A pesar de inversiones millonarias en capacitaciones a policías en materia de derechos humanos y en recomendaciones que exigen la no repetición de los abusos, las corporaciones policiacas siguen concentrando la mayor cantidad de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila: allanamientos, lesiones, torturas, privaciones de la libertad, detenciones arbitrarias, siembra de droga y hasta homicidios son las prácticas y delitos que siguen sin erradicarse de las corporaciones.
- 12 mayo 2025
Para Irma, los policías pasaron de ser héroes a verdugos. El recuerdo de cuando un grupo de elementos irrumpió en su domicilio sin una orden, golpeándola frente a su hija, cambió por completo la percepción sobre el trabajo de las fuerzas del orden. El problema es que historias similares se cuentan hasta tres veces al día en Coahuila.
La historia de Irma es solo una puntada que se entrelaza como un patrón similar a la historia de Alejandro, Marco Tulio, Alexis, Juan Pablo, Rafael, Natalia, la de María y la lista se exitiende a más de cinco mil nombres de personas que han señalado a los elementos de diversas corporaciones por allanamientos, lesiones, tortura y malos tratos, privaciones de la libertad, detenciones arbitrarias, homicidios y todo tipo de actos fuera de la ley.
Los informes de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) que son publicados mensualmente en apego a sus obligaciones de transparencia, dicen que entre el 2020 y el 2024, un total de cinco mil 176 veces, los policías fueron acusados de actos considerados como violencia a los derechos humanos o que incluso pueden ser denunciados como delitos. Esto es un promedio diario de tres quejas. En algunos casos hubo más de una víctima.
Los registros completos solo del 2024, dan cuenta de que en el 69.5 por ciento de las mil 388 quejas que se recibieron contra funcionarios en ese año, las víctimas señalaron a elementos policiacos y de procuración de justicia.
La cifra navega en altas y bajas dependiendo del año. Lo que es una realidad es que cada vez más personas observan a elementos cometiendo estos actos.
Para comprender esta realidad, SEMANARIO realizó una investigación en coordinación con Google y Pinpoint a través de una colección conformada con más de mil documentos adquiridos vía transparencia, que van desde la versión pública de las quejas presentadas por los ciudadanos ante la CDHEC que muestran las similitudes en los abusos, hasta los datos oficiales de las carpetas de investigación, las inversiones para atender el fenómeno y las pocas sentencias que se han impuesto por casos que incluso han llevado a la muerte.
SEMANARIO buscó al secretario de Gobierno, Óscar Pimentel y al fiscal del Estado, Federico Fernández, para conocer su postura, pero hasta el cierre de la edición no se concretó una entrevista.
Sin embargo, al término del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Laguna (Consede) el Fiscal fue abordado por el caso de una mujer que ese día denunció a las afueras de la delegación Laguna I un presunto caso de tortura ocurrido cinco años atrás y en donde exigió avances en las denuncias que interpuso. Federico Fernández aseguró que se le ha dado total atención a la mujer y aseveró que existe cero tolerancia y que hay conductos para denunciar en la Fiscalía, secretaría de Seguridad, Derechos Humanos y Atención a Víctimas.
“Si hay algún elemento que cometa una arbitrariedad, hay conductos para sancionar. Lo que hay que recalcar es que en este estado no hay cobro de piso, no hay grupos criminales viviendo aquí”, comentó.
Dijo que nos hemos acostumbrado a vivir en seguridad y que en ocasiones se ve “el prietito en el arroz”. Y presumió que Coahuila es el cuarto estado con menos homicidios, que el año pasado el número de homicidios fue el más bajo en 20 años y que la incidencia delictiva también fue la más baja en 20 años.
LOS REGISTROS HABLAN
De acuerdo con registros de la CDHEC, las quejas contra corporaciones oscilan entre el 55% y el 76% del total de quejas que recibe la Comisión en el año.
Estas cifras van de la mano con un aumento del 363% entre 2020 y 2024 en el número de personas en Coahuila que reportaron haber presenciado violencia policiaca en los alrededores de su vivienda, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del INEGI.
