Vecinos alrededor de la fundidora están hartos de mirar todos los días las emisiones de la empresa, así como sus casas y coches cubiertos de polvo negro. ¿Qué se necesita para que la autoridad investigue las denuncias populares por contaminación?
- 30 septiembre 2024
Vecinos de al menos nueve sectores del norte de Saltillo se encuentran en total indefensión, ante la cada vez más intensa contaminación generada por la empresa brasileña de fundición de hierro, ubicada sobre el corredor industrial Isidro López Zertuche.
Los afectados han padecido por más de 12 años la emanación de polvos, ácidos y gases, que presuntamente arroja a la atmósfera esta compañía, dedicada a la fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices.
Ello sin que hasta ahora las autoridades encargadas de cuidar el medio ambiente y supervisar la actividad de este tipo de negocios, llámese la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (Profepa), hagan nada para poner remedio al problema.
En contraste las familias que viven en las manzanas aledañas a esta planta, aseguran que los daños a la salud, mismos que van desde alergias, asma, bronquitis, enrojecimiento de ojos, hasta males de la garganta y escoriaciones en la piel, han ido en aumento como resultado, aseguran, de la exposición constante a estos desechos.
Situación en la que tampoco han intervenido las autoridades sanitarias de Coahuila con la realización de análisis que determinen las causas exactas de dichas enfermedades.
“Se tiene que hacer un análisis sobre la presencia de metales pesados en sangre. Eso no cualquiera lo hace y es costoso. Si voy al IMSS, el IMSS me va a decir, ‘ese estudio yo no lo hago, yo hago de biometría hemática...’, y no, ese no es. Tenemos que demostrar con un análisis y no lo hemos hecho. Lo que estamos haciendo es que vean que la empresa está haciendo un daño a la salud. No podemos demostrar cómo, porque no sabemos”, comenta una vecina del sector.
Sin embargo, habitantes de sectores como Lasalle, Virreyes, Kiosko, Villas de San Fernando, Santiago, Villa Olímpica, Maestros, Río Bravo y Universidad Norte, entre otros, siguen luchando, solos, contra los olores a químicos del humo, las lluvias ácidas y el polvo negro que invade cocheras, entra por las rendijas de puertas y ventanas a los domicilios y que, presumen, vienen de la fábrica.
CONFLICTO DELICADO
“La ciudadanía se dio a la tarea de efectuar denuncias ante la Secretaría del Medio Ambiente, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sin respuesta favorable en el aire que respiramos los vecinos de estas colonias”, dice una residente de Lasalle que prefiere pasar como anónimo, argumentando que el conflicto entre vecinos, autoridades ambientales y empresa, ya ha cobrado un matiz de “delicado”.
Hasta el momento los damnificados por la contaminación de la firma, no se explican cómo a pesar de la avalancha de quejas y demandas individuales y colectivas, la última firmada por 90 ciudadanos ante el Instituto Federal de Defensoría Pública, las cosas no cambian.
“A ese tipo de fábricas, que yo pienso, estoy seguro que hay algún tipo de arreglo, no les hacen absolutamente nada. Respecto a la contaminación la autoridad no ha hecho absolutamente nada, cero, nada, nada, nada. Tan comprados todos, todos... Es una fábrica con mucho poder, o sea no hay quien pueda con ellos”, reprocha Felipe Tovar, quien lleva 40 años soportando la contaminación originada por factorías y talleres situados a lo largo del corredor industrial Isidro López Zertuche, y más recientemente la de Tupy.
Información obtenida mediante la solicitud folio 330024424000952 remitida por Semanario a la Profepa, indica que de 2016 a la fecha esta procuraduría impuso un total de tres sanciones contra la compañía, una con valor de un millón 267 mil 350 pesos, que ya fue pagada; y otras dos por el monto de millón 308 mil 268 pesos con 50 centavos, siendo éstas últimas recién notificadas y pendiente de liquidación.
Las tres multas se aplicaron como resultado de diversas denuncias populares sobre emisiones de polvo metálico, emisiones de humo a la atmósfera, olores tóxicos y contaminación del aire con gases, sobre todo en la noche, el turno nocturno de la fábrica.
