos.
Pedían que mejorara la administración y que fueran expertos y no maestros quienes estuvieran a cargo del sistema de salud.
El plantón que duró 70 días concluyó con la atención del gobernador y la formación de mesas de trabajo para dar respuesta a las inquietudes de los maestros.
Además del abastecimiento de medicamentos pedían auditorías al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación. Pero estas nunca llegaron, asegura la maestra Patricia Nieto.
Los meses pasaron y el servicio empeoraba. De acuerdo con la maestra Patricia Nieto, la falta de medicamento continuaba. Para subsanarlo el gobierno de Rubén Moreira subrogó el servicio.
“Instalaron el módulo de Farmacia del Rosario y ellos entregaban el medicamento que no se tenía en la clínica del magisterio”, recuerda la maestra Patricia Nieto.
Luego notaron falta de médicos especialistas.
Mientras la clínica tenía más deficiencias, las respuestas sobre las auditorías solicitadas no eran respondidas.
Al mismo tiempo, los servicios por subrogación a Medica Integralis alcanzaron al menos los 6.8 millones de pesos en 2016, de acuerdo a los adeudos a la empresa registrados en la Cuenta Pública de ese año.
Para el 2017 el pasivo a la empresa era de 2.6 millones y para el 2021, última publicación de la Cuenta Pública, el saldo en cuentas por pagar a proveedores era de 17.7 millones de pesos, de acuerdo a la Cuenta Pública 2021.
Aunque el gobierno se comprometió a contratar una empresa que auditara el servicio, un año después volvieron las inconformidades al no conocer resultados.
IRREGULARIDADES, PERO SIN DETALLES
En la Auditoría Superior del Estado (ASE) se advierte manejo irregular de recursos en el Servicio Médico de los Trabajadores, pero no dan detalles.
Por ejemplo, en la Cuenta Pública 2018 se informó que la ASE interpuso una denuncia penal por el uso irregular de 39.4 millones de pesos en el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. Sin dar más detalles.
Aunque en todos los años se hacen revisiones y observaciones, el año más crítico fue en 2014. Derivado de la revisión de las cuentas públicas se advirtió un total de mil 381.7 millones de pesos en observaciones. Esto equivale a más de 2.5 veces los egresos anuales ejercidos por el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.
Los conceptos de las observaciones fueron vagos: “No se presentó el cálculo ni fundamento legal de las percepciones como bono compensatorio, estímulo económico, diferencia de sueldo, gratificaciones y compensaciones, y otras percepciones del personal de base y eventual”.
Además de la falta de comprobación de gastos.
Toda esta crisis financiera se dio mientras los maestros observaron que faltaba material básico de atención, medicinas, médicos especialistas y aparatos especializados.
Para poder acceder a la atención médica que está obligado a dar las clínicas del magisterio, los maestros en activo, así como pensionados y jubilados han optado por interponer amparos.
Cuando un juez federal falla a su favor, están obligados a dar servicio ya sea dentro o fuera de la clínica del magisterio.
Aunque en todos los años se hacen revisiones y observaciones, el año más crítico fue en 2014. Derivado de la revisión de las cuentas públicas se advirtió un total de mil 381.7 millones de pesos en observaciones. Esto equivale a más de 2.5 veces los egresos anuales ejercidos por el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.
Los conceptos de las observaciones fueron vagos: “No se presentó el cálculo ni fundamento legal de las percepciones como bono compensatorio, estímulo económico, diferencia de sueldo, gratificaciones y compensaciones, y otras percepciones del personal de base y eventual”.
Además de la falta de comprobación de gastos.
Toda esta crisis financiera se dio mientras los maestros observaron que faltaba material básico de atención, medicinas, médicos especialistas y aparatos especializados.
Para poder acceder a la atención médica que está obligado a dar las clínicas del magisterio, los maestros en activo, así como pensionados y jubilados han optado por interponer amparos.
Cuando un juez federal falla a su favor, están obligados a dar servicio ya sea dentro o fuera de la clínica del magisterio.