En 2024, la Fiscalía del Estado recibió 424 quejas ante la CDHEC contra elementos de investigación y agentes del ministerio público; la corporación con más señalamientos. Le siguieron las policías municipales, incluyendo a los grupos de Reacción de Saltillo y La Laguna con 328 quejas. Mientras que la policía Estatal recibió 212 quejas, principalmente contra la PAR y PCC.
De hecho, el caso de Irma, que tuvo su primera queja ante la CDHEC en enero del 2020, fue en contra de elementos de la Fiscalía en su delegación Norte I en Piedras Negras. Su contacto empezó en 2018 tras una serie de detenciones por la supuesta venta y portación de drogas en contra de su hijo, quien padece una discapacidad en la cadera a raíz de un accidente que no le permitía moverse sin muletas, silla de ruedas y ahora sin prótesis.
“Me lo detenían y cada vez eran torturas. Los policías se aprovechaban de su discapacidad. Decían que era por droga y de ahí no salían”, recuerda.
En una de las ocasiones, su hijo fue nuevamente detenido en su centro de trabajo en una pollería. No le avisaron en el momento, ni dos o tres horas después, sino que de pronto, en medio de la noche mientras veía televisión, Irma tenía a dos elementos realizando un supuesto cateo sin orden dentro de su domicilio.
“Me dijeron que buscaban un arma. Un oficial se metió conmigo a mi recámara y otro más con mi hija. Mi hija estaba confundida, mientras que el oficial me decía que quería la arma y yo le decía que no tenía nada, que ya habían trasculcado todo. Me pegó en el oído y después me dio con el arma en el hombro hasta tumbarme en la cama. Se abrió la puerta y era mi niña y vio que la policía me traía de los cabellos”, narra Irma.
Irma se percató, posterior a los golpes que recibió ella y su pareja, que estaba sitiada. No comprendía el delito, ni mucho menos podía darles lo que los policías buscaban.
Al día siguiente y luego de haberse quedado sin los ahorros que fueron encontrados por los elementos, Irma logró dar con el paradero de su hijo. Estaba al interior del Palacio de Justicia de Piedras Negras. Ese capítulo fue apenas el comienzo.
“Después de aquella ocasión lo vuelven a detener. Ya estaba traumada porque a cada rato lo detenían, me lo sembraban de droga. En esa ocasión los policías perdieron el caso porque pusieron cosas que eran mentira, como que mi hijo corrió y mi hijo ni siquiera camina. En las detenciones mi hijo me contaba que le ponían una bolsa, que le ponían agua mineral y qué sucedía cuando los ‘paseaban’”, dice.
FALSAS ACUSACIONES
Fue en 2020 que el hijo de Irma había sido acusado de dispararle a un comandante con una pistola de alto calibre, y aunque no se logró comprobar a través de un juicio, Irma sacó a su hijo a través de un proceso bajo condiciones.
En una de las citas que tenían ante la Unidad de Medidas Cautelares, al salir, se encontró con un operativo donde ahora la detuvieron a ella. Varias horas después le dijeron que había sido detenida por el tráfico de migrantes. Irma fue expuesta en las noticias locales sin pruebas ni juicio, lo que ahora le ha costado el cierre de puertas y el cuestionamiento social.
“Yo recuerdo que no sabía de qué se trataba. No te dicen nada. Recuerdo que cuando me detuvieron, un oficial se me acercó a decirme que “le soltara una feria” y que él me sacaba a pesar de que había todo un operativo afuera. En un inicio también me decían: “tú eres la buena, la que los cocinabas”. Yo les decía: ¿perdón? Después me llevan a una oficina que olía a pura droga”, recuerda.
Mientras más pasaba el tiempo, más aumentaban las discrepancias e Irma sin saberlo, transitaba en un protocolo que se realiza regularmente detrás de los muros donde los procuradores de justicia hacen su trabajo.
“Nunca me decían de qué me estaban acusando. Solo me decían: dinos cuántos tenías, cosas así. Tenía casi cuatro días ahí y tuve que limpiarme mis necesidades con un papel que traía. Una noche antes me dijeron que estaba por secuestro, decían que tenía a 30 y tantas personas hondureñas secuestradas”, recuerda.
