América Latina busca en la Justicia garantías para luchar contra el VIH
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Se celebra la "Reunión regional sobre servicios legales relacionados con el VIH y poblaciones afectadas", en la ciudad de La Antigua, Guatemala
La inacción de los Gobiernos ante la pandemia del VIH en América Latina ha obligado a la sociedad civil a recurrir a la Justicia para garantizar sus derechos, porque solo así puede asegurar el acceso a los medicamentos y frenar la discriminación.
"No hay acceso universal a medicamentos. Cuando uno ve los países en Latinoamérica que sí tienen un 100 % de acceso universal al tratamiento, son todos países que han judicializado", explicó a Efe Rodrigo Pascal, asesor de ONUSIDA en Guatemala.
Por este motivo, durante estos días se celebra en la ciudad colonial de La Antigua, en Guatemala, la "Reunión regional sobre servicios legales relacionados con el VIH y poblaciones afectadas", liderada por la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
En esta, representantes de organizaciones civiles, instituciones de derechos humanos y de programas de Naciones Unidas de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Perú trabajan conjuntamente para mejorar el entorno legal de las personas con VIH, a menudo víctimas de la discriminación social, laboral y educativa.
"En América Latina (...) hay una epidemia generalizada: la epidemia de la discriminación por tener VIH. Te descriminan por tener VIH", advirtió la coordinadora para América Latina de IDLO, Olga Lucía Pérez.
Los colectivos más vulnerables, como las mujeres indígenas o la comunidad LGTB, son los que más sufren el estigma de la enfermedad. "Muchos identifican que población LGTB significa VIH y es el primer error. Es uno de los grupos de población clave para dar respuesta a la epidemia de VIH", subrayó Pérez.
Solo en Guatemala, la prevalencia del VIH entre la comunidad homosexual alcanza un 11 por ciento, y son estos los que pagan una condena moral en forma de discriminación en el acceso a los servicios públicos, al mercado laboral y un estigma social alimentado por una sociedad machista y dominada por el discurso religioso.
"Penalizar el VIH no es una solución para poder controlar la epidemia", aseveró el responsable de la organización civil Prosa, Julio Cruz, que lucha contra el sida en Perú.
La solución, apuntó el activista, pasa porque los Gobiernos garanticen los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los de las minorías: "Es necesario que los Estados revisen el acceso a los medicamentos como una obligación que tienen dentro del rol como Estado: garantizar el acceso a medicamentos a las personas afectadas".
En algunos países, como Perú, la discriminación nace de la propia pobreza, puesto que muchos ciudadanos no pueden acceder a los medicamentos por su alto costo: tratamientos que en Bolivia cuestan 1 dólar, en Perú alcanzan los 10 dólares porque el Ejecutivo no utiliza todas las armas judiciales a su servicio para declararlo "necesidad pública", lo que rebajaría mucho su precio, sostuvo.
La presión de las grandes multinacionales farmacéuticas y la corrupción están detrás de esta problemática, aseguró Cruz, para quien la denuncia judicial es la única estrategia para "generar evidencia" de las vulneraciones y exigir así su fin.
En México, por ejemplo, los golpes a la comunidad con VIH se agudizan por su condición de migrantes, que hace "prácticamente imposible" el acceso a los servicios mínimos de atención.
"La principal causa (de discriminación), al menos en México, es por el hecho de ser migrante y este esquema que tiene aparejado: ser migrante y ser considerado criminal", señaló a Efe Antonio Garibay, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México.
Los países, insistió, deberían fijar una "estrategia gubernamental conjunta" para luchar contra el sida y la discriminación.
"La educación es fundamental", apuntó Pérez, quien abogó por reconocer el derecho a la identidad de las personas transexuales, frenar los despidos por razón de género o salud y las campañas de esterilización a mujeres infectadas con VIH, frecuentes en algunas regiones de Honduras.
Pero además de redoblar los esfuerzos en educación, es necesario apostar por la prevención, el tratamiento oportuno y la ampliación de los recursos económicos.
"Hacen falta más fondos", enfatizó la responsable de IDLO, especialmente en un entorno en el que la cooperación internacional está dejando en manos de los propios Estados latinoamericanos la financiación de estos proyectos.
Ante esta coyuntura, donde los Gobiernos se olvidan de sus compromisos, la Justicia se vislumbra como la única herramienta efectiva para combatir el sida, zanjó.