México es omiso para frenar violencia contra la prensa, advierte la CIDH, tras asesinato de ocho periodistas en el año

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre “la normalización y profundización de la violencia contra periodistas en México”, y llamó a las autoridades a tomar medidas complementarias a las que están en curso para prevenir más casos y no dejar impunes los crímenes contra la prensa.

La CIDH informó que en las primeras diez semanas de 2022 recibió al menos ocho reportes de asesinatos de periodistas por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su profesión, cifra que se acerca al total de homicidios contra comunicadores cometidos en 2021, con diez casos registrados.

A través de un comunicado, señaló que en lo que va de año también se documentaron al menos dos atentados contra reporteros, y que existen “recurrentes señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de funcionarios públicos federales y locales”.

“La Relatoría observa con particular preocupación el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en México y reitera que este tipo de ataques vulnera la libertad de expresión tanto en su dimensión individual com colectiva, ya que afecta el derecho de la sociedad a estar informada, y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática”, enfatizó.

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“Conflicto con la prensa opaca rechazo a la violencia”

En respuesta a los pronunciamientos que ha tenido acerca de los asesinatos de periodistas en México, la CIDH dijo que recibió por parte del Estado mexicano informó que la actual administración ha destinado mil 200 millones de pesos al mecanismo para la protección vigente, y que se buscará reformar la legislación para crear un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Sin embargo, la CIDH considera que en un “momento crítico” para las garantías a la libertad de prensa, los recursos humanos y financieros destinados no han sido eficaces para evitar los asesinatos de periodistas, y los esfuerzos sobre ajustes estructurales anunciados “están lamentablemente desfasados temporalmente con respecto a la urgencia de la situación”.

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Además, consideró que “los mensajes de rechazo oficial a la violencia letal contra la prensa se mezclan y se confunden en tiempo y espacio con mensajes oficiales estigmatizantes que se enmarcan en la compleja y sostenida pugna de las autoridades federales sobre periodistas y medios de comunicación”.

“La relevancia que asignan las autoridades a su conflicto con la prensa inevitablemente opaca los mensajes de rechazo a la violencia que han emitido, generando que pierdan la contundencia, convicción y nitidez que debieran tener en este momento”, afirmó.

La Relatoría llamó a las autoridades mexicanas a reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor del trabajo de las y los periodistas y a repudiar en todo momento los delitos perpetrados en su contra.

“Se observa fragilidad de las garantías a la libertad de expresión en México y recuerda al Estado que quienes ostentan posiciones de liderazgo público están llamados a mantener un discurso favorable de deliberación pública y a abstenerse de realizar discursos que puedan, directa o indirectamente, alentar o promover violencias contra personas comunicadoras y periodistas”.

“Para la Relatoría, los esfuerzos institucionales actuales se encuentran desarticulados, en ocasiones son contradictorios, y sumados resultan insuficientes para contener el fenómeno de violencia contra la prensa que actualmente representa una de las principales amenazas a la libertad de expresión en México. En este sentido, esta Oficina llama al Estado a tomar con urgencia medidas complementarias a las ya anunciadas, que se puedan activar en el corto plazo y orientadas a fortalecer el despliegue institucional en los distintos niveles de autoridad y competencia”, sentenció.

Con información de medios