Por otra parte, datos sacados de la respuesta a la solicitud folio 050098700006024, enviada a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, (Propaec), detallan que derivada de un procedimiento administrativo instaurado en 2018, se fijó una sanción en contra de Tupy México Saltillo S.A. de C.V. en 2020 por la suma de 228 mil 123 pesos, misma que ya fue saldada.
La multa se originó debido a que en el momento de la visita hecha por la Propaec, la empresa no contaba con el “plan de manejo de residuos de manejo especial”, que emite la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila.
Con todo y las inspecciones, los vecinos insisten en que los niveles de contaminación en las colonias cercanas a la fundición siguen creciendo.
“El polvo se mantiene por todos lados y las emisiones como que cada vez van en aumento. Tenemos varios años que hemos ya padecido de una manera sistemática esa contaminación. Eso es algo que nosotros no sabemos cómo nos va a afectar”, advierte Arturo Domínguez Martínez, colono de Villas de San Fernando, localizada al norte de la ciudad y próxima a la fábrica.
Como señala Domínguez Martínez, lo que hoy mantiene a los vecinos en constante preocupación es el tema de las afectaciones que en el futuro podría acarrear la inhalación del polvo negro, los humos y los ácidos, emanados por la empresa.
“A lo mejor algunos son más resistentes que otros, pero no sabemos a quién le va a afectar. Por ahí se están documentando algunos casos de gente que ya ha resentido en su salud...”, declara un morador del fraccionamiento Lasalle, que no desea dar su nombre ante el temor de que lo corran de su trabajo, por ser empleado del gobierno federal.
LA LUCHA DE LOS VECINOS
La lucha de los vecinos en contra de las autoridades y la empresa misma, por defender su derecho humano a un ambiente limpio, comenzó en 2012, justo después de que la antigua planta Cifunsa, filial del Grupo Industrial Saltillo, pasara a manos de empresarios brasileños y cambiara su nombre por el de Tupy.
Entonces apareció el polvo negro, ese polvo pesado que comenzó a tapizar las azoteas, las cocheras, las banquetas y a colarse aún por las hendiduras de puertas y ventanas cerradas de los hogares.
Un polvo difícil de barrer que en las madrugadas caía del cielo sobre automóviles, árboles, macetas y se adhería al pelaje de las mascotas.
El mismo polvo que los colindantes del corredor industrial Isidro López Zertuche, hicieron famoso por medio de videos en redes sociales que mostraban el ya popular experimento del imán que atrae las partículas ferrosas de aquellos polvos.
A la sazón, los vecinos de la firma Tupy iniciarían, unos en solitario, otros en grupo, un movimiento social para llamar la atención de las dependencias encargadas del cuidado del medio ambiente, sobre el fenómeno de polución originado por la fábrica de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices.
“Yo sé que es Tupy, porque yo lo he visto en la madrugada. Yo he visto cómo salen las emanaciones y veo cómo amanece el área donde está la fábrica”, acusa una vecina de la colonia Los Maestros.
La empresa se defendió públicamente diciendo que no era la única fuente de contaminación en el corredor.
“Eglantina Canales, (la anterior secretaria del Medio Ambiente), me decía ‘es que también está Draxton, Draxton contamina mucho’”, platica un padre de familia de Lasalle que pide se omitan sus generales.
El vecino se refiere a la firma propiedad del Grupo Industrial Saltillo, dedicada a la fabricación y comercialización de componentes en hierro gris, nodular y aluminio mecanizados, principalmente para la industria automotriz de vehículos ligeros, medianos y pesados, de Norteamérica, Europa y China.
Así comenzó el peregrinar de los inconformes por las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, luego por las de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, y después por las de Profepa, a donde llevaban las muestras de aquel polvo negro que recolectaban del suelo de sus viviendas, buscando quién las analizara.
No obstante, eran ignorados.
“En una demanda que pusimos en 2019, todos reunimos el polvo de dos días acumulado en las cocheras. Salían como 20 gramos, 50 gramos de polvito, lo guardamos, lo presentamos y simplemente nos dijeron, ‘ah no, es que ustedes no son especialistas para reunir polvo y no se los podemos tomar en cuenta’”, narra Arturo Domínguez Martínez, de Villas de San Fernando.
