La planta de Fermachem, un megaproyecto de 20 mil millones de pesos que utilizará amoniaco en sus procesos promete empleo, soberanía alimentaria y seguridad en sus sistemas. Habitantes y especialistas cuestionan los riesgos ambientales, el consumo de agua y el posible impacto al Cañón de Fernández, un ecosistema clave para la sobrevivencia de los laguneros. ¿Vale la pena el riesgo?
Hace algunos días que Samuel Martínez Favela no venía para el río. Me trae esta tarde para captar algunas imágenes del último tramo de río vivo que tiene la región Laguna de Durango y Coahuila. Es lunes y en la ribera se miran visitantes que acampan y disfrutan de una tarde calurosa. Los únicos ruidos son los de algunas aves que no alcanzo a distinguir. El sonido de la corriente, adormecida, es apenas perceptible. En el pequeño tramo que alcanzamos a recorrer, miro enormes sabinos que tienen cientos de años.
“Conozco bien el lugar. No queremos que se acabe esto, que vayan a destruir nuestro ecosistema”, suelta Samuel Martínez Favela, 41 años, nacido y crecido en Sapioriz, Durango, un poblado de cerca de 2 mil habitantes que pertenece al municipio de Lerdo, y el cual ha estado a últimas fechas en el reflector debido al anuncio de instalación de Fermachem, una planta de fertilizantes nitrogenados.
No está lejos. La distancia entre el poblado de Sapioriz y el lugar donde se puso la primera piedra el 8 de junio de 2026, es de entre 4 y 5 kilómetros. Menos de 10 minutos conduciendo en automóvil. Esto a pesar de que en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) se refiere que “el sitio fue elegido por su falta de poblados cercanos”.
Sapioriz está a la puerta del Cañón de Fernández, un Área Natural Protegida y sitio Ramsar (Humedales de Importancia Internacional). Es un ecosistema en donde conviven tres ambientes: el río, el bosque de galería y el desierto.
“Seremos de los primeros perjudicados. Estamos muy cerca de donde quieren poner la planta”, se queja en otro momento, Ofelia Elizalde García, una septuagenaria de Sapioriz.
De niña Ofelia caminó por el Cañón de Fernández. Caminaba por leña, caminaba para pescar junto a su mamá. Caminaba para jugar.
“Amamos nuestro río, nuestro Cañón. Queremos mucho al río”, insiste con ese tono de quien recuerda con nostalgia otros tiempos.
Para habitantes como Samuel, Ofelia y muchos más, el Cañón de Fernández está amenazado por la instalación de la planta Fermachem, un megaproyecto de 20 mil millones de pesos que producirá 200 mil toneladas al año de amoniaco que se utilizarán como materia prima para generar un millón de toneladas de urea al año.
Se trata de un proyecto, asegura Octavio Berrón, director general de Fermaca Global en entrevista para SEMANARIO, que tiene un riesgo como toda actividad industrial, pero que lo responsable es “identificarlo, evaluarlo, mitigarlo y controlarlo”. Y eso, asegura, es lo que están haciendo.
Fermaca Global llegó luego de que la empresa Tarafert dejara abandonado el proyecto y este fuera ofrecido por el gobernador Esteban Villegas. Su director, Octavo Berrón, reconoce que eligieron esta zona porque tiene condiciones de agua, gas y logística que lo hacen viable.
“El gasoducto de nuestra empresa hermana en esencia pasa a muy poca distancia y pues representa una muy buena ventaja el poder contar con ese insumo. Segundo, porque existe agua suficiente sin distraer el consumo humano, sin extraer agua del acuífero, sin tomar agua del Río Nazas. Será agua 100% tratada que hoy produce una planta de tratamiento de aguas que existe y que hoy tiene un superávit. Todas esas condiciones aunadas a condiciones logísticas para el ingreso y la salida del producto final hacen de este un sitio idóneo para poder llevar a cabo la instalación que pretendemos hacer”, expresa.
DE LA ILUSIÓN AL RECHAZO
El rechazo a la planta no siempre existió. Hace años -unos seis años, coincide la mayoría- los lugareños se enteraron de la venta de predios del ejido. Les dijeron que se instalaría una planta de fertilizantes orgánicos.
