Coecyt malgasta el dinero de las multas electorales

En 2017, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) firmaron un convenio en el que se establece que el Coecyt se quedaría con los recursos de las multas a partidos políticos con la finalidad de que los ocuparan, principalmente, “en programas y actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Estado”, pero de los más de 130 millones que han recibido desde entonces, hay proyectos que están lejos de cumplir con este objetivo.

En estas cuentas hay gastos de millones en proyectos que, para especialistas consultados, no son pertinentes y no se justifican porque no atienden el propósito establecido en el convenio original, de acuerdo con un análisis hecho a la información entregada vía transparencia.

Una muestra es el lanzamiento del distintivo “Marca Coahuila”, básicamente un sello que tiene como finalidad impulsar el desarrollo, innovación y fortalecimiento de los productos obtenidos y fabricados en el Estado. También se ha destinado el recurso en planeaciones y diagnósticos que se repiten en diferentes administraciones como el proyecto de parques tecnológicos; la publicación de libros conmemorativos o la creación de una escultura, e incluso proyectos que podrían encuadrarse en un desvío de recursos de acuerdo con el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al usarse el dinero en conceptos que no tienen nada que ver con el ámbito de ciencia y tecnología.

Uno de los desembolsos más altos es el de 16 millones de pesos en un proyecto de parques tecnológicos que lleva cuatro años y medio sin que se haya concretado alguna empresa; foros virtuales de medio millón de pesos; libros conmemorativos de más de 300 mil y 600 mil pesos; cursos de TOEFL que costaron 564 mil pesos y que no sirvieron, de acuerdo a lo expresado por los consejeros en la minuta del 29 de octubre de 2018, o el pago de 100 mil pesos para guardar información en USBs.

Semanario - Border Hub revisó 33 minutas de trabajo publicadas por el Coecyt en su apartado de transparencia desde el 2017 hasta enero de 2023 y en todos los casos ha sido su propio director, Mario Valdés Garza, quien ha puesto sobre la mesa las propuestas de proyectos.

En entrevista, Valdés Garza aseguró que, aunque las propuestas salen de su oficina, todos los proyectos son autorizados por la Junta del Consejo y “no puede sacar un peso sin la autorización de este organismo”.

La Junta del Consejo la conforman instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el Centro de Investigación en Química Aplicada, A.C. (CIQA), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N (CINVESTAV) y Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A de C.V. (COMIMSA). Todas han aprobado cada uno de los proyectos sin chistar.

Luis Fernando Gallardo, presidente ejecutivo del Instituto Mexicano de Tecnologías de Información y Comunicación (IMTIC), opinó que en este listado se encuentran varios proyectos que, en algunos casos, no impactan de manera real en beneficios sociales o educativos, sino “simple y llanamente” son para justificar en qué se gastó el dinero.

Un ejemplo de esto es el proyecto para el concurso del diseño de una escultura de concreto armado que se colocó en el Centro de Cultura Científica, donde primero se propuso un pago de 500 mil pesos, pero después se dijo que el costo sería mayor y se decidió ampliarlo a un millón de pesos, según las minutas y los datos entregados por transparencia.

También la compra de persianas o el pago de cuatro millones de pesos en insumos médicos para la pandemia, que, en el estricto apego al convenio, no cumple con el propósito de fomento a la ciencia y tecnología y se podría considerar como un desvío de recursos; además de que no se firmó ningún convenio que permitiera redirigir el recurso.

Semanario realizó más de 20 solicitudes de transparencia para conocer los contratos, facturas, informes de resultados o entregables de la mayoría de los proyectos financiados con el dinero de las multas electorales.

Los entregables están ahí: simples machotes de hojas en PDF como el proyecto “Estrategia y Plan Estatal para la Apropiación Social de la Ciencia, La Tecnología y la Innovación”, que costó 3.5 millones de pesos, y en donde se le preguntó a una muestra de personas, entre otras cosas, el grado de desarrollo que considera tiene el estado en temas de ciencia, tecnología e innovación.

También está el proyecto de Foro de consulta 20/40 donde, al igual que en el proyecto anterior, se hizo una consulta a ocho sectores estratégicos para conocer la percepción y delinear acciones para el futuro en temas de ciencia y tecnología. Este trabajo, cuyo informe tiene faltas de ortografía, costó 200 mil pesos.

