Pendientes de Gobierno Abierto
La iniciativa del modelo de gobernanza conocida como Gobierno Abierto -orientada a la solución de políticas públicas a partir de procesos colaborativos entre ciudadanía y gobierno- está lejos de consolidarse en nuestro país debido al retroceso de aspectos clave como la transparencia proactiva y el derecho de acceso a la información.
De acuerdo con el Índice de Gobierno Abierto en México 2021, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las acciones en la materia, llevadas a cabo por el gobierno federal y los gobiernos locales, disminuyeron 7.6 puntos porcentuales en comparación con la última medición realizada en el 2019.
En términos generales, este estudio, realizado cada dos años desde 2017, analiza el desempeño de las administraciones públicas en dos dimensiones fundamentales para el fortalecimiento de la política pública: transparencia y participación. Además de evaluar el desempeño de mil 365 sujetos obligados a nivel federal, estatal y municipal.
Dicho estudio determinó que las dos principales razones de estos resultados fueron que el INAI paralizó sus actividades desde el 24 de marzo al 01 de mayo de 2020 por la pandemia de Covid-19 y que hubo procesos de cambio de gobierno en 15 entidades y sus municipios.
Todo ello pone en evidencia que para consolidar un modelo de gobernanza tan ambicioso como el de Gobierno Abierto hace falta algo más que una conferencia matutina. En 11 años de pertenecer a la iniciativa internacional de la Alianza para el Gobierno Abierto, México ha tenido resultados insuficientes que incluso podrían considerarse como retrocesos.
Mientras no exista un compromiso serio por parte de los gobiernos para cumplir con las normativas que protegen los derechos humanos, tales como el derecho de acceso a la información y la participación ciudadana, difícilmente se lograrán avances.