Samuel Martínez Favela recuerda que la gente andaba contenta porque habría generación de empleo para la comunidad, un territorio rural que ha sido empobrecido, señala Vanessa García Blanca, activista con organizaciones de pueblos originarios y quien trabajó cuatro años en la promoción del canto Cardenche que tiene sus raíces en este rincón de la Comarca.
Sapioriz es un territorio rural del municipio de Lerdo, sumido en el olvido y la pobreza. Apenas una calle del ejido está pavimentada. No cuenta con todos los servicios básicos y la gente se queja que el alumbrado falla constantemente.
Este empobrecimiento ha sido causado por el cambio de régimen de propiedad de las tierras ejidales desde la modificación al artículo 27 constitucional, en el que los campesinos comenzaron a vender los predios que décadas atrás les repartieron. Actualmente muchos ejidatarios han vendido o rentado sus tierras a agroindustriales que cultivan forrajes para alimentar la cuenca lechera más importante del país.
Fue así como ahora la empresa Fermaca Global posee las tierras que antes eran del ejido.
“La mayor parte de la comunidad nos enteramos en un principio que los ejidatarios habían vendido algunos terrenos allá para arriba. Que iban a poner unas fábricas. Nunca tuvieron la molestia de hacer una plática, una asamblea. Como pasó mucho y no hacían nada, ahí quedó. Nadie nos dijo al riesgo al que estábamos expuestos”, dice ahora Ofelia Elizalde García.
En un inicio, cuando les aseguraron que se instalaría una planta de fertilizantes orgánicos, María de los Ángeles Chavarría Mora pensó inclusive en que iría a venderle gorditas a los trabajadores.
“Pero ya salió lo que iba a contener y no. Como nativa de Sapioriz estoy en contra”, comenta la señora en un rincón de su casa.
Para los lugareños, que suelen viajar todas las mañanas para llegar a alguna maquila de la región y no tienen la posibilidad del autoconsumo, pensar en una fábrica que daría empleo era sinónimo de alegría. Después vino la noticia: se trataba de una empresa que usaría amoniaco en sus procesos.
“Sí nos dio preocupación cuando empezó a difundirse el impacto ambiental”, recuerda Samuel Martínez Favela.
Para la activista Vanessa García Blanca no es casualidad que hace años hayan llegado a difundir la idea de que se iba instalar una empresa de fertilizantes orgánicos, o que primero hayan realizado un evento de anuncio de la obra, antes de socializar el tema. Para la activista se trata de imponer un megaproyecto.
“Es una imposición, porque la idea es no llevarles información, no es preparar el terreno con la gente, no haberlos incorporado en la toma de decisiones. Les llegó como balde de agua fría y es cuando generan estas opiniones”, comenta.
Explica que la estrategia de gobiernos y empresa es crear un escenario de incertidumbre, de desinformación, de división de opiniones, justamente para que la gente no esté articulada a la hora de que se le presenten los proyectos, sino más desorganizada.
Octavio Berrón de Fermaca Global sostiene que siempre han comunicado con transparencia. Recalca que siempre han dejado claro que la planta producirá fertilizantes nitrogenados y que han estado en contacto con diversas comunidades y con “interlocutores legítimos que tienen intereses legítimos en el proyecto”.
En Sapioriz, según el relato de los pobladores, hay personas a favor y en contra. Quienes están a favor, señalan tintes políticos detrás del rechazo.
José Santos Bribiesca estuvo en una reunión que hubo hace días con personal de la empresa en un salón del ejido y asegura que no lo convencieron.
“Por qué no contrapuntean, con gente que le sepa. Uno no le sabe. Dicen que no va a llegar, que cualquier cosa hasta aquí afecta”, platica el señor.
Dice que todo en el pueblo se politiza, cuando se trata de un tema más grande que los partidos políticos.
Para Vanessa García Blanca se trata de una estrategia de gobierno y empresa porque eso genera que la gente se repliegue, que prefiera no involucrarse porque le hacen creer que es un tema de partidos, y que el desarrollo o el progreso es algo importante.
