Organismos públicos autónomos: ¿En proceso de extinción?
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Es julio de 2024: Morena afirma la transexenalidad de la 4T, ahora con el rostro de una descoyuntada Claudia Sheinbaum sostenida por los hilos de Andrés Manuel López Obrador, su titiritero mayor.
Para ese momento: ¿Cuál será el grado de solidez institucional de esos organismos constitucionales autónomos –no subordinados a los poderes tradicionales del Estado– para ejercer un contrapeso al Poder Ejecutivo?
¿En qué estado se encontrarán el Banco de México (BM), el INE, el Inai, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Inegi, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Fiscalía General de la República (FGR)?
La pregunta es pertinente porque AMLO desgastará su autonomía y acotará su capacidad de maniobra institucional hasta desaparecerlos u integrarlos a alguna secretaría de Estado para tornarlos peones de la 4T.
Tres elementos juegan en contra de esos organismos autónomos: 1.- La concentración autocrática –y creciente– del poder en la persona de AMLO. 2.- El asumir que el Estado es él; sin enramado institucional que lo soporte o, en su defecto, le sirva de contrapeso. Por ello, la corrupción desaparecerá por decreto de la voluntad personal de AMLO, no por el trabajo sólido de instituciones pertinentes con una visión de largo aliento. 3.- Finalmente, su férrea convicción de que esos organismos son corruptos u aliados de sus enemigos neoliberales, por lo cual, atacará su credibilidad ética y política de manera sistemática en sus mañaneras; y en el Congreso, a la par, reducirá su presupuesto para debilitarlos.
El colofón es obvio: esos organismos son jóvenes; inicia su caminar con el Banco de México en 1994. Por tanto, su estructura institucional es débil o incipiente, no sólo para ofrecer resultados contundentes sino también para enfrentar un poder presidencial implacable como el de AMLO.
¿Cuál es el estatus de autonomía e institucionalidad de esos organismos autónomos en 2021?
Hagamos un breve recuento: La 4T ya tiene bajo su control al Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Inegi, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social y la Fiscalía General de la República.
Desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y sí pasa la reforma eléctrica, también desaparecerá la Comisión Reguladora de Energía.
En enero 9 de 2021, AMLO amenazó con integrar el Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Inai, a la Secretaría de la Función Pública.
En junio de 2020, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, propuso fusionar la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Comunicaciones a la Comisión Reguladora de Energía; hoy, en riesgo de desaparecer sí es aprobada la reforma eléctrica. En ambos casos, AMLO y Monreal apuntaron el mismo pretexto: ahorro presupuestal.
Con un marcado desdén de la 4T por establecer una alianza estratégica con el empresariado –nacional y global– para fortalecer el desarrollo económico de México, ¿qué destino tiene la Comisión Federal de Competencia Económica? Con una evidente despreocupación por la transparencia y la rendición de cuentas, ¿qué futuro tiene el Inai? Con una flagrante indiferencia por impulsar una democratización plural y diversa en el país, ¿qué destino tiene el INE?
Lo dicho: Con la 4T, los organismos públicos autónomos en México caminan hacia su extinción. Su funeral inicia a partir de 2024.