Sonia Villarreal, ex académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Laguna y especialista en tecnologías de la información, emprendimiento e incubación de empresas, criticó que sean sólo planeaciones sin llegar a la ejecución.

“Ya se ha hecho y vuelven a planear. Pónganse a chambear”, comentó.

Existen otros casos como el Proyecto desarrollo e implementación del distintivo “Marca Coahuila” que costó más de 800 mil pesos. Para este proyecto el Coecyt contrató a la Secretaría de Economía de Coahuila para realizar un trabajo que le beneficiaría a la misma Secretaría.

En este caso el proveedor, es decir, la Secretaría, no ha cumplido con los objetivos a pesar de que desde un inicio se finiquitó el convenio.

LA SIMULACIÓN: COECYT CONTRATA A SECRETARÍA DE ECONOMÍA

El 2 de septiembre de 2019, el Coecyt y la Secretaría de Economía de Coahuila firmaron un convenio donde el Consejo contrató a la Secretaría para el “Desarrollo e implementación del distintivo Marca Coahuila”.

Menos de un mes después de la firma del convenio, el Coecyt pagó 860 mil pesos a la Secretaría de Economía por desarrollar la protección industrial de la “Marca Coahuila”, la elaboración y registro de la norma que regule la licencia del uso de la misma, una plataforma digital para el registro y la difusión de la marca en el Estado.

Todas son tareas que, por sus propias facultades y obligaciones jurídicas establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría, ellos mismos están obligados a realizar.

El artículo 24 fracción V del Reglamento Interior establece que la Subsecretaría de Desarrollo Económico “ofrecerá orientación y apoyo en materia de propiedad industrial a las MIPyMES que les proporcione certidumbre jurídica en la utilización de signos distintivos”.

“Es una simulación más, es un ir y venir de documentos, que también tiene que ver con el ir y venir del dinero”, expone Miguel Ángel Ordaz, catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila y experto en administración pública.

Ese ir y venir de documentos y dinero se justificó simplemente con la firma de un convenio que obtuvo Semanario a través de la solicitud de información 050094800000923.

Entre los productos a entregar por parte de la Secretaría de Economía al Coecyt estaba la aprobación por parte del Instituto Mexicano de la Protección Industrial (IMPI) como marca de certificación de la “Marca Coahuila”, un trámite que cuesta 2 mil 813.77 pesos según la página del organismo.

También el “registro y publicación de la norma” para que la Secretaría otorgue la licencia de uso de la marca, que no es otra cosa que las especificaciones del distintivo y los pasos a seguir por parte de las empresas para el registro; una plataforma digital para el registro, un foro estatal de presentación y difusión, y la aprobación de licencia de uso de “Marca Coahuila” de al menos 500 empresas del Estado.

Sin embargo, a tres años y medio del proyecto, la Secretaría de Economía de Coahuila informó a través de la solicitud 050097600001223 que hay registro de 253 empresas, de las cuales se encuentran vigentes 150 con el distintivo de la marca, es decir que no ha cumplido con las expectativas establecidas en el convenio de 500 empresas.

Además, la Secretaría aún no cumple con la entrega del registro ante el IMPI, a pesar de que el Coecyt ya pagó los servicios establecidos en el contrato, de acuerdo con la factura obtenida vía solicitud de información.

CONVENIOS VENTAJOSOS

El Coecyt y la Secretaría de Economía han tenido que firmar tres convenios modificatorios. En el último se amplía el cumplimiento hasta el 30 de noviembre 2023, es decir que la Secretaría suma tres años y medio sin cumplir el compromiso y si llega a hacerlo, habría tardado cuatro años, cuando en un inicio el contrato estipulaba una vigencia de seis meses.

Lo anterior a pesar de que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público pide en su artículo 52 que los cambios no impliquen otorgar “condiciones más ventajosas” a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

Semanario preguntó al IMPI (solicitud 330017623000174) si existía un proceso de registro de la “Marca Coahuila”, y el IMPI confirmó que la Secretaría de Economía presentó la solicitud de Protección de signos distintivos el 4 de septiembre de 2019 con la marca y diseño que presume la Secretaría, sin embargo, se informó que la solicitud de la Secretaría fue “abandonada” y “no concluyó de manera favorable”.