Su familia se enteró de su paradero a través de las redes sociales luego de que las autoridades circularon una fotografía de su detención. Irma duró cuatro días sin comer, sin ingerir bebidas, y sin sus pastillas de la presión hasta que la pusieron en libertad, luego de que su abogada logró destacar que las presuntas denuncias de los migrantes tenían irregularidades en el reconocimiento físico y característico de la persona.
Según lo que se ha documentado por las propias autoridades con las quejas y las denuncias de víctimas, los modos de tortura que usan los elementos son diferentes. Bolsas en la cabeza para confesar delitos, electroshocks en partes íntimas y además de “los paseos” en detenciones arbitrarias y los golpes, también está la siembra de drogas que se ha documentado por la CDHEC, tanto en el caso del hijo de Irma a quien le sembraron y tomaron fotografías con 300 dosis de cristal, como en otros casos.
LA SIEMBRA DE DELITOS
La siembra de drogas ha sido utilizada por los elementos policiacos para registrar estadísticas en delitos, como puede observarse en la recomendación 33/2024 y en la 21/2024 hasta otro extremo del estado, en Torreón y en Matamoros, denunciadas por dos jóvenes contra dos corporaciones diferentes como son la Policía Municipal de Matamoros y la Agencia de Investigación Criminal en su delegación Laguna I.
“Me dijo que no le interesaba, que mejor le desbloqueara mi celular porque me iba a chingar, que él traía droga para sembrarme, procediendo a enseñármela, también me comenta que le andaba sobrando una pistola y que todo esto me lo iban a sembrar para chingar a mi papá debido a que es militar, me amenazaba poniendo una chicharra cerca de mis ojos y diciéndome que si nunca me habían puesto una de esas”, dice la víctima de la recomendación 21/2024.
“Nos agarran y nos amagan a la pared hincándonos con patadas, nos preguntaron por dos personas, respondiendo que nosotros no las conocíamos; los agentes nos dieron unas patadas y yo les dije que tenía cámaras (...) y que conocía mis derechos, a lo que se molestaron y me dijeron que les valía madre y amenazándonos diciéndonos que si querían nos sembraban para llevarnos detenidos y valer madre”, dice el quejoso de la recomendación 33/2024.
Este actuar es frecuente y documentado, y así lo revela un archivo solicitado vía transparencia por SEMANARIO a la CDHEC, donde dio a conocer que entre el 2020 y el 2022 recibió un total de 151 denuncias contra instituciones de seguridad y de procuración de justicia por acusar falsamente de delitos o faltas administrativas a ciudadanos inocentes y los casos más recurrentes tenían que ver con presunto narcomenudeo.
En estas quejas, se señalan a Policía Civil del Estado, Policía de Acción y Reacción, policías municipales de Matamoros, Torreón, Acuña, Francisco I. Madero, Piedras Negras, San Pedro de las Colonias, Ramos Arizpe y Jiménez.
También ocurrió en Saltillo, en una detención documentada en la recomendación 25/2020 realizada al sur de la ciudad que posteriormente un juez calificó como ilegal, y tuvo una mecánica parecida a la que le pasó a Irma.
“Escuchaba cómo esculcaban los cajones, mis otros hijos también se metieron a otro de los cuartos, luego de esto una de esas personas comenzó a pasarme el arma por el rostro, manifestando que me “iba a dar piso” si no le decía dónde estaba la droga, yo les decía que no sabía de qué droga hablaban, que qué era lo que querían, a lo que ellos manifestaban “no te hagas pendejo, dame la droga””, dice la queja sobre el momento donde los elementos de GRS llegan al domicilio.
“Luego me volvieron a poner la cobija en la cara, me subieron a un vehículo y al quitarme la cobija estaba en el COE, al preguntar por qué razón estaba ahí me dijeron que era por posesión simple, tuve que pedir que me explicaran qué era lo que querían decir con eso y me dijeron que era por encontrar cristal en mi domicilio, luego me pasaron con la juez quien decretó la ilegal detención”, dice la queja sobre el procedimiento.
