Tribunal Supremo de EU rechaza derogar la pena de muerte en todo el país

El Tribunal Supremo de EU rechazó derogar la pena de muerte en todo el país al decidir que no debía considerar el caso planteado por una presa de Pensilvania, que argumenta que la pena capital es inconstitucional por ser un castigo "cruel".

"Revisión denegada", dictaminaron los nueve jueces de la máxima instancia judicial del país en una breve notificación judicial, en la que no explicaron por qué han rechazado la petición de la rea Shonda Walter, mujer afroamericana condenada a muerte por matar a un hombre de 83 años en 2003.

Walter, la última mujer en el corredor de la muerte en Pensilvania, argumentó que la Octava Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, por la que se prohíben los "castigos inusuales o crueles", contradice la pena de muerte, reinstaurada por el propio Tribunal Supremo en 1976.

"Su caso ejemplifica lo que es incorrecto con la pena de muerte", defendió su abogado, Daniel Silverman, en la petición al Alto Tribunal.

Según el letrado, el proceso contra Walter ha estado plagado de "discriminaciones raciales" por su color de piel, ha fallado al no haber limitado la pena de muerte a los "infractores más graves" y, sobre todo, ha sido "arbitrario" porque no ha permitido que sus recursos progresen a pesar de haber cumplido 10 años en aislamiento.

"Este caso se ha movido a través de un sistema eclipsado por los retrasos interminables, arbitrarios y discriminatorios, y por la conclusión ineludible de que ahora, con demasiada frecuencia, nos equivocamos (al aplicar la pena de muerte) de una forma que ningún tribunal puede atenuar", argumentó el letrado.

Con su petición, el abogado trató de aprovechar el hueco que abrió en junio del año pasado el juez progresista Stephen Breyer, quien con el apoyo de la magistrada Ruth Ginsburg pidió al Tribunal Supremo que celebre una sesión específica para discutir "si la pena de muerte viola la Constitución".

En ese momento, en junio de 2015, la máxima instancia judicial del país avaló el uso de un polémico sedante en las inyecciones letales, lo que supuso un respiro para los defensores de la pena de muerte.

No obstante, al no resolver el asunto, los jueces abrieron un debate a largo plazo sobre la constitucionalidad de este castigo, que sigue aplicándose en 31 de los 50 estados del país y que despierta el apoyo del 61 % de los estadounidenses, según datos de octubre de 2015 de la consultora Gallup.