PROVEEDORES BENEFICIADOS Y BIEN RELACIONADOS

Uno de los proyectos más oneroso financiado con recursos de las multas electorales, ha sido la construcción del Centro de Cultura Científica, el cual tardó más de dos años en concluir.

El contrato de este Centro fue obtenido a través de licitación por Constructora V V R, S.A de C.V, empresa creada por Virgilio Verduzco Rosán, quien fue hace 10 años Coordinador de Centros Históricos de Coahuila y ha estado ligado a la Junta de Protección y Conservación del Centro Histórico de Saltillo. En la empresa actualmente figuran sus hijos Virgilio, Eduardo y Jorge Verduzco Rosán González.

A esta empresa se le han pagado más de 24 millones de pesos. De igual forma, Orca Construcciones también aparece como proveedor en la construcción del Centro. Este proveedor recibió más de 9 millones de pesos.

En la primera sesión del Consejo en enero de este año, se informó que el proyecto del Centro de Cultura Científica ha “tenido dificultades” con la constructora (sin especificar cuál) que inició la obra “por lo que se está en proceso legal”.

Además, se solicitó una ampliación del presupuesto al proyecto de 1.8 millones de pesos para acondicionar el auditorio, la sala de exhibiciones y la sala de juntas, así como finiquitar la construcción.

Sin embargo, el director del Coecyt volvió a solicitar dinero de las multas, en esta ocasión 22 millones de pesos para la segunda fase del proyecto (serán cuatro fases). Esta fase contempla “la nave, el túnel de agua, una casa con arquitectura bioclimática, robots, agroindustria y laboratorios de enseñanza y aprendizaje”.

En segundo lugar está el Centro de Estudios Estratégicos para la Competitividad, SC., que ha recibido más de 16 millones de pesos por el proyecto de los parques tecnológicos.

Otra de las empresas más beneficiadas ha sido Núcleo Empresarial Tecnológico SA de CV, empresa a la que después de una licitación se le entregó 3 millones de pesos para la creación de una plataforma digital de ciencia, tecnología e innovación en el Estado, aunque en el contrato dice que se trata de un “Servicio multianual de desarrollo de sistema de información que integre capacidades y vocaciones alineados a los sectores estratégicos del estado y desarrollo del mapa de ruta para la instalación de los parques tecnológicos de Torreón y Saltillo”.

La misma empresa se encargó del proyecto Estrategia y plan estatal para la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, un diagnóstico para evaluar y cuantificar el nivel de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación y desarrollar, según el contrato, una plataforma de repositorio de proyectos. Por este proyecto le dieron 3 millones 456 mil 800 pesos.

Según el acta constitutiva de Núcleo Empresarial Tecnológico SA de CV, obtenida a través del Registro Público de Comercio (RPC), la empresa pertenece a María Elena Montesinos Ochoa y Alejandro Villarreal Montesinos, esposa e hijo de Horacio Villarreal Márquez, que trabajó en COMIMSA de 1991 a 2014.

COMIMSA es un centro público de investigación perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y que tiene voz dentro del Consejo del Coecyt.

Pero no es la única empresa que tiene relación con extrabajadores de COMIMSA. Ingeniería y Prototipos Industriales, S.A de C.V, fue la encargada del diseño y fabricación de caretas como parte de los recursos que destinó el Coecyt a la pandemia. Esta empresa, según el acta constitutiva, pertenece a Mario Francisco Trejo Aguirre y tiene como administrador único a Víctor Miguel Cano Rodríguez, ambos trabajaron en COMIMSA antes de crear la empresa.

Hay otros casos como el de Marek Consulting, SC., que realizó los Foros 20-40 para consultar a sectores sobre líneas de acción. También organizó la clausura de la Semana de Ciencia y Tecnología e Innovación. Lo que llama la atención es que su representante es María del Carmen Reyes García, misma persona que es representante de la asociación civil Mujeres Emprendedoras de La Laguna, la cual se encargó de hacer el libro Redes de Innovación Cooperativa en Coahuila, que costó 365 mil 800 pesos.

OTRA VEZ “INVIERTEN” EN RUTAS PARA PARQUES TECNOLÓGICOS

En la reunión del Consejo del 19 de julio de 2018, el entonces secretario de Educación, Higinio González Calderón, sugirió realizar un análisis de los pros y contras de los parques tecnológicos que se encuentran en Saltillo y Torreón. También se pidió revisar cuáles parques a nivel nacional habían tenido éxito y luego proceder a lo local.

