La recurrente mención en este espacio a la inoperante Ley de Fomento a la lectura y el Libro del Estado de Coahuila, aprobada por la legislatura local hace ya una década, motivó diversas reacciones de algunos de los actores implicados en su iniciativa original. La noticia es: dicha ley sí existe. Entonces ¿Por qué no opera?

Lo que ya se sabe: un equipo de personas preocupadas por el tema impulsaron ante la legislatura local una Ley de Fomento a la lectura y el Libro, que entre muchas de sus atribuciones proponía una Ley de depósito legal para garantizar en nuestro estado la conformación de un patrimonio bibliográfico solvente. Pero ¿Por qué una iniciativa de tal importancia se limitó a enunciarse  así, en vez de convocar una discusión pública entre sus principales actores: autores, editores, libreros, bibliógrafos, académicos? Un proyecto de esta naturaleza quizá hubiera tenido otros alcances de haberse cocinado al calor de un verdadero debate plural, y no desde la opaca gestoría de un puñado de entusiastas. Se ignoró una apabullante obviedad: el libro, más si es editado con fondos públicos -en una universidad, secretaría, instituto, archivo o coordinación- es un patrimonio que nos compete a todos. Lo más curioso, aún al día de hoy, es que prácticamente nadie sabía de la existencia de dicha ley, mucho menos de su aprobación y publicación. Como muchas -Ley de cultura, consejo ciudadano de cultura, comités editoriales- ésta había quedado sepultada entre el asfalto de  los discursos, las fotos para el boletín y las buenas intenciones.

La extinta biblioteca central, supuesto centro de acopio del depósito legal.

Contradicciones

Haciendo  una revisión, pareciera que en la década subsiguiente no sólo se ignoró, sino que se tomó al pie de la letra, justo para hacer -al menos en lo que compete a políticas públicas- justamente lo contrario. Para muestra, algunos aspectos de sus artículos tomados al azar:

En el inciso dos de su primer artículo, se propone  “Impulsar la producción, edición, publicación y difusión de libros y hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el Estado para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector” mientras se cerraban bibliotecas y librerías.

Del mismo apartado, el punto seis planteaba “Registrar, enriquecer y preservar el acervo bibliográfico del Estado mediante el depósito legal, así como promover su difusión”, algo que sobra decir, nunca ocurrió. Hay momentos en que el asunto toma dimensiones kafkianas:

Ley del libro, una ley inservible.

Mientras el segundo proponía “El fomento a la lectura y el libro se establece en el marco de las garantías constitucionales de educación, acceso a la cultura, libre manifestación de ideas, la inviolable libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y al libro a toda la población” y que “Ninguna autoridad en el Estado podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la creación, edición, producción, distribución, promoción o difusión de libros y de las publicaciones periódicas” ocurría el cierre de Educal y el doble desfalco a la librería y biblioteca del IMCS en los últimos tres años por una misma administración.

Y así, podríamos irnos artículo por artículo para recontar una larga lista de irresponsabilidades, omisiones y vacíos. Las subsiguientes reformas -2015 y 2021- tampoco garantizaron su operatividad en lo esencial. Por ejemplo, el mandato de crear un Consejo de Fomento a la lectura y el libro, que estaría conformado por autoridades de la Secretaría de Educación, Cultura estatal y municipal. Este surrealismo burocrático alcanza dimensiones épicas, cuando para el tema del Depósito legal, el capítulo VII dispone que “La Biblioteca Pública Central Estatal Prof. Ildefonso Villarello Vélez, ubicada en la Capital del Estado, será considerada Biblioteca Depositaria y tendrá bajo su guarda, custodia y preservación el material que reciban en Depósito Legal, poniéndolo a disposición de la ciudadanía para su consulta”, una biblioteca pública que ya todos lo sabemos, fue cerrada y desaparecida desde el año 2017.

Quedan entonces muchas dudas ¿Por qué si esta Ley fue aprobada después de tantos esfuerzos, no se difundió como debiera ni mucho menos se aplicó con la seriedad requerida? ¿A quién le toca asegurarse que se lleve a cabo?  ¿A la Secretaría de Cultura de Ana Sofía Camil? ¿A la Secretaría de Educación, de Higinio González? ¿A la Red de Bibliotecas, de Alfonso Vázquez? ¿Al Consejo Editorial, de Javier  Fuentes? Digo, hace años hasta andaban proponiendo un Instituto del Libro. Es decir, a seguir engrosando la burocracia cultural con toneladas de buenas intenciones.

Es tiempo ya de que nuestras Leyes de cultura dejen de ser formas de simulación.

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