A dos meses de la tragedia de El Pinabete, persiste la minería artesanal de carbón a tiro vertical, así como las condiciones laborales irregulares
- 10 octubre 2022
“Ya me voy, es mi vida güey”, le dijo Carlos Javier Zapata Bernal, a su patrón del pocito “La Espuelita”, en la Florida, municipio de Múzquiz, cuando miró que en el interior de la mina el carbón se desmoronaba y el chorro de agua aumentaba, aumentaba, aumentaba.
Sucedió a principios de 2002.
Carlos había salido a la superficie de la veta para poner sobreaviso a su jefe de que el pozo se estaba inundando.
“Le dije ‘¿sabes qué?, ya estuvo, ya me voy a parar’. Y dice ‘¿por qué, güey?’. Le digo, ‘no, pos el pinche agual ta’ bien perro, ya aumentó’”, narra Calos.
Y en lugar de ponerlo a salvo, tal y como ordenan las normas Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008, llamada de Seguridad para minas subterráneas de carbón; y la Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2012 denominada Minas subterráneas y minas a cielo abierto- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, su patrón lo retó con un: “no seas culo, güey”.
Pero Carlos mejor se fue de la mina.
Días después, el 23 enero de 2002, 13 carboneros murieron ahogados en la inundación del pozo “La Espuelita”, en el ejido la Florida, municipio de Múzquiz, donde Carlos trabajaba.
La mayoría eran integrantes de dos familias, hermanos, tíos, primos.
El patriarca de uno de los clanes, que era el mayordomo, fue el único que se salvó, y Carlos, que viendo venir la tragedia, decidió escapar días antes de una muerte segura en las fauces de la tierra.
Aun con las vidas que ha costado la explotación de carbón en las minas de tiro vertical, mejor conocidas como “pocitos”, y en especial, a dos meses de la inundación de El Pinabete, que atrapó a 10 mineros, este tipo de centros de trabajo sigue operando “escondidos”, en parajes a los que se llega por brechas de difícil acceso en la Región Carbonífera de Coahuila.
“Siguen trabajando, están en labores constantes”, revela Diego Martínez Carrillo, catedrático investigador del Centro de Investigaciones de Ciencias Aplicadas de la UAdeC en Nueva Rosita.
Semanario buscó por casi medio año una entrevista con Julio Antonio Sánchez Morales, subdelegado federal del Trabajo en Sabinas, a través del área de comunicación social de la STPS, para que respondiera sobre los señalamientos de presuntas omisiones en la inspección de los llamados “pocitos” de carbón.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.
LOS POZOS FURTIVOS
En un recorrido realizado por Semanario se pudo constatar que al menos en el Ejido el Mezquite, localidad de Sabinas, ubicada justo en la entrada de este municipio, existen 6 “pocitos” en los cuales laboran de 14 a 20 carboneros, por un salario de entre 110 y 150 pesos la tonelada de hulla.
Sin contar otra mina vertical que está en proceso de construcción en terrenos de mismo ejido y cuyo dueño es un empresario de nombre Javier Arizpe, reveló en entrevista Juan José Torres, presidente del comisariado de El Mezquite.
Según una cronología elaborada por el historiador Ramiro Flores Morales, entre 1998 y 1999 se registraron en “pocitos” de El Mezquite dos accidentes que dejaron como saldo cuatro víctimas mortales.
En ediciones anteriores, Semanario documentó cómo en el negocio del carbón en Coahuila unos actores fungen como dueños del predio, otros como contratistas, otros como encargados y otros como concesionarios.
Los pozos de carbón que Semanario recorrió, y a los que se accede por caminos de terracería, están situados en predios ejidales o propiedades privadas y tienen puertas metálicas cerradas con candados.
“Eso quiere decir que no están muy bien que digamos”, advierte don Plutarco Ruiz Loredo, el suegro de Sergio Cruz, uno de los 10 mineros atrapados en el Pinabete el 3 de agosto.
Los dueños de estos pozos pagan regalías por el uso de las tierras a los dueños de las tierras, regalías que en el caso de El Mezquite, dice Juan Torres, el comisariado, van de los 50 a los 100 mil pesos mensuales, todo depende del carbón que saquen.
Fuentes consultadas por Semanario en el área aseguran que en la Región Carbonífera existen más “pocitos” que operan ocultados, en sitios ocultos de otros ejidos de Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz y Progreso.
“No están a la vista. Son áreas retiradas de la mancha urbana y no siempre se tiene acceso. Debe de haber, pero no los tenemos ubicados”, advierte Raúl Dante Guajardo, coordinador de Urbanismo de Sabinas.
