Elevan a rango constitucional protección a periodistas de Coahuila

Debido a la incidencia de asesinatos a periodistas en el país, el Congreso de Coahuila aprobó una reforma a la Constitución Política del Estado para obligar al gobierno estatal a garantizar la protección a todas las personas que ejercen el periodismo en la entidad, sin importar si están en una situación de riesgo o no. El decreto tendrá que ser ratificado por los municipios.

Los diputados locales aprobaron una modificación al artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, a raíz de una iniciativa presentada por la diputada María Eugenia Cázares Martínez, quien aseguró que en Coahuila los periodistas deben de tener una protección completa por parte de las autoridades.

“Encontramos que en el ámbito internacional países como Colombia, Guatemala y Paraguay, consagran en sus constituciones disposiciones que persiguen esta misma finalidad, lo que nos lleva a concluir que la comunidad internacional ha detectado la necesidad de legislar sobre el tema”, concluyó en su dictamen la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Con la reforma aprobada, el gobierno estatal estará obligado a proteger y garantizar el ejercicio del periodismo, mientras que las personas profesionales de la información, gozarán de todos los derechos y salvaguardas establecidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes aplicables conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

“Buscamos que los periodistas de Coahuila no sean vetados, acosados, acechados, que tengan una libertad de expresión total y absoluta, lo celebramos, estamos a favor de la libertad de expresión, que no haya de ningún gobernante una posibilidad mínima de acotar o parar lo que hacen de manera profesional”, señaló Cázares Martínez, autora de la iniciativa.

Al elevar a rango constitucional la protección a los periodistas de Coahuila, la legisladora local aseguró que en caso de que el gobierno estatal no cumpla, los periodistas tendrán elementos para demandarlo.

“Lo importante es que la protección no solo se acota al momento en que los periodistas estén en riesgo por un caso específico, sino que en todo momento el estado tiene esa obligación, tienen que poner las medidas para que así suceda”, explicó.

Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen tendrá que ser ratificado por la mayoría de los Ayuntamientos de Coahuila para que se pueda publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y entre en vigor.