El remedio salió caro y ni arregló el problema. La Conagua gasta millones de pesos en plantas potabilizadoras que no funcionan o quedaron inconclusas. Y lo que pretendía resolver sigue ahí: el riesgo de beber agua con arsénico en la Región Laguna
- 14 noviembre 2022
En el transcurso de los 15 años recientes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destinó más de 370 millones de pesos para la construcción y puesta en marcha de plantas potabilizadoras para remover el arsénico en los municipios de La Laguna, un proyecto que terminó “oxidado” como muchos de los filtros que fueron construidos.
Con ello, la autoridad federal que administra el agua “tiró” el equivalente al presupuesto que requieren los sistemas operadores de Matamoros, San Pedro y Francisco I. Madero para llevar agua a los habitantes de sus respectivos municipios durante dos años y medio, ya que el presupuesto anual de los tres organismos suma los 143.3 millones de pesos.
Actualmente, el 70.83% del agua entregada al sector público urbano de La Laguna rebasa el Límite Permitido de concentración de arsénico de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, según el Análisis Costo Eficiencia del Proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, realizado por la misma Conagua en 2020.
El arsénico ha sido clasificado por la Organización Mundial de Salud (OMS) como una de las 10 sustancias químicas más preocupantes para la salud pública porque provoca alteraciones cardíacas, vasculares y neurológicas, repercusiones en el aparato respiratorio y lesiones hepáticas, renales e hiperqueratosis cutánea que avanzan progresivamente hasta el cáncer.
Y en la Laguna se han documentado casos de personas afectadas. Los primeros estudios epidemiológicos fueron realizados en las décadas de los 70 y 80, concluyendo que estos se debían principalmente al consumo de agua con altos contenidos de arsénico.
El doctor Javier García Salcedo documentó decenas de casos de “pie Negro” en los municipios de San Pedro y Francisco I. Madero desde 1973.
Esto es un problema histórico en la región. La causa es la sistemática sobreexplotación del subsuelo con la extracción de agua de la actividad agropecuaria.
La respuesta del Gobierno federal, por medio de la Conagua, fue invertir más de 300 millones de pesos en estas plantas potabilizadoras que resultaron inútiles para los organismos locales de agua por los altos costos de operación.
LA PROMESA; LA HISTORIA
De acuerdo con la Conagua, durante 2009 y 2010, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) llevó a cabo el proyecto denominado “Evaluación técnico–económica de cinco tecnologías para remoción de arsénico”, en el cual desarrolló el estudio comparativo de cinco tecnologías y donde se determinó que la opción más factible de implementar en la región era la de “Coagulación convencional”, y es en las que se basaron las plantas potabilizadoras de La Laguna.
“La implementación de las plantas potabilizadoras en la ciudad de Torreón permitiría dar agua libre de arsénico a alrededor de 59,000 personas”, informó el IMTA en 2011 de acuerdo con su informe anual.
Bajo ese aval se comenzaron a destinar recursos para la construcción de plantas potabilizadoras no solo en Torreón sino en toda la Laguna, como parte del programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
De las 52 plantas, el 65 por ciento, es decir, 34 de ellas, serían construidas y ejecutadas por la Conagua, el resto por el Gobierno de Coahuila, el Gobierno de Durango o el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón, según una respuesta de la autoridad del agua a una solicitud de información.
De las 34 plantas ejecutadas por la Conagua, oficialmente quedaron inconclusas 14, lo que equivale al 41%. Sin embargo, de las restantes 20, al menos 16 nunca operaron, según confirmaron los gerentes de los sistemas operadores de agua de Francisco I. Madero, San Pedro, Matamoros, así como con recorridos hechos por Semanario.
Por ejemplo, en el pozo 79 del fraccionamiento Lagos de Torreón, obra concluida según la Conagua, los filtros se encuentran oxidados y en desuso. Lo mismo sucede con los cinco filtros construidos en los pozos Virginias, Almacén, San Esteban, Isabeles y Alamito de Francisco I. Madero.