Un problema que se ha resaltado por parte de organizaciones como México Evalúa en sus informes de “Hallazgos”, es que ante un aumento considerable del narcomenudeo en Coahuila, el segundo delito más frecuente, existe la posibilidad de que el delito esté siendo utilizado para perseguir otros delitos alternos.
LAS MAL LLAMADAS ‘REVISIONES DE RUTINA’
En los cinco años documentados para este reportaje, el derecho más frecuentemente violentado es el de legalidad y seguridad jurídica con mil 406 casos. El segundo más común es el de violación al derecho a la libertad. Pero las voces de violación son variadas.
El caso de Alejandro es otro más de Piedras Negras; una de las ciudades donde más se registran casos y que tiene una incidencia casi parecida a la de Torreón y Saltillo aun cuando la población es hasta cuatro veces menor. Tanto Alejandro como Irma prefieren dar sus testimonios de forma anónima, pues en medida que la ciudad es chica, más se ven obligados a convivir con sus verdugos.
El caso de Alejandro no solo trata de abusos en medio de su detención, sino que el acoso lo ha hecho pensar en la idea de escalar su queja a las autoridades de mayor rango, pero no ha logrado acceder ni al gobernador, Manolo Jiménez, ni tampoco al nuevo presidente de la ciudad fronteriza, Jacobo Rodríguez, ambos de fuerzas y discursos políticos distintos.
En la primera ocasión, Alejandro fue detenido mientras regresaba de la tienda a donde fue a comprar una coca-cola para la comida. Fue a inicios del año pasado cuando lo detuvieron para una “revisión de rutina” y minutos después sus padres terminaron pagando una multa de la que no le dieron recibo. A través de un análisis de las quejas, realizado en Pinpoint, SEMANARIO encontró que en 55 expedientes los quejosos refirieron que los policías pidieron hacer una “revisión de rutina” antes de ser víctima de una presunta violación a derechos.
Pero esa no fue la única experiencia de Alejandro.
Alejandro dice que fue detenido en una segunda ocasión porque los policías tenían en su patrulla a una persona que consume drogas y aparentemente ha sido víctima de daños a su salud mental, y quien les iba diciendo en su trayecto a quiénes detener.
“Otra vez me detuvieron por daños al carro de un oficial que no cometí, y después me enteré que la detención era por amenazas. Después de ahí me pasaron a Fiscalía y no me dejaban hacer mi llamada. A mí me golpearon en el brazo y ahora tengo que ir a terapia”, expresa.
Alejandro es una de las personas que ha tenido una controversia contra su policía municipal, al igual que miles de personas que han interpuesto una queja ante la CDHEC.
Sin embargo, SEMANARIO realizó una consulta vía transparencia sobre los procedimientos en las contralorías internas en contra de elementos y sobre las capacitaciones que estos han llevado en materia de derechos humanos y debido proceso, en la cual, solo 16 municipios dieron respuesta completa y tres la otorgaron parcialmente.
Aunque el caso de Alejandro aún no tiene resolución ante el organismo de derechos humanos del Estado, muchas de las quejas que se han presentado han concluido como en el caso de Irma con una recomendación del órgano, que es uno de los instrumentos más relevantes que aplican las Comisiones de todo el país para dar por acreditado que la autoridad cometió una violación a los derechos humanos.
La CDHEC ha emitido 133 recomendaciones a lo largo de cinco años en contra de corporaciones policiacas o de procuración de justicia por cometer este tipo de violaciones a los derechos de los coahuilenses e incluso de personas migrantes, y según información proporcionada por el órgano, únicamente ocho han sido cumplidas en su totalidad y en al menos tres casos no han aceptado los dichos de la víctima.
El que solo un 4% de los casos hayan sido totalmente cumplidos, se traduce en que cuatro de cada 10 personas que han sido víctimas de abusos policiacos, han tenido justicia por la vía de defensa de los derechos humanos.
