Existen más de 132 mil personas desaparecidas en México que se enfrentan a las omisiones, revictimizaciones, negligencias y, en general, a un sistema que mantiene una impunidad del 99 por ciento en los casos de desaparición.
Por Luis Mario Rodríguez
Hugo Marcelino González Salazar salió de su casa el 20 de julio de 2009 y nunca regresó. María Elena Salazar, su mamá, lleva más de 16 años buscándolo, y hasta hoy, tanto la Fiscalía General del Estado de Coahuila, como la Fiscalía General de la República, han fallado en localizarlo y encontrar a los responsables de su desaparición. Julio Alberto Villagrana Flores, de 23 años, agente de la Policía Municipal de Torreón, Coahuila, fue arrestado en 2011 y nunca fue liberado. Durante 14 años la respuesta de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón ha sido que él nunca fue detenido, las fiscalías tampoco han logrado su localización ni la señalización de presuntos culpables, a pesar de que Luz Flores, su mamá, lo ha buscado todo este tiempo. María Guadalupe Pérez Ayala no ha visto a su hija Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez desde el 25 de junio de 2021, y aunque desde mayo del año siguiente hay un hombre detenido por su desaparición, el caso no ha llegado a juicio, y Dibanhi no ha sido localizada.
Aparte de Hugo, Julio y Dibanhi, al 21 de noviembre de 2025, en el estado de Coahuila hay 3 mil 677 personas desaparecidas y no localizadas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). De esta cifra son pocas las personas responsables que han tenido sentencias condenatorias, pues según datos de Impunidad Cero, existe en Coahuila un 98.3% de impunidad en la comisión de estos delitos, mientras que en el país es de 99%.
En el país se han dictado 523 sentencias por el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares hasta octubre de 2025, según información de 23 estados que respondieron a solicitudes de información hechas para esta investigación. En Coahuila son 21 sentencias desde 2014 hasta octubre de 2025, según respuesta del Poder Judicial del Estado, que informó que no se cuenta con un registro sistemático y desagregado de las sentencias entre 2006 y 2013.
Las 523 sentencias contrastan con las más de 132 mil personas desaparecidas en el país, la gran mayoría desde la militarización de la seguridad pública en el contexto de la “Guerra contra el narcotráfico” que declaró Felipe Calderón al llegar a la presidencia de la República y, en lo local, el impulso en el estado del Modelo Coahuila, la estrategia de militarización del exgobernador Humberto Moreira en el que colocó a militares como jefes policiacos.
Fue durante este periodo que Hugo González y Julio Villagrana desaparecieron. Y desde el primer contacto, la impunidad embistió a las madres buscadoras:
“Y nos fuimos a poner la denuncia, ya estaba cerrada la fiscalía. Me acuerdo que nos atendieron por atrás y le dije a la muchacha y el guardia que estaba ahí y me dijo: ‘Señora, pues ahorita no hay nadie para que le levante la denuncia. Venga mañana en la mañana porque ahorita no hay nadie para que le levante la denuncia. Pero no se preocupe, su hijo por ahí anda, va a regresar’. Fue otra noche de agonía. Al siguiente día, así muy temprano, me fui, ya estaba abierta la fiscalía y había quien me tomara la denuncia y me tomaron la denuncia, pero fue así como que ya, desapareció, narré los hechos, me dieron mi copia y ‘váyase a su casa’”.
Narra María Elena, quien después de ese día se dedicó a visitar la Fiscalía cada viernes en busca de respuestas. Durante este tiempo, se dio cuenta de que nadie estaba buscando a Hugo. Recuerda que durante las primeras visitas le solicitaron llevar 32 fotografías de su hijo para enviarlas a las demás fiscalías del país, sin embargo, días después regresó para descubrir que las 32 copias estaban guardadas en el cajón de un agente del Ministerio Público.