“No están en uso, hay unas que sí, pero no en la forma que deben de ser. No se tomó en cuenta que lo que más afecta es la luz, que iba a aumentar muchísimo la luz. La otra es la eficacia; son filtros enormes. Si mi pozo extrae 60 litros por segundo, lo paso por los filtros, y al final me salen 30. Baja mucho la producción”, argumenta Luis Daniel Gamiz Ortega, gerente del Simas de Francisco I. Madero.
En el municipio de Matamoros se concluyó la planta del pozo 7 a decir de la Conagua, pero cuatro más quedaron inconclusas. Servando Zárate Muñoz, gerente general de Simas Matamoros, señala que sólo quedó la infraestructura y ya no sirven.
En el municipio de San Pedro se terminó la planta potabilizadora en el pozo Leal y el pozo Jaboncillo. Pero los filtros nunca operaron, asegura Jorge Dorantes Dávila, gerente del Simas San Pedro. Otros tres filtros nunca concluyeron e inclusive se construyó uno donde el pozo ya fue agotado.
SON ALTOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN PARA MUNICIPIOS, RECONOCE CONAGUA
Semanario solicitó entrevista con el director del organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, Eduardo Fuentes, y su departamento de Comunicación envió las respuestas del director por escrito.
En el documento, el representante de Conagua responsabiliza a los organismos operadores de agua de que las plantas no operen y refiere que una de las razones son los costos de operación que se estiman del orden del $1.00 por metro cúbico adicionalmente en gastos de energía eléctrica y reactivos químicos para la potabilización como son cloruro férrico y el hipoclorito de sodio.
Lo anterior refleja la falta de previsiones y planeaciones para el gasto de más de 300 millones de pesos, y para Miguel Hernández Muñiz, director General del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), no es justificable porque en derecho hay un principio que dice: “no puedes utilizar en tu beneficio tu propia torpeza”.
Para Hernández Muñiz nunca se va a justificar la falta de recursos, sino lo que se debe de hacer es redireccionar y hacer una planeación estratégica de recursos, una planeación que no existió, a decir de Miguel Ángel Ordaz, catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y experto en temas de administración pública.
Fue un programa condenado a que no funcionara, critica Hernández Muñiz, pues todos los sistemas operadores de agua de La Laguna presentan números rojos y no pueden soportar más gastos. Filtros como los del Cerro de Pila o en el Campestre de Gómez Palacio, están encerrados en terrenos, puertas con candados, sin trabajadores y, sobre todo, sin que los filtros estén conectados.
LOS BENEFICIOS NO LLEGARON... NI LAS RESPONSABILIDADES
“El beneficio nunca se vio”, comenta Miguel Hernández Muñiz y dice que de entrada el proyecto fue un fracaso, por lo que se tendría que hablar de responsabilidades administrativas, para después desprender delitos de carácter penal.
El director del CIADH dice que las cosas no deben quedar en el olvido y tiene que haber responsables. Considera que al final del día la Conagua es el ente que debe garantizar a través de sus programas la calidad en el suministro de agua.
“Debió haberse cerciorado que los filtros, al tener recursos públicos federales, debieran haber entrado en funcionamiento”, comenta.
Miguel Ángel Ordaz explica que todo compromiso y obra debe ser en función de documentos, compromisos firmados, convenios.
Semanario solicitó a los operadores de agua municipales y a la Conagua los convenios o compromisos para la construcción de las plantas potabilizadoras, pero los sistemas de agua locales respondieron que no contaban con ellos.
Sin embargo, la Conagua sí respaldó la existencia de dichos documentos. En 2014 se firmó el Convenio de Coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Conagua y el Estado de Coahuila para impulsar las obras.
El convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2014 consigna el compromiso de ejecución de 29 filtros para la Laguna de Coahuila.