ABUSOS QUE TERMINAN EN HOMICIDIOS
Un asunto más preocupante en el no cumplimiento de las recomendaciones, es que las garantías de no repetición no han sido otorgadas por las autoridades, que no solo no son más amables, sino que enfundados en el uniforme, han cobrado vidas.
Incluso, esto se puede observar en los documentos del órgano defensor de derechos donde se muestra que la violencia de los elementos ha escalado en sus formas, pues desde el 2020 la misma ha derivado en 20 homicidios extrajudiciales, según los casos por los que la CDHEC ha iniciado una investigación tanto por petición de alguna víctima indirecta, como por oficio al enterarse en la prensa.
Entre los señalados de los sucesos están la Fiscalía, la Policía Civil de Coahuila, la Policía de Acción y Reacción, la policía penitenciaria, y las policías municipales de Piedras Negras, Torreón, Monclova y San Pedro y Saltillo, esta última, a pesar de que ya ha dado por cumplidas al menos dos recomendaciones por otros dos homicidios y uno en contra de un menor de edad.
Uno de estos capítulos se escribió a mediados del 2016 con el homicidio del profesor de artística de la primaria Anexa a la Normal del Centro de Saltillo. El maestro Rafael Pérez de 26 años fue detenido en la colonia Sección 38 al oriente de la capital coahuilense ante un reporte a la Policía de Saltillo por alterar el orden, pero nunca llegó ante un juez municipal, ni a un médico legista.
El juicio que finalizó en octubre del 2018, recopiló en su relatoría que el maestro fue golpeado en 58 ocasiones a bordo de la unidad y en lugar de ser trasladado a los separos municipales, su destino final fue en la Cruz Roja donde los paramédicos reportaron ante los elementos que había llegado sin vida.
En aquel juicio fueron 25 los testigos que se presentaron y aunque las videograbaciones mostraron que si bien uno de los golpes fue el que quitó la vida a Rafael, todos los elementos participaron por omisión, sólo uno, Oscar “N”, de los tres procesados fue encontrado culpable para pagar una condena por 11 años de prisión que se cumplirían si no obtiene beneficio, el próximo 2027.
A pesar de que la recomendación 40/2019 refería la no repetición de actos similares y ya se dio por cumplida en su totalidad en marzo del 2024, casi cuatro años después volvió a registrarse un caso similar al surponiente de Saltillo.
Este otro caso se registró a finales del 2020 en la colonia El Tanquecito de Saltillo, donde elementos de la Policía Municipal de Saltillo atendieron un llamado aparentemente para dispersar una riña entre pandillas.
En las pruebas del juicio oral que se llevó a cabo en contra de un elemento de nombre Silvestre “N”, se presentó ante la autoridad judicial que el joven quien tenía apenas 14 años, no estaba participando activamente en la riña, y únicamente se acercó por asombro, después de haber acudido a una barber shop a cortarse el cabello, que incluso fue encontrado en la ropa durante el ejercicio de necropsia.
El joven, a diferencia de Rafael, sufrió un disparo en la cabeza que fue presenciado por vecinos quienes momentos antes alegaban contra los elementos para que el joven fuera bajado de la unidad.
Pero los elementos no hacen distinciones. Las edades varían y no existe una población seleccionada para que los elementos atenten contra sus derechos, pues la CDHEC detalla que las quejas fueron presentadas en personas desde los 18 hasta los 85 años de edad.
Sin embargo, en el historial policial también se encuentra en caso documentado por la CDHEC en el cual, elementos de la policía estatal fueron señalados por la muerte de una menor de dos años en el municipio de Zaragoza, cuya vida fue arrebatada por una bala de las autoridades, quienes en su testimonio dijeron que “se habían equivocado” de vehículo durante una supuesta persecución.
El caso más reciente donde una persona perdió la vida a manos de un elemento, es el del ejido Nuevo Mieleras en Torreón, donde un hombre de 31 años fue asesinado durante un desalojo domiciliario. El caso ya derivó en la recomendación 07/2025 por los delitos de violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, ejercicio indebido de la función pública, prestación indebida del servicio público, violación al derecho a la vida y privación arbitraria de la vida.
