‘Caso Mitre’: ¿se ha emitido una condena ejemplificadora?

El tribunal de juicio oral que resolvió el caso de Sergio Mitre, quien fue encontrado culpable del delito de feminicidio en contra de una menor de edad, condenó ayer al exbeisbolista a 50 años de cárcel además del pago de una reparación superior a los 1.3 millones de pesos.

Se trata de una de las sentencias más fuertes que se hayan dictado en Coahuila por un caso de feminicidio y tendría que ser, por ello mismo, una de carácter ejemplificador.

Conviene en este sentido tener en cuenta que no solamente estamos hablando de la muerte de una mujer –derivada de un acto de violencia doméstica– sino también de un caso de agresión extrema en contra de una persona menor de edad; una víctima absolutamente indefensa.

En este sentido, la condena contra Mitre debería cumplir la doble función que las sanciones penales tienen en una sociedad democrática: castigar a quien incurre en la conducta ilícita concreta y disuadir a quienes podrían ubicarse en el mismo supuesto.

La segunda parte es particularmente importante porque implica prevenir el surgimiento de nuevas víctimas por delitos similares.

Pero tal hecho no va a ocurrir en automático, ni de manera espontánea, sino a partir de la difusión adecuada de la parte sustancial de este proceso: la eficacia de las instituciones públicas responsables de investigar y perseguir los delitos, así como de las impartidoras de justicia, a la hora de enfrentar casos como este.

No se trata, es preciso decirlo de forma puntual, de “exhibir” al condenado en este proceso y, a partir de su estigmatización, enarbolar un discurso al estilo “esto le pasa a quienes se comportan como esta persona”. Se trata de hablar de la capacidad de las instituciones públicas para evitar la impunidad.

Como se ha dicho en múltiples ocasiones, el mayor problema que enfrenta una sociedad como la nuestra, en la que los índices delictivos parecen imposibles de contener, es la idea que flota en el ambiente de que la probabilidad de ser castigados por una conducta ilegal es muy baja.

Casos como el de Sergio Mitre reman en la dirección contraria y ofrecen motivos para el optimismo. Y justamente porque se trata de casos que demuestran la posibilidad de poner fin a la impunidad es que deben ser adecuadamente empleados para combatir con eficacia la idea de que el delito no se castiga en nuestro país.

Falta aún, desde luego, que la eficacia del sistema de justicia penal concrete el ciclo, pues la defensa de Sergio Mitre ha anunciado que apelará la sentencia –algo a lo que tiene derecho–, y eso implica poner a prueba el proceso que concluyó ayer con la emisión de una sentencia que, en primera instancia, implica haber hecho justicia.

Habrá que esperar a que se agoten los recursos legales que tienen las partes en el juicio, desde luego. Pero por lo pronto, la idea de que casos como este sirvan para reconstruir la confianza ciudadana en el sistema de justicia ofrece motivos para documentar el optimismo.