Violencia de género: ¿cómo
se atiende eficazmente?

De acuerdo con cifras de los Centros de Atención e Integración Familiar (CAIF) del DIF Coahuila, uno de cada cuatro varones que son canalizados para acudir a terapia psicológica, luego de ser identificados como agentes en procesos de violencia de género, no acuden a las sesiones a las cuales son remitidos por la autoridad.

Se trata de un indicador relevante porque la terapia es uno de los elementos que incide en la atención de las causas profundas del problema, es decir, los patrones socioculturales a partir de los cuales se construyen las conductas que convierten a las mujeres en seres “inferiores” que pueden ser objeto de abusos por parte de los varones.

En este sentido, la estadística que reseñamos es mucho más que un dato anecdótico y se convierte en un indicador de la mayor relevancia para el diseño e implementación de políticas públicas capaces de revertir el fenómeno de violencia que históricamente han padecido las mujeres.

Quienes tienen deberes públicos en este sentido no pueden ignorar la relevancia de este hecho y deben asumir la responsabilidad que corresponde en el proceso de revertir la realidad actual.

Y es que si las medidas remediales −ni siquiera las preventivas− no son atendidas por quienes han sido ya señalados como actores en episodios de violencia de género, entonces queda claro que no basta con establecer tales medidas para revertir la situación actual.

¿Por qué no es eficaz la acción de la autoridad al momento de ordenar una medida remedial simple, como lo es el asistir a un proceso de terapia psicológica? ¿Qué hace falta para que quede claro que, cuando una instancia pública determina que tal proceso es necesario, no se trata de una sugerencia, sino de una orden?

La respuesta es tan simple como decepcionante: si quienes se encuentran involucrados en una situación como esta no se sienten obligados a cumplir con el mandato de la autoridad es porque la idea de la impunidad se encuentra profundamente arraigada en la conciencia colectiva.

Y si esto es así, entonces queda claro, una vez más, que el camino por recorrer es aún muy largo en el proceso de garantizar, como lo establece nuestra Constitución y múltiples normas secundarias, el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

Por ello, justamente la estadística que reseñamos en esta edición no puede ser vista simplemente como un hecho más, como un número que indica el grado de “cumplimiento” o “incumplimiento” de un mandato de la autoridad, sino como un indicador del trecho que nos falta por recorrer.

Porque de lo que se trata no es de seguir dando cuenta del número de individuos que ejercen impunemente la violencia en contra de un semejante más débil, sino de celebrar que vivimos en una sociedad en la cual los derechos de todas y todos son respetados sin necesidad de la actividad coercitiva de la autoridad.