Antes, el 6 de agosto de 2013, se firmó el Convenio de Coordinación con el estado de Durango y se publicó en el Diario Oficial el 26 de septiembre de 2013, donde se estableció el compromiso de echar a andar 21 filtros a pie de pozo.
El sistema de aguas de Torreón entregó un oficio de la Conagua firmado por el entonces director del organismo de Cuencas Centrales, Celso Castro Sánchez enviado al gerente de saneamiento de Torreón, donde a partir de una solicitud de validación de los expedientes técnicos de las obras y acciones tendientes a afrontar la problemática de hidroarsenicismo, se entregaron únicamente las validaciones de expedientes técnicos.
“¿Quién fungió como autoridad para la firma de compromisos?”, cuestiona el catedrático Ordaz. En el caso del convenio con el Gobierno de Coahuila, el entonces mandatario estatal era Rubén Moreira, actual diputado federal. En el caso de Durango, el Gobernador era Jorge Herrera. El titular de la Conagua era David Korenfeld, quien meses después de la firma de convenios salió de la dependencia en medio de un escándalo por el uso de un helicóptero de la Comisión para temas personales.
Ordaz critica que sea tan fácil para la Conagua desentenderse, cuando debió existir un plan de seguimiento porque el dinero “no se va a dejar así a la palabra”.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
De los 378 millones de pesos en contratos que formalizó la Conagua, 3 de cada 10 pesos (más de 100 millones) fueron únicamente para la empresa Ozone Ecological Equipments (4 contratos), una empresa que tiene su sede en la Ciudad de México.
Por medio de licitación, a esta empresa le fueron asignados cuatro contratos de forma individual por más de 100 millones de pesos y uno más en conjunto con la empresa Osto Diseño Ingeniería, originaria de Durango.
Según la relación de Conagua, dos plantas potabilizadoras más a cargo de la empresa Ozone Ecological Equipments, una en Matamoros y otra en Torreón, quedaron inconclusas. Semanario se comunicó a los teléfonos de las oficinas en Ciudad de México para solicitar una entrevista, pero hasta el cierre de edición no se había recibido respuesta.
En segundo lugar, con cuatro contratos y 69 millones adjudicados, estuvo Armando Ivanhoe Moreno López. Esta persona no pudo ser localizada para tener su postura sobre la construcción de las obras.
Obtuvo el contrato CGPEAS-OCCCN-DGO-16-081-FI-LP para la construcción de dos plantas potabilizadoras en los pozos 1 y 7 de Gómez Palacio de casi 15 millones de pesos, se omitió testar el domicilio que dijo tener Moreno López en 2016. Semanario acudió a la dirección citada, una casa en un fraccionamiento popular de Gómez Palacio, donde no fue hallado el contratista.
El nombre de Armando Ivanhoe Moreno López aparece en un documento del Ayuntamiento de Gómez Palacio como beneficiario de una ayuda social por 7 mil 976 pesos.
En total fueron 12 empresas a las que se les asignaron las 34 plantas formalizadas por la Conagua. De éstas, cuatro son de Torreón según las actas constitutivas, una de Durango, una de Gómez Palacio, tres de la Ciudad de México, una de Jalisco y una de Toluca.
Sin embargo, hay casos como la empresa Cimientos y Construcciones Mexicanas que además del contrato con la Conagua para la construcción de dos plantas, tiene registro de otros tres contratos para la construcción de más plantas potabilizadoras, aunque los contratos y ejecuciones de los trabajos estuvieron a cargo del Gobierno de Coahuila.
El académico Miguel Ángel Ordaz dice que la Conagua tiene un Órgano Interno de Control, cuya función es la fiscalización, por lo que debió ser la instancia que tuvo que asegurarse que se materializaran los contratos, pues los gobiernos deben documentar que la obra esté terminada para haberse liquidado.
Sin embargo, a pesar de que estos 22 contratos fueron formalizados por la Conagua, en la mayoría se establece que el pago será efectuado por el Gobierno de Durango a través del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio, y por el Gobierno de Coahuila a través de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS).
