Coahuila requiere una Alerta de Género, pero las autoridades se han negado a emitirla
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Hace casi seis años, organizaciones feministas de la Región Laguna solicitaron la intervención de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) para que se estableciera en Coahuila una Alerta de Violencia de Género. Pese a la evidencia presentada, en noviembre de 2018 de determinó que la solicitud “no era procedente”.
De entonces a la fecha, como lo hemos reseñado en múltiples ocasiones, la realidad de violencia -en sus muy diversas manifestaciones- que padecen las mujeres en Coahuila no solamente no ha cambiado, sino empeorado en diversos indicadores.
Una de esas manifestaciones, sobre cuya incidencia hemos publicado múltiples reportes en Vanguardia, es la relativa a la violencia sexual, una variable que es medida de forma consistente a través de distintos instrumentos: desde las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público, hasta las encuestas de percepción sobre la inseguridad.
La última actualización de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que elabora de forma trimestral el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), evidencia -una vez más- cómo las mujeres siguen percibiendo -y padeciendo- el clima de inseguridad en el cual se desenvuelven de forma cotidiana.
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De acuerdo con la ENSU, a diciembre del año pasado poco más del 64 por ciento de la población encuestada -de 18 años y más- consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje se eleva casi al 70 por ciento cuando solamente se les pregunta a las mujeres.
Por otro lado, aunque en el segundo semestre de 2022 disminuyó la cifra nacional de casos de acoso y violencia sexual, en Coahuila se registró un incremento en la incidencia de este fenómeno en lugares públicos. La estadística revela que durante el último trimestre de 2022, más mujeres coahuilenses fueron víctimas de actos que constituyen una agresión de carácter sexual, en comparación con el último trimestre de 2021.
La estadística demuestra -en este, como en otros casos- que no hemos hecho lo suficiente para modificar los patrones socioculturales a partir de los cuales se incuban conductas que han sido largamente toleradas y que hoy son identificadas claramente como ejemplos de violencia sexual.
Justamente por ello resulta necesario insistir en que la simple modificación de las leyes, o el despliegue de campañas publicitarias, resultan insuficientes para modificar la realidad de violencia que padecen las mujeres en sociedades como la nuestra, en las cuales se encuentra profundamente arraigada la idea -equivocada, por supuesto- de que la mujer es un ser inferior.
Además de las estrategias anteriores -útiles, sin duda- resulta indispensable desplegar esfuerzos que dejen claro, de forma inequívoca, la dirección hacia la cual queremos avanzar. En este sentido, herramientas como la Alerta de Género resultan útiles para acelerar el paso.