Las sugerencias de González Calderón, plasmadas en la minuta de esa fecha, se leen atractivas si se tratara de más de una década atrás o si nunca se hubiera hecho lo que él planteó.

Desde 2007 el Banco Mundial y la empresa consultora A.T. Kearney situaron a Coahuila como el tercer lugar, a nivel nacional, con el potencial para desarrollar varios clústeres de tecnologías de la información, según está documentado en el informe de la Agencia de Innovación de Coahuila realizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como en los planes estatales de Desarrollo.

Pero a la fecha ningún clúster ha despuntado y se sigue gastando en estudios y proyectos como si no hubiera antecedentes y se descubriera lo que ya se ha dicho.

Con el dinero de las multas electorales el Coecyt ha destinado 16.4 millones de pesos en el proyecto de instalación de Parques Tecnológicos en Torreón y Saltillo.

Se han firmado tres contratos con el Centro de Estudios Estratégicos para la Competitividad, SC., a quien se le ha encomendado elaborar un “mapa de ruta” para la instalación de los parques en Torreón y Saltillo, un modelo de negocio, una base jurídica de los parques, manuales, guías operativas, desarrollos operativos, gestión triple hélice, programa de integración de un ecosistema, canasta de proyectos, instalación de al menos una empresa tractora, entre otros objetivos que vienen plasmados en los documentos.

El problema no es por lo que se está pagando, sino que este es un tema viejo en el estado y no es la primera vez que se diseñan estrategias muy similares a estas.

“Definitivamente están refriteando lo que se viene haciendo no desde el 2017, sino desde 2013, incluso 2006-2007 donde tanto Coahuila como en Durango, en el Parque Las Américas, se instalaron estos parques tecnológicos con otras empresas hindúes que venían a digitalizar y enseñar estas tecnologías”, recuerda Luis Fernando Gallardo, presidente ejecutivo del Instituto Mexicano de Tecnologías de Información y Comunicación.

Para el especialista, a quien se le leyeron los objetivos y entregables del proyecto, sigue siendo exactamente lo mismo que se ha hecho en otras ocasiones.

Sin embargo, Mario Valdés del Coecyt asegura que el modelo “es diferente a los que ya existen”.

“El gobierno nos pidió que se hiciera un proyecto para que los parques fueran administrados por empresarios, es un modelo diferente. No se requerirá mucha infraestructura, sólo se les destinará un espacio para que los empresarios tengan todo su modelo. Se buscó que fueran empresas tractoras, como Peñoles en Torreón y que esta empresa lleve proveedores para que le hagan desarrollos de innovación y tecnología con respecto a los proyectos que tiene la empresa”, explica.

PROYECTO CON ANTECEDENTES

Desde 2008 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el gobierno del Estado aprobaron el proyecto COAH-2008-C07-93588 apoyado con recursos del Fondo Mixto referente al “Plan Maestro del parque tecnológico de la región Laguna del estado de Coahuila” proyecto COAH-2008-C07-93588

Este proyecto fue la base para la construcción del actual Parque de Innovación Tecnológica de Torreón (PITT), el cual fue inaugurado ocho años después, en 2016. Actualmente el parque sigue sin albergar alguna empresa ni desarrollar ningún tipo de tecnología. Lo único que existe son las oficinas del Coecyt en la región donde trabajan menos de 10 personas.

Sonia Villarreal, ex académica del Tecnológico de Monterrey y experta en tecnologías de la información, fue la encargada de realizar el Plan Maestro del parque tecnológico, proyecto que realizó junto a Víctor Hernández, ingeniero químico y experto en tecnologías de la información.

Villarreal asegura que desde 2010, aproximadamente, entregaron el Plan Maestro que incluía un plan de negocios, un programa de urbanismo para el sector del parque, un estudio de investigación de benchmarking de todos los parques tecnológicos del mundo, los planos y diseños de un parque propio, los renders, inventario de universidades y estudios para proveer de talento.

Además, entrevistaron e hicieron la negociación para que empresas ancla (tractoras las llaman en el nuevo estudio) se instalaran en el parque como AT&T y Lufthansa, y entregaron un directorio con otras empresas que estaban dispuestas a venir al parque, inclusive con el nombre del proyecto (canasta de proyectos le llaman en el nuevo estudio). No pasó nada.

