CONSUMO PRIVADO, ASUNTO SOCIAL Y TÉCNICO-ECONÓMICO

Según datos del Inegi, en México el componente de salarios en la riqueza nacional se ha disminuido históricamente, en la década de los años setenta del siglo pasado representaba 42% del Producto Interno Bruto, antes de la crisis de 1995 el pago a los trabajadores representaba 34%, en 2020 fue 27.1% y en el primer trimestre del presente años se ubica en 28.3%. Más aún, por el anclaje a la inflación proyectada anualmente, de 1970 a 2018 el salario perdió 60% de su poder adquisitivo, es decir la capacidad de compra de bienes y servicios.

Con menos costo en salarios e innovación tecnológica, el máximo beneficio al menor costo de la mano de obra es un aspecto normal en la competencia capitalista, es un resultado estructural en las relaciones sociales de producción, por eso de igual manera en las economías desarrolladas del mundo en la década de los 70s el salario representaba hasta el 80% en promedio del PIB y ahora se haya reducido a 60% en promedio (Norma Samaniego, 2022).

Lo anterior tiene implicaciones en el consumo de los hogares, variable componente de demanda agregada, además de exportaciones, compras del gobierno e inversión directa (aunque ésta última discutible por integrar la oferta agregada), porque, si tendencialmente el salario se ha reducido en proporción al PIB, así mismo ha sido menor el consumo privado, lo cual a nivel mundial ha impactado al circuito de inversión directa de capital, su retorno y ganancias esperadas.

Por eso, en más de tres décadas con gobiernos gerenciales de libre mercado, la economía mexicana estuvo orientada al mercado externo, productos de calidad con precios competitivos por reducción de costos salariales, pero esto (entre otros factores también importantes, como elevadísimas tasas de interés crediticias y corrupción) indujo al eventual estancamiento del crecimiento económico, que de 1995 a 2018 -antes de la pandemia- fue de 2.3% en promedio.

Según el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior en enero de este año en México el consumo privado tuvo un alza anual de 8.5% y en marzo creció 0.7% respecto a febrero pasado, lo cual indica un relativo dinamismo en la demanda. Aún con la elevada inflación al consumidor que impacta el poder adquisitivo (7.65% tasa anual en mayo), y con las estrategias del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC, que incluye subsidios al precio de las gasolinas), las compras de los hogares han resistido el incremento de precios.

El relativo dinamismo actual del consumo en nuestro país es resultado de: programas sociales federales cuyo monto es más de 445 mil millones de pesos; incremento salarial de más de 60% en tres años (en 30 años de gobiernos anteriores el promedio fue 4.3%); remesas, que en 2021 fueron 51.6 mil millones de dólares (mmdd) -enero-abril recientes 17.24 mmdd-; e inversión extranjera directa en primer trimestre de 2022 captó 13.05 mmdd (descontando 6.87 mmdd de fusión Televisa-Univisión y reestructura de Aeroméxico), de las cuales 45.2% son nuevas inversiones.

Contrariamente la inversión fija bruta pública y privada, la inversión de largo plazo de empresas mexicanas, está en niveles de 18% del PIB cuando debería estar mínimo en 25%, así, en términos generales los inversionistas extranjeros confían más en el país que los empresarios nacionales (Eduardo Osuna, Director General BBVA, La Jornada 7-6-22).

Como se señaló, al cierre del primer trimestre de 2022 los salarios aumentaron 1.1% su participación en la riqueza nacional respecto al mismo periodo del 2021 en pandemia, lo cual es un magro avance, pero muestra que la redistribución de la riqueza también con transferencias sociales -aún con Covid-19- es una política primordial del actual gobierno federal (neokeynesiano), sí por justicia, pero también para fortalecer el consumo familiar y la demanda agregada. Un asunto social, pero también técnico-económico. Estado de bienestar con responsabilidad social.