Sin embargo, durante el recorrido Semanario encontró otro “pocito” instalado a la orilla de la carretera 57, a 5 kilómetros de Sabinas, casi a la entrada al municipio de Nueva Rosita.
Actualmente ni las autoridades que tienen bajo su responsabilidad el control y regulación de la minería, cuentan con información sobre la cantidad y ubicación de “pocitos”, en la Región Carbonífera.
“Como es una minería que trabaja tres, cuatro, cinco meses y ya desocupa el área, no se puede decir un lugar exacto, pero sí se ven a veces desde la carretera las torres donde están montados los malacates y donde baja el bote y todo”, describe Diego Martínez Carrillo, ingeniero minero con maestría y doctorado en procesamiento de minerales.
CONCESIONES SIN SEGUIMIENTO
De acuerdo con la respuesta de la Secretaría de Economía a una solicitud de información hecha por Semanario, del año 2000 a la fecha esta dependencia otorgó un total de 800 concesiones mineras en los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Progreso y Juárez, pero no se lleva un registro de cuántas corresponden a minas mecanizadas y a minas artesanales, o sea, de los llamados “pocitos”.
No obstante el Artículo 7, fracción X de la Ley Minera dice que son atribuciones de la Secretaría de Economía llevar el Registro Público de Minería y la Cartografía Minera, así como realizar toda clase de levantamientos topográficos y geodésicos, con el fin de mantener actualizada esta última.
En su respuesta a la solicitud folio 330027122000361, hecha por Semanario, la STPS revela que de 1972 a la fecha se han registrado 45 accidentes en “pocitos” de carbón, con 259 víctimas mortales.
Por otra parte, una cronología de la tragedia elaborada por Ramiro Flores Morales, ingeniero minero, coordinador de la Secretaría de Cultura en la Región Carbonífera y cronista municipal de Sabinas, revela que a partir de 1979, año en que se generalizó la operación de minas verticales en la región, se han suscitado al menos 17 accidentes en “pocitos”, mismos que cobraron la vida de 88 carboneros, incluyendo los 10 mineros que continúan atrapados en el pozo El Pinabete desde el 3 de agosto.
La mayoría de los siniestros y muertes consignados en esta cronología corresponde a explosiones dentro de los pozos, algunos a inundaciones y otros a derrumbes.
Flores Morales afirma que si registrara la totalidad de accidentes con fallecidos, ya sea electrocutados o aplastados en minas verticales, muy seguramente la cifra de muertes se duplicaría.
LOS INTENTOS LEGISLATIVOS CONTRA MINERÍA ARTESANAL... EN EL FRACASO
A finales de 2012, diputados del PAN presentaron una iniciativa para modificar el primer párrafo y adicionar un segundo, al artículo 243-A de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere al desarrollo de la minería en México.
Tal reforma prohibía el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes.
“En donde las actividades mineras se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras, no contando con las medidas de seguridad que correspondan, de acuerdo a la normatividad vigente, para proteger la vida de los trabajadores”, se leía en la iniciativa.
Pero la propuesta no prosperó.
Marcelo Torres Cofiño, entonces presidente de la Comisión Especial de Minería en la 62 Legislatura de la Cámara de Diputados, habría sido el principal impulsor de este decreto motivado por el sinestro en un “pocito” del ejido Sabinas, propiedad de la empresa Binsa, ocurrido el 3 de mayo de 2011 y en el que, luego de una explosión al interior de la mina por la que fallecen 14 poceros.
“La iniciativa no fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados. La propusimos y el PAN la acogió, la hizo de él, pero no obtuvimos los votos, no hubo el eco necesario para poder aprobar esta reforma”, explica el hoy delegado político de Acción Nacional en Durango y ex Diputado federal y local.
Al preguntarle sobre las razones por las que la reforma no prosperó, Torres Cofiño responde que es difícil saberlo.
“Quizá por intereses o presiones de los propios extractores del mineral, a través de los ‘pocitos’. No lo sé. Me parece que hubiese sido importante y quizá hubiéramos evitado tragedias como la que sucedió en la Mina El Pinabete, pero él hubiera no existe, pero si hubieran sabido los diputados las condiciones en las que trabajan estos obreros, caray, eso los hubiera conmovido”.
El proyecto de decreto contemplaba además imponer cárcel de 3 a 6 años, y multa de hasta 5 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a los responsables y encargados directos de la operación y supervisión de los trabajos y desarrollos mineros “cuando por omisión produzcan la muerte de uno o varios empleados”, decía la iniciativa.
