Lucha anticorrupción en Coahuila: hace falta más que discursos
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Avanzar en la contención de la corrupción es un proceso lento y difícil. Retroceder, sin embargo, es algo que ocurre de forma rápida y a un costo social mayúsculo
“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.
La frase anterior abre el comentario con el cual el exsecretario General de la Organización de las Nacional Unidas, Kofi Annan presentó, en 2003, el documento que contiene la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, una vez concluidas las negociaciones de su redacción.
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En el mismo texto, Annan advirtió cómo “la corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”, razón por la cual los países pobres deben realizar esfuerzos particulares para combatirla.
Para documentar la situación de corrupción en el país, el #INEGI genera información sobre la percepción y experiencias de soborno que experimenta la población en general, personas privadas de la libertad y empresas.
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Para enfatizar esta necesidad, la ONU estableció, a partir de la creación de esta convención -firmada en la Conferencia de Alto Nivel del organismo en Mérida, en diciembre de 2003-, que cada 9 de diciembre se conmemore el Día Internacional contra la corrupción.
Tener en cuenta este marco referencial es importante para visualizar cómo el combate a la corrupción no es un hecho aislado, una preocupación de unos pocos o un problema exclusivo de “otras sociedades”, sino que se trata de un compromiso global que requiere esfuerzos permanentes y coordinados.
También es importante contar con la referencia porque de esa forma se dimensionan de forma adecuada el impacto negativo que tiene el “bajar los brazos”, es decir, dejar de avanzar en esfuerzos que ya se habían emprendido, incluso si estos no han ofrecido los resultados esperados.
Un buen ejemplo de ello es el abandono al que se ha condenado el Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila en el último año, al desaparecer la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de dicho modelo, con lo cual se ha generado una vacante en el CPC que no ha sido cubierta, sin que parezca existir prisa en cubrirla.
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Los procedimientos de excepción aumentan los espacios para hechos como colusión y conflictos de interés🚨🧵. pic.twitter.com/hG93OVRZPy
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, un reporte de acuerdo con el cual en las instituciones públicas de Coahuila hace falta implementar mecanismos para combatir la corrupción con eficacia.
En particular, señala dicho reporte, se carece de mecanismos y herramientas para el registro de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, instrumentos necesarios para darle seguimiento a la evolución patrimonial de estos, así como identificar con precisión las situaciones de conflicto de interés en las cuales eventualmente se ubiquen.
Avanzar en estas asignaturas es la única forma de cumplir el compromiso de combatir con eficacia la corrupción, una meta que es imposible alcanzar si los “esfuerzos” en este sentido se limitan a pronunciar discursos de ocasión.
Encuesta Vanguardia
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