La CDHEC ha iniciado por lo menos 25 investigaciones por casos de pérdida de vida desde el 2019. Estos casos involucran a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Municipal de Torreón, Piedras Negras, Saltillo y Monclova, así como de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Penitenciaria.
SIN GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
Cumplir con las recomendaciones, donde se incluye cumplir con la no repetición, no es garantía para una disminución de quejas y denuncias.
A finales del 2024, la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, dio a conocer vía transparencia que desde el 2020 se habían impartido al menos 38 cursos de capacitación con perspectiva de derechos humanos, acreditados por tres mil 988 elementos capacitados en todas las delegaciones y fiscalías especializadas. Desde entonces han disminuido las capacitaciones y las quejas han aumentado.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que desde el 2018 han invertido al menos siete millones 656 mil 500 pesos en capacitaciones tanto a policías estatales como municipales, todas ellas para atender a la población con conocimiento de los derechos humanos.
A pesar de los cursos hay registro de 23 casos de tortura según las quejas de la CDHEC. Sin embargo, de 2018 a 2024 la Comisión aplicó el Protocolo de Estambul únicamente a 21 personas. El protocolo es una guía de normas para la investigación eficaz de casos de tortura, que en muchos casos no son clasificados correctamente por la CDHEC.
En al menos seis casos, la tortura se ejerció durante el momento de la detención; sin embargo, existen dos casos donde las personas vivieron torturas a manos de los elementos durante 60 días, y otro caso lo definen como “torturas constantes”. En estos casos, se señala a la SSP y a la Fiscalía.
En el panorama de investigaciones formales, tampoco hay información, pues la Fiscalía estatal tiene desde octubre del 2024 emplazando una prórroga para brindar información sobre las carpetas de investigación que han iniciado contra todo tipo de elementos policiacos y de su corporación en Coahuila, no solo por tortura, sino también por homicidio doloso y culposo, uso excesivo de la fuerza, abuso violento de autoridad, robo, lesiones, amenazas; sin embargo, hasta hoy no existe respuesta.
La última respuesta brindada por la Fiscalía General del Estado en 2022, indica que entre el 2018 y ese año, exclusivamente por el delito de tortura y retirando los otros por los cuales se han iniciado carpetas de investigación contra elementos, la autoridad ha perseguido por lo menos 678 casos en contra de elementos de todas las corporaciones, incluída la suya.
El contraste con la aplicación de la justicia es importante, pues por su lado, el Poder Judicial de Coahuila tiene registro de 10 sentencias contra elementos desde el 2018.
Pero detrás de las cifras presentadas por las autoridades, puede haber una cifra negra importante, comenta el abogado defensor de derechos humanos, Enrique Martínez Requenes, quien dirigió el área jurídica del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios donde conoció algunos casos de tortura y malos tratos.
“Nosotros vimos que cuando hubo una lucha contra el cristal en el gobierno de Riquelme, estuvimos registrando más casos que terminaban como asesorías porque las víctimas ya no se querían acercar al ministerio público. La gente se daba por servido con que los soltaran”, dice.
La ciudadanía también puede acudir a las Contralorías internas a denunciar los malos tratos o prácticas. En el caso de la Fiscalía, de 47 procedimientos administrativos que han iniciado desde el 2018, sólo se han destituido a tres elementos y han aplicado otras cinco sanciones. El resto de los casos, están en trámite.
Sin embargo, Enrique Martínez Requenes explica que la situación ha sido tan recurrente que ha llegado a normalizarse en la sociedad coahuilense.
“Estamos acostumbrados a que si te detienen, te van a pasear, o te van a golpear. Muchas personas comprenden que las torturaron hasta después. Se necesita un cambio incluso cultural. A la gente no les han explicado que los cambios que hubo en el sistema, implicaba, por ejemplo, una mayor obligación del ministerio público, que las investigaciones tienen mayor peso y que ya no podemos basarnos en quemar a la gente socialmente”, dice el abogado.
Martínez Requenes recalca que la incidencia de estas prácticas van de la mano con el sistema penal antiguo que a pesar de los cambios políticos y legislativos no se han desarraigado.