Sin embargo, afirma que a pesar de que se trata de gente humilde, es gente que sabe cómo cuidar el territorio porque le da identidad, “aunque estén muy abandonados por las agendas públicas de los gobiernos”, expone.
Como María de los Ángeles Chavarría, quien señala que el Cañón de Fernández es una parte de la comunidad, un paraje bonito al que muchas personas de la Comarca Lagunera acuden a bañarse, pescar o pasar el rato. “Van a causar mucho daño”, augura con angustia.
LA RESISTENCIA
A partir de la colocación de la primera piedra de la empresa comenzaron las protestas y las marchas. Inclusive el 11 de julio, en una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Gómez Palacio, ciudad conurbada, un grupo de inconformes se manifestaron para expresar el rechazo al megaproyecto. Surgió el movimiento Laguna Sin Amoniaco en el que comenzaron a recolectar firmas para impedir la instalación y desarrollar estrategias legales.
“Es el único pedazo de río vivo y que recarga los acuíferos de la región. Pedimos que se proteja el Cañón de Fernández. Hay muchas preguntas”, cuestiona una integrante que pidió permanecer en el anonimato.
Laguna Sin Amoniaco la conforman ciudadanos, profesionistas, biólogos, ambientalistas, abogados que aseguran no tiene tintes partidistas, pero la mayoría de sus integrantes optó por el anonimato por miedo a represalias en sus trabajos.
Sin embargo, a integrantes del movimiento, así como a otras y otros ambientalistas, les preocupa la cercanía de la planta con el Cañón de Fernández. Según la MIA, el Cañón, que tiene una superficie de 17 mil hectáreas, se localiza aproximadamente a 4.2 kilómetros al oeste del límite más cercano del predio del proyecto. Otras secciones del documento estiman esta distancia en unos 3.5 kilómetros hacia el sur.
Entre el lugar donde se colocó la primera piedra y la parte del río a la que me llevó Samuel Martínez Favela, demoramos entre 15 y 20 minutos en llegar.
El Cañón de Fernández es considerado el principal vaso alimentador de agua para la Comarca Lagunera y alberga una gran biodiversidad: más de 500 especies de flora y fauna identificadas, de las cuales 25 son endémicas. Existen especies protegidas bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y algunas están en riesgo como la noa (Agave victoriae-reginae), la reina de la noche (Peniocereus greggii) y la rana de boca angosta (Gastrophryne olivácea).
SEMANARIO buscó a Martín Juárez Morales, titular del Área de Protección de Recursos Naturales “Ríos y Montañas de la Comarca Lagunera” de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), quien solicitó un cuestionario que sería canalizado a oficinas centrales, pero hasta el cierre de edición no se pudo concretar la entrevista.
Amorita Salas, doctora en Manejo de Recursos Naturales y presidenta de la asociación Tequio Lagunero, explica que inmediatamente argumentan que están fuera de los polígonos del Área Natural Protegida y como tal, no tienen facultades para negar la llegada de una industria de este tipo.
“No se consultó, no se le pide la opinión técnica”, señala.
Como tampoco se consultó a los expertos y consejeros en la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Lerdo, se queja Rafael Carrillo Flores, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Unidad Regional de Zonas Áridas.
Carrillo Flores, quien es maestro en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas, refiere que en el polígono donde se va a establecer la empresa involucra dos Unidades de Gestión Ambiental (UGA), y ninguno tenía permitida la actividad industrial.
La misma MIA reconocía que el sitio incide en dos UGA de Lerdo: la 18 Porción Oriental de la Sierra de Sapioriz y la UGA 19, Cañada y Valle de Huarichic. La primera su política es de Conservación, buscando mantener la continuidad de los servicios ambientales y la segunda es de Aprovechamiento Sustentable, que promueve usos eficientes y socialmente útiles del suelo.
En ambas no está permitida la actividad industrial de ningún tipo, era “incompatible”, como se califica. Y se reconoce en el documento que el proyecto “será compatible siempre y cuando se cumplan los lineamientos y criterios de regulación establecidos en el POEL”.
“A finales del año pasado, principios de este año, se modificó. No nos invitaron a muchos que estamos involucrados. En el nuevo Ordenamiento sólo se establece una unidad con uso permitido de actividad industrial”, critica Rafael Carrillo Flores.
