Las secretarías de Educación estatales reportan más de 31 mil actos de violencia en la última década: desde peleas, riñas, agresiones, bullying o ciberacoso. Hay violencia entre alumnos, violencia entre alumnos y maestros o inclusive entre padres de familia y maestros. La violencia escolar es un fenómeno que crece cada año y al que parece no haber respuesta.
V. llegó un día llorando con su mamá. “No aguanto más”, le dijo.
Detrás del llanto de V., una estudiante de primer año de preparatoria, se arrastraban años de violencia escolar sufrida.
“En una ocasión la hicieron comer un grillo en primaria, para que demostrara que podía pertenecer a un grupo de amigas, en redes le decían que estaba fea”, contó la madre de V.
La constante violencia y acoso que sufría V, orilló a la familia a tomar una decisión: dejar la escuela y continuar los estudios en línea.
La historia de V. no es única en México: en la última década hay reporte de más de 31 mil actos de violencia en primarias, secundarias y preparatorias del país, según respuesta de 22 secretarías estatales de Educación.
Se trata de un promedio diario de 40 actos de violencia en escuelas del país (promedio de acuerdo con los 185 días de clase en el año). Y la cifra va en aumento cada año.
Las violencias son múltiples: desde violencia con armas de fuego, hasta peleas entre alumnos, riñas, bullying, riñas verbales, ciberacoso, amenazas, acoso, violencia entre maestros y alumnos, violencia entre padres de familias y maestros, violencia entre padres de familia, entre muchas más.
Las evidencias están ahí: basta googlear “riña secundaria”, o colocar en el buscador de redes sociales como Facebook, X o Tik Tok, para que aparezca una cascada de videos de peleas dentro y fuera de las escuelas.
Fernando Araujo, doctor en Criminología e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó que, desde la dimensión sociológica, las escuelas representan una de las instituciones de socialización primaria, donde se construye la identidad de las juventudes, y se proyectan en torno a los roles que ocupan en la sociedad.
Es, también, el lugar donde experimentan cierto tipo de acompañamiento, pero también de violencia.
“Es ahí donde se refleja su ansiedad, su impotencia, su enojo”, dijo el especialista.
Añadió que la escuela, además de ser en teoría un lugar donde se construye la ruta de vida, también es el reflejo de las primeras formas de violencia porque generan enojo, odio, rencor y muchas situaciones violentas.
El también investigador de la UAdeC, Víctor Manuel Sánchez, apuntó a que se pasa mucho tiempo de la vida en planteles escolares, y por tal se convierte en el espacio donde se generan relaciones, de manera que se vuelve un espacio cotidiano donde se generan también choques.
LA VIOLENCIA DEL DÍA A DÍA
SEMANARIO solicitó información estadística a las secretarías de Educación de los estados para conocer el número de riñas, peleas y/o actos de violencia reportados en primarias, secundarias y preparatorias desde 2015 a 2025, separado por año y nivel de educación donde se documentó el reporte. Diez estados no entregaron información. Otros estados no tenían sistematizada la información desde 2015. Otros entregaron únicamente de algún nivel educativo.
Esto a pesar de que la Ley General de Educación establece que se deben de establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético.
Las respuestas de las 22 entidades que sí entregaron la información, es variada, pero muestran una constante: la violencia escolar va en aumento. Mientras en 2022 se reportaron 5 mil 772 actos de violencia, en 2025 la estadística aumentó a 7 mil 359 actos de violencia.
Estados como Morelos clasifican los reportes en tres categorías específicas: riñas verbales, peleas físicas y actos de violencia grave. En el nivel de telesecundarias, sus formatos definen conceptualmente la riña (confrontación verbal o física momentánea e impulsiva por desacuerdos) diferenciándose de la pelea (enfrentamiento físico directo con intención de agredir o causar daño). La Secretaría de Educación de este Estado registró tan solo en primarias, mil 92 reportes de violencia en 2025. Más los casos de secundaria: 588 peleas físicas, 377 actos de violencia “grave” y 968 riñas verbales. Y en telesecundarias: 223 riñas y 112 peleas.
La Secretaría de Educación de Chihuahua documentó 832 riñas, peleas o actos de violencia en 2025 en primarias y secundarias, más otros 76 reportes en preparatorias.
