¿Guardia Nacional, policía anti-disturbios?
COMPARTIR
TEMAS
La función policial es un elemento central del advenimiento del Estado moderno y la progresiva restricción del concepto lo ha vinculado al resguardo del orden público y la seguridad. Sin duda también este control del orden público y de la seguridad puede ser, en estricto sentido uno de política criminal, pero en el contexto actual derivado de un clima constante de hostigamiento y polarización lanzada desde la mañanera, se prenden las alertas cuando se da a conocer el lanzamiento de la licitación por parte de la Sedena para adquirir más de 2.8 millones de proyectiles de gas lacrimógeno para “mantener el orden interior y la seguridad nacional”.
Ambos conceptos con aristas ambiguas y con interpretaciones distintas dependiendo del cristal con que se mira. Sin embargo, en la coyuntura mexicana difícil separar la seguridad pública de la seguridad interior y la seguridad nacional ya que esas tres esferas —si nada cambia drásticamente— están en la arena de responsabilidad castrense.
La escalada de violencia y el empoderamiento de las organizaciones criminales ante los abrazos presidenciales han colocado en una peligrosa encrucijada a las fuerzas del orden local, estatal y federal. Ejemplos sobran.
La discusión/aprobación para que la Guardia Nacional permanezca en las calles hasta el 2028 exhibe el fracaso presidencial y la voluntad –de organizaciones civiles, legisladores, funcionarios, etc.— en presionar para fortalecer a las policías civiles y transitar en la formación de un cuerpo civil capacitado y consolidado. Hoy está muy lejos de ser realidad. Y la acción para (atropellar la Constitución) mantener a los militares en la calle para preservar el orden público y la seguridad será reforzada por el uso de “armamento menos letal y agentes químicos” comúnmente conocido como gas lacrimógeno para que... aprendan a respetar.
En la lista elaborada y semaforizada por la Sedena de grupos peligrosos en México y filtrada por los hacktivistas “Guacamaya” figuran colectivos feministas, familiares de niños con cáncer y madres usuarias de guarderías infantiles. Aparecen varias organizaciones delictivas, pero según la información exhibida, es notoria la ausencia del Cártel de Sinaloa.
Sorprende (o no) que ante la cruenta disputa por regiones enteras este grupo delictivo generador de violencia no está en el radar ni en las prioridades verde olivo.
Ahora bien, lo que sí está en alguna esfera de la atención castrense es el clima político-social que alberga la escalada de la crisis económica, la polarización, el malestar ciudadano por la inseguridad e impunidad y una sucesión desbocada en medio de la lucha electoral.
Ese escenario de prospectiva y de riesgos explicaría en gran parte la licitación para la compra de millones de proyectiles de gas lacrimógeno para ¿mantener el orden público y la “seguridad nacional”?
Mejor aún, ¿ya se está trabajando en un protocolo de actuación para los distintos escenarios de disuasión y de antidisturbios? o ¿será el sello de la cuatroté distinguido por la improvisación y el desorden?
No debe olvidarse que la lupa (internacional) bilateral está siempre presente y culminar la narrativa construida por meses apoyando a nuestras fuerzas armadas en demasiadas labores de la esfera civil puede llegar a un punto de inflexión y esa factura la pagarán ellos pese a que hoy estén empoderados y en la cima del poder.
