Lo que debe haber de fondo es la voluntad de las autoridades para atender y brindar la información adecuada a quien la solicitó

Las acciones de transparencia, en un sistema democrático, intentan evitar las posiciones de poder que resultan de poseer información frente a otros que no la poseen. Cuando estas acciones se dirigen a cualquier persona física o moral que recibe o ejerce recursos públicos como indica la ley general en la materia, disminuyen la opacidad y la posibilidad de corrupción. Es así que se ha buscado que en la burocracia eliminemos cualquier predisposición a reservar los datos, y por el contrario, los ofrezcamos a la sociedad como parte de su empoderamiento y de una forma de trabajo natural de las autoridades para mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de las labores.

Una característica que debe acompasar esta voluntad de cambio es el uso de datos abiertos, es decir, de información presentada bajo una serie de parámetros que facilitan a cualquier interesado la utilización, reprocesamiento y redistribución de la misma. Aunque falta muchísimo por hacer, algunas entidades y organismos públicos han ido incorporando estas características en sus archivos, alejándose así de, por ejemplo, la entrega de datos en formato PDF, que poco permite la consulta interactiva, provocando frustración en el usuario. En este sentido México ocupó en 2016 el lugar 16 de 173 países evaluados (la posición 3 si se dejan fuera las naciones europeas) en cuanto a la apertura de la información estadística oficial que permite ayudar detectar áreas de oportunidad, mejorar el diálogo con la sociedad y generar políticas públicas, de acuerdo con los resultados del Open Data Inventory. Esa es una buena noticia porque, al fin y al cabo, la estadística oficial debe ser vista como un bien público.

No obstante, un caso que tuve oportunidad de revisar recientemente permite ilustrar cómo la entrega de la información y la utilización de datos abiertos no bastan: se debe hacer un esfuerzo adicional por ayudar a comprender lo presentado. Eso pertenece en parte a los ejercicios llamados de transparencia proactiva, en la cual se liberan datos, sí, pero incluso en presentaciones que resulten útiles y claras para la ciudadanía. Ejemplos de ello son las plataformas Comisiones abiertas y de Transparencia en Publicidad Oficial que utiliza el Inai. Pero digo solo en parte porque lo que debe haber de fondo es la voluntad de las autoridades para atender y brindar la información adecuada a quien la solicitó.

El caso es el de una persona que pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la relación de los 20 municipios más endeudados del país, incluyendo el monto y la fecha de registro de deuda ante la dependencia. En respuesta la SHCP dirigió al solicitante a un vínculo en el cual se encuentra una base de datos donde se puede consultar la información. Sin embargo, el interesado recurrió la respuesta, ya que lo entregado le pareció confuso. Y ese es el punto en cuestión, la SHCP hizo bien en remitir a una información disponible en formato de datos abiertos, pero omitió señalar cómo realizar la consulta en la base de datos, de tal manera que se dé respuesta a la solicitud de información del interesado. Incluso, debería haber indicado si la base permite conocer el detalle de los municipios o delegaciones más endeudados.

Los datos abiertos sirven para la administración, la planeación, la investigación, la comunicación y la promoción de derechos, pero no debemos perder de vista que la información por sí misma no es lo que permite todo lo anterior, sino su posibilidad de uso y relevancia. Cuando una instancia no acompaña al solicitante lo suficiente, cuando solo remite a documentos en los que el interesado podría encontrar lo que busca, equivale a señalar un pajar en lugar de entregar la aguja.

El asunto no es menor. Parte del futuro de la relación entre la ciudadanía y las autoridades estará determinado por el vínculo de confianza que se haya logrado crear a través de la disponibilidad y facilidad de uso de la información existente. Así que es menester ir más allá, entender que el servicio no se agota con la oferta del servicio, sino con la satisfacción de quien lo requiere.

Comisionada presidente del Inai
Twitter: @XimenaPuente