Coahuila entregó la información por ciclo escolar y no por año. La información inclusive está más desagregada, pues entrega estadísticas por violencia entre alumnos hombres, entre alumnas mujeres, de alumnos a maestros y maestras, e inclusive de padres de familia a maestros, de acuerdo con su sistema de incidencias.
En el ciclo escolar 2025-2026 hubo reporte de 2 mil 855 actos de violencia en Coahuila, de los cuales, mil 452 fueron actos de violencia entre alumnos hombres, un promedio de nueve actos de violencia por cada día escolar, si se considera que un ciclo escolar normal tiene 185 días efectivos. Además, hubo 728 actos de violencia entre mujeres alumnas, cuatro reportes en promedio diarios.
También hubo 102 de actos de violencia de alumnos a maestros hombres, y 58 de alumnos a maestras mujeres.
A eso habría que sumarle los datos de subsistemas de Media Superior (COBAC, CECYTEC, particulares) donde se contabilizan 281 peleas, riñas o actos de violencia desde 2015.
Arturo Díaz, secretario General de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sostiene que la profesión de maestro es hoy en día una profesión de riesgo, pues se ha perdido el respeto a la autoridad.
“Y a dónde te quejas, a dónde vas. No puedes saber qué va a pasar con el niño si lo miras, si no lo miras, si le llamas la atención, no le llamas la atención, a todo estamos expuesto”, expuso.
Fernando Araujo, investigador de la UAdeC, señaló que dentro del marco criminológico se identifican discursos de odio contra mujeres de carácter misógino y la influencia de redes sociales para comunicar mensajes y discursos de violencia como mecanismo de protesta.
El estado de Baja California tiene un Registro Estatal de Incidencias en Media Superior donde clasifica los eventos en bullying, acoso escolar, acoso sexual, consumo de sustancias prohibidas, portación de objetos prohibidos, riñas y conducta agresiva. En educación básica registra la variable general de violencia entre Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). A partir de este Registro Estatal, reportó en educación básica 158 casos en 2023, 365 en 2024 y 410 en 2025, además de 143 casos en educación media superior en 2025
Guanajuato tiene un marco normativo que clasifica la violencia escolar en las dimensiones física, psicoemocional, patrimonial, sexual y violencia digital/electrónica (ciberacoso), y reportó 500 casos de violencia escolar en 2024 y 2025, la mayoría en el nivel de secundaria.
Puebla y Jalisco, por su parte, agrupan los reportes a partir de la activación de protocolos de atención enfocados en acoso escolar, bullying y agresiones contra niñas, niños y adolescentes. Jalisco, por ejemplo, sumó más de mil reportes derivados de la activación del protocolo estatal de atención a la violencia entre 2015 y 2024, registrando máximos como 196 casos en 2016 y 161 en 2023.
En Sinaloa, la Unidad de Igualdad de Género diferencia los reportes según la población afectada: violencia cometida en contra de niñas, niños y adolescentes frente a violencia cometida en contra de trabajadoras y trabajadores de la educación. En la primera, hubo 82 reportes en 2025. Y de la segunda variable hubo 66. Lo que llama la atención, por ejemplo, es que ya en primaria hubo reporte de 19 casos de violencia cometidos en contra de trabajadoras y trabajadores en 2025.
Campeche mostró un incremento acelerado en la captación de reportes de la Coordinación para la Protección del Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes y la Promoción de la Convivencia Escolar (CONVIVE) en los años recientes, pasando de 15 casos en 2022 a 243 en 2024 y 340 en 2025.
¿PROTOCOLOS DE PAPEL?
La Ley General de Educación establece la obligación de combatir las causas de discriminación y violencias en las diferentes regiones del país, especialmente las que se ejercen contra las niñas, niños, adolescentes y las mujeres.
Además, la Ley concibe a la escuela como un “centro de aprendizaje comunitario, seguro y libre de violencias en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la Nación”.
También establece que las autoridades educativas realizarán acciones que favorezcan y atiendan la violencia que se ejerza en el entorno escolar.