Otro día las dependencias se sacudían a los vecinos que iban para denunciar a Tupy, alegando que el problema de la contaminación provocada por las emanaciones de la brasileña no eran materia de su competencia, o que estaban limitados para entrar a la fábrica e inspeccionarla.
“La gente de Profepa decía, ‘es que ellos, Tupy, no nos dejan entrar...’. Como que no tenían buena comunicación, porque unos se metían, quiero creer que la SMA, o se metía la Propaec”, relata un vecino de la colonia Virreyes cuyo nombre no desea aparezca en esta nota, por miedo a venganzas.
Ciertos de que no tendrían el apoyo de las autoridades para dar sustento a sus denuncias, los habitantes de las nueve colonias afectadas decidieron hacer sus propias investigaciones sobre el origen y peligrosidad del polvo negro.
Recolectaban partículas, y de su peculio, contrataban los servicios de laboratorios privados que hicieran los estudios de los desechos, estudios que luego ponían en manos de las autoridades, como evidencia.
Empero, eran rechazados.
“Yo le decía a Verónica Rodríguez Márquez, la entonces encargada de denuncias de la Profepa, ‘tengo dos estudios de tierra, aquí están, tú dime, los componentes no son los ideales’, decía ella ‘no valen, porque tienen que ser avalados por la EMA, ((Entidad Mexicana de Acreditación), un laboratorio que tenga esa certificación’.
“Le digo ‘pues si quieres yo hago tu chamba, págamelos y yo te los llevo’, dice ‘no pos no’. Le digo ‘en mi caso es la lucha del Llanero Solitario con la tribu de los apaches’”, narra un habitante de la colonia Kiosko que no quiere ser identificado.
Al respecto José Ruiz Fernández, especialista en derecho ambiental y gestión urbanística, señala que la autoridad ambiental es la responsable de dar fundamento a las denuncias ciudadanas.
“La autoridad no puede esperar a que un particular, un ciudadano de pie se haga de esas pruebas. Es decir, no solamente esperar a que la persona que denuncia lleve estudios, lleve análisis químicos del material que perciben ellos que está cayendo en los alrededores. La Profepa debería tener, desde mi perspectiva, una actitud proactiva en complementar las deficiencias que pudiera haber en las denuncias que presenta la ciudadanía, para que si la ciudadanía no está ofreciendo las pruebas adecuadas la Profepa las solicite”.
PROMESAS QUE SE EVAPORAN
Etivet Navarro Perales tiene 15 años de vivir en la calle Laguna de Tamiahua, colonia Lasalle, justo frente a las chimeneas de la empresa, mismos 15 años que viene escuchando promesas y nada más que promesas de los políticos, que en tiempo de elecciones, pasan por aquí pidiendo el voto.
“Todos, todos... Les decimos ‘no sabe qué, tenemos este problema’, y te decían ‘vamos a tomar cartas en el asunto’ y hasta ahorita... Decían ‘por lo pronto regálenos el voto’. Todos, los del PRD, del PAN, de MORENA... Todos los candidatos que venían, anotaban y... nada”.
Cada madrugada Etivet es testigo de las emanaciones de humo que salen de las chimeneas y amanecen en forma de polvo negro en el piso de su garaje y el capacete de la combi de la familia, que ya luce corroído.
“No, y huele bien horrible, uno no puede ni dormir, el polvillo se mete...”.
-¿Ustedes contra quién han demandado?
-Pos ya contra todos, pero no han hecho nada.
La señora Navarro platica que en cierta ocasión Eglantina Canales Gutiérrez, quien fuera secretaria de Medio Ambiente de Coahuila durante dos administraciones, le pidió que organizara una reunión con vecinos de la colonia, a fin de abordar el problema de la contaminación y plantear posibles soluciones.
“Me llamó por teléfono, me habló, me dijo, ‘oiga cómo ve si...’, ‘claro’, le dije, ‘si usted dice, yo le junto porque le junto a la gente aquí’, dijo ‘no, vamos a arreglar esto’, y hasta la fecha la estoy esperando. Ya nunca regresó, y ya hasta salió...”, dice Etivet y se carcajea.
El hartazgo de algunos residentes de los sectores dañados por los humos, los ácidos y el polvo negro que expele Tupy, ha llegado a grado tal que incluso ya han perdido el interés por dar seguimiento a las demandas colectivas, tres las más recientes, y a los amparos, unos 30, que han interpuesto ante la autoridad judicial por el caso Tupy.