Francisco Valdés Perezgasa, presidente de ProDefensa del Nazas, comenta que se necesita matizar el tema, pues, aunque la planta no está en el polígono del Cañón de Fernández, sí hay un riesgo.
Critica que el gobernador de Durango, Esteban Villegas, haya declarado que sería incapaz de poner en riesgo a la población, palabras que Valdés Perezgasga califica como “primarias”. “¿Qué valor tiene esa respuesta?”, cuestiona.
Sin embargo, es el mismo tono que maneja el director de Fermaca Global, Octavio Berrón, pues asegura que tienen el compromiso y respaldo del récord de ejecución en instalaciones de este tipo, el cumplimiento estricto del marco legal aplicable, la atención profunda a las necesidades de las comunidades y, además, señala que el proyecto tiene beneficios como la posibilidad de producir fertilizantes para México, un país que consume 3 millones de toneladas al año, 90% importadas.
“Va a fortalecer la soberanía energética”, justifica.
Sin embargo, para activistas como Carla Escoffié, abogada y especialista en temas medioambientales y de vivienda, la soberanía energética tiene que ir de la mano con la soberanía ambiental, según expuso en su conferencia “La lucha ambiental” en el Foro Metropolitano por el Agua y el Territorio en Torreón, Coahuila.
Para Amorita Salas Westphal por más que prometan, no existen garantías de eliminar el riesgo y compara que es como cuando un inquilino asegura que va a cuidar la casa que renta. “Nadie te va a decir que no la va a cuidar”, menciona.
Para la ambientalista resulta irrelevante la distancia al área natural protegida, pues considera que no se tiene que ver como una rivalidad entre la inversión y la protección.
“Es un proyecto de muy alto riesgo ambiental disfrazado de desarrollo económico. Y esto representa una terrible amenaza al Cañón de Fernández”, expone.
La experta enfatiza en que el Cañón de Fernández es la única garantía de resiliencia ante la magnitud del impacto de la crisis hídrica y climática.
Desde hace décadas la región Laguna enfrenta un déficit de disponibilidad de agua en el acuífero principal de La Laguna de menos 111.4 millones de metros cúbicos anuales y de menos 1.4 millones anuales en el acuífero de Villa Juárez, según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Es decir, cada año se extrae mucha más agua de la que naturalmente puede recargarse.
Sin embargo, Salas Westphal señala que no ha habido una acción contundente para frenar estas actividades.
LOS ACCIDENTES OCURREN
El director de Fermaca Global, Octavio Berrón, asevera que, en caso de un incidente, inclusive en el peor escenario, por ejemplo, un escurrimiento, no llegaría al Río Nazas ni al Cañón de Fernández.
El estudio técnico presentado en la MIA concluye que la construcción y operación de la planta no afectará al Cañón de Fernández, y que ante “eventos accidentales” como fugas de amoniaco, “los radios de afectación no alcanzarían el área del parque, y los efectos ambientales directos se mantendrán mayoritariamente dentro del predio del proyecto o en su zona de amortiguamiento inmediata”.
De acuerdo con la MIA, el proyecto, clasificado legalmente como una “actividad altamente riesgosa” considera que el riesgo más crítico identificado es una posible ruptura en tuberías críticas que podría generar una nube tóxica. Según el documento, el radio de la zona de riesgo ante un escenario de ruptura total lo estima en mil 355 metros.
“Hay una distancia bastante considerable entre la planta y el cauce del río, son 7.5 kilómetros. Y en el caso de que se dieran algún tipo de emisiones como consecuencia de ese desastre, tampoco llegarían a las comunidades cercanas, ya que el patrón natural de los vientos hace que se disipen en una dirección contraria. Pero no nos quedamos ahí, tendremos un sistema de tres capas de protección”, expone el director general de la empresa.
Sin embargo, la doctora Amorita Salas señala que los gases no tienen límites, pues los mismos se dispersan eternamente en concentraciones cada vez más bajas.
“No le puedes garantizar a nadie que la expansión de un gas tóxico no vaya a llegar a tantos kilómetros”, asegura.
