68 millones de mexicanos no tienen seguridad social
COMPARTIR
Intentar combatir la pobreza sin garantizar el derecho a la seguridad social ha provocado que hoy 68 millones de mexicanos no tengan acceso a una pensión o requieren pagar para recibir atención médica, afirma el estudio Pobreza y Derechos Humanos
Por César Reveles (@RevelesCsar) para Animal Político
El combate a la pobreza y la desigualdad en México no ha tenido éxito porque las políticas públicas creadas para ello no tienen como eje el cumplimiento de derechos humanos básicos como el derecho al trabajo, educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, indica el informe Derechos Humanos y Pobreza.
Elaborado por el equipo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con apoyo de la Fundación para la Paz en Guerrero y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el estudio afirma que la ausencia de este eje ha impedido que los destinatarios de los programas sociales ejerzan sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y ha colocado a la falta de acceso a la seguridad social como la carencia más prevalente: 68 millones de mexicanos hoy no tienen acceso a la seguridad social o requieren pagar para recibir atención médica.
Los grupos más afectados por esta carencia son los adultos mayores y las personas con discapacidad. A nivel nacional, el 69 % de los habitantes de más de 60 años no tienen un ingreso básico garantizado, pues al no haber estado afiliados a alguna institución pública de seguridad social como IMSS o ISSSTE no cuentan con pensión. En tanto, el 65 % de las y los mexicanos con alguna discapacidad no reciben alguna transferencia de los programas sociales a los cuales tienen derecho.
El problema es de tal magnitud, que solo 2 de cada 10 programas sociales a nivel federal resuelven los conflictos que les dio origen. De acuerdo con el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2017 (Indep), realizado por la organización Gestión Social y Cooperación AC (GESOC) -citado por el estudio- de los 136 programas federales, solo 14 tienen un desempeño óptimo mientras que el resto no están en condiciones para atender los problemas para los que fueron creados o sus registros son tan irregulares que ni siquiera han podido ser evaluados.
Cifras del GESOC señalan que estos 14 programas que son la excepción ejercen 137 mil millones de pesos, esto es el 16 % del presupuesto asignado. En contraste, hay otros 61 programas que consumen más de la cuarta parte del presupuesto asignado, en total 228 mil millones de pesos, recursos cuyo uso se pierde en la opacidad y la dispersión. En el caso de los 2,528 programas de los gobiernos estatales, el 95% no cumple con la institucionalidad mínima.
Pero más allá de la correcta aplicación de los programas sociales, el problema de fondo tiene que ver con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución, de acuerdo con el estudio de Acción Ciudadana Frente a Pobreza. Este dicta la obligación de todas las autoridades, estatales y federales, de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos constitucionales y los tratados internacionales ratificados por México.
Al incumplir este precepto, los programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad presentan las siguientes “debilidades”: identifican la desigualdad solo a partir de ingresos; no incluyen como pobres a todas las personas con ingreso inferior a la línea de bienestar; no incluyen como pobres extremos a quienes tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo; aceptan como acceso a seguridad social a quienes reciben programas sociales de adultos mayores, y no garantizan un ejercicio real de los DESCA, entre ellos el derecho a la no discriminación, al trabajo, a la salud, a la educación, la seguridad social, a la vivienda y a la alimentación.
La pobreza como punto de partida
De acuerdo con el estudio, la pobreza es el punto de partida para el incumplimiento de los DESCA por tratarse de “una condición socio-histórica de carencia de ingreso suficiente y de falta de acceso a satisfactores y servicios esenciales para vivir”, que inhibe el ejercicio de derechos, especialmente los derechos económicos y sociales.
De acuerdo a los datos más actualizados del CONEVAL, del 2016, esta situación alcanza a 62 millones de personas en todo el país que carecen del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica.
Este dato es equiparable al de hace 25 años, es decir, la precariedad económica se ha mantenido e incluso aumentado desde 1992, resalta el estudio.
Jóvenes y mujeres, sin acceso al trabajo
Respecto al acceso al trabajo, se encontró que el 36 % de las y los mexicanos se encuentran sin trabajo o subocupados, en tanto que el 61 % de aquellos que sí cuentan con un empleo tienen una remuneración insuficiente para subsistir.
Del total de las personas empleadas en el país, más de la mitad (54 %) no tienen prestaciones. Igualmente se confirma que los jóvenes y las mujeres son los dos sectores que tienen menos acceso al derecho del trabajo.
Educación para quién
Con base en datos del INEGI, citados en el documento, en México hay 30 millones 870 mil personas analfabetas, y en el sector de los mayores de 30 años y menores de 60 sin algún grado de educación terciaria suman 33 millones 159 mil habitantes.
En el tema de la primera infancia, el 36 % de los niños en el país no asisten a la escuela, y la situación se agrava en la adolescencia, donde al menos la mitad del alumnado deja inconcluso la secundaria.
Sin prestaciones ni pensión
Como ya se mencionó, la carencia de seguridad social es el rubro más alarmante, pues más de 68 millones de habitantes no están afiliados a ningún sistema público.
El 69 % de adultos mayores años no gozan de pensión y el 65 % de las personas con discapacidad no reciben la ayuda económica a la que tienen derecho por parte de alguno de los programas sociales destinados a ellos.
Salud para unos cuantos...
