El ‘Plan B’ y la batalla legal que se avecina en la SCJN

El resto del denominado “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, consistente en modificaciones a tres leyes existentes y la creación de una nueva, fue publicado ayer en el Diario Oficial de la federación. Su primer efecto inmediato fue la destitución del secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina.

Como se ha informado de manera amplia, el “Plan B” fue la respuesta del Presidente y su partido a la derrota legislativa sufrida en diciembre pasado cuando no lograron alcanzar la mayoría requerida para modificar la Constitución y rediseñar así el sistema electoral lo cual implicaba, entre otras cosas, desaparecer el INE y crear una nueva institución en su lugar.

El revés sufrido en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ocurrió apenas unos días después de que decenas de miles de personas salieran a marchar en la Ciudad de México y otras ciudades del país bajo el lema “El INE no se toca” mediante el cual expresaron su respaldo a dicha institución.

Hace apenas unos días se registró una segunda manifestación -aún mayor a la anterior en opinión de diversos analistas- en vísperas de la promulgación del señalado “Plan B”. En esta ocasión, el mensaje de los manifestantes fue dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la cual múltiples voces le están exigiendo declarar inconstitucional la nueva legislación.

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La discusión se ha prolongado a lo largo de las últimas semanas en que voces expertas han señalado que algunas de las modificaciones realizadas a las leyes, General de Instituciones y Procedimientos Electorales; General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como diversos contenidos de la recién creada Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, contradicen la Constitución y por ello deben ser anuladas por el máximo tribunal del país.

Los consejeros Lorenzo Córdova -quien presiden el INE- y Ciro Murayama incluso elaboraron un libro, presentado apenas el pasado 29 de enero, titulado “La Democracia no se Toca” en el cual enumeran los distintos pasajes de las nuevas reglas electorales que, desde su perspectiva, constituyen un retroceso a lo avanzado hasta ahora en materia de elecciones en México.

A partir de la publicación de la segunda parte de las reformas del denominado “Plan B”, la atención estará centrada en el Poder Judicial, específicamente en la Suprema Corte de Justicia, cuyos 11 integrantes decidirán, en última instancia, si el paquete legislativo impulsado por el Gobierno de la República se ajusta a los límites constitucionales -y, por tanto, puede aplicarse en los comicios presidenciales del año próximo- o si, por el contrario, violenta principios establecidos en la Carta Magna y, en consecuencia, debe ser atajado.

Cualquiera sea el resultado, el debate no quedará zanjado y únicamente entrará en una pausa obligada por la cercanía del proceso electoral de 2024. Cerrado ese capítulo, la discusión se reanudará con la misma o mayor intensidad que hoy registra. Por ahora, sin embargo, lo que queda es esperar.

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