Luz se enfrentó a un panorama distinto. Fue un compañero de Julio quien le indicó que su hijo había sido arrestado, que lo fuera a buscar a la Dirección de Seguridad Pública de Torreón o a La Joya, el campo militar que, según lo que ese joven le comentó a Luz, era el lugar al que acostumbraban a enviar a los policías arrestados, debido a que el jefe de la Policía era militar. En ambos lugares se le negó la entrada a Luz. Después, su hermano y un abogado acudieron a hablar con el director de la Policía, Adelaido Flores. De acuerdo con lo relatado, los recibió con cuatro hombres encapuchados y con pistola. En esa reunión les confirmaron que Julio estaba detenido y que tendrían que esperar 72 horas para saber algo de él. Luz no esperó las 72 horas y fue a levantar una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República por privación ilegal de la libertad.
“Cuando pasan las 72 horas yo me presento en Seguridad Pública y me recibe el director, pero a mí sola, o sea, no quiere que nadie entre más que yo. Entonces, yo hablo con él y le digo: ‘Yo soy la mamá de Julio Alberto, o sea, ¿qué pasa?’, dijo. ‘No, es que él nunca estuvo arrestado’, le respondió el director ‘¿Cómo que nunca estuvo arrestado?, pues si usted le dijo a mi hermano y al abogado’. ‘No, pues quién sabe qué pasaría con su hijo, a lo mejor se fue’. Lo típico, o se fue de borracho, o se fue de noviero con otras viejas...él ya de ahí ya negó todo. Dijo que él no lo había arrestado”.
La desaparición de personas en Coahuila por parte de corporaciones policiacas fue parte del informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) que llevó al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitar al Secretario General que remita de manera urgente a la Asamblea General la situación de las desapariciones forzadas en México.
El informe indica que fuerzas policiales de Coahuila actuaron mediante dos patrones: secuestraban víctimas que luego entregaban al cártel de los Zetas y después fueron las responsables directas de actos de desaparición forzada entre 2009 y 2016.
Las fiscalías: el primer obstáculo
Marisol Méndez, coordinadora de Incidencia de Fundación para la Justicia, menciona que el primer reto de impunidad es la primera instancia de investigación, es decir, las fiscalías. Según datos obtenidos a través de solicitudes de información a las fiscalías de las 32 entidades federativas , de las cuales sólo 20 están incluídas en esta estadística, entre 2006 y 2025 se han iniciado 17 mil 171 carpetas de investigación por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, en contraste con las 73 mil 309 personas desaparecidas y no localizadas registradas en el RNPDNO durante ese periodo de tiempo en esos 20 estados.
El 27 de marzo, el gobierno mexicano reconoció que existen 132 mil 534 personas desaparecidas. Sin embargo, dividió esta cifra en tres categorías: únicamente el 33 por ciento, es decir, 43 mil 128 cuentan con datos suficientes para llevar a cabo su búsqueda; en 40 mil 308 casos, 31%, existen supuestamente actividades tras su desaparición. Mientras que en 46 mil 742, 36%, no existen datos suficientes para emprender una búsqueda.
En Coahuila, la fiscalía estatal ha iniciado 894 carpetas de investigación, según la respuesta a una solicitud de información. Sin embargo, el pasado 27 de marzo se reportó que el fiscal de personas desaparecidas José Ángel Herrera declaró la existencia de 2 mil 514 carpetas de investigación.
Marisol Méndez indica el maltrato y la revictimización que reciben las familias como uno de los obstáculos principales al intentar poner una denuncia frente a las autoridades correspondientes. Los Ministerios Públicos cuestionan sobre las causas y en qué “cosas estaban metidos” sus hijos para que desaparecieran.
Es por eso que cuando el gobierno mexicano dio a conocer la nueva “categorización” de las personas desaparecidas, instituciones, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos se pronunciaron y criticaron que “sugerir que la apertura de una carpeta de investigación es indispensable para realizar acciones de búsquedas, merma el derecho de todas las personas a ser buscadas”.
