Mañana, 13 de abril, se conmemora el primer aniversario de que el gremio magisterial de la Sección 38 decidió gritar “¡Ya basta!”, y más de 600 docentes en activo, jubilados y pensionados de las universidades públicas del estado, de la UAAAN, de la UAdeC y de la propia Sección 38, en una manifestación de repudio a la administración del Ejecutivo Estatal, decidieron instalarse en un plantón permanente en la Plaza de Armas de Saltillo y la Plaza Mayor de Torreón para exigir al gobernador Rubén Moreira que se modificara la nueva Ley de Pensiones, aprobada el 22 de diciembre de 2016, que resulta lesiva a sus derechos humanos de los trabajadores.

Se demandaba también que terminara el desabasto de medicamentos de las farmacias magisteriales, así como la falta de equipo en las clínicas del gremio; otra de de las demandas muy importes era que se realizaran auditorías para aclarar los desfalcos de que han sido objeto la Dirección de Pensiones (Dipetre) y el resto de las instituciones sindicales del gremio, porque en los últimos dos sexenios el patrimonio de las aportaciones de los maestros se ha ido “agotando” por irregularidades administrativas, malos manejos y desvío de fondos, en complicidad con el Gobierno Estatal, los dirigentes de la sección 38 y los rectores universitaritos.

Los derechohabientes de los servicios médicos tienen muy claro que los causantes del quebranto económico han sido los dirigentes sindicales de la Sección 38 y los Gobiernos de los hermanos Moreira, ya que la deuda que el Gobierno ha acumulado hacia el servicio médico y el sistema de pensiones asciende a más de 700 millones de pesos.

El Ejecutivo Estatal accedió a dialogar con los dirigentes de la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila casi tres semanas después de iniciado el plantón permanente. Después de seis encuentros de los representes de la Coalición con el Gobernador, los funcionarios del gabinete, Ismael Ramos, Carlos Cabello, Sandra Rodríguez Wong, los rectores de la UAAAN y la UAdeC y los líderes de la Sección 38, por fin se llegó a varios acuerdos.

Los compromisos más importantes fueron: se convocaría a licitación pública conforme a la Ley de Adquisiciones para el abasto de medicamentos; se instalaría un módulo de entrega inmediata de medicinas para las enfermedades crónico-degenerativas en la Clínica de Saltillo y la de Torreón, quedando pendientes las clínicas de la Región Centro, de la Carbonífera y la de Piedras Negras, en estas regiones se resolvería la entrega inmediata de medicinas con un procedimiento emergente de escaneo de recetas que se comunicará al proveedor, Farmacias del Rosario, que hará el envío de medicinas en un máximo de 48 horas.

La Secretaria Finanzas elaboraría un proceso de reingeniería del Servicio Médico; se proporcionaría servicio médico los sábados y domingos; se crearía un observatorio ciudadano o testigo social. Se establecería un calendario de diálogos con el Gobernador y todos los actuales participantes en los encuentros para dar seguimiento a los compromisos contraídos; se revisaría las leyes de Pensiones y del Servicio Médico a fin de consensuar su reforma. Los compromisos fueron firmados ante el notario público José de Jesús Reyes Moreno.  

La comedia armada por el Gobierno Estatal y sus testaferros del gabinete fue eficaz, el engaño bien ideado. El abasto de medicamentos funcionó a medias por algunos meses, las auditorías y derogación de las leyes lesivas a los agremiados no se tocaron. La clínica magisterial sigue devastada, es un instrumento de shock para los más de 50 mil derechohabientes.