¿SIN RASTROS DE FACTURAS?
Respecto a los pagos realizados, nadie tiene las facturas y todos se echan la pelota.
Se solicitaron las facturas a la Conagua, pero dijo que era responsabilidad de los gobiernos estatales, a pesar de que contratos como el CGPEAS-OCCCN-COAH-17-011-RF-13 con el contratista CED Ingeniería era responsabilidad de la Comisión, según el contrato en posesión de Semanario.
Se requirieron al CEAS las copias de las facturas y recomendó hacerle la solicitud a la Conagua, y argumentó que algunos contratos se encontraban “en procesos administrativos y legales para el cierre definitivo de los mismos, a efecto de no alterar algún proceso administrativo o legal que se encuentre en proceso por parte de la Conagua”.
De los 22 contratos de la Conagua, 10 contratos fueron oficialmente concluidos, de acuerdo con las actas administrativas de la entrega-recepción de la obra física entre la Conagua y los contratistas.
En un contrato de 2016, la Conagua respondió que la obra está terminada y se encuentra en la etapa de entrega-recepción con el contratista; mientras que en el resto de los contratos no hay actas de entrega de las obras porque el contrato se encuentra en un “procedimiento de terminación anticipada que no ha concluido” o se encuentra en un “procedimiento de inicio de rescisión administrativa”, según respuestas de la Conagua a varias solicitudes de información.
Para el especialista Hernández Muñiz, en los años venideros debió haberse desarrollado una investigación del Órgano Interno de Control para deslindar responsabilidades administrativas y, en dado caso, hacer válidas las fianzas de los contratistas.
Sin embargo, la única observación hasta el momento del Órgano Interno de Control fue realizada a los recursos federales que fueron entregados a través de 38 transferencias a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de Coahuila y al Gobierno estatal, donde en una auditoría a los recursos del PROAGUA 2017, se señalaron observaciones respecto de la falta de reintegro de 60.6 millones de pesos que no fueron ejercidos por el Gobierno de Coahuila para la construcción de las plantas. Recurso que, según el director de la Conagua, Eduardo Fuentes, está siendo reintegrado en pagos parciales.
Los 60.6 millones representan el 18 por ciento de los recursos que fueron transferidos de la federación al Gobierno de Coahuila (337.9 millones), a pesar de que casi todas las obras no funcionaron.
Al Gobierno de Durango se le transfirieron 40.7 millones de pesos.
Sobre las plantas a cargo de la autoridad del agua que quedaron inconclusas, Fuentes justifica que fue por “distintos problemas contractuales y de falta de recursos”.
Sin embargo, en un proceso de contratación de obra pública el contratista debe aportar una fianza. Según respuesta a la solicitud 330009422002742, la Conagua respondió que no tiene garantías que se hayan hecho efectivas en el caso de las plantas potabilizadoras.
“¿Por qué no se han hecho válidas las fianzas para cumplir y terminar las obras? Eso se llama omisión y ahí sí hay una responsabilidad y recae sobre los servidores públicos que debieron ejecutarlo”, comenta Miguel Hernández Muñiz.
OBRAS EN EL “LIMBO JURÍDICO”
La Conagua se ha deslindado de las obras concluidas al asegurar que la operación y el mantenimiento de esta infraestructura de potabilización es competencia directa de los organismos operadores de los servicios de agua potable en cada municipio.
Sin embargo, los directores de los operadores de agua niegan que las obras sean de los sistemas, pues señalan que no existen actas de entrega recepción, ni son parte del patrimonio.
“Hemos preguntado a la Conagua sobre la situación de los filtros; quién tiene la posesión y qué tenemos que hacer. No hemos tenido ninguna respuesta”, asegura Jorge Dorantes Dávila, el gerente del Simas San Pedro.
De hecho, en el municipio de San Pedro necesitan saber qué hacer con la planta potabilizadora del pozo Leal, porque el pozo colapsó y el terreno es rentado.