En el foro Metropolitano por el Agua y el Territorio del 23 de agosto, la bióloga Adlay Reyes expuso modelaciones de posibles escenarios y señaló que podrían superar los 9.6 kilómetros. “Sí o sí llega al río... Ninguno de los ejidos conoce los escenarios”, sostuvo.
Aurelio Hernández Sánchez, habitante de Sapioriz, estuvo en la reunión con gente de Fermachem y les aseguraron, según relata, que ante cualquier eventualidad sería “algo leve”; “que sólo se siente un ardor... pero por 30 años, quién aguanta”, se queja este hombre de Sapioriz que solía ir a pescar al río, como mucha gente que se mantiene de esa actividad. “No sé por qué la quieren envenenar”, se pregunta.
Además, la doctora Salas Westphal menciona que con que exista un 0.1% de riesgo, el riesgo existe.
“Nadie puede decir que sus sistemas por muy modernos son infalibles; junto a un área tan vulnerable, es inconcebible. Donde quiera que ocurra un accidente industrial es lamentable, pero junto a un ecosistema que mantiene la economía de la región, pues no”, critica.
Y señala que hay casos de empresas con desarrollos tecnológicos muy desarrollados que han tenido accidentes muy lamentables.
En 2016, en Nebraska, Estados Unidos, se rompió un ducto subterráneo de 8 pulgadas que transportaba amoniaco anhidro. Se liberaron aproximadamente 108 mil 654 galones de amoniaco líquido. Una persona murió por insuficiencia respiratoria causada por la exposición. Otras dos personas resultaron lesionadas. Y fueron evacuados 29 hogares, con 49 personas, y una carretera federal permaneció cerrada durante varios días.
En abril de 2019, un tractor que transportaba dos tanques de amoniaco anhidro sufrió una falla mecánica en Lake County, Illinois. Se liberaron al menos 500 galones. No hubo fallecimientos, pero 83 personas fueron evaluadas en seis hospitales, 14 fueron hospitalizadas y 8 ingresaron a terapia intensiva; siete de ellas necesitaron intubación y ventilación mecánica.
El riesgo no amerita vulnerar el Cañón de Fernández, el último sitio de recarga, más el riesgo a la población, insiste la ambientalista Amorita Salas.
“Aquí el tema es el riesgo y la vulnerabilidad de la población y del ecosistema para el desarrollo económico. Ahí es donde tenemos que centrarnos, y tenemos que verlo con un enfoque de integralidad”, debate.
“En algún momento puede llegar a ocurrir”, la secunda Rafel Carrillo Flores.
EL AGUA, LA PREOCUPACIÓN
Otra de las principales preocupaciones de quienes se oponen a la planta es el consumo de agua. Según el director Octavio Berrón, la planta operará con un consumo de 150 litros por segundo, es decir, 12 millones 960 mil litros de agua por día, el equivalente a llenar entre cuatro y cinco albercas olímpicas todos los días.
Para asegurar el suministro en períodos críticos, la planta contará con un depósito de almacenamiento de 200 mil m³, según el documento.
Tanto en la MIA como en declaraciones de la empresa y los gobiernos estatal y municipal, han asegurado que utilizarán agua proveniente de la planta de aguas residuales de Lerdo.
Sin embargo, el documento menciona planes para realizar un estudio de factibilidad y desarrollar una “fuente de respaldo secundaria” basada en pozos en el sitio o zonas cercanas para “casos de emergencia”.
El director de Fermaca Global reconoce que eso viene plasmado en la MIA, pero asegura que la realidad es que la planta está diseñada para operar “exclusivamente con agua tratada” y añade que en próximos días se firmará el convenio para el suministro por parte de la planta tratadora.
“El hecho de que la MIA exponga que hay la posibilidad de perforar un pozo y sacar agua, no quiere decir que estamos en automático autorizados para hacerlo. El organismo que regula la extracción de agua del acuífero es la Conagua y en su momento tendría que dar un permiso por el que nosotros no hemos aplicado ni vamos a aplicar. La gente puede estar tranquila de que el suministro de agua proveerá exclusivamente de la planta de tratamiento de agua”, insiste el director de la empresa Octavio Berrón.
No obstante, la preocupación es amplia por estar tan cerca de la mayor reserva de agua en la región.