“Entregamos el proyecto y ahí terminó nuestra participación. Esperábamos ver nuestro proyecto ya operando. Dejamos muy avanzado y yo creo que ni lo leyeron. Moreira (Humberto Moreira, exgobernador) puso la maqueta en su oficina y a todo mundo lo presumía. Pero se guarda”, lamenta Sonia Villarreal.

“Nos quedamos esperando la ejecución para la próxima reencarnación”, bromea Víctor Hernández y considera que se van a encontrar muchas coincidencias entre el Plan Maestro entregado hace más de una década, y el actual proyecto financiado con el dinero de las multas electorales.

Y sí, de acuerdo con lo que refieren Villarreal y Hernández sobre lo realizado y los objetivos del actual contrato con el Centro de Estudios Estratégicos para la Competitividad, SC., hay similitudes como la creación de un modelo de negocios, la canasta de proyectos o la atracción de empresas como objetivo.

Entre los objetivos está la instalación de al menos una empresa tractora en Saltillo y Torreón, pero a pesar de que ya se pagaron las facturas, este compromiso contractual no se ha cumplido.

“En Saltillo se había platicado con Magna pero al final no se pudo concretar, por lo que se está trabajando para determinar el arranque en Saltillo”, expuso el director del Coecyt al Consejo según la minuta del 29 de octubre de 2020. A dos años y medio sigue sin concretarse el arranque.

Mientras que en Torreón se presume la instalación (anunciada por el gobernador el 18 de julio de 2022) de las oficinas de las empresas Epiroc y Mining Tag, especializadas en innovación y desarrollo de tecnología enfocada al sector minero.

Sin embargo, a ocho meses de tomarse la foto, las oficinas están vacías y nadie trabaja en ellas, según pudo constatar Semanario en varias visitas.

El director del Coecyt, Mario Valdés, reconoce que en Saltillo están retrasados, mientras justifica que en Torreón se trata “de un proceso” porque son empresas que vienen de fuera.

-¿Entonces qué se inauguró en julio en Torreón? -se le cuestionó.

-La apuesta de que las empresas se instalan, el compromiso.

Aunque Sonia Villarreal reconoce que es positivo refrescar lo que se hizo hace 10 años, también critica que el plan de negocio que hicieron se tiró a la basura.

“Veo mucho eso, muchos proyectos en libro, en carpeta, ¿y luego? Falta echar a andar negocios de base tecnológica”, dice.

El plan que realizó Villarreal costó un millón 750 mil pesos. El nuevo plan suma 16.4 millones de pesos y no ha terminado.

HACERLES LA CHAMBA A OTROS

En la sesión del 14 de abril de 2020, un mes después de desatarse la pandemia por el Covid-19 en México, el director del Coecyt, Mario Valdez Garza, presentó a los integrantes del Consejo una carta del secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal. En la carta, Bernal pedía al Coecyt el apoyo para colaborar con la donación de caretas e insumos médicos para empleados del sector salud.

¿Qué hizo el Consejo? Gastó 2 millones 47 mil 110.58 pesos en la fabricación de caretas, los cuales se le pagaron a la empresa Ingeniería y Prototipos Industriales S.A de C.V, y pagó un millón 935 mil 761.60 pesos para la compra de insumos médicos como batas y guantes a la empresa RGS Holding, S. de R.L. de C.V, ubicada en Mérida, Yucatán.

Esta acción se puede considerar como un desvío de recursos, pues de acuerdo con el artículo 54 de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas, “será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.

En el caso del Coecyt, no existe ningún fundamento jurídico, ni en la Ley estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, ni en el decreto de su creación ni en el Reglamento Interior, que la faculte a destinar recursos a temas de prevención de la salud.

Pero para el director Mario Valdés, fue “un tema muy especial” porque se vino un caos. Además, justifica, nuevamente, que lo autorizó la Junta directiva.

“Se le pidió autorización para el apoyo y se nos autorizó por la emergencia que teníamos. La pandemia nos causó y nos agarró desprevenidos y buscamos la forma de también apoyar”, comenta.