“Se tienen que retirar las estructuras porque ya se va a desocupar”, dice el funcionario del sistema de aguas de San Pedro.
A pesar de que el pozo Leal es uno de los que según la Conagua fue entregado, Dorantes Dávila asevera que nunca funcionó y que no hay ningún documento que avale que la obra es del municipio.
“Son obras que no están entregadas al sistema y no sabemos quién va a tomar una decisión”, añade.
Dice que han buscado y preguntado con los funcionarios que llevan más años, y nadie conoce de la existencia de un documento que respalde que la obra es del sistema, por lo que, en próxima sesión del Consejo del Simas local, tendrán que poner a discusión el tema.
La misma historia se vive en el municipio de Matamoros, donde según la Conagua se concluyó la planta en el pozo 7 y quedaron inconclusas otras cuatro plantas. Al respecto, Servando Zárate Muñoz, el gerente del Simas del municipio, asegura que no hay ninguna acta que les hayan entregado y que inclusive, en las actas de entrega recepción con la administración pasada, no figuran las plantas en el patrimonio del sistema.
En 2019, este reportero solicitó una entrevista a la Conagua sobre el tema de los filtros, en la respuesta enviada por escrito entonces, se aseguró que en el momento de la “entrega-recepción de las obras a los Organismos Operadores se verificó que la concentración de Arsénico a la salida del proceso de potabilización fuera en todos los casos menor a 0.010 mg/l”.
Semanario solicitó a los organismos operadores de agua las actas de entrega-recepción de las obras y ninguna dijo tener un documento.
“No se cuenta con documentos”. “Es para nosotros desconocido ese número de contrato”. “No se cuenta como recibida la obra”. “La obra fue cancelada”. Son algunas de las respuestas de los organismos de agua.
A pesar de lo que dicen los organismos operadores, la Conagua contestó la solicitud 330009422002624 y sí entregó las actas de entrega-recepción de 12 obras, aunque en la respuesta refería entregar las actas de 19 plantas. Las actas llevan las firmas de los directores de los organismos de agua de entonces y en algunos casos hasta las firmas de los alcaldes como testigos.
PLANTAS INÚTILES
Mientras unos niegan y otros afirman, la realidad es que las plantas están paradas como elefantes blancos y los problemas de arsénico no se solucionaron.
La planta ubicada en el pozo Jaboncillo de San Pedro, la cual está oficialmente entregada según la Conagua, no sirvió.
“Ahí se encuentra todavía, pero no funcionó”, dice el director Jorge Dorantes.
Este pozo tiene concentraciones de arsénico de 0.095 miligramos por litro, el triple de lo permitido actualmente por la norma mexicana y ocho veces lo permitido por la norma internacional.
“Allí están, pero ninguno está conectado”, menciona Servando Zárate, el gerente del Simas Matamoros sobre las obras que quedaron como elefantes blancos.
“Que nos enseñen dónde entregaron al sistema”, comenta Zárate Muñoz sobre la planta del pozo 7, que fue entregada según documentos entregados de la Conagua. En dicho pozo las concentraciones de arsénico son de 0.080 miligramos por litro, según el último estudio de la Conagua, más del doble de lo permitido actualmente.
Miguel Ángel Ordaz, catedrático de la UAdeC, refiere que todo proyecto y obra surge a partir de documentos, y alguien tiene que ser responsable de ello.
El director del CIADH, Miguel Hernández Muñiz, explica que debió existir un proceso de entrega-recepción de la obra para que formen parte del patrimonio de los operadores de agua.
Sin embargo, mientras se echan culpas, las obras se hallan en un “limbo material y jurídico”, dice el abogado Hernández Muñiz.
“En un proceso de fiscalización quien debe responder es la Conagua, porque fueron recursos federales que se aplicaron como una alternativa de solución al problema. Terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto y no se alcanzaron a terminar, entra la nueva administración y no dan seguimiento. Nunca se aseguraron de la implementación y funcionamiento de los filtros. No se trata de administraciones viejas y nuevas, es la responsabilidad del Estado mexicano”, expone Hernández Muñiz.