En el caso de los “pocitos” el tiempo de prisión aumentaba hasta a 9 años.
“Sí hay responsables: los propietarios o los empresarios, definitivamente, ¿y las autoridades?, ahí hay una responsabilidad por omisión, ¿y ellos?, son los primeros que deberían de estar en la cárcel y nadie dice nada. Hay una responsabilidad por parte de la autoridad que omite la supervisión constante de ese tipo de trabajos. Los que deberían de estar en la cárcel son los supervisores, porque ellos debieron de haber estado ahí, supervisando...”, reprocha Torres Cofiño.
Esther Quintana Salinas fue una de las legisladoras federales del PAN que en 2012 acogieron la propuesta que, afirma, no llegó al pleno por ser los diputados del Acción Nacional minoría en el Congreso de aquel momento.
Asegura además que la mezquindad de algunos legisladores fue un elemento clave que influyó para echar por tierra la reforma.
“Si hay minoría en el Congreso usted se puede parar hasta de cabeza, incluso hay iniciativas que llegaron al pleno del Congreso y usted puede dar los mejores argumentos y dar las mejores razones y como tiene usted minoría no pasa, porque hay gente muy mezquina en el Congreso...“.
Quintana Salinas define el trabajo en los “pocitos”, de carbón de Coahuila como la esclavitud del Siglo XXI.
Pronostica que si no corrige el rumbo de la extracción de carbón en Coahuila, las tragedias continuarán.
“Mientras no se corrija van a seguir pasando, va a seguir habiendo muertos, mucho dolor, muchos niños huérfanos, muchas viudas. Al gobierno y a los que tienen las concesiones de las minas les importa una pura y dos con sal las condiciones en las que vive esta gente”.
La inundación que atrapó a 10 carboneros en el pozo El Pinabete de Sabinas, el pasado 3 de agosto, revivió la polémica sobre la prohibición en Coahuila de las minas carbón con tiro vertical.
Según un comunicado del Poder Legislativo fechado el 16 de agosto 2022, el legislador Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, informó que presentó un punto de acuerdo para que el Senado apruebe la propuesta de ley de 2012 en la que se prohíbe la extracción de carbón en pozos o cuevas, a profundidades menores a 100 metros, con el fin de evitar más accidentes.
En aquellos días también la Senadora de Morena por Michoacán, Blanca Estela Piña Gudiño, presentó una propuesta en la que se prohibiría la extracción de carbón a pequeña escala, a través de los denominados “pocitos”, la minería a cielo abierto, además de reducir la duración de las concesiones y suprimir los títulos en caso de violaciones a los derechos humanos y laborales, accidentes y daños ambientales.
En entrevista, la legisladora declara que el principal objetivo de su reciente propuesta en torno a la prohibición de los llamados “pocitos” de carbón, además de los tajos a cielo abierto, es terminar con las decenas de muertes que ha provocado esta actividad irregular a lo largo de los años.
“Los trabajadores se mueren, se quedan enterrados y eso a nadie le interesa, nadie se hace responsable”, lamenta.
Comenta que la Ley Minera vigente constituye un instrumento de despojo al pueblo de México que favorece el acaparamiento de los recursos minerales.
“Los concesionaros mineros se han caracterizado por operar minas en condiciones inhumanas, sin derechos laborales para los trabajadores y trabajadoras”, asevera.
Por eso, dice, es que en esta reforma propone una reducción al tiempo de duración de las concesiones mineras de 50 años, como están dadas actualmente, a 24 años, tanto para la exploración como para la explotación de minas.
“Ya no serían por 50 años ni prorrogadas”, explica.
Al respecto la Senadora del PRI por Coahuila, Verónica Martínez, opina que este tema se tiene que poner sobre la mesa y, por eso, está en pláticas con la secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, con el objeto de que oriente los legisladores en tormo a lo que se debería regular para evitar que este tipo de tragedias se repitan.
“Pero no al extremo de la iniciativa que está presentando Morena. Prácticamente quieren prohibir toda extracción de minería subterránea, tampoco se trata de eso”, dice.
Yolanda Elizondo Maltos, Diputada local de la UCD, originaria de Múzquiz, cuenta que inmediatamente de que pasó lo del El Pinabete presentó un punto de acuerdo solicitando a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal la recurrencia de los inspectores encargados de verificar las minas.
“Los familiares de mineros me dicen ‘maestra sí han llegado, pero llegan y se arreglan con el dueño de la mina y ni bajan, a ver las condiciones en que está’”.
