Crisis en AHMSA: el Gobierno debe hacer más que observar

Las noticias respecto de la crítica situación en la cual se encuentra la acerera Altos Hornos de México (AHMSA) no han dejado de fluir en los últimos días. Y con cada jornada que transcurre, las novedades que llegan desde la Región Centro son más preocupantes.

Ayer, por ejemplo, se confirmó lo que algunos dirigentes empresariales habían adelantado la semana anterior: la empresa dejó de pagar el salario de sus empleados que, de acuerdo con las reglas pactadas, deposita en los primeros minutos de cada jueves. Se espera que el pago se regularice hoy, pero no hay ninguna garantía de ello.

Por otro lado, el ofrecimiento de pago de la segunda parte del fondo de ahorro -proyectado para hoy, pero que debió entregarse a los trabajadores de la acerera desde el pasado mes de diciembre- muy probablemente será incumplido y la dirigencia sindical ya señaló que no tiene expectativas de que dicha promesa se cumpla.

Lo señalado líneas arriba se suma al embargo que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha ejecutado en contra de AHMSA, la amenaza permanente de corte de energía eléctrica por parte de CFE y la parálisis de la planta productiva. Se trata de una “tormenta perfecta” que no puede conducir sino al colapso de la empresa.

Nunca es ocioso recordar que se trata de una empresa privada y que, en ese sentido, son los socios de la firma los primeros responsables de su futuro y de implementar las acciones que impidan su colapso o al menos eviten las consecuencias más indeseables de dicha realidad.

Sin embargo, también se trata de una empresa que forma parte del núcleo económico de la Región Centro de nuestra entidad y, por tanto, no es posible que el sector público asuma la actitud de espectador pasivo y se desentienda de las traducciones materiales de la crisis.

Estamos hablando de 17 mil personas cuya subsistencia depende de la permanencia de AHMSA como empresa productiva. Se trata de miles de familias que están viendo trastocada su vida cotidiana debido a la falta de flujo y a la posibilidad de perder su fuente habitual de ingresos.

Por ello, el Gobierno de la República debería asumir una actitud que vaya más allá de imponer condiciones “inamovibles” a los actuales accionistas de la empresa -en particular, a Alonso Ancira-, para atender las consecuencias sociales generadas por la crisis.

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No se trata de “rescatar” a los actuales propietarios de la acerera, ni de extenderles un certificado de impunidad por las conductas ilícitas en que hubieran incurrido: se trata de poner, por encima de las revanchas políticas, el interés de miles de familias coahuilenses.

Tal como se encontró -porque se tenía la intención- una forma de apoyar a los extrabajadores de Mexicana de Aviación, por ejemplo, es posible encontrar mecanismos que, sin subsidiar las malas administraciones privadas, alivien el impacto que están sufriendo los empleados de AHMSA, en particular los de menor rango salarial.