“Eso es muy común, que se les acusa a las propias víctimas de ser responsables de la propia desaparición”, comenta Méndez. Este tipo de respuestas, además de la inacción, provoca una desconfianza total en las autoridades.
María Elena Sánchez confiaba en las autoridades hasta ese 20 de julio de 2009, y ahora, esto es lo que piensa:
“Yo siento que la autoridad no hace por buscarlos aún ahorita, aún después de tantos años, aún después creo que las instituciones son burocráticas, las instituciones, la fiscalía”.
María Guadalupe Pérez, mamá de Dibanhi, se integró a la búsqueda de su hija después de que su exesposo ya había levantado la denuncia en la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas en Torreón. La ficha de búsqueda de Dibanhi fue emitida aproximadamente ocho meses después, según comenta su mamá.
“No hubo línea de investigación. Es por eso que yo ya me empecé a mover porque inclusive nos corrieron. Nomás me tomaron mis generales y ya me dijeron que me fuera...No hubo una ficha de búsqueda. Inclusive yo les dije: ¿Me pueden dar un número de denuncia, una ficha?... Pues es que yo necesito algo, tener yo algo para comprobar que yo fui y que yo hice una denuncia de que mi hija no estaba, bueno, mi familia. Entonces no me quisieron dar nada, dijeron que no... Entonces me desesperé y me atendieron nomás durante una semana que yo estaba yendo a tocarles la puerta y ya me dijeron: ‘No, señora, ya no venga, hasta dentro de un mes porque el MP se va de vacaciones’”.
Guadalupe no busca a su hija en el mismo contexto de violencia en que lo empezaron a hacer María Elena y Luz, pero se ha encontrado con la misma barrera: la falta de acciones y voluntad de parte de la autoridad.
Esta falta de voluntad para investigar denuncias por desaparición no sólo se manifiesta en el trato directo a las víctimas, sino en la deficiencia para llevar a cabo la búsqueda de manera inmediata. En casos de desaparición, las primeras horas son fundamentales para la localización de las personas, y que, según Marisol Méndez, puede hacer la diferencia entre localizarlas con o sin vida.
Desapariciones como la de Hugo o la de Julio, que preceden a la publicación de Ley General en Materia de Desaparición, se enfrentaron a la negativa de recibir las denuncias antes de pasar 48 o 72 horas de la no localización. Luz Flores indica la inacción de las autoridades como una razón determinante para la localización de su hijo Julio, pues hay indicios del posible responsable, mas no un señalamiento, uno que ya no puede suceder pues el joven que le alertó de la detención de su hijo fue asesinado semanas después de la desaparición.
“No hicieron nada, no investigaron. Quizás ahí hubiera sido el haber investigado y haber dicho: ‘Ah, pues aquí este señor te está señalando, te damos protección’. No lo hicieron. O sea, no lo hicieron porque no quisieron o porque tuvieron miedo”, agrega Luz.
Sin embargo, a pesar de que el marco legal actual obliga a las fiscalías a emitir la ficha de búsqueda de manera inmediata, existen dos factores principales que continúan obstaculizando el ejercicio de este derecho para las víctimas: el contexto particular de cada familia y la capacidad, o incapacidad, de las instituciones para activar los protocolos necesarios.
El primer factor lo menciona Jesús Alvarado, doctor en derecho penal y exjuez en la materia en Durango. Alvarado señala que en casos donde las víctimas tienen una red familiar importante, su ausencia es ubicada durante las primeras horas, haciendo menor el tiempo transcurrido entre la desaparición y la localización, a diferencia de víctimas en contextos donde su situación laboral o de movilidad hace más complicado de identificar el rastro de su última ubicación, como en casos en los que la persona solía salir a trabajar por varios días, provocando una complicación para los policías y Ministerios Públicos. No obstante, este factor contextual no se relaciona con las obligaciones de las autoridades, sobre todo si se enfrenta con sus capacidades, otro factor en el que enfatiza Marisol Méndez:
“Es fundamental que haya una reacción inmediata y muchas veces vemos que esto no se hace, no hay una reacción inmediata y tampoco hay una capacidad de organización entre instituciones porque para haber una búsqueda efectiva, tiene que haber coordinación interinstitucional entre fiscalías y policías y también a nivel nacional”.
