Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', Gobernador de Nuevo León / Foto: Especial
Avalaron un incremento de 144% para su “jubilación”

Monterrey, Nuevo León.- Después de que la Secretaría de Administración del estado determinó reservar el expediente de María Teresa Martínez, suegra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón por formar parte de una investigación judicial, representantes de organismos ciudadanos presentaron un recurso de revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.

Lo anterior fue dado a conocer por Gilberto Marcos, de Vertebra; Liliana Flores Benavides, del Colectivo Nosotros y Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder.

Los activistas señalaron que la reserva de la información no está justificada y que están interpretando la ley de forma dolosa.

“Están retrasando dolosamente la información”, aseguró Ramos.

La solicitud de acceso a la información fue presentada el 9 de julio y se pidieron datos que permitieran comprobar la movilidad salarial y el cargo de la suegra del jefe del ejecutivo estatal.

Presuntamente, Martínez desempeñaba un cargo en la Secretaría de Seguridad Pública del estado y en los últimos meses recibió un incremento de un 144 por ciento con lo que se disparó su pensión a cerca de 30 mil pesos.

“La Secretaría de Administración ya había dado muestras de que no está dispuesta a cumplir la Ley de Transparencia”, dijeron.

Mencionaron que vieron no había disposición desde que negaron la información de la empleada alegando que ya era pensionada.

Insistieron en que la Secretaría de Administración ha insistido en reservar toda la información de la mamá de la esposa del mandatario estatal.

Ramos añadió que no quieren entregar la información porque según es parte de una investigación judicial, sin embargo no han entregado ni un solo documento a la Fiscalía Anticorrupción.

“Javier Garza y Garza, Fiscal Anticorrupción, dio a conocer que ya fueron acreedores de multas por retrasar a ellos información”, expusieron los representantes de los organismos ciudadanos.

Ramos citó que por ser un caso de corrupción no puede ser clasificado.

“Podemos presumir que están haciendo tiempo para armar expedientes laborales que no tienen. Valga recordar que fue en esa misma dependencia  (que antes era subsecretaria) donde ocurrió el caso de corrupción de las cobijas”, recordaron.