“Nos acostumbraron que se tenía que torturar para sacar la verdad, como en el tema anterior que era inquisitivo. Es algo tan arraigado que es muy difícil pelear con ella. Acostumbramos a los policías a que tenían que ser así ”, dice.
Recuerda que la policía no solo está obligada a un mejor actuar, sino que México cuenta con modelos ejemplo que representan un ABC para evitar que haya inocentes en la cárcel y culpables en la calle, como son los principios Méndez, que explican cómo se debe realizar un interrogatorio.
El modelo Coahuila ha figurado como ejemplo. Las autoridades presumen tener a ciudades de las más seguras del país. Pero innegable también las cifras de presuntas violaciones a derechos humanos.
“Hemos construido los sistemas policiacos para el ataque. Coahuila es el ejemplo de que ya no tenemos policías, sino fuerzas de carácter militar como el GRS. Si bien, podemos hacerlo, el mejor ejercicio es que no necesitemos esa policía, pero Coahuila ha jugado al doble juego de: confía en tu policía y a la vez tenle miedo. Primero los ves saludando y guiándote y en otro espectacular encapuchados. Son modelos que deberían repensarse. Creo que no va a pasar porque el discurso es ‘blindar a Coahuila’ ”, dice Martínez Requenes.
Sobre las capacitaciones, el abogado dice que no es que no sirvan, sino que el discurso es que las torturas se realizan por algo, y eso ha sostenido a la población alejada del recuerdo de la violencia álgida en la entidad.
Sin embargo, también existen dudas, dice el abogado, sobre si la constancia en este actuar más bien tiene fines recaudatorios.
“Vemos que hay un discurso público de: aquí estamos. Pero por otro lado, si buscamos los detenidos por narcomenudeo y sus derivaciones en actos equivalentes, te sale una cantidad exagerada. En una semana imagínate 10 mil por persona. Se vuelve una caja chica donde ahora tienen que detener por ese delito para tener dinero. La autoridad puede pensar: me sirve como fin recaudatorio y como anunciar que están presentes”, dice.
A través de Pinpoint se encontró que en al menos 13 expedientes de quejas los denunciantes narran que los policías los extorsionaron. En los testimonios usan frases como “me pidieron dinero”, “querían dinero”, “me pedían dinero para soltarme” o “para dejarme ir”.
LAS CONSECUENCIAS
Además de los estragos de salud que le dejaron las lesiones de los policías como es un oído con poca escucha, Irma dice que el impacto psicológico es lo que más la ha afectado.
“Mi vida cambió bastante. Duré 20 días sin dormir. Mis dedos me sacaban sangre donde me comía las uñas, sentía que me veían y que me seguían. Ahora les tengo miedo a los policías, para mí es lo peor cuando deberían cuidarme. Si tú hiciste algo, deberían esposar, llevarte y seguir. ¿Por qué torturarte? ¿Por qué hacerte todo eso? Mi vida cambió radicalmente, cuando yo andaba donde quiera”, expresa Irma.
Alejandro dice que además de las contradicciones que ha encontrado en sus detenciones, estas le han generado problemas económicos pues sus padres han tenido que pedir préstamos para sacarlo de las celdas por delitos inexplicables.
“Yo he seguido viendo a los policías que me detuvieron y les tengo temor. Me siento como un delincuente que oculta algo. No soy un delincuente, pero me siento así porque ellos mismos hacen lo que quieren conmigo. Me arrestan, me cobran multa y eso me da coraje porque andamos pagando multas que no cometimos”, dice Alejandro.
Al día de hoy, el saldo de estos actos se ve reflejado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, donde se muestra que en cinco años (diciembre del 2020 a diciembre del 2024), la confianza en los elementos estatales no sólo no ha mejorado, sino que ha disminuido.
En ese panorama, el INEGI destaca que mientras en el 2020 la confianza con las policías estatales estaba en el 75.8 por ciento de la población, para el 2024 fue de 73.7, mientras que para los policías municipales pasó de 67.7 a 63.3 por ciento.