Otros simplemente rehúyen hablar con la prensa.
“Yo ya perdí el interés por cansancio, igual que mis vecinos de Lasalle, es agotador estar insistiendo ante las autoridades y ver que pasan los años y no hay resultados”, dice Hilda Loyola, habitante de esta colonia.
REVÉS TRAS REVÉS
Felisa Ramírez, que en realidad no se llama así, pero que ha pedido proteger su nombre en esta nota, ha sido una de las pocas vecinas que se ha mantenido en pie de lucha para solicitar a las autoridades la reubicación de la planta de fundición lejos de las zonas habitacionales, entre otras medidas que ayuden a mitigar la contaminación persistente en el corredor industrial López Zertuche.
Sin embargo, hasta ahora sus exigencias no han sido escuchadas.
“Yo digo ‘no les quiten el trabajo, nomás pónganles los filtros y ya, que siga operando con filtros buenos’, pero cuesta, entonces no tan fácilmente lo hacen”.
A lo largo de 12 años a Felisa le ha tocado vivir todos los reveses y obstáculos que las autoridades ambientales han puesto a sus quejas y denuncias populares contra la polución generada por la firma Tupy.
Su terquedad le valió que tanto la Propaec como la Profepa iniciaran una serie de inspecciones a la empresa, sin que el resultado, lamenta Felisa, haya sido la mejora de la calidad del aire que respiran los habitantes de la zona.
Con base en información conseguida vía transparencia se sabe que desde 2016 a la fecha la Profepa ha realizado un total de tres inspecciones a la empresa Tupy, dos en materia de atmósfera y una en materia de residuos peligrosos.
Semanario solicitó a esta Procuraduría todos y cada uno de los documentos referentes a dichas supervisiones y sus resolutivos, pero la dependencia no dio cumplimiento cabal a esta petición.
“Le dijimos a la Profepa, ‘¿oye qué has hecho?, tenemos desde tal fecha este oficio y no se ha movido’. A las visitas sí van, pero no hacen nada para detener la contaminación”, advierte Felisa.
Por su parte la Propaec respondió en una solicitud de información haber efectuado un total de dos visitas de inspección y vigilancia a esta fábrica en los últimos ocho años, de las cuales, dice la contestación, se desprenden irregularidades o infracciones en materia de la legislación estatal ambiental.
“Nos dejaron hacer la visita, no siendo de nuestra competencia, pero como tú sabes, Profepa ahorita no tiene ni pies ni cabeza, es un relajo. Es la facultad de Profepa inspeccionar a Tupy, pero de alguna manera tenemos que sacar la chamba”, aclara Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, procurador de Protección al Medio Ambiente de Coahuila.
Y agrega que hasta 2021 la empresa no contaba con los cuatro permisos que exige la SMA a este tipo de industrias para su operación y que son: autorización para almacenamiento y/o acopio de residuos de manejo especial, autorización para el tratamiento de residuos de manejos especial, registro como generador de residuos de manejo especial y autorización para procesamiento y/o reciclaje de residuos de majeo especial.
“Dijimos ‘bueno, vamos a revisarlo por los permisos que le competen al estado, pero pos sentados en la mesa, con los directivos los vamos a agarrar y decirles oigan, hay un problema y se va a venir fuerte, necesitamos que nos ayuden a resolverlo’. Ahorita, en cuanto a esos permisos se refiere, ya están con el Estado”, precisa Rodríguez Mendoza.
-¿Los de Tupy fueron inflexibles a la hora de la visita?
-No, pero tampoco se dejan... y te dicen ‘no tienes nada que andar haciendo en la fundición o en moldeado...’.
Este medio solicitó a la Propaec copia de todos y cada una de los documentos que amparan, registran y comprueban, las inspecciones realizadas a la empresa Tupy y sus resolutivos, sin embargo, no respondió a la demanda.
“A mí lo que sí me extraña un poco es que no haya una acción más contundente de la autoridad. Desconozco cuáles han sido los resultados de las actuaciones administrativas, pero veo que la empresa sigue operando con relativa normalidad, y por las notas que se han publicado no he visto que haya alguna suspensión de actividades temporal o provisional para poder ver lo necesario. Creo que es importante que la autoridad pueda realizar acciones más contundentes para lograr un resultado más adecuado”, urge José Ruiz Fernández, especialista en derecho ambiental y gestión urbanística.
