Transporte público: ¿primero el alza y luego la mejora?

Una de las discusiones recurrentes que se desarrollan en Saltillo es la relativa a la forma en la cual el servicio de transporte público puede mejorarse. Y la pregunta central de esta discusión es: ¿los usuarios deben pagar primero una mayor tarifa o los concesionarios tienen la obligación de invertir antes en la modernización del servicio?

Para quienes cotidianamente utilizan las unidades del transporte público –cualquiera sea la ruta– no hay duda de la respuesta: ya han pagado demasiadas veces por la promesa de un mejor servicio y quienes debían honrar el compromiso no han cumplido su parte.

Por ello, es normal que cualquier solicitud relativa a un incremento en la tarifa sea recibida de forma negativa por la ciudadanía y no será la excepción la que acaban de realizar los concesionarios –y de la cual damos cuenta en esta edición– para que el costo del pasaje en la tarifa general se incremente de 13 a 17 pesos por persona.

Al respecto, el titular del Instituto Municipal de Transporte (IMT), Héctor Gutiérrez Cabello, ha dicho que tal solicitud deberá ser analizada por el Cabildo, aunque adelantó que se percibe inviable dicho incremento.

“Ellos (los concesionarios) están pidiendo 16 pesos, 17 en algunos casos, pero no es posible un aumento de esa naturaleza... la palabra la tiene el Cabildo. No quiere decir que lo que ellos pidan tenga que ser”, ha dicho el funcionario, quien ha agregado que “no es justo el aumento de tarifa con el servicio que se está prestando”.

Nadie podría estar en contra de este señalamiento, pues quienes utilizan cotidianamente las unidades del transporte colectivo deben enfrentarse a una realidad inocultable: el servicio no vale lo que cuesta.

También es cierto, sin embargo, que a los concesionarios del servicio no puede exigírseles que lo presten perdiendo dinero en el camino, pues ellos no tienen la obligación de subsidiar un servicio que las leyes señalan claramente como una responsabilidad del Gobierno municipal.

Por ello, lo que hay que hacer es revisar de fondo el esquema empleado hasta ahora para prestar dicho servicio y que ha implicado trasladar a entes privados una responsabilidad pública.

No quiere decir esto que el municipio deba asumir por completo la responsabilidad del transporte, o que los privados estén impedidos de ofrecerlo. Pero sí es necesario tener en cuenta que por la vía de un servicio “privatizado” no podremos dar respuesta a las demandas de quienes utilizan dicho servicio para movilizarse cotidianamente a través de la mancha urbana.

Por ello, el Gobierno y los transportistas privados deben iniciar un proceso de negociaciones que derive en el surgimiento de un esquema de transporte que sea capaz de satisfacer, al mismo tiempo, las demandas de la ciudadanía y la necesidad de que el esquema actual de concesiones sea rentable.

Mientras ello no ocurra, discutir si primero deben darse los incrementos en la tarifa o la modernización del servicio, seguirá siendo un debate estéril.