La diputada Mayra Valdés, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso estatal, justifica que el tema de la ‘megadeuda’ afecta a todas las áreas en cuanto a flujo y presupuesto, y considera que mientras no se aumente el gasto corriente con el recurso de las multas, es justificable que se haya dado recursos para la pandemia.

“Era trabaja con lo que tengas y saca de donde puedas”, argumenta la diputada. Dice que con la pandemia se tuvieron que reajustar los presupuestos y se dio prioridad al tema de salud.

Sin embargo, para el especialista en administración pública, Miguel Ángel Ordaz, no es justificable la entrega de recursos a la pandemia aun cuando fuera un tema de emergencia.

“Si el convenio establece para ciencia y tecnología y no señala para atención de enfermedades, se está desvirtuando el convenio y se violan los principios mismos en los que se fundamenta”, explica el experto.

Para el especialista en tecnologías, Luis Fernando Gallardo, suena incongruente que se le quite el poco recurso y lo considera “ocioso” como si con ese dinero se fuera a resolver el problema cuando se gastan millones en rubros como Comunicación Social.

Tanto este como el proyecto del distintivo “Marca Coahuila”, no son los únicos casos en que con el dinero de las multas electorales, el Coecyt decide hacerle proyectos a las dependencias.

En 2019 se firmó contrato con la UAdeC para realizar un plan para la “Diversificación sostenible del mercado del carbón”, en donde se entregó un banco de información de reservas disponibles, un plan para la operación de un complejo industrial por subproductos, un estudio de mercado, un plan de ingeniería para la construcción de la cadena de valor, una base de datos de las disposiciones legales y normativas aplicables en México en materia de seguridad ocupacional y ambiental, entre otros.

Algunos de estos entregables le corresponden también a la Secretaría de Economía estatal de acuerdo con su Reglamento Interior.

Por ejemplo, la fracción VIII y IX del artículo 26, establece que corresponde a la Subsecretaría de Promoción e Inversión “promover en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal, la generación de infraestructura geológico-minera básica del Estado, que permita conocer y planificar los recursos naturales del suelo y subsuelo; y promover y desarrollar la reactivación de la industria minera del Estado, en los municipios con mayores posibilidades, a través de programas de asesoría y gestión”.

En la fracción X establece como obligación, “crear y mantener actualizado un banco de información geológico-minera para ofrecer al inversionista un panorama técnico económico confiable del sector”.

Mientras que en la fracción XI obliga a “mantener actualizado el padrón de concesionarios mineros y su ubicación geográfica para impulsar áreas susceptibles de desarrollo”.

El especialista Luis Fernando Gallardo considera que es más fácil realizar convenios de colaboración, pues refiere que la mayoría se trata de información que está disponible en bases de datos abiertas del INEGI, Secretaría de Economía o Secretaría de Energía.

“En un momento dado es muy fácil justificar el entregable porque dicha información pues ahí está, simplemente hay que juntarla, ponerla en tu formato, entregarla y justificar los millones de pesos que se gastaron en esos estudios, entonces no veo nada complejo ni de fondo en ese tipo de proyectos”, critica.

PRESUPUESTO SIN RESULTADOS

Luis Fernando Gallardo, del Instituto Mexicano de Tecnologías de Información y Comunicación, no justifica ninguno de los proyectos a los que se ha destinado el dinero proveniente de las multas electorales porque argumenta que no tienen un impacto directo ni en la academia, ni en la educación, ni en la sociedad, ni en el área productiva.

“No hemos escuchado algo concreto de ‘estamos desarrollando tal tecnología en tal lenguaje de programación con tal infraestructura, con tal hardware’, no. Es pura paja. Diría Pepito: es la d’esta del d’este, o sea lo que le quieras poner eso va a ser”, comenta.

El director Mario Valdés asegura que se ha buscado con las secretarías proyectos que puedan resolver problemáticas de cada región.

A pesar de lo que refiere el director, el Coecyt destinó más de 600 mil pesos del dinero de las multas al libro conmemorativo del XXV aniversario del Coecyt, que realizó Integradora de Recursos Humanos TRN, S.A de C.V, una empresa fundada en Torreón, pero cuyo objeto social según el acta constitutiva, no tiene que ver con temas editoriales o de investigación, sino de actividades mercantiles, administración de edificios o prestación de servicios turísticos. A tres años y medio de haber iniciado, no se ha impreso el libro.

