Desaparición de áreas, recortes en programas y en gastos de operación; inspectores y técnicos sin dinero para realizar visitas, todo enmarcado en la ‘austeridad republicana’, están generando escasa protección al medio ambiente coahuilense: sobreexplotación de acuíferos sin control, empeoramiento en la calidad del aire, construcciones irregulares en zonas forestales o retraso al seguimiento de denuncias son algunos ejemplos que enlistan especialistas consultados, así como los Programas de Trabajo de Administración de Riesgo de las dependencias federales
- 22 mayo 2023
El recorte presupuestal en dependencias federales claves relacionadas con la protección al medio ambiente está impactando en Coahuila, alertaron especialistas en temas de gestión y seguridad ambiental, ex funcionarios de las dependencias y ambientalistas, así como los Programas de Trabajo de Administración de Riesgo de las mismas dependencias, obtenidos a través de solicitudes de información.
A consecuencia de estas disminuciones en los presupuestos, los expertos y ambientalistas describen ya los efectos: desarrollos campestres sin control en zonas forestales, sobreexplotación del acuífero, mala calidad del aire, desechos mineros olvidados o la conservación de áreas sin verificación.
En la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desaparecieron áreas completas que se dedicaban a auditorías o certificaciones ambientales. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) únicamente tiene asignados tres inspectores a la Comarca Lagunera y un inspector para el resto del territorio coahuilense. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) no tiene recursos para comprar materiales, herramientas o cascos protectores y no hay dinero para estudios.
La austeridad republicana promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador pasó la tijera. Pero con ello se enterraron programas, se redujo el número de inspectores o técnicos que vigilan el cumplimiento de programas y no hay dinero para salir a inspeccionar fuentes contaminantes o revisar las denuncias ciudadanas.
Semanario indagó en los Informes de Austeridad Republicana de dependencias como PROFEPA, CONAGUA, CONAFOR o la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
La Profepa, instancia ejecutora encargada de vigilar y sancionar irregularidades ambientales, redujo 53.8 por ciento los gastos en operación de 2018 a 2021. También redujo 61.8 por ciento lo destinado a combustible para la operación de programas públicos.
La Semarnat también ha reducido su gasto corriente y gastos en operación. No tiene recurso para materiales de apoyo informativo y disminuyó 81.9 por ciento el gasto en materiales y útiles de oficina. En combustible para la operación de programas, decreció el gasto de 10.9 millones a 1.1 millones.
Además, Semanario solicitó vía transparencia los desgloses de los presupuestos de las dependencias ambientales en Coahuila. La historia nacional, se repite en el estado:
El presupuesto promedio anual en los cuatro años de la actual administración para la Profepa en Coahuila es de un millón 695 mil pesos, una reducción de la mitad a comparación del promedio de los seis años anteriores (2013-2018) que fue de 3 millones 147 mil pesos. Mientras que si se compara con el promedio de los últimos nueve años (2010-2018) que fue de 4 millones 189 mil pesos la disminución en promedio es del 59.5 por ciento, según la respuesta a la solicitud 330024422001007.
Pedro Valdez Moncada, director de la consultora SER y ex subdelegado de Profepa, destaca que no ha sido únicamente la reducción de personal, sino también la desaparición de áreas completas. En Profepa desapareció la subdelegación de auditoría ambiental y dejaron un responsable.
Desaparecieron a los subdelegados del área jurídica, de inspección industrial, de recursos naturales y el subdelegado administrativo.
“Ya no hay delegado, hay un encargado. Dos personas se hacen cargo, profesionales muy capaces, pero con exceso de trabajo”, critica Valdez Moncada.
La Conafor, por ejemplo, gastó 515 mil 426 pesos en promedio de 2012 a 2018 en combustibles destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos. Desde entonces únicamente en 2019 hay registro de un gasto de 65 mil 899 pesos.
De 2019 a 2022 la Conafor gastó más de 617 mil pesos en viáticos para labores de campo y supervisión. En los cuatro años anteriores (2015-2018) más de un millón 800 mil pesos, de acuerdo con la respuesta a la solicitud 330009622000321.
