Foto: Archivo
El Universal
Los 13 elementos de la Policía Federal que pertenecían a una banda de secuestradores asesinaron a siete de sus 14 víctimas en cinco meses de operación en Acapulco, según información de la PGR
México.- La banda de plagiarios en la que participaron 13 elementos de la Policía Federal en Acapulco, Guerrero, operó sólo cinco meses, pero suficientes para asesinar a siete de sus 14 víctimas, para que no los identificaran. Llegaron a pedir hasta 3 millones de pesos a cambio de la libertad de los agraviados, aunque al final accedían a cobrar hasta medio millón de pesos, pero el pago no siempre garantizó que respetaran su vida.

Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) detallaron la importancia de haber desmantelado esta organización, en la que los oficiales federales tenían una participación activa: elegían a las víctimas; sin importar que estaban uniformados las "levantaban" y secuestraban en sus propias patrullas, y se encargaban de trasladarlas en ellas a una casa de seguridad en el fraccionamiento El Veladero, en la colonia Condesa, de Acapulco.

Según las investigaciones, los policías federales propusieron en abril pasado al civil Jonathan Piedra Soberanis la alianza criminal. Ofrecieron total impunidad y buenas ganancias a la banda. Los agentes se encargaron de elegir a comerciantes del puerto, algunos de ellos dueños de giros negros o pequeños centros nocturnos, a quienes privaron de la libertad durante uno o dos meses, tiempo en el que negociaban el pago de rescates cuantiosos, aunque al final accedían a recibir menos de sus pretensiones.

Aunque el pago del rescate no fue suficiente para los plagiarios, en algunos casos. Las investigaciones que conduce la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) han arrojado que esta banda ultimó a siete de sus víctimas -entre ellas una mujer-, y en algunos de casos inicialmente tuvo conocimiento la Procuraduría General de Justicia de Guerrero; de hecho, cerca de la casa de seguridad de esta organización se encontraron tres fosas clandestinas, en las que se hallaron los restos de tres personas denunciadas como secuestradas.

Operaron con total impunidad durante más de cinco meses, al punto que los miembros de la banda se quedaban con los vehículos de los secuestrados y los utilizaban como propios, con la garantía de que sus socios eran policías federales. Hasta el momento tres de las víctimas han identificado plenamente a los agentes implicados, y una de ellas refirió que "fue levantada y transportada en una patrulla oficial"; además se han documentado los siete crímenes y cuatro plagios más se están indagando.

La Policía Federal ya investigaba a los integrantes del Agrupamiento 11 de la corporación, en Acapulco, por denuncias de abuso de autoridad en la zona, pero la PGR recibió denuncias anónimas sobre la actividad en una casa, a la que policías federales llevaban en sus patrullas oficiales a gente atada, a veces encadenada, o vendada de los ojos. El grupo antisecuestro de la SEIDO, investigó los reportes.


PF apoya en investigación

Los funcionarios de la PF cooperaron en la indagatoria, entregaron la "fatiga" o la relación de los policías asignados a las zonas donde se reportaron los secuestros, se cotejaron los números de unidades aportados en las denuncias anónimas, y después se dio seguimiento a los agentes sospechosos.

Se detuvo primero a tres de los presuntos implicados, quienes, según la SEIDO, terminaron por aceptar su implicación en los hechos, sus declaraciones fortalecieron las sospechas y condujeron a las autoridades al resto de los cómplices, en total 13 policías en activo.

Aunque no todos han aceptado su participación con la banda, se actuó penalmente contra los policías terceros Antonio Velázquez González, Máximo Olvera García, Rubén Bonilla Alatriste, Miguel Torres Efraín, Jorge Cruz Rubio, Edgar Acosta Apodaca, Omar Obispo Fernández y Marco Antonio Quiroz Mejía.

También fueron detenidos el 8 de octubre pasado David Rosas Martínez, Alejandro Camacho Flores, César Leandro Ruiz Rodríguez; así como el policía primero Rodrigo Miranda Villanueva y el oficial José Guadalupe Castillo Cool, el jefe de turno de la corporación que era el mando inmediato de los ahora inculpados.

Hasta el momento las investigaciones no apuntan a otro mando de más alto rango que pudiera estar implicado, pero al menos otros cinco civiles están prófugos como integrantes de la banda, detallaron las autoridades consultadas.

La SEIDO además tiene una línea abierta por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra los policías federales, ya que aunque su patrimonio no incrementó visiblemente, se están revisando todas las operaciones financieras o económicas que realizaron con los recursos que obtuvieron del pago de los rescates.