El ‘decretazo’ de AMLO, el Inai y la Suprema Corte

El 22 de noviembre pasado, el presidente (con minúscula) Andrés Manuel López Obrador publicó el denominado “decretazo”, una disposición mediante la cual pretende elevar sus ocurrencias y caprichos a la categoría de asuntos de interés público y seguridad nacional. La verdadera intención del documento es una sola: mantener en la opacidad el ejercicio del dinero público.

Coincidentemente, como se sabe, el “decretazo” de nuestro Rey Julien del Manglar se dio pocas horas después de la difusión, en el portal Latinus, de una investigación mediante la cual se demuestra la enorme discrecionalidad con la cual se han asignado los contratos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y cómo en el catálogo de beneficiarios de los mismos existen incluso empresas fantasma.

Los trascendidos de Palacio, esa actividad a medio camino entre el género literario y el deporte nacional, refieren cómo el humilde morador de la mansión presidencial montó en cólera por la nueva osadía del periodista Carlos Loret de Mola y demandó de sus bufones la inmediata confección de una solución a la medida.

Así nació “el decretazo”.

Como sabemos, el hijo pródigo de Macuspana se ha convencido a sí mismo de poseer el don de la infalibilidad, lo cual nos deja, frente a las críticas cotidianas de sus contradictores, sólo ante dos posibles explicaciones: o estas son producto de la mala fe de quienes las expresan... o estas son producto de la mala fe de quienes las expresan.

Demostrar el acierto de la frase anterior, desde la perspectiva de un individuo ayuno de ideas como el actual titular del Ejecutivo federal, es muy simple: basta con impedir a los críticos el acceso a los datos con los cuales documentan sus señalamientos.

Conviene en este sentido no perder de vista dos rasgos del actual régimen:

El primero de ellos es la carencia pejelagartiana de la vocación democrática por el debate de las ideas. Para “mister Yo Siempre tengo Otros Datos”, la discusión sobre la agenda pública no se trata de argumentar frente a las posiciones del otro, sino de algo mucho más simple pero efectivo frente a su feligresía: descalificar al contrincante sin entrar a la discusión de los hechos.

El segundo aspecto a tener en cuenta es el destino del torrente de ocurrencias producido por la incontinencia verbal del titular del Ejecutivo. No está concebido para convencer a los críticos o consolidar una cierta idea sobre el ejercicio del poder público, sino solamente para catequizar a sus fieles, para mantener en orden al rebaño, para proveer a su ejército de autómatas, carentes de criterio propio, de consignas para repetir sin procesar ni someter a ningún análisis.

Estos detalles explican el sentido del “decretazo” presidencial y nos recuerdan cómo, si algo ha caracterizado a López Obrador, a su paso por el poder público y en todos los rasgos conocidos de su vida privada, es justamente su vocación por la opacidad.

Por ello debe saludarse, al menos en primera instancia, la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la semana, de conceder al Inai la suspensión provisional del decreto presidencial, luego de la interposición de una controversia constitucional por parte de dicho órgano.

Es pronto para cantar victoria, por supuesto, porque el procedimiento no ha concluido aún, pero todo apunta hacia un final en el cual la Corte asumirá, una vez más, su responsabilidad de obligar al presunto admirador de Juárez a comportarse en consonancia con las ideas del Benemérito, es decir, renunciar a la posibilidad de gobernar a impulsos de su voluntad caprichosa.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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