El ingeniero agrónomo Héctor Ricardo Salazar de León, trabajó ocho años en Conafor, y asegura que el presupuesto tiene una regresión de 16 años, lo que ha derivado en la desaparición de programas de apoyo a la conservación y restauración ambiental, así como al abandono de proyectos de plantación y seguimiento de árboles.
Semanario intentó buscar a los responsables de las dependencias en Coahuila, pero debido a que dejaron de ser delegados y son ahora encargados de oficinas, remitieron a las oficinas en México donde no hubo respuesta a peticiones de entrevista.
AUSTERIDAD SALE CARA AL MEDIO AMBIENTE
Semanario solicitó los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), documentos que las dependencias están obligadas a informar y que describen las amenazas a las metas y objetivos de cada institución. Las mismas reconocen en cuatro años riesgos por temas de reducción de personal y recursos, y admiten que estos factores ponen en peligro la preservación del medio ambiente.
La Conagua, por ejemplo, reconoció en 2022 un tema de “Contaminación impune y erradicación de tomas ilícitas atendidas insuficientemente”, derivado precisamente de la falta de personal para llevar a cabo los actos de autoridad y dar la atención a la contaminación y aprovechamientos ilegales.
Gerardo Jiménez, maestro en desarrollo rural y ambientalista miembro del organismo civil Encuentro Ciudadano Lagunero (ECL), destaca que la falta de control en la extracción de agua ha generado un desorden en La Laguna, ya que los concesionarios pueden extraer volúmenes mayores a los autorizados sin consecuencias.
Señala que la Conagua no cuenta con la capacidad institucional suficiente para vigilar estas extracciones, pues sólo disponen de tres inspectores (para La Laguna) para supervisar una cuenca de 6 mil kilómetros cuadrados y miles de concesiones.
“El concesionario saca el agua que le da la gana”, comenta Jiménez. Además, no existe un sistema de medición de extracción confiable, porque no hay recursos para instalar un sistema de telemetría.
Para el resto de Coahuila, la Conagua únicamente cuenta con un inspector.
Otros puntos de riesgo identificados en Conagua son las “deficientes” atenciones a emergencias derivadas de fenómenos hidrometeorológicos naturales, a causa de la falta de recursos para la operación y mantenimiento de equipo especializado sin mantenimiento adecuado, falta de capacitación al personal técnico operativo de las brigadas de protección a la infraestructura o la falta de recursos para la operación y mantenimiento de equipos.
En cuatro años, también se ha detectado sistemáticamente el riesgo de la operación “inadecuada” de programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, ocasionados por la “asignación insuficiente de recursos financieros por parte de los ejecutores para contribuir a incrementar o sostener las coberturas, de los servicios de agua potable”.
Gerardo Jiménez menciona que existen alrededor de 85 distritos de riego en el país, la mayoría de los cuales presentan serios problemas de deterioro en su infraestructura hidroagrícola.
De acuerdo con información de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua entregada a la solicitud 330009422001871, hasta el segundo trimestre de 2022 no se habían entregado recursos de apoyo a la infraestructura hidroagrícola en La Laguna, donde hay una red hidráulica de 2 mil 500 kilómetros que según el ambientalista Gerardo Jiménez sufre de falta de mantenimiento.
“Se lleva a cabo una limpieza periódica, pero no se asigna un presupuesto adecuado para su conservación, lo que conduce a un deterioro progresivo”, comenta.
Pedro Valdez dice que con los recortes, la Conagua en Coahuila quedó como una “oficina de partes” donde no se decide nada.
SIN DINERO NO HAY INSPECCIONES
En cuatro años, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Profepa ha puesto el dedo sobre el renglón de las inspecciones y verificaciones.
En 2020 se identificó una carencia de acciones para enfrentar el rezago en inspecciones y verificaciones de autorizaciones, permisos, licencias, y concesiones otorgadas por la Semarnat.
También una falta de un esquema de vigilancia continua a los auditores ambientales en el marco del Programa Nacional de Auditoría Ambiental.