Ariadne Lamont, integrante del colectivo Justicieras por Nuestras Infancias, opinó que sí persiste la violencia en las escuelas, mismas que, dice, tienen una responsabilidad porque tienen un protocolo y no lo aplican. “Lo esconden debajo de la alfombra”, comenta.
Mencionó que hay casos donde la violencia empieza en las escuelas y a la salida de las aulas, aumenta.
“Tuve un caso de una niña de cuarto de primaria, agredida por mayores, iba corriendo a su casa, al pasar, niños de secundaria. Se meten a su casa para seguir agrediéndola. La Secretaría no hace nada. Se desentiende y ofrecen cambiarla de escuela”, compartió.
Los estados del país tienen sus respectivos protocolos para atender casos de maltrato, acoso escolar o abuso sexual.
El protocolo de Campeche, por ejemplo, llamado “Marco local de convivencia escolar”, obliga a crear mecanismos para la recepción, atención y conocimiento de situaciones de violencia en las escuelas.
La SEP en México tiene un Manual para la Elaboración del Protocolo Local de Erradicación del Acoso Escolar en Educación Básica, en donde, por ejemplo, hay ciertos indicadores para detectar temas de acoso como crisis de llanto sin explicación o temor de ir al baño.
En el caso de riñas o peleas entre estudiantes, estados como Aguascalientes establecen que si hay un peligro se debe de llamar al 911 y en Zacatecas se indica que se tienen que establecer medidas colectivas de salvaguarda, acompañamiento y vigilancia. Estados como Chiapas o Sinaloa refieren la obligatoriedad de evaluar colegiadamente un incidente de pelea para determinar si existen elementos de acoso o si se trata de un conflicto.
Sin embargo, Ariadne Lamont lamentó que a pesar de los protocolos que existen para todo, no se aplican o no se conocen.
CASOS QUE SE CONVIERTEN EN DENUNCIAS
La cifra de actos de violencia reportados por las secretarías estatales de Educación pueden ser conservadoras, pues a decir de Ariadne Lamont, del colectivo Justicieras por Nuestras Infancias, existe una cifra negra de casos que no se conocen.
La Ley General de Educación refiere que además de proporcionar atención psicosocial a víctimas de violencia, también se debe dar orientación sobre las vías legales a la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, así como a las receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas.
Se solicitó a las 32 fiscalías o procuradurías estatales información sobre denuncias registradas y/o carpetas de investigación abiertas por hechos de violencia, riñas, lesiones y amenazas ocurridas en planteles escolares desde 2015 a la fecha.
La mayoría de las entidades que no entregaron información argumentaron que no están obligadas a elaborar documentos ad hoc, pues justifican que sus sistemas capturan delitos, pero no la variable del lugar físico de la comisión.
Esto a pesar de que la Ley General de Educación obliga a hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes por el ejercicio de cualquier maltrato o tipo de violencias en el entorno escolar, familiar o comunitario, así como promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales;
Entre las fiscalías que sí desglosan el lugar de los hechos, Puebla (1,587), Michoacán (1,260), Chihuahua (1,182) y Guanajuato (751) concentran el mayor número de carpetas de investigación iniciadas por hechos ocurridos en planteles escolares desde 2015.
Lesiones (dolosas y culposas) constituyen el ilícito con mayor volumen de denuncias en entidades como Chihuahua (664 carpetas de investigación), Puebla (660 dolosas y 37 culposas), Michoacán (617 carpetas), Guerrero (192 carpetas) y Chiapas (145 carpetas).
Mientras que el delito de amenazas es el segundo más recurrente (y en algunos estados el primero), con Puebla registrando 890 carpetas, Michoacán 643 carpetas, Chihuahua 518 carpetas, Chiapas 134 carpetas, Sinaloa 74 carpetas y Guerrero 39 carpetas
Ariadne Lamont considera que la SEP es un elefante blanco porque a pesar de que existen muchas agresiones, bullying y violencia, pareciera que no se meten.
“La SEP no se mete a resolver nada. Los recibe, los entrega y no se interesa de más. Si los papás consumen drogas, si los niños llegan a ser violentadores ahí mismo”, criticó.
INCREMENTO DE VIOLENCIA CON ARMAS DE FUEGO
Víctor Manuel Sánchez, investigador de la UAdeC, realizó una investigación que contabiliza en este año, 157 actos de violencia con el uso de armas de fuego en planteles escolares de México.
