La economía del trabajo y sus problemáticas

Hay muchas cuestiones laborales flotando en el ambiente económico en este momento. Sin embargo, me concentraré en la referente a la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que si bien hace algunas semanas comenté ciertas cosas, en esta ocasión me quiero concentrar en demostrar por qué en este momento no es una buena idea para el sistema económico nacional y qué daños podrían generarse.

Todo parece indicar que la propuesta será revisada por la Cámara de Diputados hasta el siguiente año, como se dice coloquialmente, quedará en la congeladora por lo pronto, pero hay serias preocupaciones por parte de distintos grupos sociales (empresarios, sindicatos, asociaciones familiares, entre otros), de que la propuesta sea utilizada como una herramienta política para las siguientes elecciones presidenciales. Lo anterior porque hasta el momento, no se han presentado argumentos económicos como base para poder reducir la jornada laboral en un 20 por ciento.

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En Francia, por ejemplo, se redujo la jornada laboral hace 12 años de 40 a 32 horas, pero se analizó la viabilidad económica de la misma por 5 años, previos a su implementación. Se analizó si la productividad caería, y lo primero que hizo el gobierno fue dar incentivos fiscales a las empresas para que los trabajadores recibieran la capacitación necesaria para que al trabajar menos horas pudieran producir lo mismo. La consecuencia fue que se llegó al 94 por ciento de lo producido con anterioridad, y una parte de la población se retiró con planes diseñados específicamente para el momento, para que no hubiera pérdida en el consumo.

A las empresas se les dieron incentivos fiscales por 10 años para actualizar sus activos y hacerlos más productivos. En México toda la carga de la reducción laboral se le está dejando al empresario. Serán las empresas las que tengan que hacerse cargo de una situación para la que no se han preparado con tiempo, ni con una planeación adecuada en términos del personal y de los activos necesarios para que su producción no caiga, deje usted la productividad.

Además, se ha demostrado que los países en vías de desarrollo como México o si quiere llamarlos del tercer mundo, no tienen ni tecnología ni esquemas productivos para hacer frente a una situación de este tipo. Es claro que en nuestro país las empresas no están modernizadas como en Francia. Tomo a este país como referencia porque fue pionero en diseñar un plan para darle más tiempo a su población para “vivir en libertad”, debido a que todas sus necesidades están económicamente resueltas. Todo lo contrario a México, donde hay al menos 34 millones de pobres.

La posible implementación de este programa de reducción del tiempo de trabajo no puede venir en un peor momento. Para 2024, las empresas coahuilenses, por citar una referencia nada más, tendrán que pagar un 1 por ciento más de impuesto sobre nómina, un 6 por ciento más de aportación patronal a la afore de sus trabajadores, en un momento en que la tasa de interés de referencia del Banco de México está en sus niveles más altos.

Esto tiene como consecuencia que los intereses bancarios están por arriba del 15 por ciento, cuando menos. De tal manera que si una empresa no tiene dinero para pagar el incremento en costos laborales, será imposible que pida prestado. Primero, el dinero será muy caro, y en segundo lugar, es casi seguro que el banco no le quiera prestar. Para continuar, 2024 será un año en que las perspectivas de crecimiento estarán rondando apenas el 2 por ciento del producto interno bruto, lo que implica que con respecto a este 2023, las ventas podrían ser más bajas.

Para el gobierno federal, la propuesta puede resultar negativa porque al haber menos días trabajados, podría darse un doble impacto negativo. El primero es que las empresas despidan trabajadores para poder hacer frente al alza en costos, el segundo es que algunas empresas se vayan a la informalidad.

En el primer caso, se reduciría el número de trabajadores en activo, lo que a su vez bajaría las contribuciones del impuesto sobre la renta al erario. Hoy por hoy, ese impuesto es el que proporciona el mayor ingreso al gobierno federal. En el segundo caso, el cierre de empresas formales implica doble pérdida porque se deja de recibir el impuesto al trabajo y los impuestos de las empresas, sobre todo el IVA.

Estimaciones muy conservadoras sugieren que se podría perder, si se autoriza esta propuesta, un 2 por ciento de los ingresos públicos y al menos 600 mil empleos formales. Esto sería peligroso para las finanzas públicas porque hay que recordar que para el siguiente año pedirá el gobierno federal 1.9 billones de pesos. Además, se reduciría de manera importante la base empresarial, México tendría menos negocios y en los siguientes años, el potencial de crecimiento económico se reduciría notablemente.

Tampoco se ha dicho mucho sobre la posibilidad de que las empresas bajen los sueldos, que puede ser una alternativa racional, sobre todo a los nuevos trabajadores. El daño económico sería muy alto, pues ya de por sí los sueldos están rezagados conforme a la inflación, y si a eso le agregamos la tentación o necesidad de reducirlos para que la empresa siga siendo rentable, tenemos el potencial para hacer caer el consumo.

Los más afectados serían los jóvenes que irían ingresando posteriormente a la autorización de la propuesta, al mercado laboral. Una mala combinación de bajos sueldos y pocas opciones de empleo sería ideal para la fuga de cerebros que tanto se criticó a los gobiernos anteriores.

Puede ser atractivo electoralmente hablando reducir la jornada laboral, ¿a quién no le gustaría trabajar menos y ganar lo mismo? Suena muy bien, pero hay que ser conscientes que en este momento no hay las condiciones necesarias para implementarla, son más los daños que se pueden generar que los beneficios económicos, que los hay.

Me queda claro que para los trabajadores sería un beneficio muy grande, pues el 68 por ciento de los empleados en este país trabaja 48 horas por semana o más. Tendrían más tiempo para estar con la familia, para descansar y ser más productivos, dicen los expertos de los países desarrollados. En México no hemos investigado ni un poco si la propuesta es rentable para todos, no solo para los trabajadores.

Esta es una decisión que puede dañar seriamente a la economía. Hay que ver en qué sectores es más viable implementar la reducción laboral, investigar por estados los niveles de productividad, que es obvio, no son iguales en todo el país y de esta forma, ir haciendo los ajustes necesarios para que un cambio de esta magnitud sea un beneficio para todos y no un daño para unos pocos (las empresas). Tristemente en este caso, no hay ni siquiera otros datos.