Los casos de corrupción que marcaron al 2021, la mitad del camino en el sexenio de AMLO: MCCI
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Los casos de corrupción del 2021 hablan por sí mismos y se conocen gracias a la labor de los académicos, la sociedad civil y el periodismo de investigación
La Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha publicado su anuario de la corrupción 2021.
Mencionan que el 2021 marca la mitad del camino en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Por lo que es posible identificar las tendencias del actual gobierno y prever los resultados para el tiempo faltante.
Apuntan que una de las más claras y preocupantes es la falta de políticas públicas y acciones claras para combatir la corrupción, a pesar de haber sido una de las principales banderas de campaña del presidente. Los resultados a medio camino en esta materia han sido mucho más discursivos que efectivos.
AMLO ha mostrado un triunfalismo que se repite en casi todas sus intervenciones públicas: la corrupción ha quedado erradicada de la vida pública, ya no hay corrupción, aunque les dé coraje a los “conservas”, ya se acabó porque el presidente no es corrupto y no tolera a los corruptos.
Agregan que lo cierto es que según prácticamente todas las encuestas especializadas —de percepción ciudadana o de medición de actos de corrupción— señalan que México o bien ha retrocedido o bien se ha estancado en materia de corrupción e impunidad. Más aún: la política anticorrupción fue reprobada en abril de 2021 (El Financiero) por la mayoría de los ciudadanos (59 %) y las expectativas de que siga igual o empeore alcanza el 51 % (Reforma). Más recientemente, Consulta Mitofsky (enero 2022) publicó que 79 % de la población piensa que hay mucha o regular corrupción y sólo 17 % poco o nada.
Los casos de corrupción del 2021 hablan por sí mismos y se conocen gracias a la labor de los académicos, la sociedad civil y el periodismo de investigación.
Funcionarios de la Cuarta Transformación firmaron contratos con Odebrecht en 2006
En febrero de 2021, MCCI difundió documentos enviados por el Ministerio de Justicia de Andorra a México sobre presuntos sobornos pagados por Odebrecht en la construcción de la presa Francisco J. Múgica en Michoacán durante 2006.
Uno de los funcionarios que firmaron los contratos con la empresa brasileña fue Gabriel Mendoza Jiménez, quien, en febrero de 2021, se desempeñaba como titular del Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República. El presidente López Obrador dijo que se iniciaría una investigación al respecto y ese mismo mes fue anunciada la baja de Mendoza. Sin embargo, en septiembre fue recontratado como director de área en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El primer año de AMLO y la ASF: 100 000 millones de pesos de irregularidades
La revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del primer año de gobierno de López Obrador identificó 100 914 millones de pesos de recursos federales que fueron usados irregularmente y que deben ser aclarados o devueltos. Hasta febrero de 2021 —cuando se publicó esta noticia—, 98.1 % de estos recursos continuaban sin ser justificados o regresados a la Tesorería, según una investigación de MCCI. Esto rebasa al que era el punto más alto: 84.2 % (2018). La mayor cantidad, 55 000 millones, se concentra en el dinero federal transferido a los gobiernos locales. Destaca que las siete entidades donde gobernaban Morena y sus aliados en ese momento sumaban 43 % de las irregularidades. En contraste, los gobiernos del PRI, que gobernaban doce entidades, tenían 17 %.
Caso Agronitrogenados
Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), fue extraditado desde España a México el 3 de febrero de 2021 e ingresó al Reclusorio Norte. Ancira fue acusado de vender con un sobrecosto de 200 millones de dólares la planta Agronitrogenados a Pemex y el pago de un presunto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex; sin embargo, el 19 de abril, Ancira fue puesto en libertad tras alcanzar un acuerdo reparatorio con Pemex en el que pagaría más de 216 millones de dólares para desechar las acusaciones en su contra.
En agosto, Petróleos Mexicanos dio a conocer que Ancira no había realizado los pagos acordados. Durante los primeros días de septiembre, el presidente López Obrador informó que el propietario de AHMSA había prestado su avión y lo había cargado como viáticos al exgobernador de Coahuila y actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.