En un comunicado emitido por la STPS el pasado septiembre se informó que en los últimos tres años esta dependencia ha realizado por todo el país 979 inspecciones a minas, de éstas, 387 se llevaron a cabo en la zona carbonífera de Sabinas, es decir 39% de todas las inspecciones.
“De igual manera en lo que va de la presente administración, la STPS ha ordenado la suspensión de actividades por incumplir gravemente con las medidas de seguridad de 27 explotaciones mineras en la Región Carbonífera de Coahuila, es decir, el 84% de todas las suspensiones de minas en el país”, asegura.
También se han impuesto 3 mil 181 medidas correctivas en materia de seguridad en minas de Sabinas.
El 75% de las sanciones económicas que ha impuesto la STPS a minas en todo país por incumplir con la normatividad laboral, han sido en Coahuila.
Elizondo Maltos declara que en la Región Carbonífera existe un serio problema de transgresión a los derechos humanos y su defensa.
“La situación de los derechos laborales de la minería en esta región no existe, por más que hay voces y tragedia tras tragedia... La gente ya se cansó de recoger tantos muertos... Cuántos más...”, cuestiona.
ELIMINACIÓN DE “POCITOS” REDUCIRÍA HASTA EN UN 80% MUERTES DE MINEROS: ESPECIALISTA
Sobre la permanencia de minas con tiro vertical en Coahuila, Guillermo Elías Iglesias López, ingeniero minero metalúrgico, advierte que se debe rescatar a la Región Carbonífera, prohibiendo ese tipo de minados que carecen de una infraestructura correcta.
Advierte que con la eliminación de los “pocitos”, se reducirían hasta en un 80 o 90 por ciento las muertes que genera esta actividad.
Conrado Pérez es el encargado de un “pocito” de carbón ubicado en las profundidades del ejido El Mezquite, municipio de Sabinas.
Es la 1:00 de la tarde de un jueves y en la mina no hay nadie, sólo él y dos trabajadores que realizan labores de reparación en el exterior.
Conrado dice que el pozo lleva cuatro días parado por autoridades de la STPS que durante una inspección señalaron fallas en la seguridad.
Conrado evita hablar de esas fallas y solo se limita a decir que “no estamos a la perfección, nos faltan cosas de seguridad”.
Y que por eso la Secretaría los tiene restringidos.
El encargado dice que en este pozo, que tiene una profundidad de 80 metros, trabajan 14 carboneros que cobran entre 110 y 120 pesos la tonelada de carbón.
Cada pocero saca de aquí entre cinco y seis toneladas diarias de mineral.
Conrado platica que anteriormente el pozo ya había estado parado, pero que luego regresaron los inspectores, los chequearon y los volvieron a parar.
Narra que desde los 14 años, Conrado tiene 48, ha trabajado como carbonero en pozos y cuevitas, pero que nunca ha tenido un accidente.
Su horario de trabajo en esta mina es de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, después del turno completa las cuentas de su casa empleándose como albañil.
Conrado dice que antes de laburar acá, le ofrecieron trabajo en El Pinabete, que a cambio de 10 mil pesos llevara a seis carboneros, tres parejas de carboneros, se negó.
“Yo sabía cómo estaba ahí el rollo, ‘ni aunque me des 20’, pensé”.
Cerca de aquí hay otros tres pozos, uno en el que también se realizan labores de reparación, y dos más instalados monte adentro y cuyo acceso está resguardado por una puerta de metal con candado y un velador de 24 horas.
A TODA MÁQUINA
Atravesando la carrera 57 que divide El Mezquite se encuentran los dos pozos mineros donde Tomás Moreno trabaja como ayudante.
Es un viernes como a las 3:00 de la tarde y la actividad en la mina está a todo lo que da.
El ruido del motor del malacate y de la cascada de carbón cayendo desde la tolva al vacío llena la atmósfera.
Tomás, 70 años, jura que aquí todos los mineros, unos 20, tienen su equipo para trabajar, hay bombas para el desagüe y el malacate está bien asegurado.
En este “pocito”, se extrae carbón a una profundidad de 70 metros.
“Nos falta un arnés para que aquel muchacho se pesque arriba...”, dice Tomás y señala a un hombre trepado hasta arriba de la torre del pozo.
Al respecto, el apartado 5.15 de la NOM-032-STPS-2008 ordena verificar que todas las personas que ingresen a las minas porten al menos el siguiente equipo de protección personal:
a) Cascos de protección.
b) Lámpara minera con batería recargable de duración mínima de 1.25 veces el turno del trabajador
c) Cinturón portalámpara.
d) Botas de hule con puntera o calzado de protección con puntera.
e) Tapones o conchas auditivas.
f) Lentes de seguridad.
g) Guantes.
h) Respiradores contra partículas.
i) Ropa de trabajo de algodón o de materiales que no generen electricidad estática.
j) Autorrescatador
k) Ficha metálica de identificación.