EMPRESA CALLA
Semanario buscó a Felipe Pérez, el responsable de comunicación de Tupy México Saltillo S.A. de C.V. a fin de solicitar una entrevista con algún directivo de le empresa sobre lo expuesto en esta nota.
“Dame oportunidad de recabar internamente la información que solicitas y me pongo en contacto contigo para ver cuándo nos podríamos reunir”, dijo Pérez por medio de un mensaje de WhtasApp, pero hasta el cierre edición no se había reportado.
En 2018, y gracias a sus gestiones, Felisa logó que la SMA mandara a hacer un análisis del polvo negro en los laboratorios de la UNAM, laboratorios que cuentan con certificación de la EMA.
Dichos estudios revelaron que los polvos contenían metales como cromo, manganeso, zinc, plomo, cobre, tiberio, vanadio, cuyos valores, de acuerdo con una interpretación hecha por el Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo, resultaron por debajo de los límites permitidos por las normas.
Sin embargo, para los vecinos del corredor industrial Isidro López Zertuche hay algo que no cuadra entre la conclusión de estos análisis y su realidad cotidiana.
Fuentes cercanas al Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), confiaron a Semanario que en sus últimos meses al frente de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, la bióloga Eglantina Canales solicitó a esta instancia un análisis de los polvos urbanos en puntos como los corredores Isidro López Zertuche y Vito Alessio Robles.
Se recolectaron 30 muestras de polvo en banquetas y hendiduras y se introdujeron en bolsas de muestreo que hoy permanecen archivadas, a falta de presupuesto para analizarlas.
“La bióloga Eglantina fue quien nos las pidió, verdad. Ella iba a conseguir por ahí un presupuesto, pero ya no se pudo nada. Es que ya ve que en esta administración hubo mucha austeridad y no ha habido presupuesto para sacar esas muestras, ahí están pendientes todavía.
“A ver qué pasa ahora con el cambio de sexenio, a ver si ya nos llega algo de billete. Yo creo que hasta el siguiente año porque este año ya cerró administrativamente, fiscal y todo eso, ya cerramos, ya no hay compras, no hay nada”, dijo un investigador del CIQA.
Otro estudio fue el realizado en 2019 por el Instituto de Geofísica de la UNAM.
Se trató de un análisis pagado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), con dinero de las multas y que nunca se dio conocer.
Este estudio revisó la calidad del aire y su impacto ambiental en zonas urbanas de Coahuila.
En el caso de Saltillo, se encontró como “hot spot”, (punto caliente), el norte de la ciudad sobre la avenida Isidro López, una zona altamente industrializada, en donde se refieren altas concentraciones de 13 metales como el cromo, zinc, cadmio, molibdeno, plomo, entre otros.
SIN ANÁLISIS DE IMPACTO
Juan Carlos Loyola Licea, biólogo de profesión con posgrado en ingeniería ambiental, entomología y microbiología en ciencias ambientales, dice que una posible explicación de por qué la fundidora Tupy sigue con sus emanaciones al medio ambiente es que ha incrementado su producción, lo cual ha traído como consecuencia que sus equipos de control de emisiones se hayan visto rebasados.
“¿Qué es lo que se observa?, que durante el día no es tanto y nada más en la noche incrementan la producción. Se nota. Los vecinos se dan cuenta de los humos, es visible el humo. Tú pasas y lo ves. Desconozco qué medidas han implementado, pero es un hecho que son insuficientes. Si ellos operan a una cierta capacidad sus equipos de control son suficientes, pero si exceden la capacidad, se rebasan los equipos de control. Eso se llama pasarle al medio ambiente los costos negativos.
“Se llaman externalidades negativas, en lugar de yo pagar, se lo paso al medio ambiente y se lo paso a las personas ¿Quiénes pagan?, las personas pagan con su salud lo que ellos no quieren invertir en equipo”.
En su página de internet de Tupy, con fábricas en Joinville/SC, Betim/MG (Brasil) y en las ciudades de Saltillo y Ramos Arizpe y Aveiro (Portugal), dio a conocer que en 2022 obtuvo 10.2 mil millones de euros de ingresos totales.