En cuatro años se ha señalado que a nivel nacional las inspecciones no cumplen con los objetivos, que existen rezagos en procedimientos administrativos, expedientes pendientes de resolución, falta de controles, inspecciones que no atienden los hechos denunciados, insuficiente control de documentos, insuficiente control en la supervisión de proyectos regionales estratégicos, falta de seguimiento a los proyectos de alto impacto ambiental regional, tampoco se cumple con los plazos definidos de 90 días naturales para realizar la visita de inspección en atención a una denuncia, insuficientes acciones de promoción de la certificación ambiental para que las empresas ingresen o se mantengan en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, entre otras.
Estos riesgos detectados también los señalan especialistas consultados.
José Ruiz Fernández, maestro en Gestión Ambiental, alerta sobre la afectación que sufre la preservación del equilibrio ecológico y la protección ambiental debido a la reducción de recursos y personal para las funciones de inspección y vigilancia.
Destaca la importancia de estas funciones, tanto para el seguimiento de términos y condicionantes de autorizaciones ambientales como para la atención de denuncias ambientales. Además, estas funciones proporcionan información “crucial” para evaluar el cumplimiento de las normativas ambientales y los impactos en la calidad del aire, el agua y la conservación del medio ambiente.
Pedro Valdez dice que la falta de recursos se refleja en la limitación de gasolina y viáticos para los inspectores. Esto ha llevado a una sobrecarga de inspecciones y a retrasos en los procesos jurídicos, asegura.
“No hay gente que salga ni recursos para que salgan los que están”, refiere. “Los inspectores llevan una sobrecarga y hay una sobrecarga de jurídico para resolver. Se está atrasando mucho, todos los procesos de todas las áreas”, añade.
Para Valdez, quien también fue director de Medio Ambiente en Saltillo, las ausencias de inspecciones se evidencian ya en la mala calidad del aire y la deforestación en diversas regiones.
“Estamos viendo consecuencias mucho muy visibles, tanto Saltillo, Monclova, están con un índice de calidad de aire muy debajo de lo que se quedó en 2017, 2018. En 2017 la calidad del aire de Saltillo se entregó certificada, había constancia de que el aire estaba en los límites permisibles de la norma, y ahora no. Esto es derivado de la falta de personal, de la falta de inspecciones en los lugares”, considera el especialista.
El maestro en Gestión Ambiental, José Ruiz Fernández, enfatiza que esta falta de recursos impacta negativamente en la capacidad de respuesta de las autoridades ambientales y puede incentivar a que las personas se sientan libres de actuar al margen de la ley ante la ausencia de una respuesta inmediata por parte de la autoridad.
Es un riesgo que también detecta el ingeniero agrónomo Ricardo Salazar de León.
“Claro que se van a saltar algunas normas ambientales para seguir produciendo, dicen ‘pues no me vigilan’, lo hago, qué ocurre, pues el deterioro del medio ambiente”, comenta.
Dice que en ese sentido, ante la poca inspección, las empresas pueden emitir gases que no están permitidos, o desprender a los niveles que ellos quieren, realizar procesos químicos que no están autorizados, tirar las aguas o químicos, entre otras.
“No hay inspecciones ni monitoreos, eso trae un deterioro al medio ambiente, tanto al aire como al agua del subsuelo”, añade.
Salazar refiere que a nivel nacional han crecido las inspecciones que se tienen que hacer, cuando el número de inspectores de Profepa a nivel nacional es de menos de 200. En Coahuila, según respuesta a una solicitud de información, hay 15 inspectores de la Profepa.
“¿Eso qué crea?, pues que no alcanzan a cubrir. Ellos tienen metas de ir a ver empresas, empresas de metalurgia, gaseras, empresas de electricidad, pintura, de producción de bebidas alcohólicas, empresas automotrices, tienen enormidad de empresas que visitar. Tienen que hacer un muestreo. En 2008 había que visitar 42 mil 400 fuentes de competencia federal. No pueden prevenir un desastre en el ambiente porque les falta mucho personal”, comenta Salazar.