“Es un problema creciente”, aseguró. Actualmente se va un caso por encima del máximo histórico que fue en 2025. “Año con año hay mayor incidencia”, mencionó.
Para el experto, el hecho que se incrementen los eventos tendría que preocupar.
“Todo es parte de una misma tendencia”, dijo sobre el fenómeno.
Aclaró que el estudio se limita a la presencia o uso de armas de fuego. Sin embargo, el uso de puños, piedras, palos, armas blancas, modificaría el instrumento de estudio. No obstante, reconoció que se vive más violencia al interior de los planteles, pues además se podría sumar la violencia verbal o el bullying.
Sánchez sostuvo que se tiene que hacer un trabajo más amplio sobre hacer conciencia del peligro de las armas y del tema de la violencia, además del trabajo en salud mental, pues consideró que es el primer mecanismo de detección y contención.
Para Sánchez, un problema es la cantidad de armas de fuego que circulan en el país, que se calcula en 15 millones, tan sólo las legales. Muchas de estas armas están al alcance de niños y jóvenes que, en ocasiones, como se ha documentado, las llevan a la escuela para presumir o amenazar a compañeros.
“El peligro es que se combina la intención con la fácil disposición de las armas. Tenemos que reducir las armas que hay en el país”, comentó.
Además, refirió que hay una falta de infraestructura en salud mental que hace difícil la detección temprana y el tercero es la sobreexposición a la violencia.
“Tenemos un país muy violento que tiene presencia criminal en muchas zonas”, resaltó.
La psicóloga Lucía Sánchez Robles consideró que se está llegando tarde a la educación emocional de los jóvenes y adolescentes. “Tenemos que abordar desde el momento preciso para evitar más violencia”, dijo.
Expuso que no basta con decir que la violencia expresada por los jóvenes es un asunto de manejo de emociones, pues se trata de una suma de factores.
“La rabia que pueden sentir por no tener acceso a ciertas necesidades, los recelos que pueden traer, quizá por haber sido golpeados, las indiferencias que sienten, es una suma de factores”, comentó.
Para la terapeuta hay una juventud que necesita ser visibilizada y escuchada; que necesita ser validada y no verla únicamente con la visión adultocéntrica.
El especialista Víctor Manuel Sánchez señaló que cada vez más existe una insensibilidad hacia la violencia porque está muy presente en los hogares, escuelas, colonias, internet y redes sociales.
Para Sánchez hay una sobreexposición a la violencia sobre todo a la violencia en ámbitos digitales, por lo que es necesario hacer un trabajo importante con padres de familia e involucrarse en el tipo de contenidos.
El doctor en Criminología, Fernando Araujo, consideró que la violencia se está potenciando a causa de las redes sociales, y, además, dijo, se está naturalizando que los jóvenes critiquen algún género. “Vamos a ver que este tipo de expresiones de violencia, van acompañados por cuestiones de género”, aseguró.
Por eso, señaló que hay una responsabilidad compartida que incluye no solo a las familias, sino también a quien tiene la responsabilidad de legislar sobre dinámicas de consumo digital, a empresarios tecnológicos que tienen el poder de regular lo que transmiten y escuelas que deberían de tener un papel no sólo de escolarizar, sino de reconstruir valores para crear comunidad.
Por tal motivo, Araujo sostuvo que cuando se habla de la reconstrucción del tejido social se necesita partir de un diagnóstico cuantitativo y cualitativo para ver el tipo de violencia que sufren las juventudes y reconocerlo.
“Si no sabemos, si no profundizamos, por más tejido que queramos reconstruir, no vamos a atender las causas y efectos. Por eso vemos estrategias reactivas”, expuso.
La Ley General de Educación refiere que se debe solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia del fenómeno de violencia o maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya sea psicológica, física o cibernética, así como su impacto en el entorno escolar en la deserción de los centros educativos, en el desempeño académico de los educandos, en sus vínculos familiares y comunitarios y el desarrollo integral de todas sus potencialidades, así como las medidas para atender dicha problemática.
Pero en la práctica esto no sucede.
