La lucha de los trabajadores, agrupados en la Coalición de los Trabajadores de la Educación (CTE) de Coahuila, pronto cumplirá una década y ellos no han quitado el dedo del renglón: sin claudicar, ni un paso atrás, exigiendo el cumplimiento de sus derechos a la seguridad social que les han sido conculcados; los recursos para ese ramo han sido derrochados, dilapidados, algunos dicen que en pagar la megadeuda o como caja chica para elecciones, otros sostienen que los líderes que mal dirigen la Sección 38 han desviado los recursos para otros fines, incluso se afirma que existe enriquecimiento ilícito en muchos casos.

Los trabajadores de la educación, derechohabientes de la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales y del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila han sido objeto de todo tipo de trapacerías, fraudes y engaños, su lucha por la vigencia de sus derechos es bien conocida por los coahuilenses.

Ahora que se ha hecho pública la orden de aprehensión en contra del líder magisterial de la Sección 5 del SNTE en Coahuila, por presunto desfalco al Fondo de Ahorro que ascendería a la “módica” suma de 60 millones de pesos, puede verse una luz al final del túnel.

Son públicas las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior del Estado, ya que el propio auditor superior, Armando Plata Sandoval, indicó la problemática de carencia de recursos que enfrentan el fondo de pensiones, el servicio médico, el fondo de la vivienda y el seguro para los trabajadores de la educación: “Derivado de la revisión de las cuentas públicas de los mencionados organismos correspondientes al ejercicio 2015, se advirtió un total de 679.3 millones de pesos en observaciones realizadas por esta Auditoría Superior del Estado”.

Algunas de las observaciones de ese año reflejan la pésima y parcial administración de los dirigentes de la Sección 38 en la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre): otorgamiento de Estímulo de Antigüedad a empleados que no cumplen con los requisitos en base a la normatividad. Pagos fuera de nómina no comprobados. Préstamos otorgados a mediano plazo no contemplados en la Ley. Recientemente la ASE denunció un desfalco de mil 300 millones de pesos en 2016 y 2018, pero los denunciantes de la Coalición de los Trabajadores de la Educación aducen que el desfalco es mucho más alto.

La CTE lo ha intentado todo, movilizaciones y denuncias ante la CNDH, la que admitió la queja de acción de inconstitucionalidad y la remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dictaminó a favor de los trabajadores de la Coalición, en su sentencia declaró: “El artículo 51 de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza deja en estado de indefensión a los trabajadores y vulnera el principio de solidaridad que impera en materia de seguridad social, al no garantizar el goce de las prestaciones que prevé, pues reenvía al patrón la responsabilidad que tiene el Estado de satisfacerlas, máxime que puede suceder que los patrones desaparezcan o carezcan de recursos suficiente...”. 

Igual determinó que los artículos 52 y 53 de la citada legislación violan el artículo 123, apartado B, fracción XI de la Constitución Federal, pero el Gobierno del Estado y los dirigentes de la Sección 38 pusieron oídos sordos a los ordenamientos de la SCJN.

El Congreso de la Unión emitió varios Puntos de Acuerdo, de las Comisiones de Derechos Humanos, exhortando a las autoridades competentes del Estado de Coahuila a fin de que atendiera la situación de los trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, pero fueron como llamados a misa (12/07/2016).

Rosa Esther Beltrán Enríquez

Horizonte Ciudadano