Compra de carbón: la ‘guerra’ por los contratos

Desde que se anunció la posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reactivara la compra de carbón mineral a los pequeños productores coahuilenses –hace ya casi un mes– se adivinaba la existencia de una “guerra de baja intensidad”, registrada tras bambalinas, entre quienes tienen intereses en el negocio del carbón coahuilense.

Y es que a un polémico tuit del senador Armando Guadiana, mediante el cual se adjudicaba el éxito en la gestión para reactivar las compras de carbón, le siguió un comunicado de prensa de la Promotora para el Desarrollo Minero del Estado (Prodemi) con el cual se deslizaba la idea de que el anuncio del legislador era falso.

Luego vino el desmentido del propio titular de la CFE, la controversia provocada por el presunto conflicto de intereses en el cual se encontraría el senador Guadiana y la confirmación de que la compra de carbón de la CFE se realizaría mediante un concurso público.

El fallo de la licitación, conocido el fin de semana anterior, provocó el recrudecimiento de las hostilidades y esta vez no hay duda de que el tema de fondo es la disputa por definir a qué chequera se integrarán los depósitos que por concepto de pago haga la CFE.

Porque el tema ya no es que la ausencia de derrama económica estaba asfixiando a la región pues, con independencia de quién termine vendiendo individualmente el carbón, se ha asignado ya una partida presupuestal para tal propósito.

Tampoco se trata de proteger a los obreros de la minería, es decir, a quienes materialmente realizan el trabajo de extraer el carbón, pues ellos trabajarán para quien tenga el contrato y pueda, en consecuencia, pagarles un salario por su esfuerzo diario.

La disputa, que ahora el Gobierno del Estado ha convertido en una controversia legal, es por beneficiar a empresarios específicos, por engrosar las ganancias de quienes –siendo o no propietarios de tierras en la región– se dedican al negocio del carbón, muchos de los cuales actúan sólo como intermediarios en el proceso, quedándose de paso con la mayor parte de las ganancias.

No hay un “lado virtuoso” en este conflicto que, más allá de lo que todo mundo puede ver, se libra con ferocidad tras bambalinas, a través de una auténtica “guerra de filtraciones” que busca utilizar a los medios de comunicación como instrumento para convencer a la comunidad de que uno de los bandos es “malvado” y el otro es “bondadoso”.

La “guerra” es por los 360 millones de pesos que implican el contrato y la utilidad inherente. Y la búsqueda de la utilidad, aunque se pretenda la distribución más “equitativa”, es decir, entre más personas, se reduce a intereses económicos de unos cuantos individuos y no a la búsqueda de beneficios para toda la comunidad.

Por ello habría que tener cuidado al observar el fenómeno para no caer en la trampa de creer que esta es una “lucha” entre “buenos” y “malos”.