Ante este panorama, Ruiz Fernández plantea algunas alternativas para paliar la falta de recursos, como fomentar la autorregulación de las empresas a través de programas de liderazgo ambiental, certificaciones y auditorías voluntarias.
DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE
La falta de recursos para realizar inspecciones se extiende a muchos problemas ambientales. Pedro Valdez, director de la consultora SER, dice que en la región Centro, en el área de Monclova y hacia Cuatrociénegas, las inspecciones son insuficientes para detener el problema ambiental.
Además, expone una falta de control en los desarrollos de cabañas campestres en la sierra de Arteaga, una zona forestal de competencia federal.
“En febrero el alcalde de Arteaga declaró que había más de 200 desarrollos entre grandes y chicos en la sierra de Arteaga. La sierra de Arteaga es forestal y no están controlados esos desarrollos”, señala.
El especialista menciona que lo mismo sucede en comunidades o municipios cercanos a Cuatrociénegas, donde también hay fraccionamientos campestres que no son controlados y no tienen permiso.
Entre los riesgos señalados en la Semarnat como puntos a atender en los últimos años, están precisamente las autorizaciones que no han cumplido con estándares de calidad para aprovechamientos forestales maderables, cambios de uso de suelo en terrenos forestales, entre otros.
El mismo PTAR de 2022 de la Semarnat señala el tema de ordenamientos ecológicos de los territorios expedidos de forma “inadecuada”, “sin criterios ecológicos para la mitigación o adaptación al cambio climático”.
El ingeniero agrónomo Ricardo Salazar dice que antes la Conafor pagaba dinero para que la gente plantara árboles y los cuidara, y esos programas se verificaban. Según Salazar, el 70 por ciento de las plantas podían seguir su crecimiento natural. Sin embargo, ahora no hay verificación de seguimiento.
“La falta de supervisión y seguimiento ha llevado a la pérdida de datos y la ausencia de garantías sobre la efectividad de los programas”, comenta.
Otro ejemplo, apunta Salazar, es el pago por servicios ambientales, donde se le paga a productores para conservar áreas, ya sea que generan captación de agua, retención de suelos o protección de biodiversidad. Sin embargo, además de que asegura se ha reducido el dinero para el programa, se da directamente a los productores sin certeza de que se cumpla.
“No es malo, pero sabemos que a veces no lo usan para lo que se le dio, y mientras no se le verifica, pues lo seguirá haciendo”, comenta.
De hecho, entre los riesgos detectados a la Conafor en el PTAR, está precisamente el tema de los proyectos incumplidos por parte de los beneficiarios debido a la “insuficiente supervisión” a los proyectos, la “limitada” disponibilidad de planta forestal, falta de capacidades técnicas o financieras de los plantadores para dar seguimiento. Además de pagos a beneficiarios otorgados de manera “inadecuada” por proyectos no ejecutados o que no correspondan al avance real en campo o con deficiencias técnicas.
Salazar añade que antes los técnicos verificaban que no hubiera plagas, que no hubiera talas clandestinas, hacían planeaciones de plantaciones forestales, viveros forestales.
“Todo eso se acabó. No hay dinero y sí está repercutiendo mucho al medio ambiente”, dice el exfuncionario de Conafor.
A la Conafor en los últimos años le han señalado riesgos por realizar acciones de restauración fuera de tiempo, acciones de manejo del fuego operados de manera “insuficiente” debido a la falta de cultura forestal, insuficientes recursos financieros, materiales y humanos.
El impacto negativo se extiende también a la región Carbonífera, comenta Pedro Valdez. En esta zona se encuentran acumulaciones de contaminantes y desechos provenientes de las minas, considerados pasivos ambientales. La disposición final y la atención a estos pasivos se ven limitadas por la falta de personal especializado, asegura el experto.
“Si se va por todo Cloete, Agujita, Sabinas, Rosita, va a encontrar muchos pasivos, muchos montones de esa tierra negra, que hay que ver la disposición final y no hay gente que lo vea. En cada región hay un problema particular de acuerdo con su actividad económica”, comenta Valdez.