“SI QUIEREN QUITAR LOS POZOS, QUE PAGUEN BIEN”: PROPIETARIO MINERO
A la entrada de otro “pocito” que se ubica a la orilla de la carretera 57, a 5 kilómetros de Sabinas, casi llegando a Rosita, Manuel Álvarez, el dueño, se interpone con su camioneta para impedir el paso de los reporteros.
“El pedo es que no salga mucho porque ahorita andan muy cabrones, vienen y ‘eh por qué estás ahí metiendo’, las autoridades vienen”, dice.
Y añade que hace poco le cayó Semarnat y Profepa para realizarle una inspección.
“Llegaron, entraron y ‘¿qué pasó, quién es el bueno?’, les digo ‘yo mero soy el dueño’, pero le dije al inspector ‘tú levanta lo que tengas que levantar...’”.
Manuel dice que tiene los permisos para explotar esta mina cuya profundidad es de 20 metros y en la que trabajan tres carboneros que diariamente sacan de 15 a 20 toneladas de hulla, a 150 pesos la tonelada.
“Es poquito, yo saco muy poquito carbón, es nada más para sobrevivir”, detalla.
Y cuenta que a raíz de lo que pasó en El Pinabete la gente ya no quiere trabajar, como que tiene miedo, aunque en el centro de trabajo haya seguridad.
“Tú sabes que donde sea hay inseguridad, no estamos seguro pa’ nada, todo está carajo, pero pos como yo le digo a la raza, ‘nosotros no los obligamos a que vengan a trabajar’.
Como patrones les damos Seguro y ellos lo hacen por necesidad, ¿o nosotros les dijimos ‘ven a jalar a güevo’?”.
Dice que si las autoridades quieren prohibir los pozos, sería bueno que abran nuevas fuentes de trabajo para la gente de Región Carbonífera.
“Si quieren quitar los pozos... pos nomás que los carboneros ganen lo que ganen aquí, que paguen bien”.
LA SOLUCIÓN
Marcelo Torres Cofiño, delegado político, del PAN en Durango, y ex diputado federal y local, dice que lo que le urge a la Región Carbonífera es hospedaje industrial con la construcción de parques industriales que faciliten la atracción de nuevas inversiones nacionales e internacionales con las que se generen empleos de calidad.
“Para poder diversificar, llevar otro tipo de industria y no depender de AHMSA o del carbón”.
Diego Martínez Carrillo, catedrático investigador del Centro de Investigaciones de Ciencias Aplicadas de la UAdeC., añade que otra alternativa es el geoturismo en las zonas mieras abandonadas, con la creación de parques temáticos, como en Zacatecas, San Luis o Guanajuato.
“Aquí también se pudiera hacer geoturismo, parques temáticos de fósiles, de tajos. Podría ser una buena solución al problema recuperar esas áreas, darles un valor y que no estuvieran como vestigios de una mala medida, que fueran productivos para la gente de aquí”.
“NO TODOS ESTÁN MAL”.
Eduardo Aguirre Jiménez, empresario minero y ex – presidente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros, aclara que el hecho de que las minas sean pozos no quiere decir que estén mal.
“Se trabaja así por el tipo de manto o que la profundidad no te da para hacerlo a tajo a cielo abierto o mina inclinada. No todos los lugares se pueden trabajar de la misma manera”.
Comenta que la Secretaría del Trabajo no puede estar atrás de todos los centros de trabajo y más si están operando de manera irregular.
“Cuando tu abres un centro de trabajo tienes que dar aviso a STPS para que ellos vayan y te inspeccionen. Si ellos (los de El Pinabete), no hicieron esa solicitud de inspección es porque no cumplían con los requisitos de la norma”, indica.
“La Secretaría no va a estar dentro de todos los predios porque son predios que tienen candados o que se encuentran lejos.
Aguirre Jiménez aclara que ningún empresario desea que sucedan accidentes en sus centros de trabajo.
“Pero estamos expuestos, así es la minería”.
Detalla que en los 15 años que lleva como empresario minero nunca ha tenido un accidente fatal.
“He tenido accidentes, pero son accidentes de algún desprendimiento de roca que no pasó a mayores y cuando pasa eso das aviso a las autoridades para que tengan el registro del accidente”.