La flaqueza institucional que menciona Méndez se manifiesta en otro problema: la falta de un enfoque de macrocriminalidad. Menciona que no cuentan con la suficiente capacidad técnica para investigar desde ese enfoque, en lugar de eso, encauzan sus esfuerzos al análisis de caso a caso, ignorando el contexto dentro del cual se dan las desapariciones en cada localidad; los motivos detrás del delito, los perfiles de las víctimas y los perfiles de los perpetradores. Frente a la falta de un análisis de esta naturaleza, resulta complicado identificar las causas y combatirlas de raíz, explica.
El pacto de impunidad y las cúpulas de poder
La incapacidad de las fiscalías supera su organización interna, incluso su voluntad. Marisol Méndez menciona que la falta de voluntad para la investigación suele estar relacionada a la participación de ciertos actores políticos, provocando un pacto de impunidad. Esto se refiere a que la relación entre estos actores políticos en distintas posiciones de poder permite que se utilice a las fiscalías como salvaguardas frente a la comisión de un delito que no será investigado ni sancionado por la existencia de un pacto de impunidad entre los actores.
La relación establecida por Méndez también se ejemplifica en el caso de la desaparición de Julio Villagrana, pues como menciona su madre, desde el primer momento se le indicó quién era el responsable de la detención de Julio. Durante todo este tiempo Luz ha mantenido como indicio la participación de la corporación municipal.
El abogado Jesús Alvarado identifica el choque con ciertas cúpulas de poder formal e informal, como la milicia o el crimen organizado, al que también se refiere como milicia informal, como otra de las causas detrás de la falta de voluntad política para investigar las desapariciones.
“Para poder acceder a esas personas poderosas, la verdad es que la investigación suele tener sus sesgos, y claro que sí voy a investigar, pero también voy a encontrar limitantes muy importantes cuando yo toco cúpulas de poder económico o político”.
Para ilustrar esta situación, remite a un caso de secuestro que se dio en Cuencamé, Durango, en 2009. Según lo que comenta el abogado, oriundo de esa localidad, una persona llegó a la estación de policía durante la madrugada, pidiendo apoyo pues sus cuatro hermanos habían sido sustraídos de su hogar por un grupo de hombres armados. La respuesta de los agentes fue la siguiente:
“Ten, nosotros no salimos. Si tú quieres defenderlos, pero yo no tengo armas”, dijo. A la persona le dieron una pistola 22, cerraron la puerta e hicieron como que no veían, según el relato.
La desconfianza también parte de los vínculos de poder dentro de las instituciones, como lo explica la coordinadora de Incidencia de Fundación para la Justicia:
“Además de la corrupción que se da dentro de las propias fiscalías, y mucho en los contextos locales donde las policías municipales o ministeriales a veces están coludidas con grupos criminales...la desconfianza de la ciudadanía es muy grande porque incluso puede ser que estos mismos sean parte de los perpetradores de las desapariciones”.
La cúpula de poder, o como lo define Méndez, actor político, que resulta más preocupante para Alvarado es el Ejército, pues goza de un nivel de impunidad que ningún otro elemento posee. En la investigación Permiso para matar publicada por Data Cívica, se contrastan datos proporcionados por el Registro Nacional de Búsqueda con otros obtenidos a través de registros hemerográficos, documentales, académicos y de organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos tanto públicos como independientes. El Registro Nacional de Búsqueda reportaba 426 casos acumulados de desaparición forzada entre 2006 y 2023, en los que la autoridad o sus familias señalan a “una corporación policiaca o militar” como autora de los hechos, sin embargo, la búsqueda antes mencionada permitió identificar otros 353 casos que no están contemplados en el RNPDNO.
