Gubernatura e igualdad de género en Coahuila (1)
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Era el 10 de agosto de 2021 cuando la consejera del INE, Carla Humphrey, escribió (mientras planeaba su boda con Santiago Nieto) dos llamadas de atención:
Primera: “Tenemos en puerta elecciones en 2022 y 2023 en las que se renovarán 8 gubernaturas” (en 2022, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; y en 2023, Coahuila y Estado de México); pero, continuaba Humphrey, “ni el Congreso de la Unión ni los congresos locales han acatado la sentencia de la Sala Superior...”, que obligaba a estos seis estados a garantizar el principio de la equidad de género en sus
candidaturas.
Carla les dijo: “¡no se hagan locos, que mi Chaguín y yo no queremos más pendientes! ¡Con la bendita boda tenemos!”. Pero, ninguno la peló.
Segunda: Por la razón anterior, continuó Humphrey, “será necesario que las autoridades electorales (el mismo INE) emitan criterios generales que garanticen el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas”.
Carla les espetó: “Tan pronto termine nuestra boda guatemalteca, porque ni ‘luna de miel’ alcanzaremos, llevaré un punto de acuerdo a la Reunión de Consejo del INE para asumir esa responsabilidad”.
Los integrantes de los congresos federal y estatales estaban más preocupados por ser invitados a la boda de Carla y Santiago por celebrarse en el Hotel Casa Santo Domingo, en Antigua, Guatemala. Muchos de ellos ya imaginaban firmar el acuerdo de confidencialidad para no filtrar imágenes de un evento que prometía ser faraónico. “¿Cómo negarse, pensaban en éxtasis, a probar el postre de macaroni con chilacayote mientras doy sorbos a una copa de champaña Dom Perignon?”. Pero de nuevo les valió madre la sentencia de la Sala Superior y el llamado paritario de Carla.
Empero, Humphrey, para no dejar pendientes más allá de su boda y reducir los nervios de un Chago siempre aprehensivo, sentenció el rumbo a seguir de su punto de acuerdo a los valemadristas integrantes de los congresos:
a) “La reforma constitucional ‘Paridad en Todo’ impondrá un mandato constitucional para garantizar el principio de paridad de género en todos los órganos del Estado Mexicano, y en la totalidad de cargos de elección popular”.
b) Para ello, “deberá tomarse la totalidad de las seis gubernaturas en disputa para determinar el número paritario de candidaturas de mujeres y hombres”.
c) El INE analizará “sí hace uso de su facultad de atracción para garantizar el principio constitucional de paridad total para la postulación paritaria de mujeres en las entidades federativas en las que se renovará la gubernatura”.
En ese momento, mientras los congresistas daban saltitos de alegría por no haber sido invitados a la boda, los estrategas políticos de los partidos en contienda en esos seis estados imaginaron –para variar– que sus respectivos organismos políticos no contaban –en su mayoría– con candidatas mujeres para contender por las seis gubernaturas en 2022 y 2023.
Mientras esos estrategas se quebraban la cabeza, no para buscar candidatas mujeres o explicar su ausencia, sino para esquivar la política paritaria a toda costa, Coahuila se les adelantó –entre la boda y el silencio de los congresistas– para ser la primera entidad en lanzar la iniciativa de implementar la alternancia de género en la gubernatura, cargos públicos y, aquellos que no se renueven mediante el voto popular.
Continuará el lunes próximo.