La doctora Amorita Salas califica como de “gravísimo” la cantidad de agua que utilizan en sus procesos y cuestiona si la planta de aguas residuales de Lerdo puede abastecer la planta de urea. SEMANARIO solicitó por transparencia las bitácoras de tratamiento de agua de los últimos dos meses, pero el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL) de Lerdo no respondió.
Amorita Salas añade que es un momento crítico en torno al agua y por ende al desarrollo, la salud poblacional y la salud de los ecosistemas.
“Nosotros no debiéramos buscar el bienestar de la población para cuidar el ecosistema, debemos de garantizar la salud de los ecosistemas para que la población tenga sus satisfactores. Uno es el tema del agua que demanda la empresa y el otro el riesgo que existe de un accidente industrial y entonces sí, le den en la torre a todo”, comenta.
Lamenta que en el imaginario de la población no está contemplado que somos parte de cualquier elemento de la naturaleza.
Donde sí están conscientes es en Sapioriz. Aurelio Hernández Sánchez está convencido de que van a perforar pozos y afectar el río. “Sólo quieren los millones”, afirma.
EL IMPACTO DE LOS MEGAPROYECTOS
Samuel Martínez Favela me lleva hasta el sitio donde se llevó a cabo la ceremonia de la primera piedra. La empresa ya hizo una carretera y comenzó a desmontar. La creación de carreteras más amplias para dar salida a lo que se explota en el territorio, es uno de los primeros efectos que traen los megaproyectos, dice la activista con organizaciones de pueblos originarios, Vanessa García Blanca.
Según el Manifiesto de Impacto Ambiental, para la construcción de la planta se contempla el desmonte de un total de 74 hectáreas de vegetación, el equivalente a un aproximado de 104 canchas de futbol. Cabe señalar que la resolución oficial de la SEMARNAT especifica el cambio de uso de suelo para una superficie de 71.5 hectáreas.
El impacto más relevante es la afectación de 38 ejemplares de Biznaga Barril (Ferocactus haematacanthus), especie que se encuentra bajo la categoría de protección especial según la norma NOM-059-SEMARNAT-2010.
“Siguen viendo al desierto como un espacio inerte”, señala el testimonio anónimo de Laguna Sin Amoniaco.
En el lugar se halla todavía la enorme piedra que usaron para el evento. Samuel dice que ahora no se ven los animalitos, los conejos, las liebres ni las aves. “Se ve muy calmado”, platica.
También explica que como la zona va en picada, cuando llueve mucho, toda el agua corre rumbo al pueblo. Anticipa que los desechos o residuos que pudieran generarse afectarán a Sapioriz.
Pero las afectaciones son más amplias, asegura Vanessa García Blanca. Explica que los megaproyectos generan problemáticas sociales y despojos.
Por ejemplo, con la construcción de carreteras se acercan tiendas de conveniencia que hacen competencia al comercio local lo que deriva en la dependencia de productos foráneos.
Otra observación que hace la activista es que se producen cambios de ritmos de vida, de dinámicas culturales, familiares y comunitarias. “Empiezan a haber cantinas, expendios de alcohol, llega la droga, llega la prostitución, y afectan la articulación del tejido social comunitario”, agrega.
Expone que los megaproyectos traen mucha contaminación del agua, generación de basura a la que la gente acude como si se tratara de basureros irregulares, los servicios básicos se canalizan a unos cuantos o se favorece nada más a lo que está alrededor del megaproyecto.
Agrega que una vez llegando la infraestructura muchas veces las inmobiliarias ponen su foco de inversión. “Se vuelve a hacer una franja turística a la cual nada más tienen acceso las personas que pueden pagar, llegan cadenas hoteleras, se contrata a personas locales como empleados, pero ellos no disfrutan todo lo que llega”.
Además, existe el riesgo del desplazamiento, de la migración interna o externa.
Vanessa García Blanca enfatiza en los riesgos de despojo porque explica que comienza una desarticulación del tejido social comunitario en donde la gente empieza a desprenderse de su territorio y se esfuma la identidad arraigada entre los que se quedan.
“Se va quitando el territorio a las personas por medio de estas compras; van fragmentando el territorio y van fragmentando a las familias y van fragmentando al tejido social”, recalca.