En diciembre, un juez dio por cumplido el primero de tres pagos por 50 millones de dólares que forma parte del resarcimiento de daños por parte de Altos Hornos de México.
Subsecretaría pedía aportaciones en efectivo a sus subordinados en el DIF
La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación por denuncias recibidas en contra de la entonces directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez —nombrada en enero de 2022 subsecretaria del Bienestar— y dos de sus colaboradoras. García Pérez fue acusada de obligar, al menos desde 2019, a funcionarios del DIF a entregar entre 2 y 4 % de su salario como condición para mantener su empleo.
Un cálculo elaborado por Animal Político consideró que las entregas ascenderían a más de 650 000 pesos mensuales en total. García Pérez decía que el dinero entregado en efectivo era para el “Programa Ahijado” del que no hay registro oficial en el DIF. Los trabajadores de la institución recibieron de la directora un documento con las tarifas que debían aportar dependiendo de su plaza. Éstas iban desde 3000 pesos para una dirección general hasta 500 pesos para soportes administrativos.
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Desafuero del gobernador Cabeza de Vaca
La Cámara de Diputados aprobó retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero por la FGR. El Congreso local de Tamaulipas determinó que no procedía la declaración de procedencia. Derivado de este procedimiento surgió una controversia entre la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo del estado: de acuerdo con la Cámara de Diputados, el gobernador ya no contaba con fuero y podía ser detenido; mientras que el Congreso local consideró que el fuero del gobernador se mantenía.
El Congreso de Tamaulipas presentó una controversia constitucional ante la SCJN para determinar si el gobernador tiene fuero o no. La Suprema Corte admitió la controversia en julio y hasta el cierre de 2021 seguía pendiente su resolución. Por su parte, la FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del mandatario. Cabeza de Vaca interpuso un amparo y, a finales de dicho mes, un juez federal concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva para que no surtiera efectos la orden de aprehensión hasta en tanto se aclarara la cuestión competencial respecto al procedimiento de desafuero.
El diputado Saúl Huerta es acusado por abuso sexual
Saúl Huerta, diputado federal por Morena, fue detenido en un hotel de Ciudad de México después de que un menor de edad que trabajaba para él lo denunciara por abuso sexual. Huerta fue puesto en libertad luego de que sus abogados acreditaron su cargo como diputado federal.
El 11 de agosto la Cámara de Diputados avaló quitarle el fuero a Huerta y ocho días después fue detenido. Luego de su detención recibió otra denuncia de un joven de 18 años por causas similares a la registrada en abril. Sin embargo, este segundo proceso fue suspendido en enero de 2022, en tanto se resuelven los amparos presentados por el exdiputado y la presunta víctima. Huerta está en el Reclusorio Oriente en prisión preventiva.
Desplome de la Línea 12 del Metro
Un vagón de la Línea 12 del metro de Ciudad de México se desplomó después de que colapsara un tramo del paso elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco. Veintiséis personas perdieron la vida y al menos ochenta fueron hospitalizadas. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, prometió una investigación independiente a cargo de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) para conocer las causas del incidente.
La Línea 12 fue inaugurada en 2012 —por Marcelo Ebrard aún como jefe de Gobierno de Ciudad de México y con Jorge Arganis Díaz Leal, entonces secretario de Obras Públicas y Servicios y actual secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes— con obras inconclusas, con un 70 % de sobrecosto y en medio de una gran desorganización en la gestión del proyecto.
José Luis Vargas: el magistrado acusado y removido
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas y algunos de sus familiares por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019.
El 15 de julio la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) decidió no ejercer acción penal contra el magistrado y concluyó que no había elementos de delito. El magistrado expuso que algunos de los bienes que habían sido denunciados como suyos en realidad eran de su esposa, Mónica Bauer Mengelberg. La UIF presentó una nueva querella contra el magistrado y su esposa por transferencias irregulares al extranjero. El 30 de julio, un juez federal ordenó a la FGR reabrir la investigación y revocó la decisión de no ejercitar acción penal. El 9 de agosto Vargas renunció como presidente del TEPJF después de ser revocado del cargo por cinco de sus pares magistrados.
