Programas sociales, ¿cuánto pesaron en la revocación?
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Uno de los argumentos que históricamente han sido utilizados por la oposición para criticar la actuación del Gobierno en turno es que los programas sociales son utilizados con fines clienterales. La evidencia a la mano, sin embargo, no parece aportar pruebas para demostrar el señalamiento.
Ya en el pasado se han realizado análisis que prueban cómo la votación por el partido gobernante no necesariamente coincide con los padrones de beneficiarios de los programas sociales, lo cual parece demostrar que las personas, contrario a lo que suele asumirse, sí ejercen el voto de forma independiente.
En el caso del ejercicio de revocación de mandato del domingo anterior, las cifras preliminares con las que se cuenta –al menos en Coahuila– indican que un alto porcentaje de las personas adultas que en la entidad reciben algún apoyo de los que distribuye el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se sintieron “obligadas” a acudir al ejercicio y manifestar su “agradecimiento” hacia el presidente.
De acuerdo con cifras del Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno Federal, en Coahuila hay 728 mil 957 personas que reciben alguno de los apoyos de los programas sociales y de ese universo 573 mil 631 son mayores de edad con derecho a votar.
Pero de acuerdo con los resultados definitivos del ejercicio de revocación, difundidos por el Instituto Nacional Electoral el lunes pasado, en Coahuila solamente acudieron a respaldar al Presidente 335 mil 192 personas lo cual representa sólo el 58 por ciento de los beneficiarios adultos de los programas sociales en la entidad.
Es importante precisar que con este cálculo, estamos suponiendo que el 100 por ciento de quienes acudieron a votar el domingo lo habrían hecho en “reciprocidad” o “por temor” a perder dichos apoyos, algo que no es preciso.
Al menos no lo es de acuerdo con una encuesta de salida revelada el domingo pasado por El Financiero y según la cual, aunque son mayoría, sólo el 58 por ciento de quienes acudieron a votar son beneficiarios –ellos o algún familiar– de un programa social.
Este último dato, aplicado a Coahuila, haría disminuir a sólo 34 por ciento el volumen de los beneficiarios de programas sociales que habrían acudido al ejercicio para manifestarse a favor del Presidente.
El dato parece consolidar una percepción que ha sido expuesta largamente por múltiples analistas políticos: los electores mexicanos –al menos la mayor parte de ellos– no definen su voto en función del “apoyo” que reciben por parte de los gobiernos, independientemente del color de estos.
Se trata, a no dudarlo, de una buena noticia que debe conducir a consolidar una cultura en la cual los programas sociales dejen de ser diseñados e implementados con fines clientelares porque la experiencia parece demostrar que se trata de una percepción equivocada.