En la investigación Nos llaman las locas de las palas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, se vincula la implementación de estrategias de seguridad basadas en la militarización a partir de 2006 con el incremento de las desapariciones forzadas. Según la investigación del Centro Pro, el 97% de las desapariciones reportadas por el gobierno federal habían sucedido entre 2006 y 2019, a pesar de que la cifra total databa desde los años sesenta.
Semanario solicitó a la Fiscalía General de la República el número de desapariciones forzadas cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas y/o la Guardia Nacional, a lo que respondieron que “no se cuenta con el nivel de desglose”. En la misma solicitud, se preguntó sobre el número de carpetas de investigación en las que estén involucrados elementos de la Guardia Nacional desde su creación en 2019, y se informó sobre 10 carpetas de investigación.
Otro ejemplo que refleja el pacto de impunidad, es el contraste entre el número de sentencias por desaparición forzada y el número de recomendaciones de las comisiones estatales de derechos humanos. En Coahuila, por ejemplo, hay registro de 21 sentencias, a pesar de que existen 48 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos relacionadas con desapariciones. En Veracruz, el contraste es más amplio: 16 sentencias, pero 252 recomendaciones.
No sólo la participación directa o indirecta de elementos militares en casos de desaparición genera preocupación, sino el hecho de que, según lo que menciona el abogado Alvarado, las policías están quedando bajo mandos militares.
“La historia nos dice que al menos en temas de desaparición forzada no puede estar un militar en medio. Los militares no están formados con capacidades de investigación y esclarecimiento de los hechos; hacen su trabajo bajo estándares distintos a los de las policías, estándares que no les dan las facultades para atender tareas civiles”.
La judicialización y las sentencias
La falta de preparación para la investigación se encuentra con el hecho de que el sistema penal acusatorio basa su éxito en las capacidades y facultades de las policías, fiscalías y ministerios públicos de atender los delitos e investigar.
“Si tenemos una policía capacitada con herramientas, con conocimiento, la investigación penal está en una base sólida”, comenta Jesús Alvarado.
Sin embargo, no es el caso, y prueba de esto es el peso de la carga probatoria a las víctimas, es decir, las familias se encargan de reunir las pruebas necesarias para el avance de la investigación. Guadalupe, mamá de Dibanhi, se enfrentó a esto durante casi un año, antes de que detuvieran al presunto responsable de la desaparición de su hija, quien era su pareja sentimental. Después de la negativa que recibió de parte del Estado para atender su búsqueda, y la falta de una línea de investigación clara, decidió, junto a su familia, emprender la búsqueda por su cuenta.
“Yo dije, “¿Qué voy a hacer si nadie me ayuda?” Entonces seguimos tocando puertas, mi familia y yo. Y las autoridades no me daban ninguna línea de investigación. Yo les decía, “busquen a la persona que vive con ella, búsquenlo porque pues estaban en unión libre”.
Fue hasta mayo de 2022, después de que con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, se emitiera una acción urgente de parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), junto a la información recabada por Guadalupe, que se detuvo al concubino de su hija, quien se mantiene privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Torreón.
Guadalupe asegura que el caso de Dibanhi es el único judicializado por desaparición cometida por particulares en Coahuila. La detención del presunto culpable se dio casi un año después de la desaparición de Dibanhi, es decir, ha estado durante más de tres años en privación de la libertad sin haber recibido una condena, a pesar del límite de dos años para la prisión preventiva, un límite que sólo puede ser superado si el imputado toma acciones que retrasen el proceso, que es lo que ha sucedido en este caso, pues han sido cinco los amparos que ha interpuesto para deshacer la vinculación o para llevar el proceso en libertad. Todos los amparos le han sido negados, con una revisión pendiente que, después de 18 audiencias, mantiene pausado el proceso hasta el momento de la entrevista.