Pero no se trata únicamente de un despojo del territorio, sino también de las dinámicas culturales y de identidad de una región.
Lo que expone la activista no es nuevo. Megaproyectos como el Tren Maya, los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec o grandes proyectos mineros tienen efectos en común: el despojo de tierra, conflictos, fragmentación social, especulación inmobiliaria y el impulso a economías ilegales, entre otros fenómenos.
Al respecto, el director Octavio Berrón asegura que tienen la convicción de comportarse como “buenos vecinos” y miembros de las comunidades, pues la naturaleza del proyecto parte de una vida útil muy larga.
De acuerdo con la Ley del Sector Hidrocarburos se tiene que presentar una evaluación de impacto social a la Secretaría de Energía en donde se identifiquen, caractericen, predigan y valoren los posibles impactos sociales derivados de las actividades, así como medidas de mitigación o planes de gestión social.
El director de la empresa asegura que ayudará a conocer las necesidades de las comunidades y actuar en consecuencia cuando tengan los resultados del estudio de impacto social.
“Lo último que nosotros hacemos es desentendernos de esto y dejar a las comunidades abandonadas”, promete.
Sin embargo, para la activista Vanessa García Blanca esta imposición es parte de ver a la región como una “Zona de sacrificio”, en donde convergen muchas industrias que tienen impactos ambientales.
“Se le va a extraer todo lo que se pueda, van a dejar desastres ecológicos, pero no importa porque la gente ahí va a ‘sobrevivir’. Y lo primero que se va a sacrificar pues son los seres humanos: entran a las cadenas de empleo para los megaproyectos, entran a las cadenas del crimen organizado, de consumo en tiendas de conveniencia, cuando hay un desastre ecológico tiene que haber personas de desecho que van a trabajar porque incluso capitalizan el desastre y cuando dañan las áreas naturales protegidas dañan a las personas que conocen mejor el territorio, que lo entienden, lo administran, lo cuidan, lo protegen. Entonces hay que desarticular y verlas como personas de desecho”, ahonda.
La doctora en Manejo de Recursos Naturales, Amorita Salas, cuestiona por qué un gobierno no se dedica mejor a promover la agroecología, pues no existe economía ni sociedad sin la naturaleza.
“No podemos pensar que vamos a lograr permanecer en este nivel de desarrollo sin voltear a ver que hay que proteger, conservar, dosificar la extracción”, reflexiona.
El director de la empresa sostiene que el proyecto tendrá beneficios para el campo mexicano y para los agricultores de la región. Postura que no comparte Vanessa García Blanca, quien señala que megaproyectos como este sólo benefician a los empresarios agroindustriales.
“La realidad es que ya no hay campesinos dentro de una cadena de producción competitiva, sino sólo pequeños campesinos en los ejidos. No es un proyecto solidario con el campo, lo es con los empresarios”, menciona.
Por eso en las consultas no se toma en cuenta las necesidades ni expectativas de la gente; tampoco sus ritmos o dinámicas comunitarias. Por el contrario, cuando se hacen consultas se hacen desde la trampa, el sesgo, y no sobre qué quieren, cómo lo quieren y cómo se puede potenciar, critica la activista.
Lo anterior, a pesar de que México firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que promueve la democracia ambiental y que, entre otros derechos, establece que todas las personas tienen derecho a ser consultadas y a opinar en los procesos de toma de decisiones ambientales, pues obliga a los Estados a asegurar una participación del público abierta e inclusiva en la toma de decisiones lo que implica el diseño de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos.
DUDAS PERSISTEN
Tanto la empresa como el gobierno estatal han asegurado que existe certeza y seguridad. Y que la obra va. Octavio Berrón, director general de Fermaca Global, refiere que van conforme a calendario. Estima iniciar las obras de construcción a principios de 2027.
Sin embargo, persisten las dudas y la falta de acceso a la información, a pesar de que también es un derecho establecido en el Acuerdo de Escazú. Hay, por el contrario, muchos cuestionamientos.
“La MIA no está completa. Está fragmentada, no se sabe nada del gasoducto. Está demasiado incompleto, no hay información, ni permisos”, cuestiona la voz de Laguna Sin Amoniaco.