En una nota publicada por Vanguardia el 8 de septiembre de 2020 Tupy informó que en diciembre de 2018 y enero de 2019, mejoró el desempeño y rendimiento de sus equipos, lo cual implicó el cambio de filtros y el reemplazo de mil 200 bolsas, acción que representó una inversión mayor a un millón de pesos.
El abogado Ruiz Fernández subraya que en el supuesto de que Tupy haya incrementado su producción, necesariamente tendría que hacer una actualización de su manifestación de impacto ambiental, para efectos de acreditar en cuánto está aumentando sus operaciones y cuánto va a aumentar las emisiones que genera y los impactos en general.
“Y la autoridad tiene la obligación de observar, no solamente el tema de la empresa como tal, o sea cuánto genera la empresa, cuánto es ambientalmente correcto, sino el tema del potencial impacto a la salud pública que existe en cualquier emisión. Y debe de tener la certeza de que lo que está autorizando no vaya a comprometer desde temas ambientales, hasta temas de salud pública”.
Aunada a la polución que genera la empresa como resultado de sus procesos de fundición, están las emanaciones de humo ocasionadas por al menos dos incendios, que en los últimos ocho años se han presentado al interior de la planta.
Cabe señalar que en ninguna de las dos conflagraciones Tupy permitió el ingreso del cuerpo de bomberos ni de los inspectores de Protección Civil municipal para el control y dictamen de los siniestros.
“Vemos que hay mucho hermetismo por parte de la empresa, situaciones que nos llaman la atención, ¿pues qué esconden? Creo que como empresa socialmente responsable debería de estar en comunicación con los vecinos”, declara Arturo Domínguez Martínez.
La explicación que la empresa dio a la Propaec sobre el incendio registrado en abril de 2023, fue una falla en las bolsas o súper sacos que retienen los polvos, debido a que se introdujo un elemento en el proceso y eso provocó que se quemaran.
“Nada del otro mundo, pero como son chimeneas muy grandes, es un aparato muy flamable, desde afuera se ve que están contaminando, que están haciendo algo”, detalla Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, el titular de la Propaec.
El pasado mayo trabajadores de Tupy, inconformes con el monto de las utilidades, realizaron un paro de labores que duró alrededor de dos semanas, tiempo que significó un respiro para los vecinos del sector.
“Fueron 15 días de gloria, ellos tuvieron ese problema, pero al menos nosotros ya no tuvimos las emanaciones de partículas... Lo más demostrativo fue eso de que la quincena que estuvieron de huelga los empleados, el aire se respiraba más limpio, no hubo necesidad de barrer dos veces la cochera. Lo cual indica que si hay un detalle por parte de la empresa, alguna norma que no está cumpliendo...”.
“Lo que queremos es eso, que de alguna manera la empresa controle esas emisiones y no dañe el ambiente, y no dañe nuestra estancia o nuestra vida en estas colonias. Queremos que la empresa voltee a vernos como vecinos, porque la empresa simplemente no nos toma en cuenta”, comenta Arturo Domínguez.
También en mayo pasado cerca de 90 vecinos de diferentes sectores del norte de la ciudad, se reunieron en las canchas de la iglesia Jesús Divino Maestro, de la colonia Lasalle, para interponer una demanda colectiva ante el Instituto Federal de Defensoría Pública, en contra de la empresa Tupy, por la contaminación atmosférica que provoca en el corredor López Zertuche.
No obstante, la denuncia poco ha avanzado debido al paro que mantienen los trabajadores del Poder Judicial Federal, de frente a la recién aprobada reforma al sistema.
Lo último que saben los vecinos es que el juzgado quinto de distrito, instancia en la que se está llevando la denuncia, envió a un perito independiente a levantar muestras del polvo negro para su posterior estudio.
“Nosotros solamente somos ciudadanos comunes, no nos sabemos las leyes al 100 por ciento, pero esperamos que las instancias tanto municipales, estatales y federales, en lo que les corresponda, nos atiendan y nos apoyen porque estamos indefensos ante un conglomerado que es la empresa, que no es nacional, que es internacional y todavía nos vemos mal...”, dice el vecino Martínez Domínguez.