También destinó 365 mil pesos para el libro Redes de Innovación Cooperativa en Coahuila.

La justificación del director era que no existía un documento que le permitiera a las futuras generaciones y directivos, tener una memoria donde se diga lo que se ha hecho todo este tiempo y ver cuáles son los proyectos exitosos para que le den continuidad.

“Que quede como referente de lo que se ha hecho y que no llegue un nuevo director o administración y quiera empezar desde cero cuando hay mucho trabajo hecho”, argumenta el director.

El académico Miguel Ángel Ordaz explica que habría que cuestionar a la institución cuáles fueron los criterios para determinar que un libro o una escultura representan el fomento a la ciencia y tecnología, pues dice que serán justificables en la medida que generen un beneficio a la comunidad.

Luis Fernando Gallardo dice que es muy fácil hacerlo al revés: “tengo 100 millones para gastarme e invento los proyectos que justifiquen esos millones, sin saber si va a haber un objetivo”, dice.

La Constitución en su artículo 134 establece que los recursos económicos “se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

MENOS ROLLO Y MÁS ACCIÓN

La especialista Sonia Villarreal considera que el dinero de las multas a los partidos debería usarse en la creación de empresas de jóvenes emprendedores, fortalecer las que ya existen e incubar empresas de base tecnológica.

“Lo de libros y cosas de esas no, quisiera ver la economía fluyendo, empresas llegando, centros de desarrollo tecnológico [...] Lo que queremos es ver acción, hay mucho rollo. Hay proyectos que entregan y guardan”, asegura Villarreal.

Como el proyecto de evaluación y difusión de la calidad del aire, donde el Coecyt contrató al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para medir los metales pesados en el aire en ciertos municipios y zonas de Coahuila y a la Universidad Autónoma de Coahuila para desarrollar una aplicación web para comunicar en tiempo real la calidad del aire en el estado.

Los hallazgos hasta ahora son desconocidos por la población, pues la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila no tiene públicos los datos en su página y respondió a una solicitud de transparencia (050098700002923): “no contamos con ninguna aplicación web desarrollada por la Universidad Autónoma de Coahuila”.

Por ese motivo Villarreal pide que se dé continuidad a los proyectos y no se dejen morir.

David Castro Lugo, doctor en economía y profesor investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas y subdirector de investigación de la UAdeC, considera que se deben establecer cajones para el uso de los recursos provenientes de las multas: un porcentaje para el fortalecimiento de la infraestructura de esos centros a construir, otro a proyectos de financiamiento, otro porcentaje a becas, a veranos de investigación.

“Ir definiendo las prioridades y actividades”, dice. Considera que antes se deben identificar prioridades del estado en materia de investigación y tecnología.

“Es momento de hacer un parón y ver hacia dónde, qué queremos fortalecer, cuál es el modelo de desarrollo económico, y en ese sentido cómo deben contribuir las actividades científicas y tecnológicas”, comenta.

IEC, SIN POSIBILIDADES DE ACTUAR

Rodrigo Paredes Lozano, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), asegura que, a pesar de haber firmado un convenio, el Coecyt no tiene obligación de informarles en qué se destina el recurso.

Dice que los programas que tenga el Consejo son ajenos a la función electoral o supervisión del IEC. Por tal motivo, afirma que no es opción cancelar la entrega de recursos ante un posible mal uso.

“Hay una corresponsabilidad social de que estos recursos sean destinados a temas de desarrollo científico y tecnológico. Ya le correspondería a la Auditoría Superior del Estado (ASE) la verificación y buena aplicación de estos recursos”, comenta.

Sin embargo, la cláusula sexta del convenio establece que el IEC podrá dar por terminado anticipadamente el convenio cuando por causas justificadas, fundadas y motivadas, “se extinga la necesidad o se demuestre que de continuar el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al interés del IEC”.

Según el informe de seguimiento a los resultados de fiscalización 2022, la ASE mantiene investigaciones o procedimientos de denuncia a las cuentas públicas 2018 y 2019 del Coecyt. Actualmente hay 8 procedimientos o investigaciones.

Aunque en este informe no se especifican los motivos, en los informes de las auditorías se observa que el Coecyt no presenta la documentación que acredite que los excedentes derivados de ingresos de libre disposición, fueron destinados para los fines.