Rafael Carrillo Flores, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Unidad Regional de Zonas Áridas, señala que una inconsistencia es que debió realizarse una MIA regional por tratarse de actividades de alto riesgo y que pueden dañar el ecosistema regional. Sin embargo, la MIA para el proyecto es de carácter particular.
El artículo 11 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental establece que se tendrá que hacer una MIA de carácter regional, cuando, entre otros puntos, se trate de proyectos que pretendan desarrollarse “en sitios en los que por su interacción con los diferentes componentes ambientales regionales, se prevean impactos acumulativos, sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas”.
Pero no fue así.
“Tiene proyectos vinculados como el proyecto de llevar el gas natural desde el ramal hasta la planta, y la otra de llevar el agua. Ya depende de una MIA de carácter regional”, apunta el especialista.
Otro tema importante que señala Carrillo Flores es que al necesitarse la construcción de un gasoducto se requiere una Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, documento que Octavio Berrón reconoce que necesitan, pero que no tienen.
“El gasoducto troncal pasa hoy a escasos 4 o 5 kilómetros de la ubicación de la planta. Lo que hay que hacer es un ramal de 5 kilómetros en un mucho menor diámetro para llevar el gasoducto de esta interconexión a la planta y efectivamente se hará y se cumplirá con todos los requerimientos legales. Esto es algo en lo que pues nosotros tenemos muchísima experiencia. Recordarán que Fermaca fue quien desarrolló y puso en operación el sistema troncal de gas que hoy pasa por ahí, que alimenta gran parte del consumo de gas natural que hay en el país”, sostiene el directivo.
Y como el plan de construcción es de aproximadamente tres años, afirma que la solicitud de permisos y la presentación de todos los estudios están dentro del calendario.
A pesar de ello, ambientalistas como Amorita Salas y Rafael Carrillo, cuestionan que el Manifiesto de Impacto Ambiental esté fuera de tiempo, pues el resolutivo data de 2020.
Berrón dice que hubo una prórroga en agosto de 2022 para cinco años adicionales, pero en el historial del proyecto, clave 10DU2019I0025, que se puede consultar en la página de la SEMARNAT, llega hasta la fecha del 9 de enero de 2020 en el que se entregó el resolutivo al promovente.
ES POR NUESTROS NIETOS
Para la ambientalista Amorita Salas no tiene sentido la generación de 260 empleos a cambio del alto riesgo de impactar la salud poblacional y el desarrollo económico.
“Tenemos que pensar a futuro, tenemos que pensar en conservar la naturaleza, en este caso, el agua; 260 empleos a cambio del alto riesgo, no lo vale”.
La doctora Salas hace un llamado a las comunidades locales de los alrededores del proyecto y del Cañón de Fernández, a que consideren que ya no pueden basarse en promesas, ni en que van a arreglarles una calle o su colonia, cuando eso es de por sí una responsabilidad del gobierno, comenta la activista Vanessa García Blanca.
En Sapioriz están conscientes. Testimonios como el de Ofelia Elizalde García, María de los Ángeles Chavarría Mora o Aurelio Hernández Sánchez, los tres adultos mayores, hablan de la importancia de no heredar un medio ambiente envenenado a sus nietos.
“Es lo saludable que tenemos aquí. Es el pulmón que tenemos. No solo de Sapioriz, sino de toda La Laguna”, dice la señora Ofelia. “Me preocupa, me da miedo. Es el sentimiento de que las personas que saben el daño, no se ponen en contra, hasta aplauden”, dice la señora María de los Ángeles. “Hay gente que dice que de todos modos nos vamos a morir, sí, pero nosotros debemos de defenderlo y dejarle algo a nuestros hijos, nietos y bisnietos”, dice el señor Aurelio.
Samuel Martínez Favela también pide apoyo de la gente para detener la planta. “En lugar de beneficiar, nos va a perjudicar”, augura.
Antes de retirarnos del río donde todavía se mira a gente descansando y admirando el paisaje, Samuel me hace una invitación: “Cuando quieras vente y te metes al agua”.
La pregunta es si en el futuro podrá hacer la misma invitación.