PELEAR EN JUZGADOS
La maestra Silvia Polendo Luis de 48 años notó durante el 2022 que se incrementaron dolores que padecía en piernas y brazos.
Mantenerse de pie para trabajar le ocasionaba fuertes dolores.
En el mes de junio de ese año se sometió a revisiones donde le fue diagnosticado trastorno de disco lumbar. Cuenta que su médico le dijo que era urgente una operación.
Acudió a la clínica del Magisterio, pero no tenían fechas disponibles. Le pedían esperar.
Las semanas pasaron y el dolor se agudizó.
Al platicar con sus compañeros le recomendaron iniciar un juicio de amparo. Fue la maestra jubilada Patricia Nieto Ruiz quien le platicó que las cuatro clínicas del magisterio en Coahuila estaban sobrepasadas y no se tenía medicamentos, aparatos, ni doctores.
El 4 de agosto la maestra promovió un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, al que se asignó el número 904/2022-IV.
El juzgado le dio la razón y ordenó que se hiciera la cirugía que consistía en “astrodesis con descomprensión radicular” para descomprimir la columna y aliviar los dolores agudos.
Aun con el amparo, la maestra Silvia cuenta que pasaron al menos dos semanas de silencio institucional, antes de recibir la atención médica.
Silvia Polendo relata que ella no quería recurrir a luchas legales, ni presión social, pero con el paso de los días el dolor se agudizó y no encontró otra solución.
La maestra Patricia Nieto indica que hay operaciones que se realizan en clínicas privadas, ya que el magisterio no cuenta con material, ni personal.
LOS CASOS SE AGRAVAN
Mientras la lucha de los maestros continúa, los casos se agravan.
Ejemplo de ello es el caso del maestro jubilado Gustavo Alonso García Zazueta de 64 años quien murió en 2022.
El maestro presentó una infección lumbar en diciembre de 2021. Estuvo hospitalizado un mes.
Su hija Lena García relató que al cumplirse el primer mes le dijeron que ya no lo podían atender porque la Universidad Autónoma de Coahuila, donde trabajó por 30 años, no había realizado la aportación mensual.
Durante la semana siguiente su familia tuvo que costear el tratamiento y estudios, 16 mil pesos. Recurrieron a la presión mediática para que los volvieran a atender y reembolsaran lo gastado.
Para recibir atención de médico hematólogo tenía que ir a la clínica del magisterio donde le daban un “pase”, documento para que fuera recibido por el especialista en su consultorio privado. Si le pedían análisis se repetía el proceso. También con el medicamento.
Lena comenta que todos estos traslados que hacían en su vehículo particular eran muy dolorosos para su papá y lo desgastaban.
Los medicamentos que le daban en su casa los pagaba ella y luego reclamaba el pago a la clínica del magisterio. Pero se cansó de los procedimientos y ya no pidió el reembolso.
En el mes de junio las plaquetas del señor bajaron y fue internado. Solo lo estabilizaron.
Su hija decidió internarlo en la clínica del IMSS, pero relata que su conteo de plaquetas era muy bajas y ya presentaba fallas en el riñón. Falleció siete días después.
La maestra Patricia Nieto indica que hay cientos de casos de maestros que descontaron sus pagos de manera puntual y ahora llegan a la última etapa de su vida en medio de la incertidumbre, sin seguridad médica y sin saber qué pasó con su dinero.
CRISIS QUE PROVOCA HUELGA DE HAMBRE
Además de la subrogación de servicios, otra de las soluciones que ha aplicado el Estado son aumentos paulatinos de las contribuciones mensuales del fondo de pensiones que pasarían de manera gradual del 7 al 13 por ciento. Aunque fue aprobado, en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional.
El 15 de diciembre de 2022, la maestra Patricia Nieto denunció en rueda de prensa que el Instituto del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación no le realizó el reembolso del medicamento que tuvo que comprar.
El monto era de 50 mil pesos. De febrero a diciembre tuvo que pagar el costo de las Tabletas Venalot Depot, Libertrim, gel lubricante oftalmológico, y estudios.
