La ASF confirmó que el Gobierno de Coahuila no realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios

Hace poco más de un año –en noviembre de 2017–, el entonces presidente municipal de Saltillo, Isidro López Villarreal, hizo público un reclamo al Gobierno del Estado: la “retención” irregular de 136 millones de pesos que debieron entregarse al ayuntamiento que él presidía, pero que le fueron escamoteados por la Secretaría de Finanzas.

Poco después de hacer público el reclamo, López Villarreal aseguró, mediante de un video difundido a través de redes sociales, haber recibido amenazas del entonces gobernador Rubén Moreira –quien en ese momento agotaba las últimas horas de su mandato– a través de una llamada telefónica. Las amenazas, a decir del alcalde saltillense, habrían sido generadas por el reclamo de que le fueran entregadas las participaciones faltantes.

El episodio generó una burbuja mediática que concluyó unas semanas después, con el reconocimiento de la nueva administración estatal, encabezada por Miguel Ángel Riquelme, del adeudo de participaciones que se tenía con el Gobierno de Saltillo.

Hoy, la Auditoría Superior de la Federación ha confirmado de manera oficial la especie, a través del informe final de la Cuenta Pública 2017 que, en el apartado de transferencias a municipios, señala de manera puntual que “el Gobierno del Estado de Coahuila no realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa”.

Varias cifras resulta importante destacar en este sentido:
La primera de ellas tiene que ver con los rendimientos financieros que el Gobierno de Coahuila habría obtenido durante el tiempo que “retuvo” las participaciones a municipios y que incluirían a otras administraciones, además de la de Saltillo: casi ocho millones de pesos.

La segunda es la relativa a un concepto más o menos oscuro: las presuntas “aportaciones” que habrían realizado los municipios, con cargo a sus participaciones, bajo el rubro “obras y programas DIF 2017” y que implica poco más de 16 millones de pesos.

Finalmente está la “recuperación” de casi 280 millones de pesos que, debido a la “falta de claridad en su manejo”, debieron ser devueltos por la administración estatal a las arcas federales.

Las preguntas resultan obligadas: ¿constituye o no una irregularidad la “retención” indebida de las participaciones municipales? Y si la respuesta es afirmativa, ¿de qué tipo de irregularidad estamos hablando? ¿Quiénes son los presuntos responsables de la misma? ¿Qué tipo de acciones resultaría obligado emprender ante los hechos?

Porque hoy, en términos estrictos, la denuncia realizada por Isidro López ha quedado probada. Y si el dinero que la Federación transfirió a los municipios, a través de la Secretaría de Finanzas, no llegó a su destino, eso tendría que dar lugar al inicio de procedimientos sancionatorios.

Cabría esperar claridad al respecto y no, como suele ocurrir, que surja una “cortina de humo” cuyo propósito sea garantizar impunidad a quienes tomaron estas decisiones en el pasado reciente.