Secretaria de Educación retenía salarios en Texcoco
El 3 de septiembre, el INE sancionó con 4.5 millones de pesos a Morena por retener el 10 % del salario a 550 empleados del ayuntamiento de Texcoco y del DIF municipal durante la administración de Delfina Gómez (2013-2015), actual secretaria de Educación Pública. Los descuentos duraron hasta julio de 2015 y suman más de 12.8 millones de pesos. Animal Político documentó que 4.2 millones de pesos de estos recursos fueron destinados a proveedores de las campañas de Delfina Gómez. El INE sólo pudo comprobar que 2.1 millones de pesos de esos recursos se pagaron a proveedores de Morena sin haberlos reportado a la autoridad electoral.
Pandora Papers
Quinto Elemento Lab y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicaron una investigación basada en la filtración de 11.9 millones de documentos que revelan que más de tres mil mexicanos trasladaron fortunas personales a paraísos fiscales. Esta filtración involucra a diez veces más mexicanos que los dados a conocer en los Panama Papers de 2016.
Entre ellos destaca Armando Guadiana Tijerina (senador por Morena), quien creó un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas, con acciones por más de 28 millones de dólares, que no fue reportado en su declaración patrimonial. El senador señaló que no fue registrado por un error de sus contadores. También figura Julia Abdalá (pareja de Manuel Bartlett), dueña de diez mil acciones de una sociedad panameña de papel, que no cuenta con empleados ni oficina.
El proceso penal contra Emilio Lozoya
MCCI dio a conocer nuevos sobornos entregados por Odebrecht a Lozoya por 9.2 millones de dólares. También reveló la participación del exfuncionario en proyectos mineros internacionales y transacciones sospechosas desde Suiza a una fábrica de mezcal de su hermano. Por otra parte, Lozoya fue retratado cenando en un lujoso restaurante de una zona exclusiva de la Ciudad de México. Estas imágenes provocaron varias críticas en contra de la actuación de la Fiscalía General de la República.
Irregularidades en los contratos del AIFA
LatinUs revisó 966 contratos relacionados con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía; 70 % de esos contratos fueron asignados mediante adjudicación directa. La revisión encontró empresas fantasma, direcciones falsas y compañías dedicadas a otros rubros diferentes a la construcción. En total, empresas con irregularidades tuvieron asignados contratos por 78 millones de pesos.
Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero son acusados de enriquecimiento inexplicable
Reforma dio a conocer una denuncia presentada ante la FGR en contra de Santiago Nieto por presunto enriquecimiento ilícito. Entre 2019 y 2020, Nieto adquirió una casa de 24 millones de pesos al sur de Ciudad de México, otra en la ciudad de Querétaro, un departamento en Santa Fe de más de 8 millones de pesos y un auto de lujo por medio millón de pesos. El propio Santiago Nieto reconoció que la vivienda al sur de Ciudad de México fue adquirida mediante un crédito hipotecario conjunto con su esposa Carla Humphrey. De acuerdo con estimaciones hechas por el periódico, los pagos mensuales por hipoteca superarían tres veces el salario que percibía Nieto como titular de la UIF.
Durante 2021, la respuesta de quienes están al frente del gobierno ante las evidencias por actos de corrupción no fue distinta a la de 2019 o 2020. Si de los allegados al gobierno se trata, los usos y costumbres dictan una de las siguientes respuestas:
• Descalificación de los denunciantes
• Abstención de investigación por parte de las autoridades
• Ausencia de denuncias de presuntos delitos (aún los que se debieran perseguir de oficio)
• Falta de resultados en los pocos delitos denunciados
• Exoneración pública a través de la palabra presidencial en las mañaneras.