Patricia padece hipertensión, artritis e insuficiencia venosa.
Ante los retrasos para el reembolso, el 15 de diciembre inició una huelga de hambre. Llegó a las 9 de la mañana a la clínica acompañada de cuatro compañeros. Dos portaban cartelones blancos que decían “Todos somos Paty Nieto” y “Yo apoyo su huelga de hambre”.
Los maestros iniciaron transmisiones en vivo en Facebook y no pasaron ni ocho horas cuando le fue notificado que le regresarían su dinero.
Patricia Nieto cree que hubo un despilfarro en el magisterio y esto enfermó al servicio de salud.
Pero el hecho que esté enfermo el servicio de salud no ha sido suficiente para que en nueve años, la empresa Medica Integralis haya celebrado siete convenios con el Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores del Estado.
Las versiones públicas de estos convenios señalan datos generales de diversos servicios que proveen. El primero que se efectuó fue con fecha del 17 de marzo de 2016 para realizar estudios y procedimientos.
Mismo caso para el convenio firmado el 31 de marzo del 2017 en donde Medica Integralis se compromete a realizar “estudios y procedimientos de atención médica de todas las especialidades, procedimientos quirúrgicos de hemodinámica a pacientes de la institución, así como servicios subrogados a áreas de hospital como insumos médicos, material de curación etc”.
Por ejemplo, en el convenio firmado el 6 de enero de 2022 se desglosan distintos paquetes de subrogación como el paquete 4 de hernia de disco y enfermedad discal, que tiene un costo de material quirúrgico y renta de equipo de 410 mil pesos.
En todos los convenios aparece entre las firmas de los presentes, la de Alfonso Cepeda Garza como representante de Medica Integralis.
En el convenio firmado el 12 de junio de 2017, la empresa se comprometió a dar servicio de tomografía axial computarizada en Monclova. Para realizar el procedimiento la clínica proporcionó el espacio donde se instalaría la maquinaria.
Al mes siguiente, el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación se comprometió a pagarle a la empresa 104 mil pesos mensuales por concepto de “asesorías médicas” por “tiempo indefinido”, y sin ningún rastro de haber licitado el servicio.
SE HACEN BOLAS CON EL PRESUPUESTO
Las revisiones de las finanzas arrojan cifras y discursos públicos que no coinciden, como es la falta de recursos.
Al mismo tiempo en que las cuentas públicas revelan subejercicio de recursos. Es decir, gastan menos de lo que tenían presupuestado.
En la Cuenta Pública 2014 se indica que el Servicio Médico contaba con 681.3 millones de pesos aprobados para ejercer ese año, pero en el rubro ejercido sólo se consignaron 534.3 millones, lo que da un total de 147 millones de pesos en subejercicio.
El mismo caso se repite en los años 2017 en donde el subejercicio alcanzó 138.1 millones, al año siguiente se duplicó en 226.3 millones. En 2019 y 2020 las cifras fueron de 17.3 y 44.6 millones de pesos.
En la última Cuenta Pública revisada de 2021, se reporta un gasto mayor al asignado.
La diputada local e integrante de la Comisión de Finanzas, Natalia Virgil Orona, explica que esta ineficiencia es porque no llegan a lo que presupuestan. Es decir, presupuestan en exceso.
“Ellos pueden determinar cuánto van a recibir en el año y presupuestar, pero no lo están haciendo y se están endeudando”, dijo la legisladora.
Para Natalia Virgil estas cifras son el reflejo de un manejo desaseado de las finanzas. “Si me preguntas, están quebrados. Traen un desahorro de 66 millones. Deben más de lo que pueden pagar”.
“Deben explicar por qué se ven obligados a presupuestar de más, porque la deuda que tienen con los proveedores está increíble. Sus pasivos de corto plazo están en 112 millones de pesos en 2020 y a eso le aunamos los no circulantes, suman 250 millones. Es una cifra increíble para un servicio que no presentaba esos déficits”.