Coahuila: el gobierno de Manolo Jiménez contará con más recursos a partir de 2024

El Poder Legislativo de Coahuila aprobó ayer un incremento de 50 por ciento en la tasa del Impuesto Sobre Nóminas, lo cual se traducirá en que el gobierno de Manolo Jiménez Salinas, que iniciará en un mes, contará con unos 9 mil millones de pesos adicionales.

Se trata de una decisión que fortalece las finanzas de la entidad, pues de acuerdo con la recaudación histórica del citado impuesto, las arcas estatales recibirán, a partir de 2024, alrededor de mil 500 millones de pesos extras, considerando que en 2023 los ingresos por dicho concepto se ubicarán por encima de los 3 mil millones de pesos.

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Un aspecto interesante de esta decisión tiene que ver con la forma en la cual se ha definido que estos recursos adicionales sean administrados. Como se había anticipado, serán creados un par de fideicomisos a través de los cuales se definirá el destino del dinero.

El primero de ellos recibirá el 80 por ciento de la recaudación excedente, misma que deberá destinarse a financiar obras que generen competitividad, estabilidad laboral, empleo, desarrollo económico, preservación del estado de derecho y acciones para capitalizar el nearshoring y crear un “Coahuila Global”.

El segundo, al que se destinará el 20 por ciento restante, se encargará de financiar proyectos de movilidad social, salud, educación, prevención del delito, medio ambiente, desarrollo social y participación ciudadana.

Al respecto conviene recordar que cuando este impuesto se creó en Coahuila se establecieron reglas para que la recaudación generada se quedara en cada municipio y sirviera para financiar obras de infraestructura, es decir, proyectos para mejorar la competitividad.

Sin embargo, con el paso de los años las reglas se fueron modificando y, al final, los ingresos por ISN terminaron integrándose a la bolsa común de recursos, de forma que ya no fue posible rastrear su destino preciso. Más aún: las inversiones financiadas con ese dinero no necesariamente beneficiaron a las comunidades en las cuales se recaudó.

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La opción establecida ahora parece una alternativa mejor, pues implica que los recursos dejen de formar parte del patrimonio estatal y que su utilización responda a los fines que se establezcan en la creación de los fideicomisos. Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que la creación de fideicomisos trae consigo costos de administración.

Por lo pronto, es una buena noticia el que la futura administración estatal tenga frente a si un panorama de mayor holgura financiera debido a la recaudación adicional que traerá consigo la decisión adoptada ayer.

Es de esperarse, desde luego, que contrario a lo ocurrido en el pasado, las reglas que hoy se han establecido para garantizar el uso de los recursos en acciones que mejoren la competitividad de nuestra entidad no terminen diluyéndose en el tiempo.