La justicia social constituye una de las aspiraciones más caras de nuestra sociedad. Estamos hablando de la idea nuclear que inspiró la Revolución al inicio del siglo pasado, es decir, una idea por la cual miles de mujeres y hombres dieron la vida.

¿Y qué es la justicia social? En términos simples implica la posibilidad de que los individuos integrantes de una comunidad puedan aspirar de forma real y tangible a la igualdad, es decir, a un estadio en el cual las asimetrías sociales sean lo más pequeñas posibles.

Uno de los indicadores que nos da luz respecto de si esta aspiración está siendo alcanzada o no es el ingreso. O, dicho de manera más clara, la distancia que existe entre el ingreso de quien recibe el salario más alto y quien percibe, para efectos de nuestra economía, el salario mínimo.

¿Cuántas veces cabe el salario de quien percibe el ingreso mínimo en la remuneración mensual del ejecutivo de más alto rango en el sector público o privado? Esa es la medida de la desigualdad: entre más grande sea el cociente de esta operación, mayor es la injusticia social.

El comentario viene al caso a propósito de la controversia que ha surgido entre el Gobierno de la República y el sector privado, a propósito de la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de incrementar en 15 por ciento dicha percepción, llevándola de 123.22 a 141.7 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2021.

Nadie podría decir –en circunstancias normales– que dicho incremento es injusto o que no constituye un avance en el proceso de construir la justicia social en nuestro país. Todos hemos celebrado los incrementos que en este indicador se han dado en los últimos dos años.

Pero siendo cierto lo anterior, no lo es menos que en esta ocasión la medida no gozó del consenso de todos los sectores que intervienen en la toma de la decisión y que la iniciativa privada se manifestó en contra de la medida debido a las condiciones de depresión económica en que nos encontramos como país.

El sector privado ha advertido que en las circunstancias actuales, signadas por la crisis económica derivadas de la pandemia, este incremento puede traducirse en el cierre de más empresas, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

“Si no mejoran sus ingresos (las empresas) durante los tres meses siguientes, corren el riesgo de desaparecer 700 mil empresas más”, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial en la sesión en que, sin la unanimidad deseable, se acordó el incremento salarial.

Nadie puede estar en contra de que, por la vía del incremento al salario mínimo, se reduzca el abismo que separa a quienes menos ingresos tienen de aquellos que disfrutan de una situación económica holgada. Sin embargo, sería todavía peor que, debido a esta decisión, muchas más personas enfrentaran una situación de desempleo.

La justicia social debe ser nuestra más cara aspiración, sin duda, pero también debe decirse que esta no se alcanzará por decreto.

El sector privado ha advertido que en las circunstancias actuales este incremento puede traducirse en el cierre de más empresas