TOMARÁ AÑOS REVERTIR EL DAÑO AMBIENTAL
Pedro Valdez considera que estos impactos recientes requerirán de muchos años para revertirlos.
La Semarnat por ejemplo, no ha ejercido ningún recurso por temas de remediación de sitios contaminados de acuerdo con respuesta a la solicitud 330026722002988.
Valdez indica que en cuestión de deforestación habría que medir, hacer estudios de daños, de todo lo que se ha derribado de árboles. En cuanto a calidad de aire habría que ver cuáles son las fuentes emisoras, dice.
“No sé si sea el que ha crecido el padrón vehicular o si se dejó de atender a las empresas de carácter federal. Habría que empezar hacer un trabajo medible para ver las medidas de remediación y compensación”, explica.
José Ruiz Fernández dice que se tienen que hacer análisis de la calidad del aire, calidad de agua, temas de conservación ambiental o conservación vegetal para que dé luz sobre el impacto y las afectaciones.
Sin embargo, las dependencias también han recortado el presupuesto en investigaciones y estudios.
En 2018, el último año previo a la administración, se gastaron 8.6 millones de pesos en estudios e investigaciones por parte de la Semarnat, pero de 2019 a 2021 han sido 6.8 millones, según el Informe de Austeridad Republicana.
La Profepa redujo 100 por ciento el gasto en estudios e investigaciones.
La Conagua gastó en 2021 menos de un millón de pesos en estudios e investigaciones.
Miguel Hernández Muñiz, director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), alerta sobre la afectación que el recorte presupuestal en México tiene en el medio ambiente y, en consecuencia, en la calidad de vida de la población.
Hernández señala que el cuidado y la protección ambiental son tareas básicas y que la falta de recursos limita los estudios y, por ende, las acciones de las instituciones encargadas de garantizar el acceso a un medio ambiente sano.
“Hemos recorrido la Comarca Lagunera y vemos la ausencia del estado mexicano. No vemos a la Comisión Nacional del Agua, no vemos a la Secretaría del Medio Ambiente y eso es lamentable”, critica.
Además, resalta que el derecho al agua está vinculado al derecho humano al medio ambiente y que los acuíferos sufren una sobreexplotación debido a la falta de recursos para realizar los estudios necesarios para conocer su estado actual.
FALTA DE COMPROMISO POR LA AGENDA AMBIENTAL
Pedro Valdez Moncada señala que el deterioro ambiental en México está evidenciado en las reducciones de personal y la falta de recursos en instituciones clave encargadas de la protección del medio ambiente.
Estos problemas, afirma, han generado carencias significativas en los procesos de certificación, inspección y toma de decisiones, afectando la preservación del medio ambiente en diversas regiones del país como Coahuila.
El ambientalista Gerardo Jiménez refiere la falta de compromiso del gobierno federal y los gobiernos anteriores con respecto a la sustentabilidad.
Según Jiménez, a lo largo de los años, la agenda ambiental ha sido considerada secundaria y esto se refleja en los presupuestos y las políticas públicas implementadas.
Aunque considera que se ha logrado establecer un marco normativo avanzado en materia ambiental, el activista sostiene que esto no se traduce en la asignación de fondos suficientes para implementar políticas públicas efectivas.
Jiménez señala que los presupuestos destinados a la protección del medio ambiente son “marginales” y no proporcionan las herramientas necesarias para abordar los problemas ambientales de manera adecuada.
Como resultado, estos problemas se acumulan, se multiplican y se convierten en rezagos que solo se enfrentan de manera reactiva, en lugar de adoptar enfoques preventivos o proactivos.
Ante este escenario, el maestro en Gestión Ambiental, José Ruiz Fernández, hace un llamado a la participación ciudadana y resalta la corresponsabilidad que todos tenemos en la gestión ambiental.
Aunque reconoce que ningún gobierno puede abarcar completamente el tema ambiental, destaca la importancia de apoyar con denuncias y actuar de manera consciente para facilitar el trabajo de las autoridades.
“Se necesita la colaboración de todos para afrontar los desafíos ambientales y lograr una gestión adecuada del medio ambiente”.