Así pues, para el doctor en derecho penal, Jesús Alvarado, la impunidad en el país es el resultado de: fiscalías, policías, ministerios públicos y poderes judiciales débiles en facultades, capacidades y voluntades, militarizados e impotentes ante las estructuras de poder, que incluso en los casos en donde se logra vincular a proceso a responsables, las víctimas enfrentan la poca solidez de las carpetas de investigación; también el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y el procesamiento de la persona imputada, que es fundamental para la identificación de vestigios de personas desaparecidas.
El informe de Impunidad Cero indica que a nivel federal, según el Poder Judicial, entre 2006 y 2022 se tienen registradas 22 sentencias condenatorias por los delitos de desaparición, todas correspondientes a desaparición forzada de personas, mientras que a nivel estatal se presenta una estadística más reciente: entre 2019 y 2022 los poderes judiciales locales reportaron 141 sentencias condenatorias por los delitos de desaparición.
Semanario solicitó datos estadísticos sobre sentencias dictadas por los delitos de desaparición a las fiscalías y procuradurías de justicia estatales, y poderes judiciales locales. Los datos obtenidos coinciden con el informe.
Frente a este panorama, tanto el abogado Jesús Alvarado como Marisol Méndez de Fundación para la Justicia tienen una mirada particular de hacia dónde debe caminar el sistema de justicia para atender la crisis de desaparición que ha atravesado nuestro país desde la Guerra Sucia. El exjuez encuentra en la amnistía una posible solución. Alude a la justicia transicional como la única manera en que el Estado mexicano podría dar respuestas a las cientos de miles de familias que siguen buscando, así como una manera de frenar la violencia generalizada que ha atravesado por tantos años el país.
Marisol Méndez ha enfocado sus esfuerzos en el informe que colectivos de personas buscadoras, familiares de personas desaparecidas y numerosas organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada que resultó en la reciente activación del artículo 34 de la Convención. Previo a la activación había comentado que la activación sentaría un precedente fundamental.
El esfuerzo colectivo frente a la impunidad institucional
Ante la pregunta de por qué habían pasado 11 años entre la agravación de la crisis de desaparición y la emisión de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Marisol Méndez reconoce dicha legislación como producto del “impulso que hacen las familias para que se visibilice la problemática de la desaparición y para que haya una respuesta en términos de política pública a la desaparición”.
Las labores de búsqueda de las familias fueron visibilizando el tema, y Coahuila fue uno de los primeros estados en los que las familias se organizaron para buscar en colectivo, pues se dieron cuenta de que la respuesta de las autoridades era distinta cuando va una persona por sí sola a cuando se enfrentan a las instituciones de manera colectiva.
María Elena Salazar es una de las representantes del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), que el 19 de diciembre de 2009 se presentó como un contrapeso para las autoridades, quienes a lo largo de este tiempo, asegura, han intentado ofrecer atenciones individuales, no colectivas, a las familias.
Por su lado, Luz Flores fue de las fundadoras de la Asociación de Familias por Policías Municipales Desaparecidos en 2019, que surgió para la preservación de los derechos de los policías desaparecidos ante el intento del Estado para darlos por muertos, cosa que provocaría que la mamá de Julio y sus compañeras dejaran de recibir el apoyo económico que les otorga la Ley de Declaración Especial de Ausencia, otro resultado del esfuerzo de los colectivos.
Para Guadalupe, el encuentro con Grupo V.I.D.A., de quien recibió una breve orientación, representó el inicio de su encuentro con apoyo externo y no institucional para la búsqueda de Dibanhi. En un evento del colectivo Madres Poderosas conoció a la licenciada del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios que la acompañó a través de todo el proceso, y en 2022 se unió al colectivo Voz que Clama Justicia.
Sin embargo, María Elena, Luz y Guadalupe respondieron que hasta el día de hoy, las autoridades no les han presentado una línea de investigación clara después de 16, 14 y 4 años buscando a Hugo, Julio y Dibanhi, respectivamente.