Para el especialista se trató de un programa bien intencionado, mal diseñado y peor ejecutado, tan es así que se sigue sin tener agua de calidad y la población, sobre todo la de zonas rurales y ejidos que no tienen recursos para la compra de agua purificada, se siguen envenenando con agua contaminada.
El catedrático Miguel Ordaz señala que es un problema de origen, de diseño. “Son al menos deficiencias de planeación”, comenta.
Pero eso es al menos, pues Ordaz agrega que la corrupción es por acción u omisión, por lo que a la hora de analizar quién financió los recursos, pudo existir omisión de los actores al ejecutar una planeación deficiente.
En temas de recursos públicos siempre hay sujetos de responsabilidad, porque se trata de recursos que se deben trabajar y utilizar con diligencia, bajo principios específicos como el de máxima publicidad, dice Miguel Hernández Muñiz.
Para buscar responsables se tienen que ver los alcances de los acuerdos y compromisos generados del contrato y convenios.
Dice que, si no se entregó la obra, los municipios como tal no tienen responsabilidad porque fue una obra ejecutada con recursos federales, mediante una planeación federal.
“Los municipios solo iban a ser receptores del beneficio”, comenta.
Para Hernández es difícil exigirles el funcionamiento de los filtros cuando los costos de operación son altos y no se les proveyó de los recursos para mantenimiento y operación de los filtros. “Hay que hacer el traje completo”, dice.
Lo cierto es que hoy no se cuenta con filtros y la región sigue sin tener agua de calidad. Todos los pozos de agua donde supuestamente habría una planta potabilizadora para remover el arsénico, continúan superando las cantidades permitidas por la norma mexicana hasta en dos o tres veces.
Y lo que es cierto, también, es que no hay responsables del despilfarro de recursos, añade Ordaz.
FILTROS, ¿UN NEGOCIO?
El IMTA además de proponer y proponer los filtros, también elaboró los diseños ejecutivos y ejecutó las obras. Al menos eso dan cuenta comunicados del Gobierno federal.
Por ejemplo, en 2014, el Gobierno federal informó que el IMTA “elaboró los diseños ejecutivos para la construcción de otras tres plantas más, que están siendo instaladas en los pozos 16R, 35 y 50R de Torreón. En ambos casos, la participación del Instituto ha consistido en la elaboración de los diseños funcionales, los términos de referencia para la licitación pública y el seguimiento a la construcción y el arranque de las plantas”, decía la información.
“Por supuesto que son sujetos de responsabilidad administrativa y lo que resulte”, considera Miguel Hernández Muñiz sobre el IMTA
Hernández también refiere que el modelo de diseño de los filtros seguramente lo hizo el IMTA y el contratista lo instaló.
De los 22 contratos de Conagua para construir 34 plantas, en la mitad de ellos se encargó al contratista también del diseño de la planta y en el resto solo la construcción y puesta en marcha, según las cláusulas de los contratos en posesión de Semanario.
“¿Ese contratista tiene la tecnología para diseñar y construir esos filtros con estas características? Claro que no, los compraron hechos, a quién se los compraron. Es lo que no dicen. Ahí está el negocio”, considera Hernández Muñiz.
Además, todos los filtros tienen el mismo diseño, por lo que Hernández cuestiona dónde están las patentes y los derechos sobre la tecnología utilizada. “¿A quién le compró el contratista? No quiero ser mal pensado”, dice Hernández.
Hernández está convencido que los contratistas no diseñaron ni desarrollaron la tecnología, y que solo la compraron e instalaron. Dice que se deben revisar las condiciones de pago, porque los recursos se van ministrando, al tiempo que el contratista aporta las adquisiciones al expediente de obra, y esas adquisiciones tienen que justificarse.
“Tendría que justificar que él lo diseñó y que la tecnología es de él”, dice.