Ni con 25 millones de excusas se entiende

Hay cosas a las cuales no es posible darles una explicación lógica, por la simple y sencilla razón de que no la tienen.

Tal es el caso de los 25 millones de pesos incautados por la Procuraduría General de la República el viernes de la semana anterior en el aeropuerto de la ciudad de Toluca y que el Gobierno del Estado de Veracruz ha reclamado como propios pero ofreciendo una explicación inaceptable.

El Secretario de Finanzas y Planeación de aquella entidad, Tomás Ruiz González, ha salido a decir que el dinero fue retirado de las cuentas bancarias estatales y era trasladado a la Ciudad de México para realizar diversos pagos que, "por premura" no podían realizarse de ninguna otra forma.

La explicación del funcionario, quien ha ocupado importantes cargos en el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria es, lisa y llanamente, increíble.

Tomás Ruiz afirma que el dinero forma parte del pago a un proveedor de servicios del Gobierno de Veracruz que realizaría promocionales para tres eventos concretos: las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín.

El problema es que al tratar de explicar por qué no se giró un cheque o se realizó una transferencia electrónica, o se envió el dinero utilizando uno de los servicios de transporte de valores, Ruiz González afirma que la razón fue que se requería el efectivo en forma urgente.

La urgencia del efectivo podría ser cierta, pero no la explicación de por qué se tomó la decisión de enviar "un propio" cargando una maleta de 25 millones de pesos. Eso es una tomadura de pelo.

Y es que no hace falta ser expertos en finanzas para que a uno se le ocurran varias formas menos complicadas de hacer llegar los recursos, incluso más rápidamente que enviando a una persona con el efectivo.

Resulta obligado cuestionar qué clase de proveedor es una persona -física o moral- a quien, si les vas a pagar 25 millones de pesos, no posee una cuenta bancaria a la cual pueda realizarse una transferencia inmediata y, a partir de ello, aquella pueda librar cheques para cubrir sus compromisos.

Lo ocurrido el fin de semana anterior tan sólo evidencia lo mucho que aún deben modificarse las reglas nacionales en materia de pagos entre particulares y entre estos y el sector público.

Porque si en México sigue siendo legal realizar un pago en efectivo por 25 millones de pesos, a nadie debe extrañarle que el lavado de dinero sea una actividad que goce de cabal salud en el país y que los gobiernos de todos los niveles puedan desviar recursos públicos a actividades ilícitas de cualquier tipo sin contratiempo alguno.

No hay forma de explicar racionalmente lo hecho por la administración del Estado de Veracruz. Lo importante ahora será ver si al asunto "se le echa tierra" o si se va al fondo de la investigación, "caiga quien caiga".